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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
AC625-2014
Radicación N° 11001-02-03-000-2013-00356-00
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil catorce (2014)
Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por la demandante frente el auto de 29 de octubre de 2012, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó el recurso de casación contra la sentencia dictada el 4 de septiembre de 2012, en el proceso ordinario de Juan Mauricio Pardo Orjuela contra Jesús Arturo Pardo Orjuela y otro.
ANTECEDENTES
1. La parte actora solicitó “la simulación absoluta de la escritura pública número 2156 del 14 de julio de 1988 de la Notaria 13 de Bogotá” y, en consecuencia, exigió que se “declare que el contrato real y secreto fue el de donación” de la aparente venta de “derechos herenciales” del lote de terreno y del inmueble edificado sobre este, ubicado en la carrera 69 M Nos. 69 -74 y 69-76 del barrio la Estrada de la ciudad de Bogotá, suscrito entre Juan de Jesús, Rosalía y José Antonio Pardo Pardo a favor de Jesús Arturo y Carlos Eduardo Pardo Orjuela.
2. El a – quo en sentencia de instancia, declaró la simulación del “contrato de compraventa” de derechos herenciales, y ordenó la cancelación del citado instrumento público.
3. En fallo de 4 de septiembre de 2012, el Tribunal revocó la providencia recurrida, bajo el argumento de que “el propósito de demostrar que lo querido por Juan de Jesús, Rosalía y José Antonio Pardo Pardo, y Jesús Arturo y Carlos Eduardo Pardo Orjuela no fue celebrar un contrato de compraventa, sino una donación, insuficiente resulta la prueba indiciaria, en la que tanto acento, pero de manera inadecuada, pusieron la demanda y el a quo, acaso persuadidos de que el contrato atacado no era uno de compraventa de derechos herenciales, sino uno de inmueble, lo que de suyo imponía una estrategia demostrativa y una valoración probatoria distinta, ello, aunado a que tampoco existe claridad sobre la causa simulandi, pues nula fue la argumentación del actor enderezada a persuadir al juzgado de por qué para el detrimento de sus intereses resultaba útil que se encubriera una donación bajo el ropaje de una venta, o lo que es lo mismo, por qué ello resultaba eficaz a los contratantes en el propósito de vadear los derechos sucesorales de aquél, conclusiones que, por supuesto, deben conducir a negar la pretensiones de la demanda”.
4. Inconforme con dicha determinación, la parte demandante formuló recurso extraordinario de casación, el cual negó el ad quem mediante auto de 29 de octubre de 2012, por no cumplirse el requisito de la cuantía del interés para recurrir; decisión que aquella repuso con petición subsidiaria de copias para en su caso recurrir en queja.
5. Al desatar el medio impugnativo, el fallador de segunda instancia, expuso que “los argumentos que lo soportan no tienen la virtualidad de prosperar, como quiera que con los mismos pretende el recurrente, se reconozca que el inmueble descrito en la demanda, debe justipreciarse por un perito, con miras a obtener la concesión del recurso extraordinario formulado, cometido que no está llamado a encontrar cabida dada la motivación expuesta en el proveído censurado, valga iterar, en tratándose de asunto cuyas pretensiones se basaron en atacar la compraventa de derechos herenciales, no del inmueble respecto del cual pretende el recurrente el avalúo denegado”.
CONSIDERACIONES
1. Según lo previsto por el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación procede contra las sentencias que allí se indican “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
2. Ahora bien, el artículo 370 de la ley adjetiva, “autoriza a quien debe conceder el recurso, para que acuda al justiprecio por perito cuando no esté debidamente esclarecido el interés para recurrir, labor que no es objetable, ello no lo convierte en determinante de la procedencia, toda vez que la experticia debe ser apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 ibídem, teniendo en cuenta para el efecto la naturaleza de las pretensiones invocadas y demás circunstancias que conlleven a su delimitación”.
3. En el caso en concreto, el Tribunal tomó como cuantía para recurrir en casación el valor indicado por el demandante en el libelo, el cual arrojó la suma de $ 120.000.000, y realizó una aproximación “traída a valor presente” la cual ascendería a $ 154.041.379.01, a la vez tuvo en cuenta el IPC vigente al momento de presentación de la demanda, y el “final de 111.68, en vigor al momento de proferirse la sentencia censurada, monto por supuesto, inferior al necesario para la concesión del recurso pretendido”.
4. Vista la actuación del Tribunal, encuentra la Sala que en este asunto no es suficiente tomar como base para justipreciar el interés para recurrir en casación lo expuesto por las partes en cada una de las actuaciones procesales, por ello, debió darse aplicación al artículo 370 de la ley procesal civil, que indica que cuando “no esté debidamente esclarecido el interés para recurrir” se debe acudir a la experticia pericial, y así determinar la respectiva cuantía que para el caso es la tasación de los derechos herenciales.
5. En este orden de ideas, como quiera que el Tribunal se limitó a actualizar el valor indicado en la demanda como cuantía de las pretensiones, aplicando para ello un método que resulta idóneo a los efectos de mantener en el tiempo la equivalencia del dinero en términos de su poder adquisitivo, mas no para justipreciar bienes o derechos, sin acudir a lo ordenado por la ley, ni examinar si tal concepto se adecuaba a las reglas expuestas por esta Corporación, se dispondrá que el expediente sea remitido nuevamente a tal juez colegiado, para que con base en las consideraciones plasmadas en este auto adopte las medidas legales para que a través de un concepto especializado que colme los requisitos establecidos en el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil y, con amparo en él, resuelva sobre la procedencia del recurso, para lo cual tendrá en cuenta los criterios descritos en el artículo 366 de la misma codificación, en orden a decidir razonadamente si la dimensión económica del perjuicio que la sentencia combatida causó a los demandantes los habilita o no para acudir a la impugnación extraordinaria.
DECISIÓN
Por lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
Por haberse adoptado decisión prematura acerca de la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada el 4 de septiembre de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ORDENAR el envío de la actuación a esa corporación con el fin de que, teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia, determine la procedencia de aquella, acudiendo, si es necesario, al mecanismo previsto en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese.
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Magistrado