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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Bogotá D. C., dieciséis de enero de dos mil catorce
Discutido y aprobado en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil trece
Ref. Exp.: 11001-31-03-028-2005-00753-01
Se decide el recurso de reposición formulado contra la providencia mediante la cual se inadmitió la demanda presentada para sustentar el recurso de casación.
I. ANTECEDENTES
1. Olga Cecilia Gordillo Álvarez promovió proceso de declaración de pertenencia respecto de un inmueble localizado en la ciudad de Bogotá, al cual se le identifica con el folio de matricula No. 50C-1262382.
2. El fallo de primera instancia accedió al petitum de la demanda.
3. El veintitrés de junio de dos mil once, el Tribunal revocó lo decidido por el a quo y en su lugar, denegó las pretensiones de la actora.
5. En providencia de treinta de agosto de dos mil trece, la Sala lo declaró inadmisible.
6. La impugnante formuló reposición frente a la anterior providencia, con el objeto de que se admita la demanda, por cuanto, en su criterio, aquella satisface las exigencias legales.
II. CONSIDERACIONES
1. Al tenor de lo preceptuado por el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, la reposición procede, salvo norma que lo prohíba, entre otras providencias, contra los autos que dicte “la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen”.
El señalado medio de impugnación se interpone ante el funcionario u órgano que dictó la providencia con la finalidad de que sea él mismo quien la estudie de nuevo y la revoque, modifique, aclare o adicione, si advierte que estuvo equivocada.
2. Luego de revisar el proveído que se cuestiona y de confrontar su contenido con los argumentos expuestos por el recurrente, se evidencia que aquél se encuentra ajustado a derecho, de ahí que no hay lugar a reponerlo, por lo siguiente:
2.1. Es preciso reiterar -tal como se señaló en el proveído recurrido – que la sustentación de la demanda de casación debe cumplir con un mínimo de requerimientos formales para su admisión, cual lo reclaman los artículos 374 del Código de Procedimiento Civil y 51 del Decreto 2651 de 1991,1 y lo ha manifestado esta Corte en invariable jurisprudencia.
En ese sentido, se ha explicado que “…relativamente a tales requisitos, el artículo 374 del C. de P. C. establece que la demanda que recoja la acusación debe contener por separado la formulación de los cargos contra la sentencia recurrida; además, explicitar los fundamentos de cada acusación, proceder que corresponde asumir en forma clara y precisa…”2
La claridad consiste en que sea fácilmente inteligible; en tanto que la precisión implica que sus expresiones puedan entenderse en un solo sentido, es decir que no sean equívocas, de ahí que un cargo casacional solo alcanzará exactitud si guarda perfecta simetría con el supuesto error al que alude, por eso se dice que la precisión apareja una plena correspondencia entre el ataque y las razones en las que se soportó el fallo censurado.
La Sala tiene decantado que la carga procesal atribuida al recurrente “reclama que su crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente”.3
2.2. Contrario a la opinión del censor, la inadmisión de la demanda por defectos de técnica no comporta un proceder irregular que contraría los preceptos legales, como quiera que tales errores tornan imprecisa la acusación, y ello se erige en obstáculo para adentrarse en el examen de fondo de la censura.
La determinación adoptada en este caso, en modo alguno, significó un desconocimiento de los parámetros señalados por la ley adjetiva; por el contrario, se ajustó a ella con estrictez, tal como se explicó en casos similares, en los que se estimó que “palmarios defectos de técnica (…) impiden la admisión de la demanda”.4
2.3. Del examen del escrito contentivo de la reposición, se advierte que el inconforme no refuta las consideraciones que soportaron la determinación cuestionada, pues la alegación expuesta se limita a reproducir, en su mayoría, los argumentos del primero de los cargos casacionales que formuló; empero, no se ocupó de demostrar que el escrito de sustentación satisface los requisitos cuya ausencia puso de presente la Sala para inadmitirlo, con lo que no evidenció los yerros que simplemente enuncia respecto de la providencia objeto de su reproche.
Ha sido doctrina constante de la Corte que si la parte presuntamente agraviada con el fallo que clausura el debate en las instancias, no elabora un escrito de impugnación acorde con lo estipulado por la ley, como cuando no cita la causal esgrimida; mezcla en el mismo cargo varias de las previstas en el artículo 368 procedimental; no señala las normas sustanciales violadas, o las que se enumeran no tienen tal naturaleza o son impertinentes al litigio; omite especificar la clase de error, los preceptos probatorios infringidos o las probanzas respecto de las cuales se alega tal yerro, o se abstiene de impugnar todos los fundamentos del fallo, entre otras deficiencias, la Corporación no podrá dar curso a los ataques y, lo procedente será, entonces, declarar inadmisible el motivo aducido, o varios de ellos, o todo el escrito de sustentación, según fuere el caso.
En tal evento, al censor no le es admisible argüir que es necesario privilegiar lo sustancial sobre las formalidades, o que se incurre en denegación de justicia, pues como lo ha señalado la jurisprudencia “la prevalencia del derecho sustancial prevista en el artículo 228 de la Constitución Nacional no significa la proscripción de las formas y principios consagrados en el derecho procesal, porque es a través del proceso, entendido éste como un conjunto de actos destinados a la dación del derecho, como los órganos jurisdiccionales administran justicia”.5
Por consiguiente, no podría admitirse el libelo con desconocimiento de las falencias que llevaron a su inadmisión, en procura de no afectar el derecho a impugnar de la parte, porque las insuficiencias de los ataques planteados impiden un pronunciamiento de mérito sobre los cargos en los cuales se estructuró la censura, las que, dado el carácter excepcional del recurso, no pueden ser subsanadas por la Corte, pues le está vedado cualquier comportamiento oficioso con el que se trate de enderezar las acusaciones deficientemente formuladas.
Lo anterior supone que una decisión como la que ahora se reclama no puede proferirse, lo que además deriva de que la providencia objeto del medio de defensa ordinario no incurrió en desacierto que la torne susceptible de ser revocada, o conduzca a su reforma en algún sentido.
2.4. En efecto, no es posible soslayar que en la sustentación del primer cargo, fundado en la causal primera que consagra el artículo 368 del estatuto procesal, el impugnante no señaló de forma concreta el yerro fáctico atribuido al ad quem, ni la manera en que se habría producido la violación de normas sustanciales con ocasión del mismo, como tampoco su conexidad con la providencia recurrida, amén de las equivocaciones consistentes en desarrollar argumentativamente tal acusación como si se tratara de un error de iure, y en la exposición de reproches relativos a la incorporación, contradicción y mérito de pruebas documentales, no planteados en las instancias del juicio.
Los dos cargos restantes también se apartan, en su formulación, de las reglas técnicas que se impone atender para estructurarlos de modo adecuado, porque si en el primero de ellos se efectúa un cuestionamiento al ad quem por falta de apreciación de la demanda, por cuanto sus consideraciones evidencian que procedió en contravía de lo expresado en ese libelo, es claro que el ataque ha debido plantearse con apoyo en la causal primera de casación y no en la segunda, como se hizo.
Por último, ha recalcado la jurisprudencia que es improcedente admitir una acusación bajo el amparo de la causal quinta, cuando el recurrente no está legitimado para invocarla. En ese sentido, se ha dicho que “la jurisprudencia ha reconocido una regla técnica referente a la legitimación, a saber, que tal motivo de casación solo puede ser alegado por el sujeto afectado por la actuación presuntamente viciada, ya que todas las causales de nulidad se consagraron precisamente en función de proteger y respetar los derechos de tales personas”.6
3. Por las razones que se han dejado consignadas, la decisión recurrida se mantendrá inmodificable.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
NO REPONER el auto dictado el treinta de agosto de dos mil trece dentro del presente trámite.
Notifíquese.
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
JESÚS VALL DE RUTEN RUIZ
1 Adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
2 Auto de 12 de mayo de 2009, exp. 2001-00922-01.
3 Sentencia de 19 de diciembre de 2005, exp. 7864.
4 Auto de 14 de diciembre de 2011, exp. 2006-00453-01.
5 CCXXV, 1ª parte, p. 612.
6 Providencia de 28 de agosto de 2013, exp. 1996-07480-01.