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STC026-2022
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
STC026-2022
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-04616-00
(Aprobado en sesión virtual de doce (12) de enero de dos mil veintidós).
Bogotá, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintidós (2022).-
Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por Rebecca Navarro de Gómez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco, Magdalena, así como las partes y demás intervinientes del proceso coercitivo a que alude el escrito de amparo.
ANTECEDENTES
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del proceso ejecutivo que Bavaria S.A. promovió Comercial Ltda., Marta Cecilia Gómez Navarro, Miladis Martínez Gómez, Gustavo León Alzate Giraldo y Herederos indeterminados de León Ángel Gómez Zuluaga, con radicado No. 2014-00001-00.
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior Santa Marta, proceda a «la revocatoria de la providencia proferida (…) el día 20 del mes de enero del año 2021 (…) consecuencialmente los autos proferidos en los recursos horizontales proferidos [por esa colegiatura]», y que, en consecuencia, se le reconozca el beneficio «de ser llamada al juicio para su defensa e integrar el Litis consorcio necesario».
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido cobro judicial, se libró mandamiento de pago el 15 de enero de 2014, y pese a que el ejecutado León Ángel Gómez Zuluaga, su cónyuge, falleció el 12 de marzo de 2011, ella no fue vinculada al proceso y se enteró de la existencia del mismo cuando solicito un certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de garantía, por lo cual pidió al Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco, Magdalena, la nulidad del proceso por no haber sido notificada del auto admisorio de la demanda, y «por estar involucrado un bien social, perteneciente a la sociedad conyugal, como consecuencia de la unión matrimonial celebrada entre ambos el 16 de julio de 1950, adquirido en el año 2000».
Sostiene que el 19 de marzo de 2020, el mentado estrado declaró la nulidad de las actuaciones surtidas desde la sentencia, inclusive, para que se integrara el contradictorio con ella, tras observar que sólo se había enterado a los herederos indeterminados, pese a que «ante el fallecimiento de quien adquiere el bien inmueble, era obligación convocar a los herederos determinados e indeterminados, como a la cónyuge supérstite (…) porque la sentencia produce efectos contra ella».
Narra que la decisión fue atacada por la ejecutante y revocada el 20 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, después de lo cual ella interpuso recusación contra la funcionaria sustanciadora de la decisión, la cual fue declarada infundada, por lo cual pidió reponer la decisión de la nulidad, pero el recurso fue negado el 14 de abril siguiente, por extemporáneo, siendo que durante el término se presentó la recusación «lo que suspendía cualquier actuación», de manera que en vez de la reposición se le concedió súplica, la cual fue negada por el siguiente Magistrado en turno.
Finalmente asegura, que en lo decidido no se tuvo en cuenta que era conocida su condición de cónyuge del demandado Gómez Zuluaga, y el fallecimiento de éste fue un «hecho público y notorio» por haber ocurrido en un municipio pequeño; así mismo, que el bien objeto de garantía es de la sociedad conyugal, situaciones por las que, en su criterio, se justifica la intervención del juez de tutela a su favor
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS
a). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta por intermedio de la Magistrada sustanciadora de la decisión cuestionada manifestó, que el 20 de enero de 2021 revocó el auto de 19 de mayo de 2020 del Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco, Magdalena, para en lugar, negar la nulidad por indebida notificación alegada por la aquí accionante; posteriormente ésta interpuso recusación contra ella, la cual rehusó el 16 de febrero siguiente, por lo que remitió la inconformidad a la siguiente Magistrada en turno, quien la declaró infundada el día 25 del mismo mes, «advirtiendo a la proponente que, en lo sucesivo, se abstuviera de formular recusaciones que puedan implicar una posible temeridad».
Señaló, que la aquí inconforme solicitó después la invalidez del proveído de 20 de enero de 2021, la cual fue negada el 14 de abril siguiente, decisión que ésta solicitó reponer, pero el mecanismo fue rechazado por improcedente en auto del 5 de mayo posterior, por lo que a la inconformidad se le dio trámite de súplica, la cual fue negada el 11 de junio siguiente, actuaciones todas apegadas a las disposiciones legales.
b). Los Magistrados del Tribunal Superior de Santa Marta que en Sala del 11 de junio de 2021 resolvieron el recurso de súplica aludido por la gestora, manifestaron atenerse a lo plasmado en esa decisión.
c). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se habían recibido más intervenciones.
CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela es, según el artículo 86 de la Constitución Política, un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumación o inminencia de violación de éstos por la acción u omisión de las autoridades públicas, o en ciertos eventos, de los particulares.
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues sólo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisión por completo opuesta al régimen legal previamente señalado, caso en el cual se justifica la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales que con tal decisión se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un término prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos éstos para la procedibilidad de la acción, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideración sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petición de amparo.
2. En el presente caso, la ciudadana Navarro de Gómez cuestiona a través del presente mecanismo excepcional de protección, en lo fundamental, el auto de 20 de enero de 2021 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, que revocó la decisión del 19 de marzo de 2020 del Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco -Magdalena, para así, negar la nulidad por indebida notificación alegada dentro del proceso ejecutivo con garantía hipotecaria que Bavaria SA adelanta contra Comercial Ltda y otros, pues en su sentir, debió ser vinculada al juicio como cónyuge supérstite de León Ángel Gómez Zuluaga, y porque el bien objeto de garantía hace parte de la sociedad conyugal que tuvo con éste.
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a través del amparo está llamado al fracaso, ya que de los argumentos que sustentan la solicitud de protección y aquellos expuestos en la determinación de segundo grado en comento, no se advierte vulneración superior alguna, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviación del ordenamiento jurídico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garantías esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse:
3.1. Para adoptar la decisión que la gestora no comparte, el Tribunal Superior de Santa Marta hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el proceso cuestionado y en seguida puntualizó que «la incidentalista busca la invalidación de la actuación al considerar que no se citó al proceso, pese a su calidad de cónyuge del señor León Ángel Gómez Zuluaga, en el que se afectó un bien que, a su juicio, pertenece a la sociedad conyugal por adquirirse durante su vigencia».
En seguida, para resolver el problema jurídico, la Colegiatura accionada citó el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 87 del Código General del Proceso, para del contenido de la última norma colegir que, «es posible interponer demanda declarativa o ejecutiva contra los herederos de una persona fallecida, cuando aún no se hubiere indiciado la sucesión. Tratándose de procesos ejecutivos, se puede ejecutar el cobro a un tercero, de obligaciones adquiridas por el causante, contenidas en un título valor, antes del proceso de sucesión. En ese orden la demanda puede formularse:
1. Contra los herederos determinados, si se conocen e indeterminados.
2. Contra los herederos indeterminados, cuyos nombres se ignoren.
Empero, cuando se ha iniciado el proceso de sucesión, la demanda deberá dirigirse:
1. Contra los herederos reconocidos en aquél, los demás conocidos y los indeterminados.
2. Contra los herederos indeterminados, si no existieran determinados.
3. Contra el albacea con tenencia de bienes o el administrador de la herencia yacente, si fuera el caso.
4. Contra el Cónyuge, si se trata de bienes y deudas sociales».
Conclusión que soportó en un pronunciamiento emitido sobre el particular por la Corte Suprema de Justicia, para entonces colegir que, «de la normatividad enseñada, se desprende que la cónyuge sobreviviente, solo se hace imperioso su llamamiento o direccionar la demanda en su contra cuando exista el proceso de sucesión y se trate de bienes sociales», aserto que respaldó en un pronunciamiento doctrinario elaborado al respecto, para en seguida concluir que «en el caso de marras, si bien la incidentante acreditó el vínculo conyugal con el señor León Ángel Gómez Zuluaga quien fuera uno de los obligados y que dio en garantía hipotecaria uno de sus bienes, específicamente el identificado con matrícula inmobiliaria No. 224-14089 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa municipalidad y que sea de paso acotar, para el momento en que se presentó la demanda de dicho predio, estaba en cabeza del occiso (pág. 131-132), no lo es menos que la incidentante no demostró que, para el momento en que se presentó la demanda ejecutiva, estuviera en curso el juicio sucesorio de la referida persona.
Recuérdese que los bienes sociales se estructuran al momento en que se disuelva por alguna causa la sociedad conyugal, por lo tanto, antes de ello, cada uno de los cónyuges tiene la administración y disposición de sus bienes, a la luz del artículo 1º de la Ley 28 de 1932 (…) Desde luego que, en vida, el señor tenía la libre disposición y administración de sus bienes, por lo tanto, y dado que al momento de hacerse efectiva la garantía hipotecaria ya había fallecido, la demanda debía dirigirse contra sus herederos, pero en la forma que precisa el hoy artículo 87 del CGP, antes del CPC, norma que, como se dijo, no siempre era necesario demandar a la cónyuge ya que solo era obligatorio, se itera, cuando estuviera en curso el proceso de sucesión y se tratara de bienes sociales.
En suma, al margen que se trate o no de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, en el particular no se estructuró ningún vicio por falta de llamamiento de la cónyuge ya que no se demostró que para el momento en que se presentó la acción ejecutiva, estuviera en curso el juicio sucesorio de ese deudor, razones suficientes para revocar la decisión que se revisa, sin que haya lugar a la condena en costas al no haberse causado».
3.2. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la decisión proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta se soportó en el razonable entendimiento de la normatividad y a jurisprudencia aplicable al caso, por lo que el mero disentimiento con esa interpretación no permite per se la intromisión del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por la gestora es su particular manera de analizar las normas llamadas a regular el asunto, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realizó el juez cognoscente.
3.3. Y es que, como quedó visto, la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta, de revocar la nulidad por indebida notificación que había sido declarada en primera instancia para en su lugar no invalidar el juicio, obedeció a que, según interpretó de la normativa adjetiva que estimó aplicable, la vinculación al proceso de la aquí accionante no resultaba necesaria, porque no se acreditó que al momento de presentarse la demanda, estuviera en curso el proceso de sucesión del deudor, y cónyuge de ésta, y se involucrara en la ejecución un bien social.
3.4. Así las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cuál de las posibilidades de interpretación se ajusta a la norma adjetiva que está llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protección reclamada está llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una razón para que se admita la intervención del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, «máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de orden público … y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses», máxime cuando también se ha dicho de forma reiterada, que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (CSJ STC039-2021).
4. Así, estas consideraciones bastan para concluir, que habrá de desestimarse la protección reclamada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.
Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto, y en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Ausencia Justificada
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE