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STC1271-2022
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC1271-2022
Radicación n.º 85001-22-08-000-2021-00190-01
(Aprobado en sesión virtual de nueve de febrero de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Se decide la impugnación formulada por Milton Rojas Pineda frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2021 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, que no accedió a la acción de tutela promovida por él contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que originó la queja.
ANTECEDENTES
1. El promotor del amparo reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y «acceso a la justicia de manera imparcial», presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al no tener por notificada a la demandada en el juicio recriminado.
Solicitó, entonces, «dejar sin efecto todas las determinaciones adoptadas[,] en especial[,] la… de 25 de Octubre de 2021, del Juzgado… accionado, en la que resuelve no tener en cuenta la notificación surtida al correo electrónico de… Martha Teresa García Plata, lo mismo que las decisiones posteriores», y en su lugar, se le tenga por debidamente enterada, fijando «fecha y hora para surtir la Diligencia de que trata el Articulo 372 del C.G.P., toda vez que se cumplió a cabalidad con lo indicado por el… despacho accionado y lo establecido por el Dto. 806 de 2020».
2. La situación fáctica relevante para definir este caso es la que así se sintetiza:
2.1. En el juicio de cesación de efectos civiles de matrimonio católico que el actor incoó contra Martha Teresa García Plata, el 25 de octubre de 2021 el Juzgado acusado no tuvo «en cuenta la notificación surtida al correo electrónico de [ésta]», al considerar insatisfechos «los lineamientos establecidos en el Decreto 806 de 2020, ya que en el correo se le indica que se trata de un proceso de divorcio, y no se le informa de manera clara el término de traslado con que cuenta para realizar la contestación de la demanda, ni el correo electrónico de [ese] Despacho para efectos de presentar[la]»; a lo cual añadió que para surtir el acto de enteramiento de acuerdo al canon 8º ibídem debía i) «Indicar en el cuerpo del correo que transcurridos dos… días hábiles después del envío de la notificación queda notificado del auto admisorio proferido por [ese] despacho… y que el término de traslado para contestar… comenzará a correr al día siguiente al de la notificación», ii) «Se debe anexar en el correo electrónico, escrito de la demanda, anexos de la demanda, y auto admisorio»; y iii) «Aportar constancia de confirmación del recibido del correo electrónico o el mensaje de datos». Determinación que no repuso el 22 de noviembre siguiente.
2.2. En sede de tutela adujo el quejoso que el encartado, desconociendo los precedentes de esta Corte, incurrió en una «equivocada y errónea interpretación del Dto. 806 de 2020», al imponer requisitos adicionales que éste no prevé, máxime cuando fija «un[a] carga muy rigurosa y crea una tarifa legal al exigir… que solo sirve para tener por notificada a la demanda la constancia del recibido del correo electrónico o el mensaje de datos».
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS
1. El Juzgado Segundo de Familia de Yopal pidió denegar el amparo dado que «no existe vulneración a los derechos invocados por [el] actor, además[,] porque tampoco se acreditó la existencia de un trato desigual en un caso de similares condiciones, ya que [ese] Juzgado solicita los mismos requisitos en cada uno de los procesos, como director y garante de los derechos de las partes».
2. Rafael Antonio Arias Plazas -apoderado judicial del accionante dentro del asunto fustigado- concurrió a esta actuación y deprecó la concesión del resguardo enfatizando en los reclamos del censor.
3. La Procuraduría Doce Judicial II de Familia de Yopal señaló que «debe denegarse por improcedente la tutela», comoquiera que las actuaciones del estrado enjuiciado están ajustadas al ordenamiento jurídico, destacando que «[l]as normas notificatorias pueden en algún momento no indicar expresamente cada detalle o cada acción que debe desplegarse para entenderse debidamente noticiado al pasivo; no obstante ello, corresponde al interprete en el momento de aplicarla, tener en cuenta todos esos requerimientos que deben cumplirse para tener el pleno convencimiento que se está cumpliendo con el debido proceso notificatorio y consecuencialmente, obrando conforme a la constitución política (art. 29)».
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El a-quo constitucional denegó el amparo al concluir que «no resultan desproporcionadas las exigencias impuestas por la Juez de conocimiento, las cuales precisamente buscan garantizar el debido proceso para las partes…, las omisiones que resalta no son irrelevantes, de no suministrarse dicha información no podría la demandada ejercer su derecho de defensa y contradicción»; máxime cuando «[a]ceptar la notificación en la forma como lo pretende el gestor configuraría vulneración al debido proceso del adversario»; siendo evidente que «[n]o se trata de imponer cargas adicionales como erradamente lo deduce el accionante, sino de lograr el cumplimiento de la norma para así evitar nulidades y demás irregularidades».
LA IMPUGNACIÓN
La promovieron el actor y Rafael Antonio Arias Plazas insistiendo en sus alegaciones previas, las que adujeron desoídas por el Tribunal a-quo.
CONSIDERACIONES
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisión desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervención del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garantías esenciales conculcadas, claro está, siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa.
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnación impetrada y, por ende, la confirmación del fallo opugnado, comoquiera que la providencia dictada el 22 de noviembre de 2021, por medio de la cual el Juzgado mantuvo la que adoptó el 25 de octubre anterior -en la que resolvió no tener en cuenta la aparente notificación del extremo pasivo-, no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arribó a la decisión que se le reprocha.
2.1. En efecto, allí recordó que el parágrafo 1º del canon 2º del Decreto 806 de 2020 impone adoptar «todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones», enfatizando que «las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos»; que el precepto 6º ibídem reza que solamente cuando «el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado»; y por último, que en el artículo 8º de esa norma se indica que:
…Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.
El interesado afirmará bajo la gravedad de juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.
La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibido de los correos electrónicos o mensajes de datos.
Seguidamente anotó que aunque el actor, como lo adujo, «remitió simultáneamente al correo de la demandada indicado en el escrito introductorio, copia de la demanda y sus anexos», lo cierto era que «tal situación no pudo ser corroborada por [ese] Estrado Judicial, pues solo se adjuntó copia del pantallazo del envío de un archivo en pdf al correo indicado por la parte interesada, sin que fuera posible identificar el contenido de dicho documento, razón por la cual en el auto admisorio, en su ordinal tercero se ordenó notificar personalmente a la demandada no solo el auto admisorio, sino también la demanda junto con sus anexos, situación a la que la parte recurrente hizo caso omiso, pues envió únicamente copia de la providencia aludida».
A ello, de forma categórica, añadió que «en ninguno de los memoriales remitidos por la parte actora se aportó constancia del recibido de los correos enviados a la demandada, ni tampoco se observa que hubiese sido informado a este Despacho la forma como se obtuvo el canal digital de aquella, ni las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona a notificar, de conformidad con los lineamientos dispuestos en el Decreto 806 de 2020».
2.2. Así las cosas, halla la Sala que la determinación que viene verse no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional.
Y es que, en rigor, lo aquí planteado por el quejoso no es más que una diferencia de criterio en torno a la forma en que el juzgado acusado, con apoyo tanto en las normas aplicables al asunto como en las actuaciones desplegadas en el mismo, al margen de cualquier otra consideración, en el proveído dictado el 22 de noviembre de 2021, para mantener su decisión previa de no tener por surtido el enteramiento de la admisión de la demanda al extremo pasivo, acertadamente resaltó que «en ninguno de los memoriales remitidos por la parte actora se aportó constancia del recibido de los correos enviados a la demandada…, de conformidad con los lineamientos dispuestos en el Decreto 806 de 2020»; lo cual resulta acorde con lo concluido por la Corte Constitucional en sentencia C-420/20, en la que se declaró «EXEQUIBLE de manera condicionada el inciso 3 del artículo 8 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en el entendido de que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje»; lo cual torna intrascendente cualquier otra de las exigencias vistas, porque, como lo ha indicado la Sala, «con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado [para el presente caso léase el Juzgado encartado], el hecho cierto es que… el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado» (CSJ STC1684-2015).
Por tanto, las deducciones a las que arribó el despacho cuestionado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, «máxime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la razón, es decir[,] si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocerían normas de orden público… y entraría [el juzgador constitucional] a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses» (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).
Frente al particular también se ha dicho de forma reiterada que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01).
3. Conforme a lo expuesto, se impone respaldar la decisión de primer grado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.
Comuníquese por el medio más expedito a los interesados y remítase las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
Ausencia justificada
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS