Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
STC13424-2023
Magistrado ponente
STC13424-2023
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04572-00
(Aprobado en sesión de veintinueve de noviembre dos mil veintitrés)
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte la acción de tutela promovida por John Jairo Guerrero Guerrero contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes reconocidos en el ejecutivo 2019-00297.
ANTECEDENTES
1. El accionante, obrando en su propio nombre, reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa que estima lesionados por la corporación querellada.
2. De la demanda y los medios de convicción recopilados se extractan los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
2.1. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar cursó el recaudo referido en párrafos precedentes promovido por John Jairo Guerrero Guerrero contra Sandra Patricia Patiño Andrade.
2.2. Agotadas las etapas procesales de rigor, en audiencia de 11 de febrero de 2021, el despacho cognoscente profirió sentencia desestimatoria declarando oficiosamente la excepción de «renuncia del ejecutante… a la acción y derecho que pudiere tener sobre el título base del recaudo».
2.3. En la misma vista pública, el demandante apeló la anterior determinación y el 16 del mismo mes radicó, vía correo electrónico, un memorial a través del cual formulaba los «reparos concretos».
2.4. La alzada fue enviada al Tribunal Superior de Valledupar el 24 de marzo siguiente, siendo admitida el 21 de marzo del cursante año, providencia a través de la cual, además, se dispuso el traslado de que trata el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.
2.5. Comoquiera que en el plazo indicado no hubo pronunciamiento por parte del impugnante1, el colegiado declaró su deserción el pasado 27 de junio; decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.
3. Para el gestor, la corporación censurada no tuvo en cuenta que «tanto en la primera instancia como ante el tribunal fue sustentado el recurso» advirtiendo además que, como el auto que admitió la alzada «fue notificado apenas vía correo electrónico el día 28 de marzo de 2023» el memorial allegado el 31 de marzo fue presentado «dentro del término».
4. Solicitó remover los efectos de la providencia fustigada para ordenarle al tribunal que «se pronuncie respecto de la apelación interpuesta y sustentada oportunamente».
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VUNCULADOS
1. El magistrado ponente de la decisión cuestionada dijo que no era la tutela «la vía adecuada para la discusión o no de la aplicación de la consecuencia jurídica de declaración de desierto de recurso e imponer una interpretación al respecto como tampoco, suplantar los medios ordinarios dispuestos por la misma legislación procesal como remedios de providencias emitidas en el curso de la instancia que se trate».
2. La Juez Primera Civil del Circuito de Valledupar solicitó la «desvinculación» de ese estrado pues «no ha vulnerado derecho alguno al accionante, y las actuaciones surtidas se han proferido dentro del marco de la ley».
3. Un abogado que dijo ser «apoderado de la señora Sandra Patiño Andrade»2 se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideración que, en su concepto, la decisión del tribunal accionado se ajusta a las disposiciones legales aplicables en cuanto a la sustentación del recurso de apelación contra sentencias.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Valledupar lesionó las garantías invocadas por el accionante, dentro del ejecutivo 2019-00297, al declarar desierto el recurso de apelación por él formulado contra la sentencia desestimatoria de primera instancia.
2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneración a los privilegios esenciales, eso sí, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial.
Sobre esto último, ha sido invariable la posición de la jurisprudencia de esta Corte al señalar que los principios esenciales que orientan la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política son la inmediatez y el que a continuación pasa a desarrollarse.
3. De la subsidiariedad
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, dado el carácter eminentemente residual de esta acción, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminaría cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental.
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:
«(…) [S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…)» (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.)
Igualmente ha referido que,
«[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991» (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala.
4. Del caso concreto
El gestor acude al presente instrumento buscando la protección del derecho fundamental al debido proceso que considera quebrantado con la providencia del pasado 27 de junio a través de la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar declaró la deserción del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia desestimatoria proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad.
Como se advirtió, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando aún existen otras vías tendientes a solucionar la afectación a los derechos o las mismas están siguiendo su curso, sino también porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria.
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad puesto que si bien el accionante tuvo a su alcance el medio de defensa judicial idóneo para plantear el debate que expone por esta vía excepcional, injustificadamente lo desaprovechó.
Lo anterior, habida consideración que, al ser enterado en debida forma de la providencia por medio de la cual el tribunal convocado declaró desierta la alzada3, bien pudo haber hecho uso del recurso de reposición, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del artículo 318 del Código General del Proceso; no obstante, ninguna manifestación realizó, con lo que mostró su aquiescencia frente a lo resuelto.
Sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposición, esta Corporación tiene sentado:
«(…) Y, no se diga que el recurso de reposición es ineficaz porque el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia (…) (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.).
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo pues la tutela no es remedio de último momento para rescatar posibilidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisión queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria.
Cabe anotar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, – como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…)» (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01).
5. Conclusión
No se accederá al resguardo solicitado por la incuria revelada, pues la acción de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.
Notifíquese por un medio expedito lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 De acuerdo con las piezas procesales, la secretaría de la corporación querellada informó al magistrado sustanciador que el escrito de sustentación del recurso presentado por el censor había sido allegado por fuera del término concedido para tal efecto.
2 No aportó documento alguno que acreditara la calidad que dice tener
3 De conformidad con los artículos 290, 291 y 295 del Código General del Proceso, la aludida providencia debe notificarse mediante anotación en estado.