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STC13622-2022
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
STC13622-2022
Radicación n° 15693-22-08-000-2022-00136-01
(Aprobado en sesión de doce de octubre de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Se decide la impugnación que la accionante formuló frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2022 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de la acción de tutela que promovió Doris del Rosario Molina Mora contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, a cuyo trámite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional.
ANTECEDENTES
1. La accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que dice vulneradas por la autoridad accionada.
En consecuencia, solicitar ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, «[l]e sea aceptada la corrección monetaria basada en el Índice de Precios al Consumidor “IPC”, así como la liquidación de intereses» y además «se compulsen copias requeridas y necesarias para que solicite ese Despacho Judicial a la Fiscalía General de la Nación, se inicie a la mayor brevedad posible la investigación correspondiente por el delito anunciado y cometido por el señor Nairo Armando Fonseca López, en asocio con los familiares y cómplices que se prestaron para este fraude penal».
2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto los siguientes:
2.1. La accionante adelanta proceso ejecutivo contra Nairo Armando Fonseca López y Rufina López de Fonseca ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, para la ejecución de la sentencia emitida en proceso declarativo previo, actuación aquella dentro de la cual el 5 de septiembre de 2006 se libró mandamiento de pago, el 14 de agosto de 2012 fue embargado un inmueble de propiedad del demandado y el 11 de febrero de 2013 fue secuestrado, diligencia ésta a la cual se opuso Edgar Chaparro Cely alegando ser dueño del bien, quien presento unos documentos que «a la postre resultaron ser falsos», por lo cual la oposición fue rechazada mediante decisión confirmada el 3 de octubre de 2017 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
2.2. Señala la accionante que han sido múltiples las actuaciones de los demandados para dilatar el proceso en su contra, causándole un perjuicio patrimonial, por lo cual en febrero de 2021 radicó ante el juzgado liquidación de crédito que compensaba la desvalorización de la obligación reconocida a su favor, pero la misma fue rechazada.
2.3. Agrega que el 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2021 radicó peticiones al juzgado solicitando informaran si por la demora en el proceso se había entablado denuncia penal por fraude procesal en contra de Nairo Armando Fonseca López, pero su requerimiento fue rechazado y se le acusó de dirigirse al estado con «expresiones injuriosas».
2.4. Expone que en proceso adelantado contra Nairo Armando Fonseca López ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama, se decretó el embargo de los remantes de la ejecución en comento y el salario del deudor, lo cual, afirma, constituye un fraude procesal, porque dicho decurso es adelantado por la cónyuge de éste, en representación de su hija, pese a que conviven bajo el mismo techo y ella tiene a su nombre los bienes de su esposo.
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. Nairo Armando Fonseca expuso que dentro de la ejecución la aquí accionante no pidió el pago de intereses sobre el capital, por lo cual en el mandamiento de pago de 5 de septiembre de 2006 el juzgado no libró ninguna orden de pago por ese concepto, de ahí que la liquidación de crédito correspondiera a una suma determinada de capital.
En cuanto a las peticiones de la actora, indicó que no fueron atendidas por el juzgado, porque ésta las elevó sin la mediación de un abogado, además de que puede presentar directamente las denuncias penales que considere pertinentes.
Agregó que debido al proceso que contra la aquí accionante adelanta la hija de ésta, al parecer simulado, el juzgado le entregó una considerable suma de dinero embargada.
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado, dentro del cual se resalta que el 13 de septiembre de 2018 se ordenó seguir adelante con la ejecución, el 5 de abril de 2021 se resolvió la objeción contra la liquidación de crédito, decisión mantenida el 5 de mayo siguiente y confirmada en sede de apelación el 24 de septiembre posterior por la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, lo que deja en evidencia que la solicitud de protección incumple con el presupuesto de la inmediatez.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo negó el amparo por incumplir el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque la gestora pretende rebatir el mandamiento de pago dictado dentro del asunto, el cual se profirió «hace más de 15 años», sin exponer motivo alguno para la tardanza verificada.
LA IMPUGNACIÓN
La formuló la accionante, insistiendo únicamente en que el juzgado accionado no ha resuelto sus peticiones, donde le solicitó copia de la «posible denuncia» interpuesta para investigar al ejecutado por el delito de fraude procesal, pese a que éste dilata el proceso.
CONSIDERACIONES
1. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es una herramienta jurídica subsidiaria y residual, establecida para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares.
El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a obtener respuesta oportuna, coherente y simétrica con el tenor de la solicitud. Así mismo, el contenido de la respuesta deberá ser adecuado, es decir, éste ha de guardar correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable, además de que ella ha de ser suministrada de manera completa frente a todos los interrogantes planteados y comunicada al peticionario.
2. Deviene, circunscrito el debate a los reparos impugnatorios, que la gestora se duele porque no fue emitida respuesta a las peticiones que elevó el 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2021 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, con que buscó que dicho estrado le enviara copia de la «posible denuncia penal» por fraude procesal, que debió presentar contra Nairo Armando Fonseca López, dentro del proceso ejecutivo adelantado contra éste por aquella.
3. Tocante a la premisa de «petición» ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que:
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (…) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de éstas comporta la vulneración del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garantía del libre acceso a la administración de justicia, también consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejúsdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que sólo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petición a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales están regulados por las normas que disciplinan la administración pública… (Se destacó. CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867, reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01).
3.1. Bajo el prenotado contexto, se tiene que las solicitudes elevadas por la ahora quejosa ante el estrado requerido, fueron resueltas por esa autoridad mediante auto del día 13 de diciembre de 2021, «dentro del marco de una actuación judicial» (proceso ejecutivo individualizado líneas atrás).
Providencia en la que, en lo medular, se previno:
Memoriales provenientes de la demandante Doris del Rosario Molina y allegados por el correo electrónico intercom2pote@gmail.com, incluido derecho de petición.
Con relación a estos últimos escritos, se advierte que la demandante no anexó copia de tarjeta profesional, ni tampoco existe prueba en el expediente de ser abogada titulada, como para que pueda actuar a nombre propio ante esta categoría de juzgados, tal como lo consagra el Decreto 196 de 1971, “Estatuto del Abogado”, el que en sus artículos 24 y 25 del capítulo 1º título III, en su orden dispone;
“ARTICULO 24. No se podrá ejercer la profesión de abogado ni anunciarse como tal sin estar inscripto y tener vigente la inscripción.
ARTICULO 25. Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto.
La violación de este precepto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo infrinjan estarán sujetos a las sanciones señaladas para el ejercicio ilegal de la abogacía.
Así las cosas, se avizora que la demandante carece de derecho de postulación, al no ostentar la condición de profesional del derecho, encontrándose por demás representada por uno que sí la ostenta y quien ha venido actuando dentro del proceso en defensa de sus intereses, razón suficiente para que este despacho se abstenga de realizar pronunciamiento alguno sobre el escrito proveniente de aquélla.
Por tal razón, resulta improcedente, pronunciamiento alguno por parte del despacho sobre dicho particular.
Con todo, es del caso recordarle a las partes y a sus apoderados, que dentro de sus deberes está el de “Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia.” (negrilla fuera de texto), tal como lo prevé el numeral 4º del artículo 78 del C.G.P., so pena de hacerse acreedores a las sanciones a que hubiere lugar por virtud de su desatención. (art. 44 ibídem).
3.2. Así las cosas, y de cara al debido proceso, como la trasgresión atribuida es inexistente –toda vez que antes de la tramitación tutelar se produjo la contestación echada de menos–, ningún tipo de injerencia al respecto encontraría razón de cabida; acerca de lo que esta Sala tiene delineado:
Al punto, el máximo Tribunal Constitucional de tiempo atrás ha señalado, que
«el objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares (…). Así pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que “partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”, ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”.
Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de determinados objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos”» (T-130 2014).
4. Valga resaltar que, si la inconformes considera que en algún proceder irregular han incurrido la autoridad acusada o los distintos intervinientes en el trámite fustigado, otras son las vías que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica.
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetría al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, dejó dicho esta Corte que:
…es necesario precisar que si… [el censor] considera que existe alguna actuación irregular atribuible al Juez…, está a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello.
Frente a dicho punto, esta Corporación ha expresado:
…es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurrió en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, está facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haciéndose por supuesto responsable de su gestión y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: ‘En relación a la petición de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito… (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00).
5. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmación del fallo de tutela de primera instancia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.
Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
Ausencia justificada
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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