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STC11738-2022
Radicación nº 11001-02-03-000-2022-02922-00
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
STC11738-2022
Radicación nº 11001-02-03-000-2022-02922-00
(Aprobado en sesión de siete de septiembre de dos mil veintidós)
Se resuelve la acción de tutela que Enilsa del Socorro González Barrios, Rafael Yasser Rivera González, Jaqueline Bicet Rivera González, Mary Paz Rivera González, Rafael David Rivera Vega, y Rafael Luis Rivera Pimienta, representado por Ledys del Carmen Pimienta Ruiz, le instauraron a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y al Juzgado Civil del Circuito de Sahagún, extensiva a los intervinientes en el proceso 23660-31-03-001-2021-00088-00.
ANTECEDENTES
1. Los accionantes solicitaron que se declare la nulidad del numeral primero de la providencia de 7 de julio de 2021, por medio de la cual el estrado de Sahagún libró mandamiento de pago a favor del Banco Bilbao Viscaya Argentaria Colombia S.A. y en contra de Rafael del Cristo Rivera Miranda. Asimismo, reclamaron la invalidez del interlocutorio de 13 de diciembre de ese año, que anuló el trámite surtido en virtud de que el demandado había fallecido antes de la presentación de la demanda, salvo la orden de apremio, y los vinculó como ejecutados, en calidad de «herederos determinados» del causante.
Para soportar sus reclamos, adujeron, en síntesis, que el despacho dejó incólume el mandamiento de pago, pese a que debía dejarlo sin vigor, al haberse dirigido la demanda contra una persona inexistente. Relataron, igualmente, que su constitución como parte en el juicio quebranta su derecho al debido proceso, en tanto carecen de esa calidad todavía, al no haberse iniciado el trámite de sucesión de Rafael Rivera, se trata de una obligación ajena, además de que tienen derecho a renunciar a la herencia del causante.
Expusieron, a su vez, que no apelaron el auto de 13 de diciembre «por la pandemia y temporada de vacaciones», más intentaron conjurar la arbitrariedad a través de una petición de nulidad frente al auto de 13 de diciembre de 2021, por violación del debido proceso, sin embargo, el juzgado la rechazó y el Tribunal ratificó la negativa (autos 21 de abril y 31 de mayo, ambos de 2022, respectivamente).
2. El Juzgado Civil del Circuito de Sahagún tras remitir el expediente objeto de queja constitucional, se opuso el amparo. El Banco Bilbao Viscaya Argentaria Colombia S.A. se pronunció en el mismo sentido. No hubo más pronunciamientos en el momento en que esta decisión fue elaborada.
CONSIDERACIONES
1. De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo por no satisfacerse el presupuesto de subsidiariedad, que impone a quien lo promueve, agotar la totalidad de los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico para remediar la lesión invocada. De modo que si no hace uso de ellos o se desperdician, la injerencia supralegal deviene improcedente (STC6816-2022, entre otras).
Como lo anhelado por los gestores es que se anule la totalidad de lo rituado en el ejecutivo 2021-00088-00, en lugar de continuar la ejecución en su contra, debieron impugnar la directriz a través de la cual el Juzgado Civil del Circuito de Sahagún determinó los alcances de la nulidad acaecida por haberse impulsado el proceso frente a Rafael Rivera Vega, y adoptó los correctivos que estimó pertinentes para enderezar la actuación, entre ellos, impulsar el trámite con los actores. Empero, no lo hicieron, siendo que era viable refutarla por medio de los recursos de reposición y apelación, en los términos de los artículos 318 y 321, numeral 6° del estatuto adjetivo.
2. Ahora, la invalidez intentada por los gestores a continuación de dicha determinación, con el fin de que el fallador rectificara su postura, no habilita el estudio de fondo de la protesta planteada, comoquiera que la revisión de las providencias judiciales se obtiene a través de los medios de impugnación contemplados en la codificación de ritos, y no, por conducto del instrumento de las nulidades, previsto para conjurar las irregularidades prescritas en el artículo 133 de ese compendio.
De allí que los falladores convocados desestimaran, en primera y segunda instancia, la petición que los promotores elevaron en ese sentido, destacándose de sus consideraciones lo expuesto por el servidor de Sahagún, quien en auto del pasado 21 de abril advirtió:
(…) la solicitud de nulidad alegada (…) no está encuadrada en ninguno de los supuestos de hechos de la norma citada, dicha solicitud tendrá que ser rechazada de plano, pues lo que se solicita es la nulidad de una providencia que resolvió un incidente de nulidad propuesto por el hoy solicitante, hecho este, que no es procedente, pues la providencia se encuentra en firme y no fue atacada en su debido momento por el peticionario, por lo que no puede pretender que se acceda a una solicitud de nulidad a todas luces improcedente.
La parte ejecutada tuvo en su momento la oportunidad procesal para atacar lo actuado y no lo hizo, además que, como ya se dijo los fundamentos utilizados para alegar la nulidad no se encuentran reglados en ninguna de las causales de nulidades citadas ut supra [Pdf. «18 Auto decide», expediente 2021-00088-00].
3. Por otro lado, los motivos invocados para justificar la omisión en el uso de los recursos ordinarios -pandemia y vacaciones judiciales- no son de recibo. Aunque el primer hecho afectó al principio el funcionamiento de la administración de justicia, lo cierto es que para diciembre de 2021, mes en el que se dictó el pronunciamiento rebatido, el servicio se había normalizado, a través de la implementación de infraestructura en Tecnologías de la Información y Comunicación. De suerte que, a la referida data, los promotores conocían el canal a través del cual la autoridad judicial notificaba sus providencias, así como el de comunicación con las partes del proceso. Prueba de ello es que comparecieron virtualmente al juicio en septiembre de 2021 y, desde entonces, han participado activamente en la controversia. En cuanto al segundo argumento, es sabido que el descanso para la sede judicial accionada inició el 20 diciembre de ese año, de modo que al 16 de ese mes el despacho funcionó con normalidad. Así que nada justifica que no hubiesen intentado enmendar la problemática que los aqueja ante el juez natural.
4. Adicionalmente, se descarta que los accionantes se encuentren en una situación que imponga a la Sala superar la subsidiariedad de la acción.
En primer lugar, su derecho de defensa quedó salvo al haber tenido la oportunidad de alegar los hechos en virtud de los cuales se resisten a ser tenidos como ejecutados en el proceso, esto es, la ausencia del inicio del trámite de sucesión de Rafael Rivera Miranda, y la falta de aceptación de la herencia.
Obsérvese, por una parte, que sobre la oportunidad para alegar dichas circunstancias, el Código General del Proceso, en su artículo 87, establece:
Cuando se pretenda demandar en proceso declarativo o de ejecución a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoren, la demanda deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenará emplazarlos en la forma y para los fines previstos en este código. Si se conoce a alguno de los herederos, la demanda se dirigirá contra estos y los indeterminados.
La demanda podrá formularse contra quienes figuren como herederos abintestato o testamentarios, aun cuando no hayan aceptado la herencia. En este caso, si los demandados o ejecutados a quienes se les hubiere notificado personalmente el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, no manifiestan su repudio de la herencia en el término para contestar la demanda, o para proponer excepciones en el proceso ejecutivo, se considerará que para efectos procesales la aceptan.
Y por otra, que el sentenciador luego de advertir que la ejecución seguiría en su contra, dispuso:
Finalmente, su vinculación al compulsivo no comporta hacerlos responsables personales de la obligación materia de recaudo, como al parecer lo entiende el apoderado de los actores, al decir que sus representados están siendo conminados a «cumplir una obligación ajena», pues, como lo señaló el funcionario de Sahagún en el auto de 13 de diciembre de 2021, la medida objetada es «para que defiendan los intereses de la persona fallecida», dada la relación familiar que tenían con Rafael Rivera Mirada. Además, las normas sustanciales enseñan que las deudas del causante gravan los «bienes del difunto», no el patrimonio personal de los herederos (art. 1016 del Código Civil1).
En suma, como los impulsores desperdiciaron las herramientas de defensa que tenían a su disposición para alcanzar lo anhelado por esta vía, y no se advierte circunstancia que imponga la intervención supralegal, el auxilio se declarará improcedente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley DECLARA improcedente la acción de tutela formulada por Enilsa del Socorro González Barrios, Rafael Yasser Rivera González, Jaqueline Bicet Rivera González, Mary Paz Rivera González, Rafael David Rivera Vega, y Rafael Luis Rivera Pimienta.
Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y, de no impugnarse, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Ausencia justificada
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 «En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo probatorio o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios: 1) Las costas de publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión. 2). Las deudas hereditarias; (…)»
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