Asistente Jurídico Inteligente
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ATC440-2023
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
ATC440-2023
Radicación n.° 68001-22-13-000-2023-00092-01
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023).
1. Correspondería proveer sobre la impugnación interpuesta por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga frente a la sentencia del pasado 16 de marzo, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, Sala Civil-Familia, en la acción de tutela impulsada por Francisco Dulcey Martínez contra aquel despacho y el Primero Civil del Circuito de dicha urbe, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.
2. Del diligenciamiento de este plenario surge notorio que el a-quo constitucional incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de amparo por remisión del canon 4° del decreto 306 de 19921.
Ello, porque no vislumbra la Corte que se haya enterado del inicio del trámite supralegal del epígrafe al Juzgado 14° Civil Municipal de Bucaramanga, pese a fungir como conocedor del pleito de pertenencia n.° «2019-00903», en virtud del que el aquí quejoso dijo adquirir el dominio del vehículo automotor cuyo levantamiento de cautela ante los estrados judiciales ahora querellados es la base del presente debate, así como a los despachos Cuarto2 y Quinto Civiles del Circuito de esa ciudad, Leasing Santander S.A., Corporación Financiera de Santander S.A., Ruby Consuelo Sanmiguel, Julio Sanmiguel Cubillo y a todos los partícipes e interesados en el paginario de «concordato» n.° «1991-15069». El involucramiento conminado debe efectuarse de manera directa, sin que sea válido a través de mandatario judicial o agente oficioso, pues cuando resulte imposible emprenderlo, como último remedio incluso existiría el llamado edictal, en los términos que reiteradamente han sido expuestos por la Magistratura.
3. Entretanto, el artículo 16 del decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza la citación al trámite de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en él, en procura de que puedan defenderse y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso.
Sobre el tópico, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la tramitación a todos los directamente interesados en sus resultas, ha señalado que:
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal… Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces…
La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados “por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.”, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador… (CC A-018/05).
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse el enteramiento aquí echado en extrañeza, toda vez que al omitirlo se truncó la posibilidad de que los llamados a intervenir concurrieran en este particular escenario, pregonaran sus argumentos y, de ser el caso, aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer.
5. Por lo consignado, se devolverá el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía subyace nula.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, el despacho resuelve:
1. Declarar la nulidad de lo actuado en la tutela del epígrafe a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse la notificación de los Juzgados 14° Civil Municipal, Cuarto y Quinto Civiles del Circuito -todos de Bucaramanga-, así como de Leasing Santander S.A., Corporación Financiera de Santander S.A., Ruby Consuelo Sanmiguel, Julio Sanmiguel Cubillo y los partícipes e interesados en el paginario de «concordato» n.° «1991-15069», sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 2° del artículo 138 del Código General del Proceso.
2. En consecuencia, se ordena regresar las diligencias a la corporación de origen para que renueve el decurso, conforme a lo anotado en la parte motiva de este proveído.
Notifíquese y cúmplase,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Ese aparte normativo fue incluido en el artículo 2.2.3.1.1.3. del decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (…), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al Código General del Proceso.
2 Director del decurso ejecutivo n.° «1991-04190» de Corporación Financiera de Santander S.A. contra Hernando Granados Pabón.