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STC15440-2022
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
STC15440-2022
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-03834-00
(Aprobado en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte la acción de tutela promovida por Edificio Lina María PH contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, trámite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso reivindicatorio con radicado No. 001-2019-00255-00.
ANTECEDENTES
1. El solicitante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporación accionada en el asunto referido.
Como fundamento de la acción manifestó que, los señores Leopoldo Forero Pombo y María Teresa Guarín en el edificio son propietarios del apartamento 402 del Edificio Lina María PH, quienes desde el 2009 se apropiaron de 129 metros cuadrados que pertenecen a una zona común adyacente a su unidad inmobiliaria, y la denominaron «apartamento 403».
Explicó que en la asamblea extraordinaria de copropietarios celebrada el 16 de noviembre de 2016, se votó por establecer una compensación a cargo de los citados por $3’000.000 mensuales, causada desde febrero de 2012 a diciembre de 2016 o hasta la fecha en que se verificara la entrega de esa zona al administrador del edificio.
Afirmó que, por lo anterior, promovió contra los señores Forero Pombo y Guarín acción reivindicatoria, trámite en el que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones luego de realizar un estudio superficial, sesgado y con poca trascendencia.
Indicó que apelada la sentencia fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de 1° de septiembre de 2022, en que ordenó a los demandados restituir a los copropietarios del Edificio Lina María PH la zona identificada como área aproximada de 129 metros cuadrados contigua al apartamento 402, ubicada en la carrera 13 No. 118 A-45 de esta ciudad denominada 403, y de oficio les reconoció unos valores por concepto de mejoras que nunca reclamaron.
Sostuvo que con esa determinación está fallando ultra o extra petita, y dejó de aplicar la prohibición de la reformatio in pejus contra el único apelante, por lo que esas sumas deben suprimirse de la parte resolutiva, además que, está «retorciendo» la aplicación de una norma para la reivindicación de un inmueble, porque al tratarse de una zona de uso común, se asemeja a uno de uso público de acuerdo con el Código Civil, Código Nacional de Policía y va en contravía del artículo 31 de la Constitución Política.
2. Con fundamento en esos argumentos, solicitó ordenar al Tribunal accionado dejar sin efecto el reconocimiento de mejoras, ya que el juez de segunda instancia no podía efectuar ese pronunciamiento de oficio para perjudicar al único apelante.
3. Una vez asumido el trámite, se admitió la acción de tutela, ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, así como la citación a las partes e intervinientes en el litigio que motivo esta acción constitucional.
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
El Magistrado Sustanciador manifestó que se remite al contenido de la providencia de 1 de septiembre de 2022.
CONSIDERACIONES
1. La jurisprudencia de manera recurrente y uniforme ha establecido, que la acción de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro está, que se configure una vía de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisión, o, que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. En el evento que ocupa la atención de la Sala, la inconformidad de la accionante radica en el hecho que el Tribunal Superior de Bogotá en la providencia de 1° de septiembre de 2022, condenó al edificio demandante al pago las prestaciones mutuas que no fueron reclamadas por los demandados.
2.1 Examinado el enlace que contiene el proceso reivindicatorio No. 2019-00255-00 promovido por Edificio Lina María PH contra Leopoldo Forero Pombo y María Teresa Guarín, en el que se solicitó, «declarar que “el área aproximada de 129 metros cuadrados contigua al apartamento 402 del Edificio Lina María, ubicado en la cra. 13 No. 118 A 45 de esta ciudad (denominado apartamento 403) es de zona común… y apropiada ilegalmente por los demandados”», en consecuencia, pidió la restitución del mismo, decretar el pago de una compensación por el usufructo legal de $3’000.000.oo mensuales desde febrero del año 2012 hasta la fecha de presentación de la demanda, y sucesivamente hasta que se demuestre la entrega definitiva del apartamento 403 ala copropiedad, más los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas.
2.2 Surtidas las etapas procesales propias de este litigio el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá en providencia de 1º de diciembre de 2021 resolvió negar las pretensiones porque el demandante no acreditó ser titular de la zona reclamada, ni que perteneciera a una área común, puesto que el artículo 14 del reglamento de propiedad horizontal, mencionó cuales eran los bienes comunes, y lo único que podría asemejarse a lo alegado por la copropiedad eran las terrazas o cubiertas del edifico, además en el cuarto piso solo aparece un altillo, escaleras, y un hall, pero no menciona otras de esa naturaleza.
2.3 Apelada la decisión por la demandante, quien como reparo concreto alegó la indebida valoración probatoria, puesto que, los demandados edificaron sobre la cubierta general del edificio, obra que se ejecutó en una zona común, además que, conforme a la escritura No. 7664 de 7 de noviembre de 2003 el apartamento 402 consta de 28.50 mts2, y en el reglamento de propiedad horizontal no existe el apartamento 403.
2.4 El Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de 1° de septiembre de 2022, revocó la decisión del a quo, dispuso declarar probadas las excepciones de posesión de buena fe, negó los demás medios exceptivos propuestos por los demandados, ordenó a los demandados Forero Pombo y Guarín restituir a la copropiedad la zona identificada como «un área aproximada de 129 metros cuadrados contigua al apartamento 402 ubicado en la carrera 13 No. 118 A 45 de esta ciudad», y negó las demás súplicas de la demanda.
De otra parte, y a título de prestaciones mutuas, condenó a la copropiedad a «pagar a los demandados Leopoldo Forero Pombo y María Teresa Guarín, la suma de $61.050.762, por concepto de mejoras útiles, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Vencido el plazo, dicha suma generará intereses moratorios legales civiles hasta su pago».
Para arribar a esa conclusión, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 961 y siguientes del Código Civil, así como la jurisprudencia de esta Corte, concluyó que era deber del juez en el evento de salir avante la petición reivindicatoria, ordenar, incluso de manera oficiosa, todas las prestaciones mutuas, y expuso que,
«a. La copropiedad pidió, además de la reivindicación, una “compensación” bajo el título de “usufructo ilegal”, que como se vio es improcedente. Pero si los $3 000 000 “mensuales desde febrero del año 2012, hasta la fecha de la presentación de la demanda y sucesivamente hasta que se demuestre la entrega definitiva del ‘apartamento 403’ a la copropiedad, se entendieran como la reclamación que puede hacer el reivindicador por los frutos del bien poseído por el demandado, el artículo 964 del C.C., dispone que el poseedor de buena fe no está obligado a la restitución de frutos percibidos antes haberse formulado la acción. También que, con posterioridad a la demanda, sí están obligados a la restitución de los “que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad”, teniendo la cosa en su poder.
Que los demandados son poseedores de buena fe no queda en discusión, en tanto no fueron los responsables de la construcción realizada en la zona aledaña al apartamento 402, porque data del año 1988 y fue incluida en la compra que realizaron de forma conjunta, con el garaje 06, es decir, se puede afirmar que obtuvieron el apartamento 402 con la conciencia de haber “adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio” (art. 768 del C.C.); por ende, solo tendrían que responder por los frutos percibidos desde el 13 de agosto de 2018; sin embargo, lo cierto es que la reclamación por $3 000 000, no tiene sustento probatorio, pues, aunque la copropiedad aportó el acta de asamblea del 16 de noviembre de 201621, donde se resolvió imponer esta compensación a los demandados, en realidad, no se justificó el porqué de la tasación en dicho valor, ni en esa asamblea, ni el juramento estimatorio, el cual objetó la parte pasiva.
Además, porque si el área reivindicada, por reglamento, es una cubierta que como bien común está destinada al uso de todos los copropietarios, no parece que hubiera podido producir frutos civiles, a la luz de su definición en el artículo 717 del C.C. Entonces prosperarán las excepciones de posesión de buena fe y buena fe.
Sobre el cobro de lo no debido resulta innecesario pronunciamiento dado que no prosperará la pretensión de frutos.
b. Como los demandados son poseedores de buena fe, de acuerdo con el artículo 966 del C.C., tienen derecho al abono de las mejoras útiles realizados con anterioridad a la presentación de la demanda. De acuerdo con la declaración de construcción rendida el 24 de marzo de 1988, por Luis Alfonzo Castro Calderón y Agustín Castro Arguello, frente a solicitud de Eduardo Salvador Moreiro Arenillas y Gloria Beatriz Rodríguez Barrero, ante el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá, “fueron contratados en forma verbal e hicieron una mejora y ampliación en el apartamento 402… consistente en reforma planta altillo… hall, salón comedor, cocina con chimenea… alcoba con baño, área de lavado y ropero, alcoba con closet, hall interior, alcoba con closet, baño general, alcoba principal con baño privado, con un área privada de 98,85 mts2, con altura libre de 2.15 centímetros… por dos millones de pesos”. Esa obra se ha mantenido en el tiempo, e incluso el perito Henry Garzón Tobar dijo que la estructura data de unos 25 años atrás, pero está en “buen estado de conservación” y “buenos acabados”. Sin embargo, la suma conceptuada por este experto para esa obra no puede ser tenida en cuenta para efecto de las restituciones mutuas como quiera que no se trata de un inmueble construido bajo licencia, no forma parte de los planos del edificio, ni tiene reconocida una propiedad inmobiliaria, como para estimar su valor a precios de mercado de un apartamento regular. Se acogerá, en cambio, el rubro de las mejoras mencionadas para el año de 1988 por los constructores que declararon ante el juzgado laboral y se actualizará con el índice de precios al consumidor.
De acuerdo con la exposición realizada y como se anunció, se revocará la sentencia de primer grado, se ordenará a los demandados la reivindicación de la zona reclamada y a la demandante el pago de las mejoras aquí reconocidas.
3. En ese orden, no advierte la Sala amenaza o vulneración de las garantías fundamentales invocadas, como quiera que, el Tribunal Superior accionado desató la apelación de acuerdo con los reparos efectuados a la decisión por parte de la demandante, dispuso revocar la sentencia para acoger la pretensión reivindicatoria, y explicó que le correspondía al juez como lo establece la norma que regula esta acción, dar aplicación al contenido de los artículos 961 a 971 del Código Civil, así como de la reiterada jurisprudencia proferida por esta Corporación, incluso de manera oficiosa resolver sobre las cargas recíprocas de las partes cuando esa súplica sale avante.
En relación con lo anterior, ha de tenerse presente que esta Sala ha establecido que, «decretada judicialmente la reivindicación, las prestaciones recíprocas se producen ipso jure, lo que significa que no es preciso que hayan sido pedidas en la demanda o en su respuesta (…) si, pues se acepta que debe decretarse judicialmente la restitución y prospera la súplica principal de la demanda, se impone al juzgador el deber de ordenar, por propia iniciativa, todas las prestaciones mutuas que la ley concede en estos casos y que aparecen determinadas en los arts. 961 y siguientes del C.C., sin necesidad de que el poseedor vencido las haya solicitado. Esto es así porque se trata de un derecho consagrado por la ley, con estricta aplicación en preceptos inspirados en principios superiores de justicia y equidad, que tienden a evitar un desplazamiento patrimonial injusto, de unas manos a otras, y un enriquecimiento sin causa” (G.J. t.XLVIII, pág.289)» (citada en STC17236-2014 y en STC4144-2018) (se subraya).
De tal suerte que, a diferencia de lo considerado por el accionante, esa condena no implica que se trate de un fallo ultra o extra petita, ni se configura una vulneración al principio de la no reformaito in pejus, toda vez que, ante el éxito de la reivindicación, debía el Tribunal Superior cuestionado resolver aún de oficio, sobre las prestaciones mutuas reguladas en los artículos 961 y siguientes del Código Civil, y efectuar dicho reconocimiento, aunque no hubieran sido pedidas en la demanda o en su contestación, porque esas prestaciones se producen ipso jure, pronunciamiento que se encuentra motivado y no luce arbitrario, ni se evidencia un defecto sustantivo, fáctico o de otra índole.
En síntesis, la simple la divergencia de criterio expresada por el edificio accionante, frente a la condena impuesta en la providencia objeto de su inconformidad, no resulta suficiente para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, para intentar reabrir un debate ya definido por el juez natural. (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiteradas en STC 1212-2022 y STC4972-2022).
4. En consecuencia, el amparo no prospera.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acción de tutela promovida por Edificio Lina María PH contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Comuníquese a los interesados por el medio más expedito, y, de no impugnarse este fallo, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS