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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
AC7055-2015
Ref.: Exp. no. 11001-02-03-000-2015-02971-00
Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015).
Sería del caso decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Pereira y Tercero Civil del Circuito de Neiva, Huila, para conocer de la acción popular que instaura Javier Elías Arias Idárraga contra el Banco WWB, sino fuera porque éste se planteó de forma anticipada.
I.- ANTECEDENTES
1.- La citada acción tiene por objeto la protección de los derechos colectivos consagrados en el inciso 1º del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, Ley 982 de 2005, ley 361 de 1997, concernientes a <<las personas con limitaciones>>.
Informa el querellante que la entidad financiera acusada presta sus servicios en la carrera 6 nº 11-58 de Neiva, donde no cuenta “con profesional intérprete y guía intérprete de planta permanente, como tampoco cuenta con señales luminosas, sonoras, avisos visuales para garantizar la atención de los ciudadanos sordos, sordociegos o hipoacústicos>>, así mismo, que éste recibe notificaciones en la dirección indicada (fl. 2, c.1).
2.- La primera de las autoridades mencionadas, ordenó el envío del trámite constitucional al Juzgado Civil del Circuito (reparto) de la capital del Huila, porque <<l]a ubicación o sitio de la posible vulneración es la ciudad de Neiva>> (28 sep. 2015), folio 4.
3.- El último Despacho se abstuvo de conocerlo, aduciendo que <<si el accionante manifiesta que la vulneración de los derechos colectivos ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio… debe también comprenderse que la afectación se extiende a la ciudad de Pereira, lugar donde fue presentada la demanda>>, provocando el conflicto (11 nov.), folios 10 y 11, c. 1.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Quien invoca el auxilio de la administración de justicia cuenta con el beneficio de escoger, cuando existen varios foros que demarquen el factor territorial, el estrado que debe pronunciarse sobre el asunto cuya solución pretende, por lo que no es posible que el juez altere tal elección.
2. Tratándose de <<acciones populares>> el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, señala de manera específica los factores que establecen el conocimiento de estas, a fin de orientar su actuar y adoptar la determinación de rigor para su tramitación especial, en el sentido que de ellas
(…) conocen en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles del circuito… Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.
La Sala ha sostenido, respecto de dicho precepto en AC 15 ago. 2008, rad. 00966; AC 5 nov. 2013, rad. 02537; AC 21 nov. 2013, rad. 02536-00 y recientemente en AC4311-2015, que
(…) la reseñada norma consagra un evento de “concurrencia de fueros”, que en el ámbito del “factor Territorial” posibilitan al “actor popular” la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha explicado en reiteradas oportunidades, señalando que “el gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno sólo de los fueros o de varios de ellos, (…), evento ante el cual, iterase, le corresponderá, a su arbitrio, determinar por cuál de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos términos deja definida la competencia, la que, por excepción, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos idóneos refuta la atribución efectuada por el demandante.
3.- Como lo optado es imperativo para el fallador, no puede salirse de los parámetros señalados en el escrito con que se plantea el debate, ya sea para admitir el diligenciamiento o deshacerse del mismo. Sin embargo, está compelido a no tomar en cuenta aquellas circunstancias, que si bien cita el promotor como fundamentales para su asunción, carecen de relación con el pleito.
De apreciar imprecisión en dichos aspectos, está constreñido a señalar lo que amerita ser puntualizado para formar su convencimiento, con el fin de no repeler la disputa por incertidumbre y de forma prematura.
Es por ello que, como lo explicó la Sala en AC 17 mar. 1998, rad. 7041, citado en AC501-2015,
(…) si la ambigua redacción de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debió reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la corrección de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el trámite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional.
4.- En esta oportunidad el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira donde se radicó en un comienzo la actuación, se desprendió de ellas con el argumento de que <<l]a ubicación o sitio de la posible vulneración es la ciudad de Neiva>>, sin que obre elemento de convicción alguno que permita establecer cuál es el domicilio de la accionada, o se infiriera que la dirección aportada tuviese esa calidad.
Por esa razón, a pesar de que se señaló que la afectación se da en Neiva, como no existe certeza sobre el «domicilio» del demandado, ya que nada se mencionó sobre el particular, y sólo figura en el que aquél recibe comunicaciones, sin que con ello supla la información extrañada o se deduzca que es el que corresponde al de ocurrencia de los hechos, quiere decir que faltaban los parámetros para establecer, según las reglas generales, la autoridad que debía asumir el estudio.
5.- Ni siquiera era posible entender que el sitio en el que el convocado recibiría notificaciones era su mismo domicilio, puesto que se trata de conceptos distintos, ya que este último corresponde a la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella (artículo 76 del Código Civil), y el otro es donde una persona puede ser ubicada para enterarlo de las decisiones judiciales que lo exijan.
Así lo ha dilucidado esta Corporación, en proveídos AC 20 nov. 2000, rad. 0057; AC 5 nov. 013, rad. 2013-02329-00, y recientemente en AC 4525-2015 entre otros, en los cuales ha expuesto que
[n]o es factible confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, “pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran” (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer “que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que de ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna”.
Y si dicho punto es incierto, como lo explicó la Sala en AC 2 may. 2013, rad. 2013-00946-00, citado en AC501-2015, el funcionario <<está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo>>.
8.- Así las cosas, se le remitirán las diligencias para que tome los correctivos a que haya lugar.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar que el conflicto planteado con ocasión de la demanda en referencia es prematuro.
Segundo: Devolver el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, para que obre de conformidad con lo expuesto.
Tercero: Comunicar lo aquí dispuesto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, Huila.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado
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