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Radicación n.° 17001-22-13-000-2009-00252-01
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
ATC1856-2015
Radicación n.° 17001-22-13-000-2009-00252-01
Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil quince (2015).
El Presidente de la Sala de Casación Civil, se pronuncia respecto de la petición efectuada por la señora M. A. P. el pasado 18 de marzo, a través de correo electrónico, en la cual solicita «ELIMINAR BORRAR DE INTERNE» (sic) su «nombre» y «cédula» y «HACER DESAPARECER DE INTERNET EL ENLACE: M. A. P., [DOC]: 17001-22-13-000-2009-00252-01»
Sea lo primero manifestar, que la Corte Suprema de Justicia, no administra los buscadores Google, Mozilla, o cualquier otro buscador de internet, ni tiene algún dominio sobre sus plataformas de información, de manera que su requerimiento en lo que a dicho enlace se refiere, no puede ser absuelto a través de este mecanismo por esta Corporación.
Ahora bien, en lo que se refiere a la publicación de las providencias judiciales emitidas por las diferentes salas especializadas en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, a través de la página web de la Corte, son necesarias las siguientes precisiones:
El artículo 228 de la Constitución Política establece que:
«La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo». (negrilla fuera de texto)
Así mismo, en el artículo 64 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de Administración de Justicia), en cuanto a la comunicación y divulgación de las providencias, taxativamente se estipula:
Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado. (negrilla fuera de texto)
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C- 641 de 2002, al referirse al punto de la publicidad de las decisiones judiciales, estableció que:
“(…) el juez tiene el deber de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la comunidad en general, los actos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa, teniendo en cuenta que su operancia no constituye una simple formalidad procesal, sino un presupuesto de eficacia de dicha función y un mecanismo para propender por la efectividad de la democracia participativa”
A su vez, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, en su artículo 6.º, ordinal d) exceptúa la prohibición para el tratamiento de datos sensibles, cuando «(…) se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial» (negrillas fuera de texto); como ocurre en el caso de la sentencia proferida en segunda instancia, en diciembre de 2009, por la Sala de Casación Civil, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda, para decidir la acción de tutela por usted instaurada, cuya publicación cuestiona en la solicitud.
De igual forma, la Ley Estatutaria 1712 de 2014, «Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (…)», reguló lo relacionado con el derecho de acceso a la información pública, la cual en su artículo 2 dispone: «Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.»
De esta manera, resulta claro para este Despacho, que no existe justificación constitucional, ni legal, para retirar del Servidor de la Corte Suprema de Justicia la sentencia de fecha dos (2) de diciembre de dos mil nueve (2009), mediante la cual se decidió la acción de tutela elevada por la peticionaria, radicada bajo el n.° 170001, en la medida en que los datos allí consignados hacen parte de la estructura de la sentencia y fueron los exclusivamente necesarios para decidir la acción judicial, por aquella instaurada, por ende no transgreden su derecho a la intimidad, ni la providencia es de aquellas para las cuales se prescribe reserva legal1.
Ahora bien, en segundo lugar, pese a que la ciudadana dentro de su petición no invocó la protección del derecho a la intimidad de su menor hijo A.F.P.P., debe analizarse si en este caso concreto es necesario anonimizar los datos personales del menor en aras de proteger su derecho fundamental a la intimidad.
La Ley Estatutaria 1581 antes relacionada, en su artículo 5 consagra que son datos sensibles, todos aquellos «(…) que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación» así como «los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.», definición avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 748 de 2011 de control previo de la Ley Estatutaria 15812, tantas veces mencionada. (negrillas fuera de texto.)
De igual manera, el artículo 7 ibídem, expresamente proscribe el «Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.» y reconoce como tarea del Estado el deber de capacitación e información sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes por el tratamiento indebido de esta clase de datos, que no lo es el que se da en las decisiones judiciales, pero que sí el que pudiera generarse con la divulgación de la datos personalísimos a través de las redes informáticas, a partir de los cuales pudiera generársele discriminación y afectarse su vida de relación.
Del mismo modo, el artículo 3 del Decreto 1377 de 2013 reglamentario parcial de la Ley 1581, asiente como datos sensibles, aquellos que afecten la intimidad o puedan generar discriminación, así como los relativos a la salud o los datos biométricos.3
En la sentencia de tutela cuestionada por la peticionaria, se describe la agresión sufrida por el niño A.F.P.P. de la siguiente manera:
(…) fue agredido violentamente por un animal fiero, perro de raza pitbull, de propiedad de Jaime Toro Flórez; el pequeño sufrió “mordeduras que le arrancaron dos pedazos de carne de la pierna derecha, ocasionándole heridas grandes y profundas y varios arañazos alrededor”. Según el dictamen de Medicina Legal, “el menor tiene incapacidad de 20 días con incapacidad física que afecta el cuerpo de manera permanente”
Obsérvese que los datos allí narrados hacen expresa alusión a la salud del menor y a la deformidad física permanente, ocasionada como consecuencia de la agresión del canino. De manera que, en este caso, no sólo se exponen los datos personales del menor, como su nombre y el de su señora madre, sino que también datos sensibles relativos a su estado de salud y a la forma en que fue causada la deformidad, lo cual pone al infante, al decir del Memorando sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes, adoptado en Montevideo el 28 de julio de 20094, igualmente citado por la Corte Constitucional, en la misma sentencia C- 748 de 2011, en situación de vulnerabilidad, susceptible de sufrir injerencia en su vida privada o discriminación a través de las redes sociales.
Por lo anterior, considera entonces este despacho, que en este caso, cuando se enfrentan el principio de máxima publicidad que rige las decisiones judiciales y el derecho a la intimidad de un menor víctima de agresión física, por parte de un canino, es uno de aquéllos, en los cuales expresa y motivadamente el funcionario judicial, puede autorizar la reserva de datos sensibles en la providencia, en procura de garantizar el interés superior del menor, y no la reserva de toda la providencia, así lo señaló la propia Corte Constitucional en la sentencia C-274 de 2013 de control previo de la Ley Estatutaria 1712 de 2014 sobre derecho de acceso a la información:
(…)en un caso de violencia contra menores, por ejemplo, solo es reservado el nombre del menor o los datos que permitan su identificación, pero no el resto de la información que reposa en el proceso, pues resultaría desproporcionado reservar una información cuyo secreto no protege ningún bien o derecho constitucional. A este respecto no sobra recordar que la Corte ha señalado que cualquier decisión destinada a mantener en reserva determinada información debe ser motivada y que la interpretación de la norma sobre reserva debe ser restrictiva. (negrilla fuera de texto)
En consecuencia, se ordenará a la Relatoría de Tutelas y Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que proceda a reemplazar el nombre del menor y el de cualquier pariente que permita su identificación, en el (los) archivo(s) Word objeto de publicación en Internet de la sentencia de tutela n.º 17001-22-13-000-2009-000252-01 proferida el 02 de diciembre de 2009, el (los) cuales serán reemplazados en los servidores de dominio de la Corporación y de la Rama Judicial, por la División de Sistemas; asimismo, que no se asocie a dichos servidores copia alguna del documento en PDF, que pueda contener la identidad del menor víctima de lesiones físicas; igual consideración se hace respecto de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto el Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales
RESUELVE:
Primero: A través de la Secretaría de la Sala líbrense las comunicaciones a la Relatoría de Tutelas y Sala Plena y a la División de Sistemas, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la providencia.
Segundo: Infórmese a la peticionaria la presente decisión
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Presidente
1 Ley 1098 de 2006 «ARTÍCULO 75. RESERVA. Todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial.
ARTÍCULO 153. RESERVA DE LAS DILIGENCIAS. Las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sólo podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados, y los organismos de control. (negrilla fuera de texto)
ARTÍCULO 193. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO JUDICIAL DE DELITOS EN LOS CUALES SON VÍCTIMAS LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS. Con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior y garantizar el restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes (…)»
2 CC C-748/11, pág. 199 «La Sala encuentra que esta definición se ajusta a la jurisprudencia Constitucional y su delimitación, además de proteger el habeas data, es una garantía del derecho a la intimidad, razón por la cual la Sala la encuentra compatible con la Carta Política.
En efecto, como explicó la Corte en la sentencia C-1011 de 2008, la información sensible es aquella“(…) relacionada, entre otros aspectos, con la orientación sexual, los hábitos del individuo y el credo religioso y político. En estos eventos, la naturaleza de esos datos pertenece al núcleo esencial del derecho a la intimidad, entendido como aquella ‘esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico.”»
3 Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.
4 http://www.iijusticia.org/Memo.htm
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