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STC6771-2023
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC6771-2023
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-02578-00
(Aprobado en sesión de doce de julio de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023).
Se decide la acción de tutela instaurada por Rafael Darío Solano Arregoces contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo trámite se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.
ANTECEDENTES
1. El promotor del amparo reclama la protección de sus prerrogativas al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que dicen vulneradas por las autoridades accionada, en el marco del proceso verbal que la Sociedad Soto Landaeta y Sucesores S.A. promovió contra Comunidad de El Cerrejón y Otros, radicado 44001-31-03-002-2015-00144-00.
Solicita en consecuencia, que se ordene «revo[car] anul[ar] o corre[gir] los autos de fecha 17 de febrero de 2022 y 18 de abril de 2023, emanados del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de [la misma ciudad], Sala de Decisión Civil, Familia Laboral respectivamente» y en consecuencia se ordene «el cumplimiento de la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2015 del Tribunal (…) que ordenó liquidar como agencias en derechos el 0.5% de las pretensiones negadas»
2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto:
2.1. Afirma el gestor que pese a la condena en costas citada en líneas precedentes, el 17 de febrero de 2022 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha aprobó la liquidación de las mismas, excluyendo las agencias en derecho, que debían calcularse sobre 600´000.000 de dólares, situación por la cual interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, fundado en que se había incurrido en la nulidad insaneable señalada en el numeral 2º del artículo 133 del Código General del Proceso, al haberse procedido contra providencia ejecutoriada del superior.
2.2. Sostiene que la invalidación fue negada el 14 de septiembre de 2022, decisión que apeló y fue confirmada el 18 de abril de 2023 por la Sala Civil, Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, tras considerar que dentro del proceso no hubo oportunidad para cuantificar las pretensiones de la demanda, que a su vez sirvieran de base para calcular las agencias en derecho, además de que realmente no se dio una negativa a las pretensiones, porque prosperó la excepción de prescripción de la acción, lo cual, sostiene el gestor, es un «galimatías» para avalar que el desconocimiento por parte del a quo de la decisión de su superior.
3. La Corte admitió el libelo de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha indicó que la confirmación de la negativa a la nulidad emergió de manera razonada y resaltó que con la solicitud de invalidación el gestor pretendió subsanar la omisión consistente en no interponer el recurso del caso contra el auto de 17 de febrero de 2022 con que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha aprobó las costas procesales.
2. La Procuraduría General de la Nación pidió que se analice si la terminación anticipada del proceso cuestionado, por la prescripción de la acción, impedía la cuantificación de las pretensiones y por ende de las agencias en derecho.
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se habían recibido respuestas adicionales.
CONSIDERACIONES
1. Al tenor del artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo instituido para la protección de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acción o la omisión ilegítima de una autoridad o, en determinadas hipótesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De la misma forma, se ha señalado que, en línea de principio, esta acción no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo desviada del camino previamente señalado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado «vía de hecho», situación frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa judicial, dado el carácter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que revisadas las actuaciones del proceso cuestionado, se constata que se desaprovechó el mecanismo de defensa con que se contaba para discutir el monto de las costas procesales liquidadas dentro del proceso cuestionado.
En efecto, para tal cometido, el gestor debió recurrir el auto de 17 de febrero de 2022 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Riohacha, con que se liquidaron las costas procesales, oportunidad en la que pudo exponer las inconformidades traídas a este escenario, en vez de, se resalta, solicitar la nulidad del proceso por la supuesta desatención de dicho estrado a la decisión de su superior, pues a ésta vía acudió cuando ya había desaprovechado el mecanismo idóneo para plantear su queja.
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protección que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescatar oportunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que cuando se desaprovechan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria.
Entonces, si el gestor del amparo «desperdició las diferentes oportunidades procesales»:
…es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prevé el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela… (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01).
3. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protección pedida.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no impugnarse.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Ausencia justificada
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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