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STC12867-2023
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC12867-2023
Radicación nº. 11001-02-03-000-2023-03031-00
(Aprobado en sesión de quince de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Esta Sala decide la acción de tutela instaurada por Carlos Eduardo Puerto Hurtado -quien dice actuar como apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)- contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Al trámite se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2023-00022-00.
I. ANTECEDENTES
1. El abogado tutelante reclama la protección del derecho fundamental al debido proceso de quien dice representar.
2. Del expediente allegado se resalta lo siguiente:
2.1. El actor narró que el 9 de agosto de 2022 radicó una demanda de expropiación judicial ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia contra Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Segovia, Agrosantiago S.A.S. e Interconexión Eléctrica S.A., como propietarios de un terreno requerido para la ejecución del Proyecto Vial Autopista al Río Magdalena 2.
2.2. Asignada la demanda, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia –con auto del 22 de agosto de 2022- declaró su de competencia para conocer de esta, «en tanto debe darse prevalencia al factor subjetivo, contemplado en el artículo 29 del Código General del Proceso, en razón a la calidad de una de las partes, que es una entidad pública y al ser el domicilio de la actora la ciudad de Bogotá… es allí donde debe ser tramitado el presente asunto». En consecuencia, ordenó remitir el proceso a los juzgados civiles del circuito de esta ciudad1.
2.3. Repartido el asunto, el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá –con providencia del 23 de septiembre de 2022- rehusó también la competencia, planteó conflicto y envió el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo. Esta Sala, mediante CSJ AC073-2023, declaró prematuro el conflicto y dispuso remitir el proceso al Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia, para que «adopte las medidas de saneamiento que estime procedentes, tendientes a clarificar las variables relevantes para la atribución de competencia en este asunto»2.
2.4. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia –con interlocutorio del 14 de febrero de 2023- requirió «a la parte actora para que informe por cuál de dichas ciudades [Medellín o Bogotá] opta para que la demanda sea conocida en razón del factor subjetivo… señalado en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 29 ibidem»3. De ahí que el 21 de febrero radicó memorial, en el que manifestó que «el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia es competente para conocer del proceso de expropiación soportado en el artículo 28 del Código General del Proceso». No obstante, el 28 de febrero de 2023 se rechazó la demanda, pues «la parte demandante no cumplió con lo exigido en la providencia que inadmitió la demanda dentro del término concedido»4.
2.5. Inconforme con lo determinado, el apoderado de la Agencia demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El 30 de marzo de 2023, el Juzgado mantuvo su postura y concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo5. El Cuerpo Colegiado accionado -con providencia del 10 de mayo de 2023- confirmó la orden de rechazo de la demanda6.
2.6. El promotor censura que el Juez Promiscuo del Circuito de Segovia incurrió en exceso ritual manifiesto, pues «es competente para conocer de la demanda de expropiación interpuesta en su despacho en virtud a la prevalencia del fuero real sobre el fuero subjetivo, de conformidad con el fallo de la Corte Suprema de Justicia AC1723-2020 de fecha 03 de agosto de 2020».
3. Deprecó que se tutelen los derechos fundamentales «de la Agencia Nacional de Infraestructura causados por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia y Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil -Familia y en consecuencia emitir auto admisorio de la demanda de expropiación».
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
1. La Corporación accionada informó que, «mediante auto del 10 de mayo último …decidió la apelación propuesta por el extremo activo (ANI), contra la decisión del 28 de febrero por la cual se rechazó la demanda al no haber sido subsanada».
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia defendió la legalidad de lo actuado.
3. La sociedad ARIS MINING SEGOVIA resaltó que «[L]a asignación de competencia jurisdiccional por el fuero subjetivo es improrrogable. Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia en el auto AC073-2023, donde se le da a escoger al accionante entre los domicilios de Bogotá y Medellín para desatar su litis», con base en lo cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
III. CONSIDERACIONES
1. La Sala declarará improcedente el amparo por falta de legitimación por activa del abogado accionante.
2. Referente a la legitimación en la causa, esta Sala unificó su criterio con respecto a lo que atañe a los requisitos que reclama el acto jurídico del poder en la reciente sentencia CSJ STC10721-2023, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia.
2.1. El artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el artículo 10 ibidem dispone que:
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destacó que la legitimación en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acción de tutela tiene un interés directo y particular respecto de la protección constitucional invocada, condición que, en relación con los apoderados que actúan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta.
De lo referido en precedencia, se advirtió que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jurídicas; iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante agente oficioso.
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acción de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. Así, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un trámite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acción constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023).
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto «es un simple apoderado judicial y, en ningún momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en vías de hecho» (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019).
Igualmente, la Sala ha señalado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando «tenga poder específico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acción de amparo» y que tal omisión torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares términos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues,
[a]unque podría pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (…); es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción de tutela7.
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se actúa a través de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precisó que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que «se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión»8. Así las cosas, como lo refirió la Corte Constitucional en la sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa:
(i) los nombres y datos de identificación tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción9.
2.3.1. Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que también debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021).
2.3.2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como «refiere de manera indeterminada a la interposición de una acción de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protección se solicitará, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposición», no es posible «distinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora», razón por la cual, «Al no configurarse la legitimación en la causa por activa», inviable es pronunciarse de «fondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acción».
2.3.3. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consideró que este era insuficiente, pues el propósito que dio lugar a la acción constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, la Corte desatacó que
en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petición en especial –no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretación pro homine, que la petición elevada contiene los elementos para poder derivar de allí la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela.
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la señora Ramírez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y señala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneración y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situación fáctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimación por activa pretendida por el abogado (…), para representar los intereses de la señora… (CC T-194-12).
2.3.4. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, determinó que un poder, como el allí analizado, en tanto «no especifica contra quién se interpone la tutela, cuál es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qué proceso de tutela específicamente se hace referencia», no es especial.
2.3.5. Análoga postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Homóloga de Casación Penal, al destacar que un poder especial debe «identificar la situación fáctica que origina la acción de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo» (CSJ STP2343-2023).
2.3.6. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala de Casación también ha precisado que los poderes abiertos para interponer tutelas no son aceptables, pues un mandato en esos términos solo contiene una delegación genérica que no reúne los elementos de especificidad necesarios para acudir ante el juez constitucional. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si la acción de tutela es viable para proteger las garantías fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas con ocasión de la acción u omisión, por ejemplo de autoridades judiciales, mal puede conferirse un poder anticipado para interponer tutelas, puesto que, al momento de otorgarse un mandato en esos términos, se desconoce en concreto los despachos judiciales que tramitarán la controversia, las garantías involucradas, la providencia que afectaría o lesionaría el derecho, entre otros elementos necesarios para identificar la situación fáctica que origina esta especial acción (CSJ STC3312-2023).
Acorde con lo referido, en pretérita oportunidad, la Sala determinó que la tutela era improcedente, porque:
el abogado accionante aportó un «poder especial» cuyo texto señalaba que la señora Morales Caamaño le había conferido la facultad de representarla en «trámites administrativos y judiciales para el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la representación (acciones de tutelas, populares, de grupo, de cumplimiento y en las demás en que sea necesaria la participación técnica jurídica)», siendo evidente que el escrito aportado, carecía de los elementos esenciales para acreditar la legitimación en la causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no determinaba el nombre o identificación del accionado, el derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la actuación judicial dentro de la cual se presentó la presunta transgresión, máxime si se toma en cuenta la multiplicidad de trámites judiciales en los que se encuentra inmiscuida la poderdante, razón por la cual, la acción que propuso debía ser declarada improcedente, como en efecto sucedió (CSJ STC485-2023).
2.4. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluyó que,
…La legitimación en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma idónea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela.
…Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que también se puede ejercer, entre otros, a través de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial.
…Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional.
…Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela.
…La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente.
3. En el caso concreto, el tutelante pretende la protección de los derechos fundamentales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no reúne las características de especialidad exigidas para la acción de tutela. Esto pues, si bien precisa las autoridades accionadas y el derecho invocado, lo cierto es que no determina el proceso o la actuación a censurar ni hace referencia alguna que permita individualizar la situación fáctica ni las providencias que originan el mandato otorgado, lo cual hace inviable pronunciarse de fondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados en la acción de tutela.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada.
Notifíquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Documento Pdf PRUEBAS ACCIONANTE. Folios 256-258. Expediente digital.
2 Documento Pdf PRUEBAS ACCIONANTE. Folios 259-273. Expediente digital.
3 Documento Pdf PRUEBAS ACCIONANTE. Folio 275-276. Expediente digital.
4 Documento Pdf PRUEBAS ACCIONANTE. Folio 281. Expediente digital.
5 Documento Pdf PRUEBAS ACCIONANTE. Folios 306-307. Expediente digital.
6 Documento Pdf PRUEBAS ACCIONANTE. Folios 308-314. Expediente digital.
7 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98.
8 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12.
9 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022.