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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
ATC5035-2015
Radicación n.° 68001-22-13-000-2015-00448-01
(Aprobado en sesión de dos de septiembre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015).
Sería del caso resolver la impugnación formulada contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2015 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acción de tutela promovida por I. M. M. S., en su nombre y en representación de su hijo menor XXX, contra “(…) el Fondo de Adaptación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – (…)”. No obstante, en la actuación surtida se advierte una causal de nulidad, la cual afecta la actividad desplegada, como a continuación se procede a explicar.
1. ANTECEDENTES
1. En la calidad descrita, la tutelante solicita el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente quebrantado por el ente accionado.
2. Para sustentar su queja, expone que atendiendo a su condición de víctima de desplazamiento forzado, se le adjudicó el 27 de octubre de 2006 “(…) en común y proindiviso una treintava parte del predio rural de mayor extensión denominado Santa Inés, situado en la vereda Tambo Quemado, jurisdicción del municipio de Río Negro, Departamento de Santander (…)”
Refiere que ese lote resultó “gravemente” erosionado, dada la ola invernal de los años 2010, 2011 y 2012, motivo por el cual ella y su familia se encuentran sin recursos para vivir.
Anota que con ocasión de la situación enunciada, inició el trámite correspondiente para acceder al “(…) Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos derivados de la Niña 2010-2011 (…)”, adelantado por el Fondo de Adaptación acusado.
Relata que en razón de una comunicación remitida a otra postulante del programa mencionado, supo del presupuesto de aportar documentación actualizada, la que en su caso correspondía al certificado de tradición y libertad del bien señalado y el registro civil de nacimiento de su hijo.
Asegura que a pesar de no ser notificada en debida forma, el 5 de junio de 2015 aportó lo exigido y manifestó no haber sido enterada del requerimiento anotado, pues su domicilio está “(…) lejos del caso urbano [y] es de difícil acceso y comunicación (…)”.
El fondo atacado le indicó la manera como les comunicó a los beneficiarios del proyecto la necesidad de aportar ciertos documentos y le precisó que el 12 de febrero de 2015 se publicó en el periódico, El Frente, la lista de elegibles de la cual se le excluyó.
Lo discurrido evidencia el quebranto de la prerrogativa invocada, por cuanto se desconocieron los errores cometidos en su enteramiento.
Pide, por tanto, permitirle continuar en el programa reseñado (fls. 1 al 4, cdno. 1).
3. El Tribunal avocó el conocimiento de la acción memorada frente al Fondo de Adaptabilidad y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vinculó a Comfenalco Santander (fl. 26, cdno. 1).
4. Comfenalco Santander refirió que como operador zonal del Fondo de Adaptación, “(…) realizó todas las publicaciones exigidas por éste en el manual operativo y en la Resolución 46 de 2013 (…)” (fls. 33 al 36, ídem).
El Fondo de Adaptación acotó no haber lesionado las prerrogativas de la actora, por cuanto ésta fue excluida del programa adelantado por la ola invernal al no aportar la documentación actualizada en el término fijado para ello (fls. 43 al 49, ídem).
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público alegó no tener competencia para resolver sobre los cuestionamientos aducidos por la accionante, en consecuencia, pidió ser desvinculado de estas diligencias (fls. 55 al 57, ídem).
5. El a quo constitucional en fallo de 3 de agosto de 2015, denegó el amparo solicitado porque los convocados demostraron haber notificado en legal forma a los postulantes del proyecto aludido por la petente. Señaló no encontrar acreditado un perjuicio irremediable (fls. 90 al 97, ídem).
6. La anterior determinación fue recurrida por la actora con apoyo en argumentos similares a los esbozados en su libelo (fls. 102 al 104, ídem).
2. CONSIDERACIONES
1. Aunque la demanda fue dirigida contra el Misterio de Hacienda y Crédito Público, del examen de la queja se colige que el reproche está erigido, específicamente, frente al Fondo de Adaptación, entidad que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4819 de 2010, tiene como “(…) objeto (…) la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’ [y cuenta] con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera (…)”, ente adscrito a la aludida cartera ministerial.
Por tanto, el llamamiento a la primera autoridad mencionada resulta apenas aparente, pues, en estrictez, corresponde al citado Fondo lo concerniente al “(…) Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos derivados de la Niña 2010-2011 (…)”, cuestión que se refuerza si se tiene en cuenta que el mismo Ministerio adujo que el organismo realmente accionado no depende de él y que dentro de sus funciones no se encuentra la administración del enunciado programa.
Esta Corte, sobre lo discurrido, ha destacado:
“(…) no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (…)”1.
2. Así las cosas, el auxilio debió ser conocido por los juzgados del circuito de Bucaramanga y no por el Tribunal Superior, dada la naturaleza jurídica del Fondo accionado, pues se trata de un ente descentralizado por servicios del orden nacional, conforme a lo preceptuado en el literal g) del numeral 2° del artículo 38 de la Ley 489 de 1998; el lugar de elección de la promotora; y lo estatuido en el inciso 3° del numeral 1° del canon 1° del Decreto 1382 de 2000.
3. La situación descrita estructura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° de la regla 140 del Código de Procedimiento Civil, norma extensiva a la acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual prevé la aplicación de los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretación de las disposiciones regulatorias de dicho trámite, en cuanto no contraríe sus propios mandatos.
4. A propósito de esta decisión, conviene citar la providencia proferida por la Sala, por medio de la cual disiente de la tesis de la Corte Constitucional
“(…) respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘(…) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto (…), [pues para esta Corporación el aludido Decreto] reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes”.
“[Por lo tanto,] “(…) aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’ (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)”2.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la acción de tutela promovida por I. M. M. S., en su nombre y en representación de su hijo menor XXX, contra “(…) el Fondo de Adaptación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – (…)”; sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Bucaramanga, para ser repartido entre los jueces civiles del circuito de esta localidad, para lo de su competencia. Ofíciese.
TERCERO: Comuníquese lo así resuelto a la Corporación de origen y a las partes mediante telegrama.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
1 Corte Suprema de Justicia. Civil. Auto de 24 de julio de 2007, exp. 00156-01; véase igualmente, entre otros el auto de 5 de julio de 2011, exp. 00053.
2 Corte Suprema de Justicia. Civil. Auto de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.