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STC13627-2022
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC13627-2022
Radicación n° 15001-22-13-000-2022-00153-01
(Aprobado en sesión de doce de octubre de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de “X” el 26 de agosto de 2022, dentro de la acción de tutela promovida por “H” contra el Juzgado “00” de Familia de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el recaudo de alimentos n.° “2021-00000”.
ANOTACIÓN PRELIMINAR
Como medida de protección a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicación de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e información que permita su identificación, en procura de lo cual se elaborará otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes1.
ANTECEDENTES
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclama la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el despacho enjuiciado.
2. Del escrito introductor y de los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
Que “F”, como madre de “C”, promovió ejecutivo por alimentos en contra de “H”, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado “00” de Familia de “X”, bajo el radicado n.º “2021-00000”.
En razón de lo anterior, el 2 de agosto de 2021, el despacho encartado decretó el embargo del vehículo de placa “YYY000”, de propiedad del allí requerido.
Que, el 2 de mayo de los corrientes, el quejoso presentó memorial, con el que aportó un contrato de transacción celebrado entre los extremos de la litis, en el que se contempló el levantamiento de la medida cautelar que recae sobre el automotor anotado, sin embargo, el estrado accionado concluyó, mediante proveídos de 17 de junio y 5 de agosto hogaño, con soporte en el artículo 44 de la Constitución Política y el canon 130 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que la cautela debía mantenerse, refiriendo como razones de su proceder, los múltiples incumplimientos evidenciados y la prevalencia de derechos predicable en cabeza del alimentario.
Teniendo en cuenta lo anterior, señala que la vulneración denunciada se sigue al adoptar una determinación alejada de lo acordado por las partes, lo cual se halla plasmado en el contrato de transacción, en el que se estableció el levantamiento del embargo referido, además, por desconocer que la destinataria de los alimentos «ya vive con un señor desde comienzo del presente año».
3. Pretende, en consecuencia, que se «conceda el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre mi carro de placas “YYY000” de Ubaté».
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1. La Procuradora 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres en “X”, refirió que en el presente asunto se incumple el requisito de la subsidiariedad, pues, en contra de los proveídos de 17 de junio y 5 de agosto de 2022, ningún recurso se interpuso, aunado a lo anterior, advierte la razonabilidad de las decisiones objeto de cuestionamiento, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo.
2. La Defensoría de Familia del Centro Zonal 2 de esa municipalidad, en representación del ICBF, hizo énfasis en que «las decisiones adoptadas por el Juzgado son razonables en la medida que garantizan los derechos fundamentales de la menor de edad y el accionante no ha aportado constancia de la exoneración de la cuota de alimentos respecto de la menor [K], evidenciándose que no se han vulnerado ninguno de los derechos alegados».
3. Quien dijo ser la apoderada de “F”, dirigió su intervención a relatar las circunstancias en que se promovió el trámite de alimentos, así como a ratificar lo acordado en el contrato de transacción celebrado entre las partes, de allí que, en su sentir, esté llamado a abrirse paso el ruego tuitivo.
SENTENCIA DE PRIMER GRADO
IMPUGNACIÓN
La presentó el reclamante, para insistir en su pretensión, con los mismos argumentos del escrito inicial.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la tutela satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la autoridad accionada vulneró la prerrogativa fundamental invocada por el gestor, con la emisión de los autos de 17 de junio y 5 de agosto de 2022, en los que, pese a decretar la terminación del ejecutivo por alimentos, se mantuvo la medida de embargo sobre el vehículo automotor identificado con la placa “YYY000”, de propiedad del quejoso.
2. De la incuria.
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el carácter residual de esta salvaguarda. De otra manera, esta se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminaría desdibujando el propósito de esta excepcional herramienta constitucional de protección.
En lo relativo a esta temática, la Corte ha sostenido:
«(…)[S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…)» (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01).
3. Caso concreto.
Revisadas las diligencias, esta Sala advierte que habrá de ratificarse la negativa del tribunal a quo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que, según se extracta del expediente digitalizado, el pretensor no interpuso reposición frente a los autos de 17 de junio y 5 de agosto de 2022, en los que, pese a decretar la terminación del trámite, se mantuvo la medida cautelar causa de disenso.
Al respecto, la Sala ha sido enfática al expresar que:
«(…) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposición oportuna de los medios de resguardo diseñados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acción de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protección previstos por el orden jurídico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria, tanto más si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le está vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su órbita funcional autónoma y quebrantar el debido proceso» (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC17487-2016, 1° dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01).
En consecuencia, la prenotada omisión en el uso de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prevé para presentar sus argumentos releva a esta Corporación Judicial de ahondar en las demás temáticas expuestas por el promotor, teniendo en cuenta que, como se anotó, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuación diligente de los interesados, en procura de la resolución de las controversias en el escenario pertinente.
4. Conclusión.
Se confirmará lo decidido en primera instancia, pues, como lo tiene planteado esta Corporación, «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, -como aquí ocurrió-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas» (CSJ STC, 26 ene. 2011. exp. 00027-005048-2018, citada en STC5048-2018, 19 abr. 2018, rad. 00902-00).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
(Ausencia Justificada)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 – Sala de Casación Civil.