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AC4494-2022 (2022-03238-00)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AC4494-2022
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-03238-00
Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Fusagasugá, Cundinamarca, y Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1.- El Fondo Nacional del Ahorro ‘Carlos Lleras Restrepo’ demandó a Luis Álvaro Galindo Méndez y a Brenda Liliana Ordóñez Gutiérrez, con el propósito de obtener el cobro de la obligación contenida en el pagaré No. «79814436» y hacer efectiva la garantía real constituida sobre el predio ubicado en la «transversal 13 No. 22ª-38 Casa 2 Bifamiliar Analida Méndez PH Urbanización San Nicolás» del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, e identificado con matrícula inmobiliaria n.º 157-114127.
2.- En el libelo, la entidad gestora indicó que fijaba la competencia en los jueces de la precitada latitud, entre otras cosas, por la «ubicación del inmueble». [archivo digital: 002Demanda].
3.- El estrado civil municipal de aquella población, rechazó el pleito, aduciendo su falta de competencia territorial, por cuanto la entidad acreedora es de naturaleza pública, de ahí que, de conformidad con el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, quien debe asumir el adelantamiento de la causa es el funcionario judicial de su «domicilio principal», valga decir, Bogotá D.C., en consecuencia, dispuso su remisión a los juzgados de esta urbe. [Archivo digital: 003Anexo1].
4.- Al recibir las diligencias, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal capitalino, se negó a impartirles trámite, para lo cual trajo a colación varios precedentes de esta Sala, relativos a la aplicación del numeral 5º Ibídem, esto es, a la posibilidad de radicar el litigio en la sucursal o agencia de la entidad vinculada con el asunto. [Archivo digital: 010AutoDeclinaConocimientoGeneraConflictodeCompetencia].
5.- Con sustento en lo anterior, suscitó conflicto negativo de competencia y dispuso la remisión del paginario a esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES
1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribución de competencia fijados en la ley, se observa que, en el presente caso, por razón de la distribución geográfica, concurren entre otros, dos fueros especiales de los cuales se predica exclusividad: el real y el personal, a que se contraen los numerales séptimo y décimo del artículo 28 del estatuto procesal.
2.1.- Conforme al primero, en las controversias en las cuales se ejerciten derechos reales, el juez competente es el «del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario competente es el «del domicilio» de la entidad pública, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio.
2.2.- La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definición de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones.
Una de ellas defendió la sede correspondiente al lugar donde se sitúa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio involucrado y de inmediación del juzgador en la práctica de las pruebas, amén del carácter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC162-2019, 25 ene., rad. 2018-03768-00, CSJ AC277-2019, 1 feb., rad. 2018-03872-00, CSJ AC1020-2019, 20 mar., rad. 2019-00660-00, entre otras).
La otra tesis abogó por la aplicación de la regla de primacía contenida en el precepto 29 de la codificación adjetiva, conforme a la cual «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes» (CSJ AC1167-2019, 29 mar., rad. 2019-00539-00, CSJ AC2313-2019, 17 jun, rad. 2019-00725-00, CSJ AC3108-2019, 5 ago., rad. 2019-02290-00 y CSJ AC2836-2021, 14 jul., rad. 2021-02177-00, entre otras).
2.3.- La providencia CSJ AC140-2020, del 24 enero, rad. 2019-00320-00 resolvió la indicada discusión al unificar en ese momento la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, con ocasión de un asunto donde concurrían los mencionados fueros, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla más consonante con la voluntad del legislador, soportándose «en el entendimiento sistemático de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelación que este concretamente previó en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el interés general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificación, al señalar que es en el domicilio de los entes públicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda».
La citada hermenéutica -señaló la Corte- revela que se quiso «(…) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija (…) la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.».
La justificación de esa directriz «muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial».
3.- Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusión entre el factor subjetivo de asignación del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental, no efectúa una diferenciación que lleve a inaplicar el parámetro allí contenido a las tensiones surgidas entre los foros de las diferentes circunscripciones judiciales en que está dividido el territorio nacional.
4.- Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se encuentra involucrada una pauta de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», de ahí que, en aplicación del criterio de preponderancia comentado, aquella desplaza a otras -como aquí sucede- con la determinada por el punto geográfico donde se localiza el bien sobre el cual se ejercita un derecho real.
Tal conclusión no se enerva por la realización de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo público de la garantía de ser enjuiciado donde tiene su domicilio.
Lo primero, porque, tal como se enfatizó en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignación del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, característica que trae aparejada «la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis»1.
Adicionalmente, esta Corporación ha destacado, que «en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta, como regla de principio» (CSJ AC2462-2021, 23 jun., criterio reiterado en AC2384-2022, 10 jun.).
5.- No obstante, sin desconocer el imperativo dispuesto en el numeral 10º del citado precepto 28 de la codificación instrumental que asigna la competencia al fallador del «domicilio de la respectiva entidad», haciendo una interpretación integradora de la normativa regente de la competencia territorial, esta Colegiatura ha hecho uso, en algunos casos, de la directriz contenida en el numeral 5° ejusdem, conforme a la cual «cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta» (CSJ AC3788-2019, 11 sep., rad. 2019-02833-00 reiterada en CSJ AC2649-2021, 30 jun., rad. 2021-01924.00, AC010-2022, 17 en., rad. 2021-04723).
De esa manera, el ente territorial, la entidad descentralizada por servicios o el organismo público a favor del cual se reconoce la prerrogativa de comparecer a juicio en el sitio de su domicilio, está habilitado para escoger el lugar de su sede principal o el de la sucursal o agencia al que se encuentre ligado el asunto materia del litigio, selección que lejos de resentir el fuero privativo, le otorga una aplicación concreta, toda vez que el legislador no lo circunscribió al domicilio principal del órgano beneficiario.
5.1.- A voces del artículo 263 del Código de Comercio:
«Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad.
Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura pública o documento legalmente reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal».
Por su parte, el concepto de «agencias» está definido en la regla 264 idem, como los «establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla».
6.- En el caso bajo examen se tiene, que el ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro, cuya naturaleza es la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del Orden Nacional, según lo estatuido en la Ley 432 de 1998, de modo que la competencia para conocer del compulsivo se radica, en principio, en el juez de su lugar de domicilio, valga decir, en Bogotá.
Auscultados los anexos de la demanda ejecutiva radicada por el Fondo Nacional de Ahorro contra Luis Álvaro Galindo Méndez y a Brenda Liliana Ordóñez Gutiérrez, se observa que el título valor presentado para el cobro, fue suscrito el 15 de julio de 2013 por la cifra de «$23’770.743,01» tanto su creación como el lugar de cumplimiento de la prestación debida se pactó en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, tal como consta en el cuerpo de ese documento. [fls. 6 y 7, archivo digital: 002Demanda].
Sin embargo, en aquella población, actualmente, no existe «un punto de atención» del Fondo Nacional del Ahorro, según revela la información publicada en el sitio web oficial de esa institución –https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/puntos-de-atencion-, lo que descarta de tajo que la acreedora cuenta con «establecimientos de comercio», fuera de su asiento «para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos», en la localidad memorada.
En ese orden, no era dable acudir a la regla contenida en el numeral 5º del canon 28 instrumental, como erradamente lo estimó el despacho civil municipal de esta ciudad, pero aun así, en el caso de que el ente público ejecutante tuviera allí una sede, tampoco permitiría asegurar que en este particular caso nos hallemos ante la hipótesis consagrada por el legislador en dicho mandato.
Lo anotado, debido a que el Fondo Nacional del Ahorro tiene su asiento principal en la ciudad de Bogotá, y aun cuando ejerciera su actividad comercial otra circunscripción territorial, directamente vinculada con el pleito promovido y ubicarse allí el bien cuya garantía se pretende hacer efectiva, la alternativa de asignar la competencia del juicio ejecutivo para obtener su pago, distinta a su domicilio, trasgrediría las pautas privativas señaladas.
Esto es así, pues, la regla quinta del artículo 28 del Código General del Proceso opera para cuando el proceso es «contra» la persona jurídica, no cuando ésta es la convocante, fijando de este modo el extremo litigioso que torna aplicable tal directriz, de suerte que siendo que en estos asuntos donde el Fondo Nacional de Ahorro funge como ejecutante, no se ajusta a ese mandato.
Siendo, así las cosas, es inobjetable que, ante la naturaleza jurídica de la entidad demandante y el hecho de dirigirse la acción contra un particular, resulta de rigor que, dada la prevalencia del factor fijado en virtud de la calidad de las partes, el adelantamiento de la ejecución de marras debe surtirse ante el juez de la vecindad principal del ente público, esto es, la ciudad de Bogotá.
7.- Síguese entonces, que al tenor de las previsiones legales el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de esta capital, es legalmente competente para impulsar el presente juicio coercitivo, por lo que a esa autoridad se le remitirá el expediente para que adelante su tramitación.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer la acción ejecutiva descrita en el encabezamiento.
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Segundo Civil Municipal de Fusagasugá, Cundinamarca, y a la entidad promotora del compulsivo.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
1 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio.
2 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acción tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 artículo. 28 C.G.P.).