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STC11991-2023
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC11991-2023
Radicación nº 11001-02-03-000-2023-03973-00
(Aprobado en sesión de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Esta Sala decide la acción de tutela instaurada por Heidi Liliana Gil Arias -quien dice actuar como apoderada de Seguros del Estado S.A.- contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior, ambos de Cúcuta. Al trámite se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2020-00068.
1. La abogada tutelante reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas.
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. La Clínica Norte S.A. promovió proceso ejecutivo contra Seguros del Estado S.A. con la finalidad de obtener el pago de las obligaciones dinerarias contenidas en unas facturas correspondientes a medicamentos y prestación de servicios médicos asistenciales de los asegurados de la entidad demandada por un valor de $666.128.688. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta libró mandamiento de pago el 3 de julio de 2020, pero solamente por $320.242.981 equivalente a 572 facturas1.
2.1. Notificado, el extremo pasivo interpuso recurso de reposición contra la orden de apremio. Sin embargo, el juzgado -con proveído del 13 de noviembre de 2020- mantuvo lo resuelto. En oportunidad, Seguros del Estado S.A. contestó la demanda y propuso excepciones de mérito. Descorrido el traslado de las excepciones propuestas y surtidas algunas actuaciones -suspensión de audiencia inicial por acuerdo de las partes – 17 de junio de 2021-, el juzgado -en audiencia del 6 de diciembre de 2022- no tuvo en cuenta la solicitud de terminación del proceso por transacción, declaró la prosperidad de la excepción propuesta por el demandado frente a la factura No.CN0000477258, declaró sin éxito las demás excepciones, dispuso seguir adelante con la ejecución y condenó en costas al extremo vencido2. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación. El Tribunal accionado -con providencia del 14 de julio de 2023- confirmó la sentencia recurrida3.
2.3. El juzgado accionado -con auto de 11 de septiembre de 2023- aprobó la liquidación del crédito. Recurrida esta decisión, fue confirmada con proveído del 27 de septiembre de 2023 y se impartió aprobación a la liquidación.
2.4. La promotora censura que la corporación accionada «echó por la borda el contrato de transacción que celebraron las partes, lo cual, de suyo, extingue la obligación original o primigenia (num. 3, art. 1625 CC); y, por demás, dejó que la IPS CLINICA DEL NORTE SA, obrase de mala fe, omitiese el contrato de transacción y las obligaciones que de éste se derivan, cuando, a ciencia de verdad, no venía la facultad resolutoria como reserva, tampoco demostró el incumplimiento de la transacción por parte de SEGUROS DEL ESTADO SA, como que, precisamente, fue el cumplimiento de esa transacción lo que interpretó el Tribunal como pago total de la obligación, en verdadera contravía de la Ley, los principios generales del derecho y la misma Constitución Política de Colombia».
Aduce que «el Tribunal apadrinó, permitió y avaló que CLINICA DEL NORTE SA, obrase de mala fe, pues, SEGUROS DEL ESTADO SA, pagó el valor convenido en el contrato de transacción; pero, tanto más, el mismo contrato de transacción extinguió la obligación coercida (num. 3, art. 1625, CC)». Sumado a que «no hay norma en el ordenamiento jurídico colombiano, que limite la defensa de SEGUROS DEL ESTADO SA, en curso del proceso ejecutivo, cuando lo empleado como título ejecutivo, sean las reclamaciones del SOAT, que, sin duda alguna, es una póliza de seguros, por lo cual, la ausencia de demostración del siniestro o la comprobación de su cuantía, son oponibles, como efectivamente las opuso SEGUROS DEL ESTADO SA, a partir de las excepciones que postuló contra la demanda de CLINICA DEL NORTE SA, en éste caso». De manera que, en su sentir, «el Tribunal, al igual que el a quo, desconocieron el aporte documental que hizo SEGUROS DEL ESTADO SA, con el escrito de excepciones [y] quebrantó el precedente constitucional fijado en las sentencias STC19525 de 2017, STC8232 de 2020, STC 8408 de 2021, STC 3056 de 2021 y STL 5532 de 2021, proferidas por la Sala Civil de nuestra Corte Suprema de Justicia».
3. Depreca que se «deje sin efectos la sentencia que profirió el 14 de julio de 2023, la Sala Civil – Familia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta». Subsidiariamente que se «DECLARE sin efectos el auto que profirió el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023, el Juzgado 4° Civil del Circuito de Cúcuta, al resolver el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que aprobó la liquidación del crédito, y las actuaciones subsiguientes».
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
El estrado judicial plural remitió el enlace del proceso censurado. Por su parte, el apoderado de la Clínica Norte S.A. deprecó la improcedencia del amparo por falta de legitimación en la causa por activa, «pues si bien se adjuntó un archivo en pdf denominado “PODERES_11_10_2023” que hace parte de los anexos …el mismo adolece de trazabilidad … respecto del modo en que fue conferido y tampoco fue remitido por Seguros del Estado S.A., a través de su cuenta de correo electrónico vista en el certificado de existencia y representación legal inserto en la foliatura».
III. CONSIDERACIONES
1. La Sala declarará improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa por activa de la abogada accionante. Referente a la legitimación en la causa, esta Sala –con sentencia CSJ STC10721-2023- unificó su criterio respecto a los requisitos que reclama el acto jurídico del poder en este trámite especial, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia.
1.1. El artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el artículo 10 ibidem dispone que: «podrá ser ejercida… por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. (…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud…
Con base en esa normativa, la Sala, en el fallo citado, destacó que la legitimación en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acción de tutela tiene un interés directo y particular respecto de la protección constitucional invocada, condición que, en relación con los apoderados que actúan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial. De manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta.
De lo referido en precedencia, se advirtió que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente. ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jurídicas. iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado habilitado y tener poder especial. O iv) mediante agente oficioso.
1.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acción de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. Así, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un trámite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acción constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023).
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto, «es un simple apoderado judicial y, en ningún momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en vías de hecho» (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019).
Igualmente, la Sala ha señalado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando «tenga poder específico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acción de amparo». Y que tal omisión torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares términos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, «[a]unque podría pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (…); es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción de tutela4».
1.3. En cuanto al mandato requerido cuando se actúa a través de apoderado, la Corte Constitucional -en providencia CC T-001-1997- precisó que todo poder en materia de tutela debe ser especial. Esto es, «se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión»5. Así las cosas, como lo refirió la Corte Constitucional en la sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa los siguientes requisitos:
(i) los nombres y datos de identificación tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción6.
Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que también debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021).
2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional -en providencia CC T-975-2005-, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como «refiere de manera indeterminada a la interposición de una acción de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protección se solicitará, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposición», no es posible «distinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora», razón por la cual, «Al no configurarse la legitimación en la causa por activa», inviable es pronunciarse de «fondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acción».
2.1. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consideró que este era insuficiente, pues el propósito que dio lugar a la acción constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, desatacó que
en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petición en especial –no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretación pro homine, que la petición elevada contiene los elementos para poder derivar de allí la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela.
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la señora Ramírez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y señala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneración y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situación fáctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimación por activa pretendida por el abogado (…), para representar los intereses de la señora… (CC T-194-12).
2.2. En similar sentido -en la sentencia CC T-718-2017-, determinó que un poder, como el allí analizado, en tanto «no especifica contra quién se interpone la tutela, cuál es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qué proceso de tutela específicamente se hace referencia», no es especial.
2.3. Análoga postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Homóloga de Casación Penal, al destacar que un poder especial debe «identificar la situación fáctica que origina la acción de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo» (CSJ STP2343-2023).
2.4. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023 concluyó que,
…La legitimación en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma idónea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela.
…Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que también se puede ejercer, entre otros, a través de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial.
…Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional.
…Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela.
…La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente.
3. Aplicados estos presupuestos al caso concreto, se tiene que la abogada tutelante pretende la protección de los derechos fundamentales de la sociedad Seguros del Estado S.A. Sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no reúne las características de especialidad exigidas para la acción de tutela. Ello pues, aunque precisa las autoridades accionadas, no determina el derecho invocado, el proceso o la actuación a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situación fáctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acción constitucional en contra de los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del debate planteado, por falta de legitimación en la causa por activa. Máxime que ante el estrado judicial accionado el proceso relacionado en la demanda reporta varias actuaciones.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada. Notifíquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
(con ausencia justificada)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(con ausencia justificada)
1Carpeta de primera instancia. Pdf001Proceso682020. Folios 2455 a 2478. Expediente digital.
2 Carpeta Primera instancia. Documento pdf 214ACTA060. Expediente digital.
3 Carpeta Segunda Instancia. Documento pdf 14.SentenciadeSegundaInstancia. Expediente digital
4 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98.
5 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12.
6 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022.