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STC13340-2022
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC13340-2022
Radicación n° 47001-22-13-000-2022-00253-01
(Aprobado en sesión del cinco de octubre de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de “X” el 5 de septiembre de 2022, dentro de la acción de tutela promovida por “S” contra el Juzgado “00” de Familia de esa ciudad y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, trámite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos nº “2019-00000”.
ANOTACIÓN PRELIMINAR
Como medida de protección a la intimidad de las menores involucradas en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicación de la misma, sus nombres y el de sus familiares, al igual que los datos e información que permita su identificación, en procura de lo cual se elaborará otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes1.
ANTECEDENTES
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital, presuntamente vulnerados por los accionados.
2. Expuso que «radiqué proceso ejecutivo de alimentos en favor de mis hijas menores de edad “SS” y “M” [solicitando] medida cautelar de embargo de los dineros y/o demás emolumentos que llegare a percibir el demandado [”A”], provenientes del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-», y que tras agotar una acción de tutela, «mediante auto del 10 de junio de 2022 [el Juzgado “00” de Familia de “X”] decretó el embargo y retención (…), en los términos señalados».
Que «mediante oficio del 04 de agosto de la presente anualidad, FOMAG solicitó al juzgado accionado, aclarar el precitado auto, arguyendo que no se indicó el porcentaje a embargar», por lo que «es claro que (i) FOMAG no ha cumplido la orden [judicial] de embargo (…), (ii) el Juzgado accionado no se ha pronunciado al respecto, (iii) no cuento con los recursos económicos suficientes para sufragar los alimentos que mis hijas requieren con urgencia, por un trámite administrativo que mis hijas no deben soportar».
3. Pretende, que se ordene «a FOMAG, dar cumplimiento a la orden de embargo y retención de dineros en los términos previstos en el auto del 10 de junio de 2022 (…), independientemente del trámite de aclaración que considere pertinente», o «en su defecto», ordenar «al Juzgado “00” [que] aclare el auto de fecha 10 de junio de 2022 y a FOMAG que (…), haga efectivo el pago de los dineros correspondientes sin necesidad de trámites adicionales».
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO
1. La Juez “00” de Familia de “X”, informó que, dentro del litigio cuestionado, «en auto del 12 de marzo de 2020 se ordenó seguir adelante la ejecución por la suma ordenada en el mandamiento de pago, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al demandado (…); en providencia adiada 28 de abril de 2021 modificó la liquidación del crédito presentada [por el apoderado de la demandante], quedando el crédito en la suma de $12.395.761. En la misma providencia se decretó el embargo y retención de los dineros que tenga o llegare a tener el [ejecutado] en cuenta corriente y de ahorros del Banco Agrario [y] se ordenó oficiar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que informara el valor de la mesada pensional (…)».
Asimismo, indicó que, con auto del 10 de junio de 2022, «se decretó el embargo y retención de lo devengado por el señor “A”, como pensionado de FIDUPREVISORA, limitándolo hasta completar la suma de $18’593.641, más el 0.5% sobre cada una de las cuotas adeudadas desde la fecha en que se hizo exigible cada obligación hasta el día en que se verifique el pago en su totalidad. De igual forma, por los alimentos que en lo sucesivo se causen, con el respectivo incremento del IPC anual, por la suma de $368.485,oo de la mesada pensional, que recibe el demandado como pensionado de la FIDUPREVISORA, de igual forma por la suma de $474.699,oo, por concepto de vestuario en los meses de junio y diciembre de cada año», y que «revisado exhaustivamente el correo electrónico, el oficio del 4 de agosto emitido por FOMAG, no aparece en el buzón de este despacho [y por ello] no hemos dado respuesta a lo señalado por la accionante».
2. La Procuradora (…) Judicial II de Familia de “X”, se limitó a decir que «se remite a las actuaciones contenidas en el expediente digital» a fin de que se analizara lo pertinente.
SENTENCIA DE PRIMER GRADO
Concedió el amparo en relación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, indicando que conforme al precedente constitucional, «se presume la indefensión del menor en cuyo favor se ejercitar la acción», y también la veracidad de los hechos aducidos por la actora, ya que «la Sala no tiene prueba que dé cuenta del cumplimiento por parte del [citado fondo] del embargo ordenado con el auto del 10 de junio de esta anualidad, y mucho menos se logró acreditar la existencia del presunto requerimiento de aclaración enviado al despacho encausado». Por tanto, ordenó al FOMAG que «proceda a adelantar las gestiones tendientes [a hacer] efectivo pago de las cuotas alimentarias embargadas, conforme al auto [del] 10 de junio de esta anualidad».
IMPUGNACIÓN
La interpuso Fiduprevisora S.A, quien actúa «en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», aduciendo «improcedencia» de la tutela por «temeridad», habida cuenta que, con antelación, la actora interpuso dos acciones constitucionales «por los mismos hechos», las cuales desestimó el tribunal el 19 de abril y el 22 de junio de 2022, al determinar «carencia actual de objeto por hecho superado». En consecuencias, pidió «revocar y/o modificar la orden de tutela en favor de Fiduprevisora S.A., [y] declarar la inexistencia de vulneración de derechos».
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer si los convocados han vulnerado las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, toda vez que en su sentir: (i) el Juzgado “00” de Familia de “X”, no dispuso ni ha gestionado lo pertinente para hacer cumplir las medidas cautelares dentro de la ejecución n° “2019-00000”, y, (ii) Fiduprevisora S.A., en su calidad de «vocera y administradora» del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, ha desatendido el embargo que se decretó sobre la pensión percibida por el ejecutado.
2. De los fallos de tutela ultra y extra petita.
El planteamiento del objeto de esta acción tiene lugar porque si bien el reproche de la demandante se circunscribe, como se anotó en el respectivo acápite, a que se ordene a los convocados cumplir la orden de embargo y retención sobre la mesada pensional de su demandado, es deber del juez constitucional realizar un estudio panorámico del caso y adoptar las medidas que estime pertinentes para resguardar las garantías superiores, puesto que «(…) en materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta acción, así se lo permite» (CC T-532/94), y por ello, «en sede de tutela está establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores» (CSJ STC, 15 mar. 2011, exp. 00003-01).
En ese mismo sentido, se ha dicho que: «(…) dada la naturaleza de la presente acción, la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario (…), equivaldría a que la administración de justicia tendría que desconocer el mandato contenido en el artículo 2º superior y el espíritu mismo de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho» (CC T-310/95). Se subraya.
3. Del caso concreto.
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala modificará la sentencia de primera instancia para ampliar la concesión de la protección constitucional implorada, al establecer que, por parte de ambos convocados, hubo vulneración a las prerrogativas al debido proceso y de la niñez, previas las siguientes precisiones.
3.1. Preliminarmente, se recuerda que, según la decantada jurisprudencia de esta Corte, la tutela contra decisiones judiciales solamente es viable cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto al ordenamiento jurídico, por arbitrario o antojadizo, y de esa manera se hace indispensable restablecerlo. Esto, porque en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.
Entonces, aunque los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, los jueces de tutela pueden intervenir en esa función, cuando aquellos incurren en una flagrante desviación de esta, toda vez que: «[e]l Juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si “se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC12483-2021, 22 sep. 2021, rad. 00275-01).
También se hace necesario indicar que, independientemente de que la hoy accionante no atacó en oportunidad y mediante reposición el proveído del 12 de junio de 2022, mediante el cual el despacho judicial convocado decretó las cautelas cuya ejecución es objeto de cuestionamiento, se prescindirá de la exigencia de la subsidiariedad, habida cuenta que existen relevantes situaciones que justifican una postura más flexible para abordar su procedencia.
Esto, porque en casos como el que ahora se revisa, esta Corporación ha dicho y reiterado que: «(…) la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en parámetro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protección» (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01); de igual modo, que «existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casuísticamente verificadas, posibilitan que sólo y únicamente cuando la decisión cuestionada encierra, per se, una anomalía en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier óptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y «peligro para los atributos básicos», es posible la extraordinaria intervención del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las vías legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso» (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada entre otras en STC11795-2022, 7 sep. 2022, rad. 00170-01).
3.2. Dilucidado lo anterior, se advierte que contrario a lo observado por el tribunal a-quo, la afectación a los derechos superiores que reclama la actora, son producto de acción y omisión del Juzgado “00” de Familia de “X”, en razón al determinante rol que está llamado a ejercer dentro del ejecutivo de alimentos n° “2019-00000”, ya que, como pasa a explicarse, no ha desplegado una decidida y eficaz actividad tendiente a pagar los alimentos causados ni a hacer efectivo el embargo encaminado a satisfacer la deuda previamente liquidada a favor de dos menores de edad.
Ciertamente, tras haberse tramitado y resuelto dos salvaguardas en las que al accionado se le enrostraron situaciones de mora judicial, las cuales se resolvieron bajo la figura jurídica del «hecho superado» (rad. “2022-000xx” y “2022-00xxx”), la Sala establece que el actual reparo de la actora sobre el decurso procesal, emerge del proveído del 10 de junio de 2022, donde decretó «el embargo y retención de lo devengado por el señor “A” (…), limitándolo hasta completar la suma de dieciocho millones quinientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos M.L. ($18’593.641,oo), más el 0.5% sobre cada una de las cuotas adeudadas desde la fecha en que se hizo exigible cada obligación hasta el día en que se verifique el pago en su totalidad, para garantizar el pago de lo reclamado por la demandante “S”, en representación de los menores “SS” y “M”, dineros que debe poner a disposición de este despacho bajo código 1. De igual forma, por los alimentos que en lo sucesivo se causen, con el respectivo incremento del IPC anual, por la suma de $368.485 de la mesada pensional, que recibe el demandado como pensionado de la FIDUPREVISORA, desigual (sic) forma por la suma de $474.699, por concepto de vestuario en los meses de junio y diciembre de cada año, dinero que debe poner a disposición de este juzgado bajo código 6».
Esto, porque la redacción del auto genera falencias en su ejecución, siendo una de ellas lo relacionado con la duda sobre el porcentaje destinado para cubrir las cuotas alimentarias objeto del cobro compulsivo, ya que también debe descontarse la mesada alimentaria y las cuotas en junio y diciembre por concepto de «vestuario»; nótese que si bien en la parte final del proveído se señala que «no debe exceder el 50% de los salarios que perciba el ejecutado y debe aplicarse dando prioridad a los alimentos que en el futuro se causen», un entendimiento podría ser que por cuenta del ejecutivo se destinaría el saldo del 50% legalmente embargable, pero ello tampoco está explícito por no concretarse su monto.
La otra confusión fue precisamente la que señaló la Fiduprevisora S.A. en el oficio que le dirigió a la actora el 4 de agosto de 2022, pidiendo aclarar la manera en que se efectuaría el embargo del «0.5% sobre cada una de las cuotas adeudadas desde la fecha en que se hizo exigible cada obligación hasta el día en que se verifique el pago en su totalidad», indefinición que según la quejosa y la misma entidad, ha motivado que no se haya materializado el embargo.
Nótese sobre el punto, que esa indicación del juzgado al pagador se torna inviable, en la medida en que no es él quien debe aplicar el interés legal de las mesadas sino que, si a ello hubiere lugar, ese cálculo corresponde hacerlo a las partes o al juzgado al liquidar el crédito, pues la entidad pagadora sólo debe tener claridad de los descuentos mensuales que realiza para que finalmente no exceda el límite que se le indicó o llegue a variarse en relación con el límite del embargo (artículo 593-10 del Código General del Proceso).
En este orden, pese a que dicha providencia no fue refutada por ninguna de las partes en el proceso, debe corregirse mediante la injerencia del juez de tutela obviando, como se anunció, el requisito de la subsidiariedad, al constituir un yerro procedimental que obstaculiza el cumplimiento de una medida cautelar y con ello afectar los intereses superiores de las menores alimentarias.
Por lo antedicho, habrá de ordenarse a la titular del juzgado accionado que ajuste la actuación a las consideraciones que anteceden, recordándole que, en lo sucesivo, debe abordar pronta y eficazmente la resolución de los pleitos a su cargo, con sujeción al interés superior de los niños involucrados, pues lo que está en juego es la atención de las básicas necesidades de menores de edad. De igual forma se le pone de presente que como directora del proceso, está facultad para adoptar las medidas que sean necesarias para que el pagador de la entidad proceda de conformidad, y que en caso de que este no dé estricto cumplimiento a la orden, el estatuto adjetivo le otorga poderes disciplinarios.
En relación con el defecto procedimental, la jurisprudencia constitucional y de esta Corporación, ha sostenido que riñe con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretación de la norma adjetiva aplicable al caso examinado, ya que se incurre en él cuando el juez procede a: «(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas» (CC T-031/16), y en suma, cuando «por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial» (CC T-234/17). Subraya la Sala.
Acótese que también se incursiona en el defecto en cuestión, cuando se desconoce el artículo 11 del Código General del Proceso, pues allí se consagra que «el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial», y que las posibles dudas que surjan «deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales», situación que aconteció en este caso, pues el acusado no impartió órdenes claras, precisas y concretas que no facilitaron su efectivo acatamiento.
3.3. Ahora, en lo que atañe a Fiduprevisora S.A., inicialmente se determina que, contrario a lo alegado mediante el recurso de impugnación, la presente no se trata de una tutela temeraria, pues si bien con antelación a esta la señora “S” promovió dos acciones de similar linaje, tal proceder no se enmarca en aquel que el precepto 38 del Decreto 2591 de 1991 sanciona por abusivo y contrario a la Carta Política.
Ello, porque pese a que en todas se involucran las mismas partes y refiere al trámite dado al ejecutivo de alimentos a favor de sus hijas, no hay identidad de fundamentos fácticos en razón al estado procesal de la ejecución, lo que conlleva que las pretensiones en cada una de ellas no sean idénticas y tampoco haya contradicción o cosa juzgada por la pluralidad de decisiones.
En efecto, a través de la primera acción, esto es, la radicada bajo el n° “2022-000xx”, la querellante perseguía la protección al derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por el Juzgado “00” de Familia de “X”, porque al interior del ejecutivo de alimentos n° “2019-00000”, omitió pronunciarse sobre al pedimento elevado el 21 de enero de 2022, reiterado el 15 de febrero del mismo año, mediante el cual se pretendía requerir al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG para que informara si el ejecutado era pensionado, situación que definió el tribunal con fallo del 19 de abril de 2022, declarando carencia actual de objeto por hecho superado, pues durante el diligenciamiento de la salvaguarda el juzgado gestionó la respuesta deprecada.
Tras lo anterior, la quejosa en mención debió recurrir nuevamente a otra tutela (rad. “2022-00xxx”), porque pese al objetivo de la información proporcionada por la entidad pagadora del demandado, el decreto del embargo de la mesada pensional -previamente solicitada y reiterada tras el primer fallo constitucional-, fue emitida tras notificarse la admisión de ese segundo resguardo como da cuenta el auto del 10 de junio de 2022.
Ahora, lo que aspira en esta ocasión la tutelante, es que, tras varios meses de haberse dispuesto, se haga efectiva la medida cautelar, siendo ello una situación que difiere de las anteriores, frente a la cual -como lo advirtió el tribunal-, se presume veraz la información de la accionante en cuanto a que no ha acatado la orden de embargo y retención de porcentaje alguno de la pensión y que se dirija a abonar a la deuda ejecutada. Así, contrario al inconformismo de la entidad accionada, tales actuaciones reflejan la constante necesidad de la demandante en ejercer la acción excepcional para impulsar el litigio, lo que amerita una intervención oficiosa como la que se prodiga en esta oportunidad.
Definido el punto que motivó su disenso con el juzgador a-quo, la Sala no encuentra reproche en que para la concesión del auxilio se hubiera señalado a la entidad pagadora del ejecutado como vulneradora de las prerrogativas invocadas, pero precisando, en primer lugar, que es Fiduprevisora S.A., como «vocera y administradora» del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, quien debe atender los mandatos judiciales.
En segundo lugar, que la referida entidad no acreditó estar dando cumplimiento a la orden de embargo en lo que atañe a la cuota alimentaria mensual y a las semestrales, pues tales emolumentos deben descontarse de la asignación pensional del ejecutado, y ponerlos a disposición del juzgado a través de depósitos judiciales para que, conforme al procedimiento reglado para tales efectos, el despacho accionado autorice el pago y de esa manera la demandante, en su calidad de representante legal de sus menores hijas, reciba oportunamente los dineros girados para solventar -en lo que a la cuota parte del progenitor corresponde- los alimentos demandados.
Finalmente, que en lo relativo a las cautelas en razón al ejecutivo, las mismas deben cumplirse con observancia en las instrucciones del juzgado, esto es, en la cuantía clara y precisa que se determinará conforme se expuso en el precedente dirigido a ser aplicado por el estrado. Por ello, en lugar de plantear dudas o falencias de cara a su ejecución ante la demandante -como lo hizo en la misiva del 4 de agosto de 2022-, Fiduprevisora S.A. debió dirigirse directamente al juez de la causa para evitar dilaciones injustificadas en el cumplimiento de la resolución judicial.
4. Conclusión.
Por lo discurrido, se modificará el fallo impugnado para mantener la concesión del amparo, pero precisando que lo será porque el despacho judicial convocado infringió las prerrogativas derivadas del debido proceso al incurrir en defecto procedimental -conforme se explicó en precedencia-; por tanto, se ordenará a la funcionaria cognoscente que adopte los correctivos pertinentes en relación con la orden de embargo, recordándole que está dotada de poderes disciplinarios para aplicarlos en el evento de que el destinatario de la misma no la acate estrictamente.
Por último, respecto de Fiduprevisora S.A., «en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG», se ratifica la orden de tutela consistente en que debe proceder al inmediato cumplimiento de lo ordenado en relación con la cuota alimentaria, y una vez el juzgado precise lo que atañe al embargo por cuenta del ejecutivo y se lo comunique, acatar lo allí resuelto sin dilación alguna.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
Primero: MODIFICAR el numeral 1° de la sentencia objeto de impugnación, y en su lugar, se CONCEDE la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas y de la niñez que invocó “S” a favor de sus dos menores hijas, los cuales fueron vulnerados por el Juzgado “00” de Familia de “X” y Fiduprevisora S.A – en su calidad de «vocera y administradora» del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.
Segundo: ORDENAR a la Juez “00” de Familia de “X”, que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de este fallo, aclare, corrija y/o adicione el auto proferido el 10 de junio de 2022 dentro del ejecutivo de alimentos n° “2019-00000”, concretando la medida de embargo sobre la pensión pagada a “A” por Fiduprevisora S.A., atendiendo las observaciones plasmadas en el cuerpo de esta providencia en cuanto a la manera en que habrá de hacerse efectiva.
Tercero: ORDENAR al pagador de Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que proceda a dar inmediato cumplimiento a la orden de embargo y retención de la pensión percibida por el señor “A” por concepto de alimentos a favor de sus menores hijas; así mismo, que una vez el juzgado le precise el alcance del embargo por cuenta de la ejecución, acate la orden sin dilación alguna.
Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 – Sala de Casación Civil.