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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Magistrado ponente
AC1050-2015
Radicación n.° 11001-02-03-000-2014-01986-00
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015).
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles Municipales, Treinta de Cali y Catorce de Descongestión de Bogotá, para conocer de la demanda ejecutiva instaurada por Luz Dary Medina Muñoz contra Helbert Humberto Mera Guiral.
ANTECEDENTES
1. La demandante promovió proceso ejecutivo singular en contra del citado demandado, con el propósito de obtener el pago de la obligación dineraria contenida en la letra de cambio allegada como título de la ejecución forzada. La demanda fue dirigida al Juzgado Civil Municipal de Cali, justificando el conocimiento de la misma «por el lugar del cumplimiento de la obligación, por el domicilio de las partes y por la cuantía»1; expresando en la parte inicial del libelo que el convocado a juicio era vecino de esa ciudad.
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Treinta Civil Municipal de la citada localidad, despacho que resolvió rechazarlo arguyendo su falta de competencia territorial, toda vez que según se desprende del «acápite de notificaciones»2 de la demanda, el domicilio del demandado es Bogotá, razón por la que dispuso remitir el expediente para el conocimiento de su similar en esta capital.
3. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Descongestión de esta ciudad, receptor del proceso, también se declaró sin competencia para tramitar el cobro compulsivo y planteó el conflicto negativo de esta especie. Tras invocar la prevalencia del lugar estipulado para el pago del instrumento negociable, concluyó que «a la luz de la normatividad comercial el lugar donde debe pagarse el referido título es Cali»3, y en tal virtud, la atribución residía en el funcionario judicial remitente.
4. Allegadas las diligencias a la Corte, se dispuso el traslado común a las partes previsto por el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, el cual transcurrió en silencio4.
CONSIDERACIONES
1. Por tratarse de un conflicto negativo de competencia que involucra a despachos judiciales de diferente distrito judicial, atañe dirimirlo a esta Corporación por virtud de los artículos 28 ídem, 16 (modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009) y 18 de la Ley 270 de 1996.
2. En orden a fijar la competencia por razón del territorio, el numeral 1° del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, establece como fuero general el domicilio del demandado, disponiendo que «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado (…)».
3. En lo atañedero a la ejecución de un título valor, la jurisprudencia de la Corte ha sido constante en sostener que no puede tener aplicación la previsión consagrada en el numeral 5º del citado artículo 23, habida cuenta de que ésta solo procede cuando el litigio se origina en un contrato, y los títulos valores no «conllevan, per se, naturaleza contractual alguna». Así como, «en punto a las ejecuciones adelantadas para el cobro de un título valor, es asunto definido hasta la saciedad cómo no es el lugar acordado para el pago, sino el domicilio del demandado el factor que determina la competencia» (CSJ AC, 20 feb. 2001, exp. 0003; 28 sept. 2004, exp. 2004-00879-00; 30 mar. 2011, exp. 2011-00349-00; entre otros).
4. En el sub examine se busca establecer a cuál de los funcionarios judiciales involucrados en la colisión de atribución le corresponde conocer el proceso ejecutivo singular instaurado por Luz Dary Medina Muñoz contra Helbert Humberto Mera Guiral, a cuyo propósito ha de advertirse en primer lugar, que no obstante que el cobro compulsivo tiene como venero un título valor –letra de cambio-, deviene procedente aplicar la regla general contenida en el numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para determinar la competencia territorial del asunto, en la medida en que los títulos valores no comportan per se naturaleza contractual.
En todo caso, ha de concluirse que el juez de Cali actuó con desacierto al rehusar el conocimiento del asunto y remitirlo a su homólogo de Bogotá, tras asimilar el lugar de notificaciones del deudor a su domicilio, en cuanto uno y otro dato obedecen a distintos conceptos, pues este último apunta al asiento general de los negocios del demandado, mientras que aquel da cuenta del lugar donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal (CSJ, AC, 25 jun. 2005, exp. 2005-00216-00; 1° dic. 2005, exp. 2005-01262-00; 2 oct. 2007, exp. 2007-00949-00; 21 abr. 2008, exp. 2008-00218-00; 15 sept. 2009, exp. 2009-01232-00; 10 mar. 2010, exp. 2009-02292-00; 12 mar. 2010, exp. 2010-00037-00; 31 may. 2010, exp. 2010-00517-00; 23 may. 2011, exp. 2011-00719-00; 25 ene. 2012, exp. 2011-02741-00; 8 feb. 2012, exp. 2012-00082-00; 8 nov. 2012, exp. 2012-01868-00 y 11 mar. 2013, exp. 2012-2933-00, entre otros).
En tal virtud, atendiendo al contenido del escrito de postulación se tiene que en la parte inaugural del mismo se afirmó que el ejecutado está avecindado en la ciudad de Cali, por lo tanto el Juzgado de dicha localidad es el llamado a tramitar el asunto, sin perjuicio de la discusión que sobre la competencia por el factor territorial pueda promover en oportunidad el demandado, con auxilio de los medios procesales dispuestos para el efecto, ya que es él quien está facultado legalmente para el efecto.
Acerca de la expresión «vecino de esta ciudad», la Sala ha dejado sentado que ésta alude al «“domicilio”, si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 76 del Código Civil “…consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”, aserto que ratifica el 78 de esa misma normatividad, según el cual “el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad” (CSJ AC, 30 mar. 2013, exp. 2012-00479-00 y AC-5677, 22 mar. 2014, exp. 2014-01883-00).
5. En consecuencia, se declarará competente al Juzgado Treinta Civil Municipal de Cali, para que tramite el aludido proceso ejecutivo singular. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, DECLARA que el Juzgado Treinta Civil Municipal de Cali, es el competente para conocer de la demanda ejecutiva singular referida en la parte inicial de esta providencia, despacho al que se le enviará de inmediato el expediente.
Comuníquese lo aquí decidido, mediante oficio al otro despacho judicial involucrado en el conflicto que así queda dirimido.
Notifíquese y cúmplase,
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
1 Folio 3, cuaderno 1.
2 En el mismo folio.
3 Folio 12, cuaderno 1.
4 Folio 3, cuaderno Corte.