Asistente Jurídico Inteligente
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STC8506-2023
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC8506-2023
Radicación n.º 11001-02-04-000-2023-01303-01
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de esta Corporación el 13 de julio de 20231, dentro de la acción de tutela promovida por Ángela María Caucali Amaya contra la homóloga de Casación Laboral de Descongestión n.º 1 de la Corte Suprema de Justicia, trámite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, así como las demás partes e intervinientes en el ordinario laboral n.º 2019-00586.
ANTECEDENTES
1. La solicitante, actuando a través de apoderado judicial, reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, «vida digna, el mínimo vital, la buena fe, [y] seguridad social», supuestamente vulnerados por la autoridad enjuiciada.
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
Ángela María Caucali Amaya promovió ordinario laboral contra la UGPP, en procura del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso de su «compañero permanente» Audelino Cagua Garzón (q.e.p.d.) a quien se le había reconocido la prestación de invalidez «a través de acto administrativo 11750 del 20 de octubre de 1976»2; cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, quien absolvió a la querellada.
Posteriormente, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad revocó lo establecido por el a quo y, en su lugar, concedió la aludida prestación, pues advirtió que «la demandante sí demostró la cohabitación de manera continua durante «por lo menos 5 años anteriores al fallecimiento»».
Inconforme, la entidad allí convocada recurrió en sede extraordinaria, en donde la homóloga de Casación Laboral de Descongestión n.º 1, infirmó la decisión del ad quem, en tanto coligió que no se acreditó «la convivencia de la accionante con el pensionado, durante los cinco años inmediatamente anteriores al óbito». Luego, en sede de instancia confirmó lo dispuesto por el estrado de primer grado.
Resolución que, a juicio de la censora incurrió en exceso de ritual manifiesto, violación directa a la constitución y defecto fáctico, toda vez que «d[io] valores nulos a los documentos (…) allegados con la demanda inicial, arguyendo de que no son pruebas para demostrar la convivencia ni de su lapso, haciendo una evaluación individual de cada documento en el que da razón de un determinado modo, tiempo y lugar, pero que, al ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas o parámetros de la sana crítica y como lo establece el artículo 176 del CGP, se puede establecer claramente que sumados estos lapsos visualizan una real convivencia, un apoyo mutuo».
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL018-2023, 24 ene., y en consecuencia, se confirme la determinación de segundo grado.
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remitió a las consideraciones expuestas en la misma, y manifestó que «si la accionante no comparte las decisiones de la Sala (…) no es ninguna razón valedera para hacer uso del amparo constitucional, pues el citado mecanismo no es una instancia adicional a la cual pueden acudir los administrados a efectos de reexaminar el acervo probatorio recaudado, ni revivir controversias concluidas con sentencia en firme y con efectos de cosa juzgada, que es lo que se pretende en el sub judice».
2. El estrado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá remitió el enlace de acceso al expediente digital del asunto cuestionado.
3. La UGPP señaló que «no existe vulneración a derecho fundamental alguno con la decisión del despacho accionado, que negó las pretensiones de reconocimiento pensional, sino también porque no existió una mala interpretación de las normas que regulan el tema y menos un desconocimiento de las pruebas obrantes al expediente laboral pues con base en el acervo probatorio aportado generó que se pudiera adoptar esa decisión negativa que hoy no es aceptada por la parte demandante».
Negó el amparo, en tanto coligió que «el razonamiento de la mencionada Corporación no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, cuando de manera alguna se percibe ilegítimo o caprichoso».
IMPUGNACIÓN
La impetró el apoderado de la recurrente para insistir en su pretensión, destacando que «si [se observa] (…) la totalidad las pruebas aportadas y las practicadas, de manera conjunta, como lo establece la línea normativa y la jurisprudencial, se puede apreciar claramente el tiempo, modo y lugar de convivencia entre el causante pensionado y su compañera permanente. (…) el Certificado de la EPS., (…) determina el tiempo de convivencia entre Audelino Cagua Garzón y Angela María Caucali Amaya, [se puede] establecer por lógica y acogiénd[ose] a las reglas de la sana crítica que, la pareja no inicio su vida común o convivencia el mismo día de dicha afiliación, que antes hubo un inicio real de convivencia en donde la pareja como tal pasó por una etapa de acoplamiento».
También anotó que «las atacadas providencias amputan el suplimiento del apoyo económico que el pensionado fallecido brindaba a su compañera permanente, repercutiendo en el desamparo, la desprotección o la afectación de la subsistencia mínima de la misma».
Por su parte, la UGPP solicitó «se confirme el fallo de primera» y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurrió en presunta vía de hecho en el trámite laboral promovido por la gestora (SL018-2023, 24 ene.), por cuanto casó la determinación del tribunal y, en sede de instancia, ratificó la decisión desestimatoria del juzgado a quo, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas.
2. De la tutela contra providencias judiciales.
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada, salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable.
3. Caso concreto.
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casación Laboral de Descongestión querellada (i) infirmó lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligió que no se acreditó «la convivencia de la accionante con el pensionado, durante los cinco años inmediatamente anteriores al óbito»; y, (ii) en sede de instancia, confirmó la providencia de primer grado, no se advierte la configuración de una vía de hecho, ni la conculcación de las garantías fundamentales invocadas, como pasa a explicarse.
En efecto, al resolver el único cargo formulado por la vía indirecta «en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 46 a 48 y 73 de la Ley 100 de 1993; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, y como violación de medio los artículos 167 176, 184, 191, 198, 219, 220, 221 y 222 del CGP; 60 y 145 del CPTSS», el estrado encartado expuso que:
«[A] la Sala le corresponde elucidar si el juez plural se equivocó, desde la perspectiva fáctica, al encontrar acreditada la convivencia entre la promotora del proceso y Audelino Cagua Garzón durante los cinco años previos a la calenda del óbito, que permita acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada».
En ese orden, procedió a estudiar las pruebas y piezas procesales denunciadas. En primer lugar, sobre la historia clínica del causante con fecha del 5 de abril de 2018, precisó que «no aporta ningún elemento de juicio de cara a demostrar la convivencia de la presunta pareja Cagua Caucali, durante un lapso de por lo menos cinco años anteriores a la muerte del compañero permanente, como equivocadamente coligió el juez de segundo grado, habida consideración que de la misma únicamente se desprende que ese día Audelino Cagua Garzón asistió a consulta médica acompañado por Ángela María Caucali Amaya, de quien se afirmó era la esposa». Negrilla fuera de texto.
Respecto del «certificado emitido por Famisanar del 24 de julio de 2018 y escrito de la misma fecha 921-S-592173», indicó que «los aludidos elementos de persuasión simplemente demuestran que el pensionado, el 24 de julio de 2013, inscribió como su beneficiaria en salud a la hoy demandante y que en tal condición permaneció hasta que el afiliado falleció, pero en realidad no acreditan una real y efectiva convivencia».
En lo relativo a la «declaración de unión marital de hecho de data 24 de junio de 2013» estableció que:
«Esta escueta aseveración tampoco es convincente, por cuanto ni siquiera se informa desde que fecha inició la supuesta cohabitación, a lo que se suma que el referido formato se diligenció el 24 de junio de 2013 con el único fin de que el pensionado pudiera inscribir como su beneficiaria en salud a la hoy demandante, de ahí que tal documental, por sí sola resulta insuficiente para acreditar la convivencia durante los cinco años anteriores al óbito del pensionado, pues no daría cuenta de una convivencia posterior a la fecha de su expedición y hasta la muerte del causante, máxime que en ella intervino la propia interesada».
Seguidamente, resaltó que «no existe prueba que permita establecer que en realidad desde que Cagua y Caucali rindieron la «declaración de unión marital de hecho» hicieron vida marital hasta la muerte de aquel».
Prosiguió analizando los «testimonios y declaraciones extrajuicio de Rubiel Uribe Zapata y Rigoberto García Preciado» y destacó que «existen notorias contradicciones entre lo afirmado en la declaración extrajuicio y la versión rendida ante el juzgado por ambos testigos», razón por la cual «no es dable tener las referidas pruebas como idóneas y contundentes para acreditar el tiempo de convivencia entre la demandante y el causante Cagua Garzón».
A continuación, concluyó que «surge palmario el equívoco de la colegiatura al encontrar acreditada la convivencia de la accionante con el pensionado, durante los cinco años inmediatamente anteriores al óbito». De esta manera declaró la prosperidad del cargo y, en sede de instancia, confirmó lo dispuesto en primer grado.
De acuerdo con ello, la resolución adoptada, como se anticipó, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuración de una vía de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas.
3.2. En relación con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podría abrirse camino la prosperidad de la protección constitucional, pues es necesario que la determinación se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situación que no ocurre en el sub lite.
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que:
«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo» (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00).
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento del derecho a la «igualdad» y los «precedentes», tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realizó un análisis razonable y ponderado de la situación expuesta y de los elementos de convicción obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcación de las garantías reclamadas.
4. Conclusión.
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviación del ordenamiento jurídico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 El expediente ingresó a este despacho el pasado 15 de agosto de 2023, de conformidad con la información consignada en el acta de reparto.
2 De acuerdo con la sentencia de casación.