Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Magistrado Ponente
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Bogotá D.C., veintiuno de enero de dos mil catorce
Discutido y aprobado en sesión de cuatro de diciembre de dos mil trece
Ref. Exp.: 11001-31-03-005-2007-00035-01
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad del escrito presentado para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
Guillermo Guerrero Borda acudió a la jurisdicción para que se declarara que adquirió por usucapión el dominio del inmueble ubicado en la calle 18 No. 102-34/36/38 de la ciudad de Bogotá, distinguido con matrícula inmobiliaria No. 50C-871421, cuya propietaria es la Parroquia Santiago Apóstol. [Folio 118, c. 1]
B. Los hechos
1. La demandada adquirió el aludido bien por adjudicación dentro de una sucesión en el año 1964, época para la cual entró a vivir allí el sacristán Anselmo Tovar y su esposa María Elisa Borda de Tovar; dos años después llegó al predio el actor, quien es hijo extramatrimonial de aquella. [Folio 119, c. 1]
2. La posesión del demandante se afirma iniciada en 1986, y desde allí ha ejecutado actos de señor y dueño durante más de 20 años. [Folio 120, c. 1]
3. En el año 2005 se recibió una citación dirigida al señor Anselmo Tovar para una diligencia de interrogatorio, y posteriormente, se llevó a cabo una inspección judicial en el fundo. [Folio 122, c. 1]
C. El trámite de las instancias
1. El 25 de mayo de 2007 se admitió el libelo, y se ordenó la notificación y el traslado de rigor. [Folio 136, c. 1]
2. La convocada al litigio se opuso a las pretensiones de su contraparte, y, además, formuló demanda de reconvención, en la que planteó una acción reivindicatoria. [Folio 275, c. 1]
3. El usucapiente manifestó su oposición al petitum del libelo, y propuso la excepción de prescripción adquisitiva. [Folio 62, c. 3]
4. El a quo negó la declaración de pertenencia y accedió a la reivindicación a favor de la parroquia demandada. [Folio 755, c. 2]
5. Apelada la anterior determinación, el Tribunal la confirmó en providencia que dictó el 23 de abril de 2013. [Folio 29, c. 4]
6. El señor Guerrero Borda interpuso el recurso de casación, admitido por la Corte en auto de 13 de septiembre de 2013. [Folio 3, c. 5]
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
1. En el primero de ellos, se atribuye al Tribunal haber vulnerado indirectamente el artículo 762 del Código Civil, como consecuencia de yerros fácticos cometidos en la apreciación de las declaraciones recepcionadas; al efectuar una distorsionada valoración de los medios de prueba, y a causa del cercenamiento del dictamen pericial.
La acusación recalca que no se tuvo por demostrada la posesión, aunque estaba suficientemente acreditada, lo que ocurrió por otorgar credibilidad a “unas pruebas documentales sin el lleno de los requisitos para ser tenidas como tal” y no dársela a “los testimonios de personas honorables”. [Folio 9, c. 5]
Con los dichos de los deponentes Luz Emelda Ospina, Julio César Villate y José David Baquero podía establecerse la posesión alegada, de ahí que desacertó el ad quem al soslayar que de acuerdo con el artículo 762 del Código Civil y con la jurisprudencia, aquella se prueba con testimonios y no a través de documentos, y en el caso, de los primeros se deducía que el actor ostenta la condición de poseedor desde el año 1986, y no a partir de 1995. [Folio 10, c. 5]
2. El cargo segundo denuncia la vulneración indirecta del artículo 946 del Código Civil por incurrir en yerros de hecho, en sustento de lo cual se indicó que el Tribunal “no valoro [sic] de manera adecuada las pruebas allegadas y recaudadas en el proceso, bajo cuya consideración se puede concluir que la decisión adoptada por el ad quem […] fue equivocada e incorrecta, en cuanto a la ausencia de prueba para no tener como poseedor al demandante-recurrente”. [Folio 14, c. 5]
En torno a la posesión alegada en la demanda, se tomaron posturas que resultan ambiguas, pues a la vez que aquella fue desconocida en razón de la ausencia del requisito relacionado con el tiempo que la ley exige para usucapir, se aceptó la misma al acceder a las pretensiones del libelo de reconvención.
Luego, el juzgador omitió la apreciación de “las pruebas documentales […] al no ver que, en forma coherente con la realidad, por cuanto valorada dicha probanza, incuestionablemente se establece que en el proceso se demostró por los medios idóneos y legales la pretensión que se reclama…”. [Folio 16, c. 5]
III. CONSIDERACIONES
1. Es un asunto no sujeto a debate, que el recurso de casación ostenta una naturaleza eminentemente dispositiva, por lo que la actividad discursiva y juzgadora de la Corte se encuentra limitada por el contenido y alcance de la demanda que se formule para sustentar la acusación. De ahí que al juzgador no le esté permitido hacer interpretaciones que sobrepasen los señalamientos que de modo expreso y manifiesto aduzca el censor en su libelo, ni mucho menos reformular los cargos que aquel haya planteado en forma deficiente.
Característica esencial de ese medio de impugnación es su condición extraordinaria, en virtud de la cual no toda inconformidad con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que la censura se erija sobre las causales taxativamente previstas en la ley.
Se ha dicho, entonces, que es ineludible la obligación de sustentar el recurso “mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuración” (Auto de 1° de noviembre de 2013, exp. 2009-00700-01).
No le es dable al recurrente, por tanto, exponer un simple alegato en el que apenas refleje su discrepancia con la decisión, ni le es permitido ocuparse en digresiones abstractas que en nada afecten la argumentación medular del fallo, sino que está en la obligación de desvirtuar las presunciones de legalidad y acierto que acompañan la sentencia de segundo grado.
2. La admisibilidad de la demanda de casación está sujeta al cumplimiento de los requisitos de técnica expresados en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, a cuyas voces, además de la designación de las partes, del fallo recurrido, de la síntesis del proceso y de los hechos materia del litigio, es ineludible la formulación por separado de los cargos que se esgrimen en contra del pronunciamiento judicial, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa, y no basados en generalidades.
En torno de la claridad y precisión a las que se hace referencia, la jurisprudencia ha insistido en que el censor debe exponer de forma exacta y rigurosa la causal invocada, así como los datos que permitan percibir, sin duda ni confusión, de qué manera fue trasgredida la ley al proferir la decisión cuestionada.
Lo anterior implica que el recurrente debe “atacar idóneamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este último y no en otro distinto, en qué ha consistido la infracción a la ley que se le atribuye, cuál su influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa” (CCXVI, 291, citada, entre otras en la providencia de 29 de octubre de 2013, exp. 2008-00576-01).
3. Cuando una acusación se formula bajo el amparo de la causal primera, es obligación del censor indicar las normas de derecho sustancial que estime violadas, exigencia que, desde luego, debe armonizarse con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 19911, en el sentido de que en tales eventos “será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.
Sin embargo, no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso poner de presente la manera como el sentenciador las transgredió, sin que sea válido hacer reproche alguno a la apreciación de las pruebas cuando se trata de la vía directa.
Mas si la censura se encamina por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deberá explicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, si la equivocación fue de hecho o de derecho, y la incidencia del supuesto yerro en la decisión cuestionada.
Entre tales desaciertos existen sustanciales diferencias, como que mientras el primero implica la omisión, suposición o desfiguración de lo que una prueba dice o deja de decir, el segundo parte de la base de que “la prueba fue exacta y objetivamente apreciada, pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia”2, de ahí que el impugnante no puede confundirlos.
Con sustento en las consideraciones precedentes y con base en el resumen efectuado de ambos cargos, aflora con notoriedad que ninguno puede ser admitido para su estudio de fondo, por lo siguiente:
3.1. En primer lugar, el artículo 762 del Código Civil, del cual se acusa su vulneración, no tiene el carácter de sustancial, como así se ha explicado en otras oportunidades, y por esa razón no puede servir para estructurar, en forma cabal, un ataque con apoyo en la causal primera de casación, dado que en tanto el aludido canon se ocupa de definir la posesión, no declara, crea, modifica ni extingue una relación jurídica.3
3.2. Además de lo anterior, en los dos ataques planteados se confundió el yerro fáctico con el de iure, lo que, de suyo, supone una mixtura que resulta improcedente de acuerdo con las reglas técnicas que rigen la sustentación del recurso, y deja al descubierto la carencia de precisión y claridad en la formulación de los reproches.
Si como ha quedado dilucidado, la imputación atañe a la materialidad de los medios de convicción, era necesario exponer con toda claridad y precisión el yerro presuntamente cometido en la apreciación del contenido objetivo de las pruebas, identificando cada una de las que fueron ignoradas, preteridas o cercenadas, para después, contrastarlas con lo que sobre ellas dijo el Tribunal. Empero, tal ejercicio comparativo no se realizó.
En efecto, en el primer cargo se acusó la valoración de una prueba documental sin el lleno de los requisitos para ser tenida en cuenta, en tanto que en la segunda censura se indicó que el ad quem no valoró de manera adecuada las pruebas allegadas y recaudadas en el proceso, cuestionamientos susceptibles de esgrimirse como yerros de derecho y no fácticos.
La confusión o mixtura se hace patente cuando en la fundamentación del primer ataque se afirmó que el error de hecho se originó en reconocerle a un medio demostrativo un alcance que no tiene de conformidad con los principios del derecho probatorio, como el de la sana crítica, y enseguida se reprocha el escaso poder de convicción de algunas probanzas.
3.3. En estrecha relación con lo precedente, se destaca que no fue desarrollado un ejercicio argumentativo tendiente a comparar el contenido de los elementos de convencimiento a los que se aludió con lo que de ellos extrajo el Tribunal. Téngase en cuenta que en la exposición de los cargos, el impugnante refirió indistintamente a documentos y testimonios, sin explicar qué aspecto específico de los mismos fue deformado por el sentenciador.
Diversos apartes de la demanda aluden genéricamente a “las pruebas” sin que se especificara cuál fue mal apreciada. Además, en desarrollo del primer cargo se hizo una tangencial alusión a la experticia practicada, desprovista de reparos sobre la valoración realizada por el juzgador.
Es ostensible, entonces, que el recurrente no demostró la existencia de los yerros denunciados y menos aún que, de haberse presentado, lograran alcanzar la entidad suficiente para ser catalogados como ostensibles, tal como lo exige la ley.
3.4. De otra parte, de la exposición de los fundamentos del fallo denunciado y las acusaciones elevadas se colige que, en estricto rigor, no se atacó el núcleo medular del pronunciamiento recurrido.
La razón de lo anterior reside en que aquella decisión se sustentó en que el demandante tan solo acreditó la calidad de poseedor del bien materia del litigio en data posterior al último pago realizado como canon de arrendamiento respecto de la relación contractual adquirida entre su padrastro (Anselmo Tovar) y la Parroquia demandada, lo que implicó que el tiempo poseído fuera considerado insuficiente para reclamar la usucapión. A su vez, tal consideración justificó que la pretensión reivindicatoria del demandante en reconvención saliera avante.
Sin embargo, tal consideración expuesta en la sentencia impugnada no fue materia de crítica, lo que torna incompleta la acusación e inhabilita, por ende, la admisión de la demanda, pues se ha insistido en que los cargos casacionales “han de ser claros, expresos, precisos y comprender, de manera integral, los argumentos basilares de la sentencia confutada”, lo que significa que el recurrente debe cuidarse en “reprochar, plenamente, los aspectos básicos y esenciales sobre los cuales está erigida la decisión final”.4
3.5. Finalmente, el libelo presentado luce más como un alegato de instancia que como el adecuado soporte del recurso extraordinario, toda vez que en la sustentación de los cargos el inconforme se limitó a exponer –en su opinión- cuál ha debido ser el mérito persuasivo de unos medios de convicción, y, de contera, la decisión que debió adoptarse según su criterio.
En conclusión, los ataques propuestos no fueron claros ni precisos, pues amén de incurrir en confusión entre el error fáctico y el de iure, la censura resultó incompleta, y se estructuró como una alegación de la parte cuya exposición no es admisible en la impugnación interpuesta.
4. Las anotadas falencias formales conducen forzosamente a la inadmisión del libelo y, por consiguiente, la deserción del recurso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
|RESUELVE:
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria formulada contra la sentencia de veintitrés de abril de dos mil trece, que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del asunto referenciado.
SEGUNDO: DECLARAR desierto el recurso de casación, de conformidad con el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Marco Julio Lagos Suárez en los términos y para los fines del poder conferido por el recurrente.
Devuélvase la actuación al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase,
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
JESUS VALL DE RUTÉN RUIZ
1 Adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
2 Sentencia 187 de 19 de octubre de 2000, exp.: 5442.
3 Sentencias S-016 de 16 de marzo de 1978, S-027 de 27 de septiembre de 1979 y de 30 de marzo de 2006, exp. 1994-23434; Autos de 15 de agosto de 1996, rad. 6026 y de 18 de septiembre de 2013, exp. 2007-00091-01.
4 Providencia de 4 de noviembre de 2009, exp. 2000-00488-01.