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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
AC363-2014
Radicación n° 11001 02 03 000 2013 02830 00
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil catorce (2014).
Procede la Corte a dirimir el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Primero de Familia de Oralidad de Montería (Córdoba) y el Quinto de Familia de Ibagué (Tolima), respecto del conocimiento del proceso promovido por CARLOS ANDRÉS CORTÉS SEGURA contra YADITH ROSA ALARCON RUÍZ.
I ANTECEDENTES
1. El demandante, a través de apoderado constituido para el efecto, instauró demanda en contra de la precitada señora con quien, dijo, desde el cinco (5) de noviembre de dos mil siete (2007), como compañeros permanentes, conformaron una unión marital.
2. El objetivo de la acción promovida fue, precisamente, la declaratoria de la existencia de dicha unión marital, así como la de la consecuente sociedad patrimonial.
3. El libelo se dirigió a los jueces de familia de la ciudad de Ibagué, habida cuenta que, según se aseveró en el mismo, fue la ciudad en donde «convivieron los últimos cuatro (4) meses», escrito que luego del respectivo reparto fue asignado al Juzgado Quinto de aquella especialidad, despacho que a través del proveído de tres (3) de julio del año anterior, rehusó aprehender el conocimiento atribuido y dispuso la remisión al funcionario que consideró ser el competente.
La razón esgrimida por el juzgador mencionado, como soporte de la determinación adoptada fue, en esencia, que «el domicilio de la demandada corresponde a la ciudad de Montería», luego, los jueces de esa ciudad eran los llamados para conocer y dirimir tal controversia.
4. Cumplida la remisión del expediente y la asignación del caso, el Juez Primero de Familia del Circuito en Oralidad de la ciudad de Montería, a quien le correspondió el asunto, concluyó que él no era quien tenía la facultad de resolver la litis y, además de lo expresado, como soporte de tal determinación, citó algún pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el particular.
En lo basilar, manifestó que el numeral 4º del artículo 23 del C. de P.C., consagra una regla adicional a la incorporada en el numeral 1º., de la misma disposición y, también, resulta aplicable a eventos litigiosos relacionados con la nulidad y el divorcio de matrimonio civil, separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, entre otros, lo que conduce a establecer que el juez competente para asumir el conocimiento de dichos asuntos, lo es el del domicilio de la parte demandada o el del domicilio común anterior, siempre que el actor lo conserve.
A partir de lo anterior, el veintiocho (28) de octubre de aquella anualidad, el precitado juez declinó la competencia atribuida y generó el conflicto del que dan cuenta las presentes diligencias.
5. El trámite previsto en la Corte para esta clase de asuntos fue agotado a plenitud.
II CONSIDERACIONES
1. En el presente caso, dos funcionarios judiciales de diferente Distrito Judicial discrepan sobre a cuál de ellos le corresponde asumir el conocimiento de la controversia surgida, situación cuya definición ha sido asignada a la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo consagran, perentoriamente, los artículos 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y, el 28 del Código de Procedimiento Civil.
2. En tratándose de litigios en donde no existan razones para definir la competencia del funcionario judicial, diferentes al factor territorial, es decir, en los eventos en que no hay lugar a tener en cuenta la calidad de los contendientes, la naturaleza del asunto o su cuantía, las pautas legales que contempla el Código de Procedimiento Civil, son las incorporadas en su artículo 23. En esta disposición aparecen, como se sabe, un importante número de reglas alusivas al lugar en donde el demandado tiene su domicilio, en donde ocurrieron los hechos, el sitio de ubicación de los bienes pretendidos, etc. La aplicación de dichas normas, en variedad de oportunidades, resultan ser privativas, esto es, sólo hace presencia una de ellas (domicilio de la parte demandada –numeral 1º.-); en otras veces concurren con algunas más (varios demandados o pluralidad de domicilios –numerales 1º y 3º-); y, en variedad de situaciones, cualquiera de dichas directrices prevalece respecto de otras (procesos divisorios, expropiación, servidumbres, etc. –numeral 10-). En todo caso, la observancia estricta de esas circunstancias permite la selección del juzgador llamado a conocer y finiquitar el pleito nacido.
3. El tema que ocupa a la Corte, refiere a la declaratoria de la unión marital y su consecuente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, hipótesis ésta que, eventualmente, sólo sería regulada por la regla general de competencia, es decir, el domicilio de la parte demandada como así lo gobierna, expresamente, el numeral 1º del referido artículo 23 del C.P.C., y, a partir de tal análisis, el primero de los jueces tendría razón al declinar la competencia atribuida, con mayor razón si el texto del numeral 4º no alude a las uniones maritales entre compañeros permanentes ni sociedades patrimoniales provenientes de dichas uniones.
No obstante, en muchas oportunidades, ya a través de decisiones de Sala ora de ponente (Ley 1395 de 2010), la Corte ha considerado que el numeral 4º del artículo 23 del C. de P.C., resulta susceptible de regular situaciones como la presente, habida cuenta que el supuesto fáctico deviene similar.
Así lo ha expuesto:
(…) ‘evidente semejanza existente entre la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal, tanto en su regulación sustancial como en todo aquello que concierne a los procedimientos judiciales que con fines declarativos o apenas partitivos, deben observarse en uno y otro caso’, es dable aplicar analógicamente la regla que establece la competencia concurrente del juez del domicilio común anterior de la pareja, si el demandante lo conserva, con el del domicilio del demandado (auto de 23 de mayo de 2005, Exp. 2005-00249-00).
En reciente decisión la Corporación volvió a decir:
De acuerdo con lo anterior, en los procesos en que se pretenda la declaración de la unión marital de hecho, o la liquidación y disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el demandante tiene la potestad de presentar la demanda en el domicilio del demandado o en el común anterior, siempre que aún lo conserve, y una vez incoada la demanda el juez no puede declinar la competencia con el argumento de que existe otro fuero, toda vez que la competencia se convierte en privativa luego de que quien tenía la atribución de escoger entre esas opciones (el demandante), se inclinó por una de ellas (4 de julio de 2013, Exp. 2013-00552-00).
Situación que resulta, en definitiva, zanjada por parte del numeral 2º del artículo 28 del Código General del Proceso cuyo texto incorporó, expresamente, que el juez llamado a conocer las controversias relativas a la unión marital entre compañeros permanentes y la declaratoria o liquidación de la sociedad patrimonial conformado por los mismos, le corresponde al del domicilio del demandado o del lugar común de los compañeros siempre que el actor lo conserve.
4. Y, en el asunto bajo examen, el demandante radicó ante los jueces de la ciudad de Ibagué la demanda pertinente, bajo la consideración de que él y la accionada allí «convivieron los últimos cuatro (4) meses»; aseveración que en sentido similar quedó reseñada en el poder conferido; en dicho escrito se dijo: «Unión marital que tuvo su último domicilio sociedad en esta ciudad de Ibagué», afirmación que fue validada al momento de señalarse el domicilio del accionante y el lugar en donde recibiría notificaciones; uno y otro sitio corresponden a aquella localidad.
Bajo esa perspectiva aparece, de manera evidente, que el señor Cortés Segura, gestor de esta acción, todavía conserva el domicilio que fuera común a los compañeros permanentes, dándose así la hipótesis regulada en el numeral 4º del mentado artículo 23. En ese orden de ideas, no hay duda que el proceder del actor acompasa con las previsiones legales.
Luego, existiendo en favor del promotor de la demanda tal potestad de selección, una vez efectuada, como así aconteció, el funcionario judicial no puede apartarse de la misma y, contrariamente, le resulta inevitable atenderla y asumir el conocimiento del asunto. Lo anterior no obsta para que dicha competencia varíe si, una vez concurra la demandada, a través de los mecanismos procesales pertinentes, acredita las circunstancias que así lo determinen.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: DECLARAR que el conocimiento del presente asunto deberá asumido por el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué (Tolima).
COMUNICAR lo decidido al Juzgado Primero de Familia en Oralidad de la ciudad de Montería, haciéndole llegar copia de esta providencia.
Segundo: REMITIR el expediente al juzgado referido en el numeral primero de este proveído.
Tercero: La Secretaría librará los oficios correspondientes. Además, dejará las constancias del caso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada