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SC-166-2005 [00126]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
Bogotá D. C., trece (13) de julio de dos mil cinco (2005).
Referencia: Expediente Nro. 00126
Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por los demandantes Jorge, Carlos Humberto y Beatriz Villamizar Briceño, de un lado, y Germán Villamizar Vásquez, de otro, contra la sentencia adiada el 11 de julio de 2002, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso ordinario promovido por los recurrentes contra Serafina del Carmen Niño Villamizar y Pedro Antonio Piedrahita Echeverry.
I. EL LITIGIO
1. De modo principal (fl. 141 Cdo. Ppal), los demandantes piden la nulidad de los testamentos que fueron otorgados por Jesús Villamizar Rodríguez, mediante las escrituras públicas números 1265 de 7 mayo de 1983 de la Notaria 18 de Bogotá, 105 de 20 de marzo de 1991 y 62 de 1º de marzo de 1997, estas dos últimas la Notaría Única de Belén (Boyacá); que se deje sin valor la partición que fue finalmente protocolizada en escritura pública No. 1772 de 24 de junio de 1998 de la notaría primera de Duitama; que se declare que la sucesión del nombrado causante debe regirse por las normas de la sucesión intestada; que son inoponibles a los demandantes los actos de disposición recaídos sobre los bienes relictos y que se ordene restituir éstos a la masa herencial o por su valor equivalente, junto con intereses, frutos y corrección monetaria.
De modo subsidiario, solicitan que se declaren revocados los testamentos contenidos en las escrituras públicas 1265 de 7 de mayo de 1983 y 105 de 20 de marzo de 1991, como lo dispuso el testador en la escritura 62 de 1° de marzo de 1997, y se adopten las medidas consecuentes antes referidas, esta vez en acción de petición de herencia, de manera que se declare que los demandantes tienen derecho a suceder al referido causante; se cancelen las inscripciones que pesen sobre los bienes adjudicados; se condene a los demandados a restituir el 50% de los bienes relictos y en la misma proporción los frutos percibidos, junto con los equivalentes, intereses y corrección de los que no puedan restituirse.
En su defecto, luego de acceder a las pretensiones principales, en acción de dominio, se condene a los demandados a restituir el 50% de los bienes relictos, junto con las restantes condenas pertinentes.
2. Los hechos que sirven de puntal a las pretensiones admiten el siguiente resumen:
a) Jesús Villamizar Rodríguez otorgó uno de los testamentos mencionados mediante la escritura pública No. 62 de 1° de marzo de 1997 de la notaría del municipio de Belén, ante los testigos Pedro Antonio Piedrahita Echeverry, María Eugenia Jiménez Gerlein e Isabel Amador Ramírez, quienes a la sazón no tenían su domicilio en dicho municipio; además, Piedrahita, quien era dependiente y asesor del otorgante y por lo tanto “fácilmente influenciaba la voluntad del testador”, fue instituido allí como legatario eventual y fue designado como albacea con tenencia y administración de bienes en cuya condición se le ordenó pagar un crédito por $28.000.000; igualmente los restantes testigos eran también dependientes del causante, todo lo cual los inhabilitaba para actuar como tales.
b) El causante era hermano de Heriberto Villamizar Rodríguez, quien fue el progenitor de los demandantes, de modo que como el testador no dejó hijos ni ascendencia la herencia debe repartirse entre su cónyuge y dicho hermano, éste último representado por sus hijos ya que había fallecido en 1963.
c) El proceso de sucesión de Jesús Villamizar culminó con la adjudicación de su herencia a su cónyuge a título de gananciales y en calidad de heredera, y otra porción se asignó al legatario Pedro Antonio Piedrahita.
d) De otro lado, en el testamento otorgado mediante escritura pública 1265 de 7 de mayo de 1983 se omitió indicar el nombre completo del causante; el notario no dejó constancia sobre las facultades mentales del testador; de los testigos, amén de inhábiles, no se sabe si estaban presentes al momento de la lectura del testamento. Además, ese testamento fue expresamente revocado por el que se otorgó en 1997, y el que obra en la escritura pública 105 de 20 de marzo de 1991 contiene los mismos vicios y defectos de las otras memorias testamentarias.
4. A su vez, Serafina Niño demandó en reconvención con el objeto de reclamar la nulidad del testamento suscrito el 20 de marzo de 1991 en la Notaría Unica de Belén por el que se dijo revocar el que otorgó el causante el 7 de mayo de 1983, testamento este último que por consiguiente recobra pleno valor para darle firmeza a la partición.
A su turno, la parte reconvenida se allanó a la declaratoria de nulidad deprecada, pero se opuso a que continuara vigente la adjudicación, e igualmente propuso las excepciones de nulidad del testamento contenido en la escritura pública 1265 de mayo 7 de 1983, y la de revocatoria del mismo dispuesta expresamente por el que se otorgó en 1997.
5. Cumplido el tramite del proceso, el juzgado declaró la nulidad del testamento contenido en la escritura pública 62 de 1° de marzo de 1997 de la Notaría de Belén; dejó sin valor el trabajo de partición y adjudicación vertido en la escritura 1772 de 24 de junio de 1998; declaró la nulidad del testamento otorgado mediante escritura pública 105 de marzo 20 de 1991; declaró probada la excepción de inexistencia de la causal de nulidad y de causa para solicitarla, respecto de la escritura 1265 de 7 de mayo de 1983 de la Notaría 18 de Bogotá; declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el demandado Pedro Piedrahita respecto de la pretensión de nulidad del testamento de 1983; no accedió a aprobar la partición y adjudicación contenida en la escritura pública 1772 de 24 de junio de 1998; declaró no probadas las excepciones de la parte reconvenida; dispuso ceñir la sucesión del causante Jesús Villamizar Rodríguez a lo dispuesto en el testamento de 1983; declaró vigente la universalidad jurídica de bienes del causante y, en consecuencia, condenó a los demandados a restituir a la masa sucesoral los bienes y frutos, desde que los poseen y hasta cuando se hagan las correspondientes restituciones.
Como resultado de la apelación interpuesta por ambas partes el tribunal confirmó la decisión impugnada.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
En síntesis, son los siguientes:
1. Comenzó el ad quem por decir que se debe dilucidar lo siguiente: 1º) si es válido o está viciado de nulidad el testamento abierto contenido en la escritura pública número 1265 del 7 de mayo de 1983; 2º) si ese mismo acto jurídico fue revocado expresamente por el otorgante; y 3º) si en caso de producir efectos jurídicos el testamento, por economía procesal debe dejarse como válido el trámite de liquidación notarial adelantado con apoyo en un testamento que en primera instancia se declaró nulo y cuya decisión no fue atacada en segunda instancia.
2. En cuanto a la validez del testamento solemne, el sentenciador señala que debe cumplir la plenitud de las formalidades legales previstas en el capítulo segundo del libro 3º del C.C.; a ese respecto concretamente alude a que el artículo 11 de la ley 95 de 1890 sanciona con nulidad la omisión de ellas, salvo cuando “se omitiere una o más de las designaciones prescritas en el artículo 1073, en el inciso 4º del 1080 y en el inciso 2º del 1081”, siempre que no haya duda acerca de la identidad del testador; e indica enseguida las solemnidades previstas para el testamento abierto en los artículos 1072, 1073 y 1074 que aluden a quiénes deben estar presentes en el acto de otorgamiento y a la manera de llevar a cabo el acto.
3. Situado en la especie de este proceso en relación con la falta de requisitos formales que se denuncian en torno al testamento de 1983, que consisten en haberse omitido los dos nombres del testador, no haberse dejado constancia por el notario de la sanidad mental del otorgante, ni de que al momento de la lectura estuvieron presentes los testigos, ni de la presencia de éstos y del testador en un solo acto, dice el tribunal que la jurisprudencia con respaldo en el artículo 1073 del C.C. ha mitigado la estrictez del acto en orden a preservar la voluntad del testador, destacando que la ley no exige que se haga notar el cumplimiento de las formalidades a que aluden los artículos 1071 a 1074 y que por consiguiente por el hecho de que no se haya dejado constancia de ellas, no esa dable inferir su omisión.
De otro lado, según la prueba documental, incluido el testamento, se observa que no hay motivo para declararlo nulo, por lo siguiente:
a) No se desvirtúa la identidad del testador ni hay duda sobre ella por haberse omitido el nombre completo de José Jesús, pues se le designó únicamente por el último, pues se cumple el requisito del nombre y apellidos del testador previsto en el artículo 1073 del C.C., cuanto más si figura solamente con el nombre de Jesús en la partida de bautismo, la cédula y la declaración de renta.
b) El notario dejó dicho que se hizo presente el testador quien declaró que estaba en pleno uso de sus facultades, dándose cumplimiento así a lo prescrito en el mismo artículo 1073 que no
exige que sea el notario quien deje esa expresa constancia.
c) El artículo 1074 ibídem exige que sea leído el testamento en alta voz por el notario estando a la vista del testador y de los testigos, y que así haya ocurrido es lo que importa, pues la ley no ordena dejar constancia de ello; de modo que la parte demandante, ante la presunción de la formalidad del testamento, es quien corre con la carga de demostrar lo contrario.
d) En este caso, además, en el instrumento público se dijo que “leído el presente testamento por el suscrito notario en alta y clara voz, y en uno solo acto de manera que todos hubieran podido leerlo y entenderlo lo aprueban y firman junto con los testigos mencionados por ante mi que doy fe”, literalidad que demuestra que todos los participantes en el mismo estuvieron presentes en un acto único cumpliéndose lo previsto en los incisos 2º y 3º del artículo 1074.
4. Definida la validez del testamento, el tribunal se adentró en el análisis de la revocatoria del mismo en virtud de las memorias testamentarias ulteriores, punto en el cual destaca que el testamento otorgado el 1° de marzo de 1997, en donde además expresamente manifestó el testador la voluntad de revocar el testamento otorgado en 1983, fue declarado nulo, decisión ésta que como no fue objeto de apelación deja “sin valor la voluntad expresa de revocar el testamento anterior”, argumento en el que fincó la improcedencia de la referida petición y dejó viva, por lo tanto, la voluntad del testador vertida en la escritura pública 1265 de 7 de mayo de 1983.
5. De cara a la nulidad del testamento otorgado en la escritura pública 62 de 1° de marzo de 1997 y a la solicitud de la parte demandada en el sentido de mantener incólume la actuación relacionada con el trámite sucesorio afincado en dicha voluntad, con el argumento de que tanto en uno como en otro la única heredera universal es Serafina Niño de Villamizar, el tribunal concluyó que dado que existe norma aplicable al caso controvertido, no puede operar el principio de la economía procesal, mucho menos cuando dicho axioma aplica solamente en al ámbito procesal y no en el sustantivo.
De lo contrario se permitiría que actos jurídicos declarados nulos puedan tener eficacia parcial, de manera que “como el procedimiento ante la Notaría se hizo con base en un acto jurídico nulo, es obvio que a él no se le puede dar validez”, y por consiguiente no puede producir ningún efecto.
III. LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
Ellas contienen cada una tres cargos respaldados todos ellos en la causal primera de casación, los que por su similitud admiten agruparse para su despacho en el mismo orden numérico en que fueron propuestos en ambas, aunque conjunta y sucesivamente, dado que ameritan en esa secuencia idénticas reflexiones.
SECCIÓN PRIMERA
I. Demanda de Casación de
JORGE, CARLOS HUMBERTO Y BEATRIZ VILLAMIZAR.
CARGO PRIMERO
1. Por la vía directa, se denuncia el quebranto, por falta de aplicación, de los artículos 1047, 1072, 1073, 1074, 1740, 1741,
1083 e inciso primero del artículo 11 de la ley 95 de 1980 (sic), y por interpretación errónea los artículos 1055, 1064, 1083 e inciso 2° del artículo 11 de la ley 95 de 1980 (sic).
2. La acusación gira en torno a que el tribunal no declaró la nulidad del testamento vertido en la escritura pública 1265 de 7 de mayo de 1983, a consecuencia de haber omitido o apreciado equivocadamente lo siguiente:
a) Que el testamento es abierto y como tal solemne, y por consiguiente debe contener todas y cada una de las exigencias legales previstas para su validez, según lo prevén los artículos 1055 y 1064 del C.C.; solamente en el testamento privilegiado pueden omitirse “y esto con cargo a ser ratificados so pena de caducidad”. En consecuencia debe hacerse en él mención expresa de la capacidad del testador y de la forma en que se llevó a cabo el acto en presencia del notario, testador y testigos; a ese respecto el censor cita a varios doctrinantes para concluir que si se omite mencionar los requisitos o formalidades cumplidas significa que no se observaron.
b) De conformidad con los artículos 1072, 1073 y 1074 ibídem, el testamento abierto, que como tal debe otorgarse por escritura pública, requiere las siguientes manifestaciones expresas: que el testador actuó en pleno uso de sus facultades mentales; que dio a conocer a los testigos su última voluntad; que él y los testigos estuvieron presentes durante la lectura que en voz alta hiciera el notario del referido instrumento; que ésta se hizo en un solo acto.
El testamento otorgado en el año de 1983 requería el cumplimiento pleno de las exigencias referidas, de suerte que la transgresión de las mismas conduce a la invalidez del acto testamentario como lo prevé el artículo 1083 del Código Civil con sustento en lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 95 de 1980 (sic).
c) Se equivocó el tribunal cuando dedujo que aunque el testamento en mención se debe leer en alta voz y durante su lectura por el notario debe estar presente el testador, la ley no exige que de ello se deba dejar constancia en el título escriturario, con lo cual quebrantó lo dispuesto en los artículos 1055 y 1064 del C.C.
El juzgador infringió las normas de derecho sustancial referidas en el cargo porque a pesar de admitir que los presupuestos referidos deben concurrir para perfeccionar el testamento, a renglón seguido atribuyó a la memoria testamentaria objeto de litigio una naturaleza diferente a la que realmente le corresponde, de manera que reguló sus efectos en relación con una situación jurídica que sólo tiene vigencia frente a los testamentos privilegiados, en cuyo evento pueden omitirse las formalidades referidas siempre y cuando no exista duda sobre la identidad del testador, situación que, de contera, no puede aplicarse por analogía al caso en estudio por tratarse de una norma evidentemente excepcional.
3. De haber interpretado en forma correcta la legislación sobre el tema, añade el censor, el tribunal habría tenido que declarar la nulidad del testamento y, por consiguiente, reconocer el derecho herencial que reclaman los demandantes.
II. Demanda de Casación de
GERMÁN VILLAMIZAR VÁSQUEZ
CARGO PRIMERO
1. También por la vía directa, se sindica al sentenciador de
haber violado, por falta de aplicación, los artículos 1047, 1072, 1073, 1074, 1740 y 1741 del Código Civil, y el inciso 1° del artículo 11 de la ley 95 de 1980 (sic); y por errónea interpretación, los artículos 1055, 1064, y el inciso 2° (sic) de la ley 95 de 1980 (sic).
2. Luego de enunciar el impugnante los presupuestos necesarios para la validez del testamento abierto, concluye en que el otorgado en el año de 1983 por Jesús Villamizar Rodríguez no los cumplió.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Es palmario que el tribunal tuvo en cuenta tres aspectos para dar por sentado el cumplimiento de los requisitos formales del testamento impugnado: uno, que éste se halla revestido de la presunción de legalidad; otro, ligado al anterior aserto, consistente en que no importa tanto que se haga constar en el acto el cumplimiento de los mismos, cuanto que en la realidad se hayan satisfecho, omisión que de haber ocurrido debe demostrarla la parte demandante; y en fin, ya con vista en las evidencias y en particularmente basado en la literalidad del testamento solemne afirma que en la escritura pública se dejó constancia que permite inferir que el acto de testar fue único y continuo, a la vista de todos los participantes y previa lectura en alta voz hecha por el notario, amén de que en punto de la sanidad mental fue el testador quien la afirmó, no siendo legalmente necesario que el notario la expresara.
2. A lo anterior, ambos casacionistas controvierten el cumplimiento exacto y completo de las formalidades del testamento solemne, achacándole al sentenciador que haya posibilitado alguna omisión de las mismas que solo son viables tratándose de los testamentos privilegiados; y especialmente por no haber exigido que se dejara expresa constancia de ese cumplimiento, omisión que en su sentir jurídicamente impone la nulidad absoluta de la indicada memoria testamentaria.
3. En esas circunstancias pronto se advierte la deficiencia de los cargos propuestos, puesto que no habiéndose quedado el tribunal únicamente con el argumento de que no es necesario que consten en el instrumento todas las formalidades que deben cumplirse en el acto de otorgamiento del testamento de 1983, sino concluido también que en su texto se dejó expresamente constancia que permite deducir que se cumplieron las formalidades echadas de menos ahora por el recurrente, se presenta un aspecto de índole fáctica que atañe con las particularidades del litigio, el cual resulta infranqueable como que el acudimiento a la vía directa supone la plena conformidad del censor con tan preciso fundamento del fallo impugnado, sobre el cual las divergencias sólo admiten, en últimas, la proposición de un cargo por la vía indirecta en el que se denuncien los errores de hecho o de derecho en que a ese respecto pudo haber incurrido el sentenciador.
Esto es, si con vista en el testamento el sentenciador observó que no hubo omisión en el cumplimiento de los requisitos formales del testamento abierto, que incluso se dejó constancia del cumplimiento de ellos, la discrepancia que a tal fin podían manifestar los recurrentes imponía el acudimiento a la causal primera por la vía indirecta y no, como se hizo, por la directa, la cual supone por esencia la aceptación de las conclusiones sobre los hechos adoptadas por el sentenciador, sobre las que, valga decirlo,
ningún comentario se hace en los cargos propuestos.
4. Lo anterior resulta bastante para despachar adversamente los cargos iniciales de ambas demandas; sin embargo, cabe anotar, de acuerdo con lo que reflejan la sentencia y las acusaciones antes compendiadas, que el asunto litigioso de las formalidades del testamento no fue examinado por el tribunal otorgándole al testamento abierto aquí impugnado la condición de privilegiado, ni menos a la luz de las normas propias de éstos, como con desenfoque notorio se propone en uno de los cargos; y que en favor de la tesis del fallo impugnado que pretende contrarrestar la censura obra lo que a esos respectos ha predicado esta Corporación, cuando ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente:
“De conformidad con el artículo 1072 del Código Civil, lo que constituye esencialmente el testamento abierto, es el acto solemne en que el testador hace sabedor de sus disposiciones al notario, si lo hubiere, y a los testigos; es un acto único y continuo, puesto que debe ser presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo notario y por unos mismos testigos. Además, (…) es imperativo que él sea leído en alta voz por el notario (…); mientras se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia sea necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones”, reglas que condensan el rigor exigido por la ley. “Con todo, conviene precisar que el testamento tiene a su favor una presunción de validez, según la cual se estima en cada caso que dicho acto fue otorgado con el lleno de los requisitos legales; dicha presunción es de índole legal y, por tanto, admite prueba en contrario, lo que en el ámbito del debate judicial relativo a su validez impone, a quien pretenda impugnarlo, una carga probatoria especial…”.
Sobre lo último agregó: “Si la acción de nulidad se apoya (…) en que la escritura pública contentiva de la memoria no se otorgó en un acto único y continuo, ni con la presencia del número de testigos que exige la ley, a pesar de que las respectivas anotaciones notariales digan lo contrario, es indispensable que el demandante asuma la carga de probar fehacientemente esos hechos”; actividad esta que, valga decirlo debe cumplirse aun si no se hubiera dejado constancia con todo detalle de cómo se desarrolló el acto de otorgamiento del testamento abierto, puesto que en pos de salvar la voluntad del testador fallecido lo que finalmente resulta trascendental es que en verdad se hayan satisfecho plenamente las fórmulas legales que validan la expresión de la misma. (Sentencia de Casación de 11 de Julio de 2001, expediente 6730).
5. Como corolario, adviene que ninguno de los dos cargos examinados está llamado a progresar.
SECCION SEGUNDA
I. Demanda de Casación de
JORGE, CARLOS HUMBERTO Y BEATRIZ VILLAMIZAR.
CARGO SEGUNDO
Por la vía directa, la censura aduce que la sentencia quebrantó, por falta de aplicación, los artículos del C. Civil: 1047, 1055, 1500 y 1502; 1271 por interpretación errónea; y 1746 por aplicación indebida.
Se equivocó el tribunal por no haber accedido a revocar el testamento plasmado en la escritura pública número 1265 de 7 de mayo de 1983; según el censor, la revocatoria dicha no es un acto de disposición de bienes que requiera de solemnidad ninguna ni siquiera se tiene que verter en otro testamento, de suerte que la cláusula que la contiene bien puede subsistir por si sola, de modo que “la cláusula de revocatoria expresa, por no ser requisito del testamento, no puede correr la suerte del mismo en el evento de nulitarse éste”.
Para llegar a dicha conclusión se aduce que el artículo 1271 del C.C., aunque prevé la posibilidad de que la revocatoria del testamento se plasme en otro acto de idéntica naturaleza, no excluye la posibilidad de que se haga de manera independiente; una interpretación contraria “choca contra los principios de libre manifestación de voluntad y de disponibilidad que tiene el individuo en ausencia de restricción expresa, no tácita, de la ley”.
II. Demanda de Casación de
GERMÁN VILLAMIZAR VÁSQUEZ
CARGO SEGUNDO
Denuncia el censor el quebranto directo de las mismas normas referidas por el otro casacionista en el cargo acabado de compendiar, y también con apoyo en similares argumentos, o sea, diciendo que como la revocatoria de un acto testamentario no es de carácter dispositivo queda sujeta a menos solemnidades que las exigidas para su otorgamiento; por consiguiente, la cláusula del testamento que la incluya no tiene nada que ver con el resto de la memoria testamentaria, así que la nulidad de aquél no afecta la revocatoria dispuesta en él.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Obvio que el testamento es por esencia revocable, como que debe compaginar con la verdadera última voluntad de su otorgante quien ha de expresarla en forma personalísima y con total autonomía, gozando de la facultad de actualizarla mientras viva, bien para eliminar los efectos de una memoria anterior o bien para modificarlos, incluso para dejar que la distribución legal de los bienes relictos se someta a las reglas de la sucesión intestada.
Empero, para que ese acto revocatorio tenga eficacia jurídica, debe precederle un testamento válidamente otorgado; y si es expreso exige que se otorgue con las solemnidades que correspondan según la especie de testamento; dicho de otro modo, no disminuyen los rigores que la ley exige para emitir la última voluntad, para cuando el testador decide, justamente como expresión de su querer, suprimirla; nítidos y solemnes son ambos actos y la ley quizás los equipara no solo por ser ambos de igual entidad, sino en cumplimiento del principio según el cual en derecho las cosas se deshacen como se hacen.
2. Sobre ese particular, el artículo 1271 del C.C. manda tajantemente que “el testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o en parte, por un testamento solemne o privilegiado”, y aun tratándose del último la revocación caduca con el testamento que la contiene; y no hay otro modo de hacerlo, pues amén de que la ley así lo contempla, se justifica precisamente en aras de proteger la expresión de la última voluntad de quien luego por haber muerto no puede ya contribuir a esclarecer su verdadero querer. En ese sentido, el tribunal no interpretó erróneamente tal precepto que consagra en todo caso que la revocación expresa es un acto siempre solemne, más o menos exigente según la clase de testamento a que se acuda para concretarla.
Esa es pues, precisamente, una de las tantas diferencias que campean entre el derecho colombiano y el derecho francés, porque mientras allá la cláusula revocatoria ni siquiera requiere incluirse en testamento, y puede en esa misma medida subsistir en forma independiente a pesar de la nulidad que afecte a aquél, aquí se fijan unas precisas solemnidades cuanto que exige que se haga por medio de alguna de las especies de testamento consagradas en la ley civil.
3. Como corolario resulta que cuando el testamento contentivo de una cláusula revocatoria de otro anterior es declarado nulo, la sucesión se debe regir por el inicial, de suerte que se encuentra ajustada a las normas sucesorales la decisión adoptada por el tribunal relativa a que habiendo sido anulado el testamento otorgado en el año de 1997 que incluía una cláusula revocatoria del testamento anterior, la sucesión se rige por los términos previstos en éste, o sea por el testamento otorgado en el año de 1983.
Sobre el punto dijo la Corte lo siguiente: “…es claro que si el testamento posterior se declara nulo, entonces revive el primero, desde luego que la revocación expresa queda sin valor retroactivamente al momento en que se testó” (G. J. tomo 166, pág. 230).
4. En consecuencia, los cargos intermedios de ambas demandas tampoco pueden prosperar.
SECCION TERCERA
I. Demanda de Casación de
JORGE, CARLOS HUMBERTO Y BEATRIZ VILLAMIZAR.
CARGO TERCERO
1. Por la vía indirecta a causa de errores de hecho y de derecho, la censura denuncia el quebranto de los artículos 1047, 1055, 1083, 1271, 1500 y 1502, así como del artículo 11 inciso 1° de la ley 95 de 1980 (sic) por falta de aplicación, y del 1746 por aplicación indebida, en lo cual ocurrió la violación medio del artículo 177 del C. de P. Civil.
2. Manifiesta el censor que es a la parte que pretende demostrar la existencia del testamento, a quien le asiste la carga de probar dicho supuesto fáctico, no a quien aduce que el testamento no es válido; adicionalmente, las negaciones indefinidas, como aquella que afirma que alguien no estuvo presente mientras se le dio lectura al testamento, no requieren prueba, “pues lo que debe acreditarse es que sí lo estuvo”, y concluye que las solemnidades dejadas de cumplir se acreditan “con la falencia que surja de la escritura misma”.
3. Adicionalmente, el tribunal incurrió en yerro cuando dedujo que la escritura pública contentiva de la revocatoria fue declarada nula, -para sustentar en ello la imposibilidad de apreciar la revocatoria allí contenida-, toda vez que lo que realmente quedó afectado de nulidad fue el testamento y no el documento contentivo del mismo.
4. Finalmente sostiene que la constancia relacionada con la lectura que se hizo del testamento no prueba la presencia del testador, de manera que la interpretación contraria de la misma que hizo el sentenciador evidencia la existencia de un error de
hecho en su apreciación.
II. Demanda de Casación de
GERMÁN VILLAMIZAR VÁSQUEZ.
CARGO TERCERO
También con sustento en la violación de idénticas normas de derecho sustancial a las referidas por los recurrentes previamente citados, y con argumentos semejantes, el censor aduce que las negaciones indefinidas no deben probarse; el juzgador invirtió la carga de la prueba poniéndola en cabeza de los demandados respecto del cumplimiento de las exigencias previstas en la ley, en torno de la memoria testamentaria vertida en la escritura pública 1265 de mayo de 1983.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Cuando ambas censuras defienden en su favor la inversión de la carga de la prueba, para sostener que quien invoca la validez de un acto es a su vez quien debe probarla, lo que no le corresponde a quien alega su nulidad, omiten un principio básico del derecho, consistente en que la validez en los actos jurídicos, como ocurre igualmente con la capacidad de las personas, se presume, de modo que incumbe a la parte que pretende privar de efectos a éstos, demostrar tal circunstancia.
Lo anterior sin contar con que, primero, cada una de las causales de nulidad están constituidas por hechos susceptibles de ser demostrados específicamente; y segundo que los demandados no fueron quienes acudieron a proclamar la validez del testamento, sino los demandantes para impugnarla, siendo por consiguiente de cargo de éstos demostrar los hechos constitutivos de la respectiva nulidad.
2. Tampoco es de recibo afirmar que cuando se demanda la nulidad de un acto, por sí misma se convierta en una negación indefinida exenta de prueba, ni menos que los hechos que se invocan para fundarla tienen esa connotación, como sucede con aquélla en que se adujo que el testador no estaba presente cuando se hizo la lectura del testamento para controvertir el aparte de éste en el que fácilmente se advierte que el notario leyó en alta voz la referida memoria testamentaria “de manera que todos pudieran oírlo y entenderlo lo aprueban y firman”.
Tiene dicho la Corte, en lo relacionado con el tema de las negaciones, que éstas se dividen en definidas e indefinidas, siendo las primeras aquéllas que tienen por objeto hechos concretos, “limitados en tiempo y lugar, que presuponen la existencia de otro hecho de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente”, las segundas, en cambio, “no implican, ni indirecta ni implícitamente, la afirmación de hecho concreto y contrario alguno”.
Para las primeras, el régimen relacionado con el deber de probarlas continua intacto “por tratarse de una negación apenas aparente o gramatical”; las segundas, “son de imposible demostración judicial, desde luego que no implican la aseveración de otro hecho alguno”, de suerte que éstas no se pueden demostrar, no porque sean negaciones, sino porque son indefinidas.
No es ese, pues, el caso de que acá se trata, de manera que en lo pertinente los cargos compendiados son imprósperos.
3. Traen a colación nuevamente los impugnantes el tema
relacionado con la revocatoria que del testamento de 1983 hizo el testador en la voluntad plasmada en el año de 1997, para sostener que el error radica en entender anulada la escritura pública cuando lo que se afectó de nulidad fue el testamento exclusivamente, aspecto que en lo pertinente se encuentra definido en el cargo anterior, donde se dejó plenamente determinado que la revocatoria debe hacerse constar en él, de suerte que la cláusula contentiva de la misma no puede andar al desgaire como insistentemente lo pretende el censor.
Además, anulado el acto jurídico, incluida la cláusula en cuestión, el instrumento como tal queda vacío de contenido, dándose evidentemente la inescindibilidad entre uno y otro, por la que en contrario propende curiosamente el impugnante bajo la inadmisible fórmula de que es posible que se anule el testamento y quede al propio tiempo de algún modo vigente la escritura pública que lo contiene.
4. En fin, no pasa de ser una mera afirmación del censor que la deducción del tribunal relativa a que se hizo constar el desarrollo único y público del acto de otorgamiento del testamento, puesto que no resulta un error, ni de existir tendría el carácter de evidente, que lo haya entendido así frente a lo que concretamente se hizo constar en la escritura pública en los siguientes términos: “leído el presente testamento por el suscrito notario en alta y clara voz, y en uno solo acto de manera que todos hubieran podido leerlo y entenderlo lo aprueban y firman junto con los testigos mencionados por ante mi que doy fe”, que le da plenamente sentido a la conclusión del tribunal.
5. Se sigue de lo anterior que ninguno de los dos cargos en estudio puede prosperar.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el proceso arriba referido.
Las costas causadas en casación son de cargo de los recurrentes, y serán tasadas en su oportunidad.
Cópiese, notifíquese y devuélvase
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE