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STC7291-2022
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC7291-2022
Radicación n.° 66001-22-13-000-2022-00085-01
(Aprobado en sesión de ocho de junio de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 12 de mayo de 2022, dentro de la acción de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.º 2022-00010.
ANTECEDENTES
1. Actuando en nombre propio, el promotor reclamó la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada.
2. Sostiene que, en el curso de la acción popular que instauró contra el «establecimiento de comercio […] Almac[é]n [D]istribuidor [E]xtintores el [D]iamante», la célula cognoscente «después de vario tiempo (sic) aun no notifica (…) al representante legal de la entidad [solicitada], incumpliendo su deber (…), ley 472 de 1998, art 5».
3. En consecuencia, pretende que, a través de este excepcional mecanismo, se le ordene «A LA TUTELADA INMEDIATAMENTE NOTIFICAR AL [querellado] EN MI ACCI[Ó]N POPULAR (…)»-
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. La Defensora del Pueblo Regional de Risaralda alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo que pidió que se le desvinculara del asunto.
2. La Procuradora Regional de Risaralda precisó que su «intervención está orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los (…) intereses colectivos». Y añadió que, el gestor no había presentado a la entidad alguna petición, queja o reclamo relacionado con lo alegado.
3. La Alcaldía de Pereira refirió que, el municipio no tiene relación con los fundamentos fácticos expuestos por el promotor y, por ende, no ha conculcado las prerrogativas invocadas en el proceso.
4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira indicó que «el [d]espacho en aras de garantizar los derechos de economía, celeridad y eficacia procesal y con el objeto de dar continuidad de manera expedita al trámite (…), ha decidido (…) en armonía con las disposiciones señaladas en el Decreto Legislativo 806 de 2020, asumir por sí mismo la gestión de la notificación (…) en la forma indicada por el artículo 8 ibidem». Precisó que no ha trasgredido las garantías esenciales del quejoso.
SENTENCIA DE PRIMER GRADO
El tribunal a-quo no accedió al resguardo, argumentando que «la pretensión del actor, motivo de este amparo, ya se encuentra satisfecha, en consecuencia, no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y sería vano adoptar en esta sede cualquier decisión al respecto, por la ausencia de interés jurídico o sustracción de materia», por lo que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
IMPUGNACIÓN
La formuló el convocante, pidiendo que «SE ORDENE A LA TUTELADA CUMPLIR [los] TÉRMINOS DE TIEMPO (…) QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998».
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira vulneró las garantías esenciales del actor, por cuanto, supuestamente, no efectuó la notificación de la acción popular a la entidad requerida en dicho trámite.
2. Naturaleza jurídica de la tutela.
El presente mecanismo excepcional es una institución que consagró la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por un particular; se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales ordinarios que establece la ley y en ese sentido no es posible convertirla en una institución procesal alternativa o supletoria.
3. El caso concreto.
Analizados los fundamentos de la petición de amparo, y con observancia en las pruebas obrantes en el plenario, habrá de confirmarse la providencia de primera instancia, por las razones que a continuación se compendian:
La carencia actual de objeto y el hecho superado.
La Corte ha señalado sobre el tema que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales; ello por cuanto,
«(…) ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales (…) El ‘hecho superado o la carencia de objeto’ (…), se presenta: ‘si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido» (CSJ STC de 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365 de 11 jul. 2016).
En el caso sub júdice, el quejoso asegura que, a la fecha de formulación del presente auxilio, esto es el 22 de abril de 2022, el estrado denunciado no había llevado a cabo la notificación de la acción popular a la entidad querellada, no obstante, como quedó documentado en las diligencias, el 6 de mayo siguiente, el referido despacho realizó la comunicación requerida, por lo cual la supuesta dilación judicial enrostrada fue corregida durante el curso de este ruego tuitivo.
Ante tal panorama, se torna improcedente la concesión de la salvaguarda, por carencia actual de objeto, por lo que inane sería cualquier orden que actualmente se emita dentro del presente asunto.
4. Conclusión.
Conforme a lo anteriormente discurrido, se confirmará el fallo de primera instancia, comoquiera que la presunta mora judicial endilgada al funcionario accionado, fue superada durante el diligenciamiento de esta acción.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS