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STC13230-2023
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC13230-2023
Radicación n°. 11001-02-03-000-2023-04488-00
(Aprobado en sesión del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés).
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
La Corte decide la acción de tutela promovida por Yeison Andrés González, como agente oficioso de Josefina González contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, los Juzgados Cincuenta y Cuatro y Cincuenta y Cinco Civiles del Circuito de Bogotá y el Juzgado Veintiséis de Pequeñas Causas de Kennedy1.
I. ANTECEDENTES
1. El tutelante reclama la protección de los derechos fundamentales a la tutela y acceso efectivo a la administración de justicia de su progenitora Josefina González -quien padece de «una enfermedad crónica, autoinmune y huérfana denominada MIASTENÍA GRAVIS, que es una patología neuromuscular que afecta el sistema nervioso central y causa debilidad muscular crónica»- presuntamente vulnerados en los juicios con radicados 11001220300020230221700, 11001310305520230020000, 11001220300020230262200 y 11001310305420230016100.
2.1 El actor, en calidad de agente oficioso de Josefina González, promovió acción de tutela contra Sanitas EPS, Cruz Verde, Humax Phrmaceutical y el Juzgado Veintiséis de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de la Localidad de Kennedy, entre otros, tramitada bajo el radicado 11001220300020230221700 y admitida por el Tribunal accionado en auto del 28 de septiembre de 2023 donde ordenó a la EPS Sanitas y a Cruz Verde, como medida provisional, realizar la entrega del medicamento «piridostimina bromuro», en los términos de la orden médica.
2.2. Por auto del 11 de octubre de 2023 el Tribunal decretó la nulidad de lo actuado en atención a que la vinculación del Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito resultaba aparente; en consecuencia, dispuso la remisión del asunto por competencia, a los Juzgados Civiles del Circuito, advirtiendo que no se afectaba «la validez de las pruebas practicadas, de las contestaciones suministradas ni de la medida provisional». Frente a esa decisión el 13 de octubre de 20232 el accionante solicitó la declaración de nulidad por desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual fue rechazada el 19 de octubre siguiente3. Posteriormente, el actor radicó nueva solicitud de nulidad4, dado que se había declarado ese vicio trascurridos diez días.
2.3. El asunto fue repartido al Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá5, donde se asumió su conocimiento el 24 de octubre de 20236 y se advirtió sobre las actuaciones que no resultaron afectadas con la nulidad.
2.4. El actor radicó ante el Juzgado solicitud de impedimento7 y de nulidad8 con fundamento en que contra ese Despacho había interpuesto quejas disciplinarias, contra el titular, la secretaria, el sustanciados y el escribiente.
2.5. El 25 de octubre de 20239 el Juez de conocimiento se declaró impedido para tramitar la tutela ante la posibilidad de estar incursa en las causales 5 y 11 del artículo 55 de la Ley 906 de 2004 porque el actor había presentado en su contra una vigilancia administrativa para otra tutela que tramitaba. En consecuencia, dispuso la remisión del expediente a su Homologo Cincuenta Cinco.
2.6. Bajo el radicado 11001310305520230020000 el Juzgado Cincuenta y Cinco Civil del Circuito en auto del 7 de noviembre de 202310 no aceptó el impedimento planteado y ordenó el envío de las diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Frente a esa decisión el interesado promovió nulidad el 8 de noviembre siguiente, alegando que desde la radicación de la tutela el 27 de septiembre de 2023 «no ha sido al menos admitida» y al decidir el impedimento se aplicó erróneamente el código de Procedimiento Penal. La nulidad fue rechazada de plano por ese Despacho el 8 de noviembre de 202311. Contra lo decidido el accionante radicó otra solicitud de nulidad.
2.7 El trámite ante el Tribunal fue conocido con el radicado 11001220300020230262200, y mediante auto del 9 de noviembre de 202312 declara infundado el impedimento de la Juez Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá y ordenó remitirle la actuación para que continuara con su conocimiento. El 10 de noviembre siguiente13, la Corporación negó la solicitud de aclaración de aquella providencia.
3. La parte actora sostuvo que i) Sanitas y Cruz Verde no entregan el medicamento «por problemas de dinero» y realizan recobros al ADRES sin entregarlos; ii) El 4 de octubre de 2023 Cruz Verde les entregó sólo una parte de los medicamentos, quedando pendientes aproximadamente nueve cajas; iii) el Tribunal declaró la nulidad, pese a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que «no se puede rechazar la tutela por factores de competencia mucho menos decretar la NULIDAD» y no ha resuelto la segunda solicitud de nulidad, presentada el 23 de octubre de 2023; iv) se desestimó el impedimento pese a que tiene dos procesos disciplinarios contra el Juez Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito; v) que el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito no ha resuelto la solicitud de nulidad radicada junto al impedimento, vi) han trascurrido más de treinta días y no se ha desatado la tutela; vii) que el juez municipal «modifica un fallo que es cosa juzgada constitucional, proferido por un JUEZ DEL CIRCUITO y que reviso el órgano de cierre, con el único argumento de beneficiar a SANITAS EPS».
4. Conforme a lo narrado, pretende que se ordene al Tribunal accionado que falle la primera instancia de la tutela y resuelva de fondo las nulidades del 14 y 23 de octubre de 2023. Subsidiariamente solicitó que se resuelva de fondo y acepte el impedimento referido y «en caso de negarse», se ordene al Juzgado Cincuenta y Cuatro resolver las nulidades del 8 y 9 de noviembre de 2023.
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
1. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá dio cuenta de las principales actuaciones desplegadas en las tutelas 110013103032201100066 y 11001410375220190080701 impulsadas por el mismo actor.
2. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá narro el discurrir procesal de la tutela a su cargo e informó que se encuentra pendiente emitir el fallo.
3. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, EPS Sanitas y Cruz Verde S.A. solicitaron su desvinculación.
4. Una de las magistradas de la Sala accionada advirtió que únicamente resolvió sobre la solicitud de impedimento constitucional.
III. CONSIDERACIONES
1. La Sala negará la tutela propuesta, porque las conclusiones de la Colegiatura y los Juzgados accionados no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jurídico.
2. En efecto, centrado el análisis en los puntos materia de censura por parte del actor, respecto de las providencias controvertidas se establece lo siguiente:
2.1. En auto del 11 de octubre de 2023 el Tribunal dispuso la nulidad de lo actuado y la consecuente remisión de la tutela para que fuera repartida entre los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, conforme las reglas establecidas en el Decreto 1069 de 2015 (modificada por el Decreto 333 de 2021), en consideración a que la vinculación del Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito resultaba aparente «teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda se dirigen contra Sanitas EPS, Cruz Verde y Juzgado 26 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple»; además, fundamentó su decisión citando la providencia ATC1480-2022 de 5 de octubre de 2022 de esta Corte, y argumentó que,
(…) las acciones de tutela sí deben atenderse las reglas de reparto como atribución de competencia, y por tanto, no le es dado a un funcionario judicial resolver un reclamo de este tipo sin tener competencia para ello so pena de incurrir en nulidad, postura que debe acogerse en aras de no adelantar actuaciones que posteriormente podrían resultar ineficaces por una eventual anulación posterior, máxime al tratarse de tutelas contra Despachos judiciales, por cuanto se ha dispuesto una asignación de tutelas para ser conocidas por el superior funcional de la autoridad convocada, y que en este caso ese superior es el Juzgado Civil del Circuito al ser el accionado un Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple.
2.1.1 Revisada la determinación cuestionada, se observa, como se anticipó, que abordó y decidió los planteamientos que se reiteran en la tutela, bajo una interpretación plausible del ordenamiento legal vigente y un análisis motivado de las pruebas allegadas, máxime que, de lo consignado en el escrito de tutela objeto de examen, no se desprende reproche alguno contra el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, pues se cuestiona, entre otros, el trámite de desacato adelantado por el Juzgado de Pequeñas Causas que fungió como a quo.
2.2. En cuanto al auto del 9 de noviembre de 2023, mediante el cual se declaró infundado el impedimento presentado por la Juez Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, se observa que, para arribar a tal decisión, el Tribunal comenzó por memorar las causales invocadas, esto es, la 5 y 11 el artículo 56 de la Ley 906 de 200414 -aplicables a la acción de tutela por expresa remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991- y citó pronunciamientos que esta Corte ha emitido al respecto, para señalar que los argumentos de la impedida no podían ser acogidos, pues no se advertía prueba si quiera sumaria «que demuestre la grave enemistad entre el actor y la Juez, en los términos de las jurisprudencias en cita»; además, que el adelantamiento de una vigilancia judicial administrativa «no alcanza a constituir una investigación penal o disciplinaria con la categoría para tipificar la causal» y admitir tal impedimento desataría un desafuero, en la medida en que es propio de la función jurisdiccional, atender esa clase de quejas.
Añadió que tampoco estaba acreditada una situación en particular que se considere suficiente para afectar la objetividad de la juez en la adopción de la decisión de la acción de tutela que le fue asignada, falencia suasoria que impide verificar el sustento del impedimento formulado.
2.2.1. Tal determinación abordó y decidió el asunto sometido a examen con una interpretación plausible del ordenamiento legal vigente, la jurisprudencia y un análisis motivado de las pruebas allegadas.
2.3. En ese orden, carece de objeto pronunciarse sobre las providencias que rechazaron las nulidades planteadas por el actor, y demás escritos presentados, pues fueron fundamentados en sus inconformidades sobre los autos ya analizados.
3. De otro lado, en cuanto al término para desatar la tutela previa promovida por el actor, conforme el estudio realizado no se evidencia mora injustificada, pues en el asunto se han presentado diferentes actuaciones impulsadas por el mismo actor que han exigido pronunciamiento por varias autoridades, máxime que, una vez resuelto lo concerniente al impedimento, reasumió el conocimiento del trámite el Juzgado Cincuenta y Cuatro accionado y en auto del 10 de noviembre de 2023 resolvió y negó la nulidad que se encontraba pendiente; además, el 16 de noviembre siguiente dispuso la vinculación de Audifarma S.A., en consonancia con las respuestas recibidas y en aras de emitir fallo conforme lo pedido. Aunado a ello en esa última providencia requirió a las accionadas EPS Sanitas y Cruz Verde S.A. para que rindieran un informe respecto de la entrega de medicamentos.
3.1. Lo anterior demuestra de un lado, que se superó la presunta omisión de desatar una nulidad pendiente, sin que le corresponda a esta Sala pronunciarse respecto a esas providencias al tratarse de hechos nuevos15, y, de otro, que en el asunto se surte el trámite pertinente por el competente, tanto para verificar el cumplimiento de la entrega de los medicamentos dispuesta en la medida provisional, como para finiquitar el litigio constitucional, lo cual torna inviable la tutela, pues no puede el juez constitucional decidir sobre los aspectos sometidos a consideración del juez natural.
Sobre el particular, ha manifestado la Corte que:
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01).
4. Por último, se advierte que los restantes reparos sobre el desacato tramitado por el Juzgado Veintiséis de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de la localidad de Kennedy, y, lo atinente a las presuntas irregularidades en la entrega y recobro de medicamentos, fueron hechos expuestos en a la tutela 2023-00161 que adelanta el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá y que -se itera- se encuentra en trámite.
Tampoco se advierte la necesidad de la excepcional intervención de este juez de tutela, dado que Josefina González actualmente está cobijada con medida provisional por cuenta de la referida tutela.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela impetrada.
Notifíquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Al trámite se dispuso vincular al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado Veintiséis de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de la Localidad de Kennedy, Sánitas EPS, Farmacias y Droguerías Cruz Verde S.A.S., Humax Pharmaceutical, Colsanitas, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA y Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES.
2 Documento 58, cuaderno Tribunal, expediente 2023-02217.
3 De acuerdo con los registros consignados sobre el expediente en la página de la rama Judicial.
4 Documento 63, ibidem.
5 Con número de radicación 11001310305420230016100.
6 Se tuvieron como accionados a Sanitas EPS, Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S., Humax Pharmaceutical, Juzgado 26 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la Localidad de kennedy, y, como vinculados al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-.
7 Documento 007, expediente 2023-00161.
8 Documento 008, ibidem.
9 Documento 009, ibidem.
10 Documento 020, ibidem.
11 Documento 026, ibidem.
12 Documento 02, expediente Tribunal 2023-02622.
13 Documento 06, ibidem.
14 «5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial» y «11. Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes».
15 La presente acción de tutela fue presentada el 9 de noviembre de 2023.