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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrada Ponente
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
AC 607-2014
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil catorce (2014).
(Aprobado en sesión de dieciséis de enero de dos mil catorce)
Radicado n° 05001-3103-013-2003-00016-01.
Decide la Corte el «recurso de reposición» interpuesto por la accionada Municipios Asociados del Valle de Aburra –MASA, respecto de la providencia de 28 de noviembre de 2013, mediante la cual se declaró inadmisible la impugnación extraordinaria de casación que formuló frente a la sentencia de 27 de febrero de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Prinsa S.A., Inversiones Urbanismo y Construcciones S.A. -Inuberco S.A., Equipos y
Construcciones S.A., Promotora Montecarlo S.A., Gevinsa S.A. Civil, Inversan S.A., Compañía Suramericana de Construcciones S.A., e Inversiones Coconucos Ltda., contra la recurrente y la Sociedad Antioqueña de Transportes Ltda. – SANTRA.
ANTECEDENTES
1. En el proveído atacado se verificó la falta de cumplimiento del requisito atinente a la «expedición de copias» para la ejecución del fallo de segundo grado, exigencia derivada del inciso 3º del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, se adoptó la reseñada decisión.
2. Para sustentar el citado medio de contradicción, se comienza por resaltar la trascendencia de la garantía del debido proceso y de algunos principios constitucionales orientadores del Derecho Procesal, se transcribe lo pertinente de los artículos 371 y 372 del citado ordenamiento, para señalar que le corresponde al ad quem adoptar la reseñada medida y en caso de no hacerlo «el recurrente podrá pedir dichas copias, si lo considera necesario, esto es, queda a su leal saber y entender», por lo que jurídicamente no cabe interpretar que de no proceder de esa manera, se pueda declarar desierto el recurso, esto es, aplicar una sanción procesal, dado que ésta «no puede obedecer sino a la violación de una ley».
Se sostiene asimismo, que únicamente se configuran los elementos de una «carga procesal», a partir de la decisión del Tribunal de conceder la impugnación y disponer el pago de las expensas para la «expedición de copias», de tal manera que solo hay lugar a «declarar desierto el recurso», si en el término legal la parte interesada no satisface aquella exigencia.
Invocando doctrina foránea, se explica el concepto de «carga procesal» y se asevera que «la norma que autoriza a la parte recurrente solicitar las copias, si las considera necesarias, no impone una carga, sino apenas consagra una facultad procesal, cuyo no ejercicio jamás se podría traducir en un efecto de deserción del recurso de casación».
Insiste la inconforme, que es de competencia del ad quem «declarar desierto el recurso», en el evento de que el recurrente no se haya suministrado lo necesario para la «expedición de las copias», aunque reconoce que la Corte también puede adoptar esa decisión cuando esa actuación no se hubiere hecho efectiva oportunamente.
Culmina reclamando una solución acorde con el principio de prevalencia del derecho sustancial, al estimar que no concurren las condiciones que estructuren una «carga procesal» para soportar la sanción procesal impuesta.
3. Se surtió el traslado del recurso formulado, sin que la parte contraria hiciera alguna manifestación.
CONSIDERACIONES
1. El mecanismo de contradicción objeto de estudio lo autoriza el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil y para resolverlo ha de confrontarse el contenido de la providencia con los cuestionamientos que se le hacen, tomando en cuenta las normas aplicables al caso y solo en el evento de no hallarse la decisión ajustada a derecho, habrá lugar a revocarla o a modificarla en la forma que legalmente corresponda.
2. Pacífico se torna el criterio acerca de que las «cargas procesales» provienen de disposiciones legales que las consagran y tienen por finalidad procurar la colaboración de las partes del proceso para promover o realizar determinadas actuaciones o actividades que redundarán en su propio beneficio y que en caso de no satisfacerlas, les acarreará consecuencias adversas a sus propósitos o intereses.
Sobre el citado instituto jurídico, la Corte Constitucional, en la sentencia C-1512 de 8 de noviembre de 2000, en lo pertinente expuso:
Dentro de los distintos trámites judiciales, es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia, en una de sus providencias1, señaló lo siguiente:
‘(…) De los que la doctrina procesal ha dado en denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación jurídico-procesal se distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas procesales que imponen tanto al Juez como a las partes y aun a los terceros que eventualmente intervengan, la observancia de ciertas conductas o comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De esos imperativos, los primeros se hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad, las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del propio interés.
Son deberes procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.), otras a las partes y aun a los terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibídem y Decreto 250 de 1970 y 196 de 1971). Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6° del Código.
Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. ‘El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas’. (‘Fundamentos del Derecho Procesal Civil’, número 130).
Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa’ (subraya la Sala).
(…)
Como características de la carga procesal se encuentra que supone un proceder potestativo del sujeto a quien para su propio interés le ha sido impuesta, impidiendo constreñirlo para que se allane a cumplirla, lo cual difiere de la figura de la obligación procesal, prestación de contenido patrimonial exigible a las partes coercitivamente y cuyo incumplimiento genera de ordinario contraprestaciones a título de sanción. v.gr. la condena en costas.
Ahora bien, en el caso de una carga procesal, la omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material, dado que el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo para quienes acuden al mismo con el objeto de resolver sus conflictos jurídicos, en tanto que de esa subordinación depende la validez de los actos que de ellas resulten y la efectividad de los derechos sustanciales.
No se puede perder de vista, entonces, que la observancia de las formas propias de cada juicio, supone también el desarrollo de los principios de economía, oportunidad, lealtad, imparcialidad y celeridad procesales, en aras de la igualdad de las personas, éste último gracias al sometimiento de las causas idénticas a procedimientos uniformes. Obviar tales formas en las actuaciones judiciales o administrativas preestablecidas, impide alegar el desconocimiento del derecho sustancial reclamado, ya que se estaría sustentando la frustración del interés perseguido en la propia culpa o negligencia.
3. Con relación al tema debatido atinente a la «expedición de copias» para la ejecución del fallo impugnado en casación, contempla el precepto 371 del Código de Procedimiento Civil, que [e]n el auto que conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso. Para estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 356. – Si el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias, éste deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable (se subraya).
4. Como puede advertirse, en el evento de que la sentencia del ad quem sea susceptible de cumplimiento, la reseñada disposición consagra ciertas actividades o actuaciones a cargo de la recurrente extraordinaria a fin de viabilizar la ejecución de aquella providencia, consistentes en el pago de expensas para la «expedición de copias» de las piezas procesales señaladas por el Tribunal y en caso de éste no pronunciarse al respecto, deberá la parte impugnante solicitar la adopción de esa medida y cancelar el valor de los respectivos costos.
5. En el sub lite, a pesar de configurarse el último supuesto reseñado, esto es, que no se ordenó «expedir las copias» pertinentes, la «recurrente en casación» omitió elevar petición al juzgador de segundo grado, a fin de satisfacer el requisito en cuestión y en ese estado llegó el asunto a esta Corporación.
Ante esa circunstancia, se imponía aplicar el inciso 1º del precepto 372 ejusdem, según el cual «[s]erá inadmisible el recurso (…) cuando no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371» (se subraya), tal como lo ha dispuesto la Sala en numerosos, reiterados y uniformes pronunciamientos.
Al respecto, se torna pertinente memorar lo precisado en el auto CSJ SC, 18 Oct. 2013, Rad. 2010-01069, en el que se sostuvo:
(…) el cumplimiento de la sentencia opugnada no es una opción del juzgador o del recurrente; es una garantía para el opositor entendida en el sentido que la formulación del recurso no trunca o torna inane el derecho reconocido en el fallo; para esta parte asiste la seguridad de poder hacer efectivo el resultado del litigio; en contraposición, al recurrente la ley le brinda la prerrogativa de lograr la suspensión de la determinación adoptada a través del ofrecimiento de la caución cuya naturaleza y cuantía fijará el juez, según las circunstancias de cada caso; empero, de no avenirse a esta última posibilidad, le corresponde asumir la expedición del material suficiente y necesario para la ejecución del proveído censurado.
(…). A diferencia de lo argüido por el recurrente, la carga procesal que asume como tal, atendida la regla incorporada en el artículo 371 del C. de P. C., no se reduce o concreta sólo a esperar que el funcionario disponga la expedición de copias; su compromiso como impugnante consiste en que las mismas, efectivamente, sean dispuestas, ya surja tal determinación de la espontaneidad del funcionario o a instancia suya, para, luego, proceder al pago de su emisión. Es evidente que el cumplimiento de la sentencia es una garantía de la parte que no recurre y, por ello, ni el funcionario ni el gestor del recurso, pueden abrogarse la potestad de ordenar o solicitar la expedición de las copias para esa ejecución.
6. Adicionalmente, cabe sostener que no es válido el argumento de la recurrente, atinente a que con la decisión adoptada se le están afectando derechos constitucionales como la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia, porque como se evidenciara, al haber incumplido una «carga procesal», debe soportar las consecuencias adversas previstas por el legislador en la citada disposición, la que al tenor del precepto 6º ídem, es de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento.
7. Tampoco es procedente dar una solución distinta a la contenida en decisión atacada, como lo reclama la recurrente, toda vez que la adoptada corresponde a la consecuencia jurídica prevista en la ley, por lo que se impone ratificar la providencia cuestionada, al hallarse ajustada a derecho.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
No revocar el auto de 28 de noviembre de 2013, que declaró inadmisible el recurso de casación formulado por la demandada Municipios Asociados del Valle de Aburra – MASA, frente a la sentencia de 27 de febrero del citado año, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso reseñado al comienzo de esta providencia.
Notifíquese
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
1 Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial Tomo CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427.