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STC12970-2022
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC12970-2022
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-03189-00
(Aprobado en sesión virtual del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Humberto Antonio Niño Medina contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Al trámite se vinculó como terceros con interés a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-00210.
I. ANTECEDENTES
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene:
2.1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta se adelantó el proceso de resolución de promesa de compraventa promovido por la sociedad Gálvez Guzmán y CIA S. en C. contra Humberto Antonio Niño Medina.
2.2. El estrado judicial -con proveído del 4 de agosto de 20211- declaró prospera la excepción de mérito propuesta denominada «incumplimiento de la parte demandante», motivo por el cual negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Inconforme con lo anterior, el apoderado de la sociedad demandante interpuso recurso de apelación. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -con providencia del 1º de septiembre de 20222- revocó parcialmente el fallo de primera instancia y resolvió, entre otros:
Segundo: confirmar los dos primeros numerales de la sentencia, y revocar el tercero para en su lugar declarar resuelto el contrato de promesa de compraventa suscrito entre Gálvez Guzmán y CIA S. en C. y Humberto Antonio Niño Medina. Condenar a Humberto Antonio Niño Medina a restituir el inmueble de que trata este asunto, identificado con folio 080-0041852 (…). A su vez, condenar a Gálvez Guzmán y CIA S. en C. a restituir al señor Humberto Antonio Niño Medina el monto de ($246.335.997) (…).
2.4. Así las cosas, el promotor adujo que la autoridad confutada incurrió en defecto fáctico por no valorar todas las pruebas obrantes en el plenario y por analizar de forma incorrecta las que sí estudió. De igual forma, enrostró que se presentó defecto sustancial puesto que no respetó el precedente aplicable al caso y se aplicó de forma errónea el artículo 1546 del Código Civil.
3. Instó que se le ordene al estrado accionado que deje sin efectos la providencia del 1º de septiembre de 2022. Y en su lugar, emita una nueva basado en las pruebas obrantes en el expediente.
II. RESPUESTAS RECIBIDAS.
1. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta3 realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas por su despacho, afirmando que no conoce la determinación que resolvió la alzada propuesta dentro del proceso natural. En este sentido, reseñó que con su actuar no vulneró las garantías superlativas del gestor.
2. La Sala Civil-Familia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Magdalena4 solicitó que fuera denegado el amparo, comoquiera que el proveído mediante el cual desató el recurso de apelación se ciñó a lo establecido en las sentencias SC3666-2021 y SC1662-2019, jurisprudencia vinculante. Adicionalmente, recordó que el fallador constitucional no tiene la potestad para emitir un pronunciamiento adicional como si fuera un juez de instancia.
3. La representante legal de Gálvez Guzmán y CÍA S. en C.5 peticionó que fuera declarado improcedente el amparo, ya que no cumple con los requisitos señalados por la Corte Constitucional para interponer acción de tutela contra providencias judiciales.
III. CONSIDERACIONES.
2. Escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que el ad quem natural -con providencia del 1º de septiembre de 20226- revocó parcialmente el proveído del 4 de agosto de 2021, resolviendo el contrato de compraventa suscrito por las partes y ordenando las respectivas restituciones mutuas.
2.1. En primer lugar, el Tribunal inició por mencionar que la primera réplica del recurrente no se centró en «el hecho que el juzgado hubiera declarado el incumplimiento de ambas partes; sino más bien que no se falló de manera congruente a esa determinación, porque a su juicio, debió resolverse el contrato por mutuo disenso tácito».
2.2 De cara al mutuo disenso tácito, el cuerpo colegiado trajo a colación la sentencia SC3666-2021 del 25 de agosto de 2021, resaltando que:
El mutuo disenso implica la voluntad de ambas partes de finiquitar el negocio que previamente habían elaborado. La ley prevé que los contratantes, de la misma forma en que hace el contrato, lo deshagan. Cuando el mutuo disenso es expreso, no surge mayor inconveniente, porque de su propia y recíproca voluntad terminan el convenio. Pero si es tácito, es necesario percibir ese ánimo en la conducta desplegada por los contratantes en orden a desistir del negocio celebrado y además [de] concluyente en demostrar ese inequívoco designio común de anonadar su fuerza obligatoria.
2.3. De conformidad con lo anterior, concluyó que en el caso de marras:
…entiende la Sala que el ánimo del promitente comprador no es el de desistir del negocio, sino por el contrario, hacerlo cumplir. (…) Así las cosas, para la Sala no se puede aplicar en esta oportunidad la figura del mutuo disenso tácito. Ello, porque la jurisprudencia de la Corte exige la demostración del ánimo de aniquilamiento del negocio originado en ambas partes, y no solo en una de ellas. Comoquiera que el promitente comprador ha realizado actos que inequívocamente llevan a concluir que no quiere desistir del negocio, no se estructura el supuesto jurídico para la materialización del disenso.
2.4. No obstante, lo anterior, indicó que «no podría la Sala sin más desatender el recurso, comoquiera que se debe interpretar la demanda (…). Es que, en la pretensión se invocó el resolver el contrato por mutuo disenso tácito (…). Además, precisamente el reparo versa sobre la inacción del juzgado en finiquitar la relación negocial al estarse demostrado el incumplimiento de ambos, debiéndose proveer sobre tal aspecto». Al respecto, con fundamento en los fallos SC1662-2019 y SC3666-2021, los cuales citó in extenso, ilustró que cuando se demuestra un mutuo y simultáneo incumplimiento contractual se debe declarar la resolución por aplicación analógica del artículo 1546 del Código Civil, precisando sobre el particular que:
De ambos fallos de la Corte, se puede concluir que el Código no establece una consecuencia jurídica al hecho de incumplimiento recíproco entre las partes, y, por ende, de manera analógica la Corte interpretó que se debe de todas maneras resolver el contrato sin indemnización de perjuicios al no estar en mora según el 1609. Para que se pueda aplicar un criterio como el anterior, se debe demostrar un incumplimiento recíproco y simultáneo de ambas partes, puesto que uno previo justifica el posterior del contrario, en aplicación del principio de equivalencia que rige los contratos conmutativos.
2.5. Corolario de lo expuesto ut supra y del estudio de los medios probatorios arrimados a la causa, coligió que:
Pues bien, en esta oportunidad existe un mutuo y simultáneo incumplimiento de las partes. El promitente vendedor se obligó al saneamiento del inmueble conforme la cláusula 4 del contrato, aspecto que incumplió en tiempo, y a su vez, el promitente comprador se obligó a pagar la integridad del precio antes de la fecha de escrituración; y comoquiera que no lo hizo en el plazo acordado, ambos tenían excusa suficiente para desatender el pacto.
Bien pudiera decir el promitente vendedor que no asistió a la notaría porque el promitente comprador no le había pagado el saldo del precio; como bien pudiese afirmar este último que no lo hizo porque no se habían levantado los embargos sobre el inmueble. De tal manera que, al no sanearlo en el tiempo establecido, y a la vez, al no pagar el saldo en el mismo periplo, ambas partes incumplieron, pudiendo entre sí exigir la resolución sin indemnización de perjuicios.
Guarda poco interés el hecho de que el promitente comprador haya asistido a la Notaría, porque si no había cancelado el precio previamente, no hubiera podido exigir al promitente vendedor que asistiera a firmar, máxime cuando estaban vigentes los embargo que recaían sobre el objeto negociado. Hubo entonces in evento de incumplimiento mutuo y simultáneo. (Se subraya)
En esta línea discursiva, luego de un extensivo análisis de las pruebas obrantes en el plenario, concluyó que
Una valoración conjunta de los anteriores suasorios y de los interrogatorios de parte, permite concluir con tranquilidad que todas las gestiones realizadas fueron después del 30 de octubre de 2014 -fecha en que a más tardar debían hacerse según el acuerdo- inclusive la de los requerimientos para realizar la escrituración. En ese sentido, el promitente comprador incumplió su obligación de pagar el saldo dentro del plazo establecido, muy a pesar de que se le permitió imputar los pagos hechos a las deudas citadas. Indiscutiblemente que, como en su momento se argumentó, el interés del demandado era la satisfacción del contrato. Empero, eso no resta el hecho de que las ejecutó extemporáneamente, y el artículo 1613 del Código Civil es claro en establecer que existe incumplimiento total, parcial y tardío, hipótesis última acontecida en esta oportunidad.
Superado lo anterior, y partiendo de la base que existe un mutuo incumplimiento entre ambas partes, debe la Sala aplicar los precedentes judiciales citados, y, en consecuencia, resolver el contrato de promesa, para disponer las debidas restituciones mutuas. Así, sale avante el reparo señalado, porque según los precedentes citados, debía, además de declararse el mutuo incumplimiento, resolver el contrato, aspecto soslayado por la juez de instancia.
Nótese que no tanto por existir incongruencia en la sentencia per se, porque la juez en la motivación fue consecuente en estimar que no debía resolverse el acuerdo por el incumplimiento del promitente vendedor, y en el numeral tercero de la resolutiva impuso su determinación al negar la pretensión. Empero, sí pidió el apelante revocar el fallo para en su lugar ordenar la finalización, y posteriores restituciones mutuas, por lo que incumbe a la Sala resolver el reparto en la forma antedicha. (Se subraya)
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acción no tiene vocación de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporación, la decisión cuestionada no podría recibirse como irrazonable7. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirviéndose de un análisis normativo del tema y de una valoración razonable de los medios de convicción.
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cuáles de los planteamientos expuestos resultan ser los más acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciación o valoración de los elementos demostrativos obrantes en el expediente.
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonomía e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia» (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que «la adversidad de la decisión no es por sí misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021).
4. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comuníquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Folios 1-4, archivo “PRUEBA_12_9_2022, 4_35_46 p.nbsp;m” del expediente digital.
2 Ibidem., 6-22.
3 Folios 1-4, archivo “11001020300020220318900-0011Memorial” del expediente digital.
4 Folios 1 y 2, archivo “INFORME 22 SEPTIEMBRE 2022 SALA CIVIL-FAMILIA TSDJSM” del expediente digital.
5 Folios 1-3, archivo “11001020300020220318900-0019Memorial” del expediente digital.
6 Folios 6-22, archivo “PRUEBA_12_9_2022, 4_35_46 p.nbsp;m” del expediente digital.
7 Aquello que se recibe como “razonable” también puede recibirse como “racional” (Atienza, M. Para una razonable definición de razonable, Doxa, 1987, pág. 197 y ss.). Y como “válido”, puesto que “satisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento” (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, pág. 128).