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STC3389-2023
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC3389-2023
Radicación n°. 11001-02-03-000-2023-01287-00
(Aprobado en sesión del doce de abril de dos mil veintitrés).
Bogotá, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023).
La Corte decide la acción de tutela promovida por Luisa Fernanda Aristizábal Aristizábal, quien dice actuar como apoderada de Luis Eduardo Figueroa Sánchez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá1.
I. ANTECEDENTES
1. La gestora demandó la salvaguarda de las garantías superiores al debido proceso, exceso ritual manifiesto, igualdad, doble instancia y acceso a la administración de justicia de quien dice representar, presuntamente vulneradas en el juicio ejecutivo de radicado 11001310301520160026200 (01/02).
2. En sustento de su reclamo expuso los siguientes hechos:
2.1. Ante el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta Ciudad, Gustavo Ramos Calderón promovió proceso ejecutivo en contra de José Antonio Figueroa Sánchez, Jorge Alberto Ardila, Laura Viviana Figueroa Camacho, María Consuelo Camacho Suárez, Gustavo Ramos Calderón y Luis Eduardo Figueroa Sánchez, con el fin que se librara mandamiento de pago por $120.000.000 contenidos en dos letras de cambio; trámite en el que la autoridad judicial desestimó las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución el 30 mayo de 2018.
2.2. El 13 de agosto siguiente, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad del proceso tras «considerar prósperos los efectos del artículo 121 del CGP».
2.3. El Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de esta ciudad avocó el conocimiento del asunto y, el 13 de julio de 2021, ordenó seguir adelante con la ejecución; decisión que fue recurrida en apelación.
2.4. El 30 de noviembre de 2021, el Tribunal querellado admitió la alzada y, el 25 de enero de 2022, la declaró desierta, por falta de sustentación en segunda instancia, decisión que fue confirmada, en reposición, el 6 de mayo de 2022.
3. La actora cuestiona que se hubiera declarado desierto el recurso de apelación interpuesto contra la orden de seguir adelante con la ejecución, porque «se había sustentado en primera instancia y porque el auto que admitió la alzada omitió señalar la fecha de la audiencia para la fundamentación exigida y tampoco fijó «el traslado correspondiente conforme a lo contemplado en el artículo 110 del CGP».
4. En consecuencia, pretende que se fije fecha para la sustentación del recurso de apelación, «de acuerdo con lo establecido en el artículo 362 del Código General del Proceso».
II. RESPUESTA RECIBIDA
1. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, señaló que no fue el encargado de «tomar decisión alguna al interior del expediente reseñado» y solicitó su desvinculación.
2. María Consuelo Camacho Suárez y Laura Viviana Figueroa Camacho, en escritos separados, respaldaron los hechos y pretensiones de la tutela.
III. CONSIDERACIONES
1. En el sub examine, la censora pretende la protección de los derechos de Luis Eduardo Figueroa Sánchez, presuntamente vulnerados por el Colegiado accionado, al declarar desierto el recurso de apelación interpuesto.
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que la promotora no está legitimada para instaurar la presente tutela, dado que no allegó poder especial, otorgado en debida forma, que la faculte a intervenir en esta causa.
2.1. Referente a la legitimación en la causa en las acciones de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que «podrá ser ejercida (…) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante».
Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acción de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto «es un simple apoderado judicial y, en ningún momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en vías de hecho» (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). Igualmente, la Sala ha señalado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando «tenga poder específico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acción de amparo» y que tal omisión torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019).
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifestó que
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que «se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión». Así las cosas, como lo refirió la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa:
(i) los nombres y datos de identificación tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción2.
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la tutelante pretende la protección de los derechos fundamentales de Luis Eduardo Figueroa Sánchez, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no reúne las características de especialidad exigidas para la acción de tutela, por cuanto, aunque el documento precisa la autoridad accionada y los derechos invocados, no determina el proceso o la actuación a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situación fáctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acción constitucional en contra el Tribunal convocado, lo cual impide analizar el fondo del asunto3; máxime que ante el Colegiado accionado el proceso citado en la tutela ha tenido más de una actuación.
3. A lo anterior se suma que la tutela tampoco cumple con el presupuesto de la inmediatez, pues el auto censurado fue confirmado el 6 de mayo de 2022 y la tutela se radicó el 27 de marzo de la presente anualidad, de manera que se superó ampliamente el término de seis meses que se ha estimado como razonado para acudir a la acción de tutela4, todo lo cual torna improcedente la salvaguarda constitucional propuesta.
4. En consecuencia, la tutela es improcedente.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado.
Comuníquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio más expedito, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Ausencia Justificada)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
(Ausencia Justificada)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente (E)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Al trámite se dispuso vincular a José Antonio Figueroa Sánchez, Jorge Alberto Ardila, Laura Viviana Figueroa Camacho, María Consuelo Camacho Suárez, Gustavo Ramos Calderón, Luis Eduardo Figueroa Sánchez y los Juzgados Quince y Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá.
2 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022.
3 En términos similares ver CSJ STC2529-2023, CSJ STC3112-2023, CSJ STC3116-2023.
4 Ver cita en CSJ STC2283-2022.