SC009-2014 [2012-02132-00]

2014

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPEREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN CIVIL  

Magistrado Ponente  

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ  

SC009-2014  

Bogotá,  D.C.,  dieciséis (16) de enero de  dos mil catorce (2014)   

Discutida  y aprobada en Sala de veintisiete  (27) de noviembre de dos mil trece (2013)   

REF.:  11001-0203-000-2012-02132-00   

Se decide la demanda de exequátur presentada  por  MILEYDA  CRISTINA  BERMÚDEZ VALENCIA,  respecto  de  la  sentencia  No.  642 proferida por el Juzgado de  Primera  Instancia  No.  5  de  Barakaldo,  España, el 25 de noviembre de 2009,  mediante  la  cual  se  decretó  el  divorcio  del  matrimonio  formado  por la  interesada y Rafael Pereiro Palacios.   

ANTECEDENTES  

1.            La citada demandante, mediante apoderado  judicial  pide que se conceda la convalidación de la aludida sentencia para que  surta  efectos legales en nuestro país, y consecuentemente, se ordene asentarla  en  los  registros civiles, de matrimonio de los ex cónyuges y de nacimiento de  la peticionaria.   

2.            La demanda de exequátur se funda en los  supuestos fácticos que, a continuación se compendian:   

a).           Mileyda  Cristina Bermúdez Valencia, de  nacionalidad  colombiana  contrajo matrimonio civil, con Rafael Pereiro Palacio,  natural  de  España,  el 21 de julio de 2006 en la Notaría Quinta del Círculo  de  Armenia  (Quindío),  acto jurídico que fue registrado conforme a las leyes  colombianas.   

b).           Durante  la  vigencia  del matrimonio no  tuvieron descendencia, ni adquirieron bienes.   

c).           El  22  de octubre de 2009 los cónyuges  suscribieron  un  convenio  regulador  en  el  que  acordaron  de  mutuo acuerdo  solicitar  el  divorcio  de  su  matrimonio, así como que no fijarían pensión  compensatoria para ninguno de ellos.   

e).           La causal de divorcio alegada tiene plena  identidad  con la prevista en el numeral 9º del artículo 154 del Código Civil  Colombiano,  siendo ésta “el consentimiento de ambos  cónyuges”, por lo que no se opone a normas de orden  público colombiano.   

f).           No  existe proceso en curso ni sentencia  ejecutoriada  emitida  por jueces patrios sobre el mismo asunto, el requisito de  la  debida  citación  y  contradicción  de Rafael Pereiro Palacios se cumplió  como  se  desprende  de  la  sentencia  y  de la nota de ejecutoria de la misma.   

TRÁMITE DEL EXEQUÁTUR  

    

1. Admitida la petición, se dispuso el  traslado  de  la  misma  al  representante  para  Asuntos Civiles del Ministerio  Público,  quien manifestó no oponerse a la concesión del exequátur siempre y  cuando  se  aportaran  “la  totalidad de las pruebas  exigidas  legalmente”, para el efecto, y se adhirió  a  la  solicitud  de los medios de convicción aportados y pedidos con el libelo  introductor (fls. 30 al 38).     

    

1. En  el  proceso se decretaron como  pruebas:  i.  la documental acompañada con la demanda; y ii. se dispuso oficiar  al  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  con el propósito de que certificara  sobre  la  existencia  de  tratado público vigente entre Colombia y el Reino de  España,  respecto  del  reconocimiento  recíproco  de efectos jurídicos a las  sentencias  de  divorcio proferidas por las autoridades judiciales de uno u otro  país (fl. 40).     

    

1. La Coordinadora del Grupo Interno de  Trabajo  de  Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  remitió  el  oficio No. DIAJI.GTAJI No.  6104,  con  el cual allegó copia del “Convenio sobre  Ejecución  de  Sentencias  Civiles”, suscrito entre  nuestro  país  y  España,  el  30  de mayo de 1908, así como de la respectiva  certificación de vigencia (fls. 42 al 44).     

    

1. Agotado el período probatorio, se  corrió  traslado para alegar.  La interesada reiteró los argumentos de la  demanda (fls. 49 y 50).     

CONSIDERACIONES  

1.            En  principio, las decisiones judiciales  foráneas,  por  razones  de  soberanía  estatal,  carecen  de  efectos  en  el  territorio  colombiano,  por  cuanto  en  la estructura política del Estado, la  jurisdicción  y  potestad  de  administrar  justicia,  están  reservadas a las  autoridades de la República.   

Sin  embargo,  constituye  una  excepción a  dicho  respecto  el artículo  693  del  Código  de  Procedimiento Civil, ya que las sentencias dictadas en el  extranjero  pueden  surtir  efectos en nuestro país en virtud de la aplicación  de  tratados  o  convenios  internacionales  o, de manera subsidiaria, cuando la  Nación   donde   fueron  proferidas  conceda  idéntico  reconocimiento  a  las  pronunciadas  por  los  jueces  patrios,  ello  siempre y cuando se observen los  requisitos   establecidos   en   el   artículo   694  ídem.   

Sobre el particular, la Corte ha dicho que la  reciprocidad    diplomática    “atiende   a   las  estipulaciones  de  los  tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de  cuyos   tribunales   emane   la   sentencia  que  se  pretende  ejecutar  en  el  país”.  Y la reciprocidad legislativa opera en  ausencia   “de  derecho  convencional,  [acogiendo]  normas  de  la  respectiva  ley  extranjera  para  darle a la sentencia la misma  fuerza  concedida  por  esa  ley  a  las  proferidas  en Colombia…’  (G.  J.  t.  LXXX,  pág. 464, CLI,  pág.  69,  CLVIII,  pág.  78  y  CLXXVI,  pág.  309  entre otras)”1.   

         

2.            El  asunto  que ocupa la atención de la  Sala  tiene  por  objeto  el  reconocimiento de efectos legales en el territorio  nacional  a  la  sentencia  del  25  de  noviembre  de 2009, mediante la cual el  Juzgado  de  Primera Instancia No. 5 de Barakaldo, España, decretó el divorcio  del  matrimonio  civil  contraído  entre  Mileyda Cristina Bermúdez Valencia y  Rafael  Pereiro  Palacios, y aprobó el convenio regulador -de 22 de octubre del  mismo  año-  propuesto  por  los cónyuges.  De ahí que, para el presente  caso  devenga  aplicable el principio de reciprocidad diplomática, toda vez que  como  lo certificara el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre la República  de  Colombia  y  el  Reino  de  España, el 30 de mayo de 1908, se suscribió el  “Convenio    sobre    Ejecución   de   Sentencias  Civiles”,  el  cual  fue  aprobado por la Ley 7ª de  1908, y actualmente está vigente (fls. 42 al 44).   

En   el   instrumento  en  comento  quedó  concertado  que  las  sentencias  civiles  emitidas  por los tribunales comunes,  cobrarían  firmeza  siempre  que  en  uno  y  otro  Estado fueran definitivas y  estuvieran  ejecutoriadas  como  legalmente se requeriría en el país en el que  se  haya  emitido;  y que éstas no sean contrarias a la normatividad vigente en  el  Estado  en  que  se  depreque  su  ejecución.  Así mismo, respecto al  primero  de los requisitos -la ejecutoria-, se estableció que se comprobaría a  través  de un certificado expedido en Colombia por el Ministro de Gobierno y en  España  por  el  de  Gracia  y  Justicia  (hoy  de Justicia), cuya firma debía  legalizarse  por el respectivo Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y a  su  vez, la de éste por el agente diplomático correspondiente acreditado en el  lugar de la legalización.   

3.            En  ese  orden  de  ideas,  es  menester  examinar  el  cumplimiento  de los requisitos dispuestos en el artículo 694 del  Código de Procedimiento Civil:   

i.            Verificado  el contenido de la sentencia  materia  de  exequátur, se comprueba que ésta se ocupa del estado civil de los  esposos   Pereiro  Bermúdez,  y  que  no  definió  cuestión  alguna  de  tipo  patrimonial,  lo  que  descarta  cualquier  pronunciamiento  acerca  de derechos  reales constituidos sobre bienes ubicados en Colombia.   

ii.          La sentencia no lesiona el orden público  interno,  en  la  medida  en  que  Mileyda Cristina Bermúdez Valencia solicitó  declarar  el  divorcio  del matrimonio civil formado con Rafael Pereiro Palacios  por  el  procedimiento  del  mutuo acuerdo, con la anuencia de éste, tal y como  fuera  por  ellos  pactado  en  el  convenio regulador que suscribieron el 22 de  octubre  de  2009;  asimismo,  la  providencia  da cuenta de que “los  cónyuges  [se]  ratifica[ron]  a  la  presencia judicial en su  petición   de   divorcio”,  y  de  que  durante  el  matrimonio  no hubo descendencia.  Análogamente, en el territorio nacional  el matrimonio civil también se disuelve por divorcio  judicialmente                decretado2,  el  cual  puede solicitarse  con    fundamento,    entre   otras   causales,   por  “el  consentimiento  de  ambos     cónyuges     manifestado     ante     juez     competente”3,  por consiguiente, se colige  la  plena identidad en uno y otro Estados de la causal de divorcio alegada en la  causa.   

iii.          La  providencia  se  aportó al plenario  debidamente   autenticada,   apostillada  por  el  jefe  de  legalizaciones  del  Ministerio  de  Justicia  de España, y con la certificación de firmeza emitida  por   la   “[Subdirectora  General  de  Cooperación  Jurídica  Internacional  de la Dirección General de  Cooperación     Jurídica     Internacional     y     Relaciones     con    las  Confesiones]”  del Ministerio de Justicia -reclamada  en  el  artículo  2º  del  aludido  convenio internacional-, el 28 de junio de  2012,  cuyo  tenor  literal  es el siguiente: “[q]ue  conforme  al  artículo  2  del  Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles  entre  España  y  Colombia,  hecho  en  Madrid el 30 de mayo de 1908 (Gaceta de  Madrid  de  18  de abril de 1909), la Secretaria Judicial del juzgado de Primera  Instancia  de Familia No. 5 de Barakaldo, hace constar que, la sentencia dictada  por  ese  Juzgado  el  25  de  noviembre de 2009, acordando el divorcio de mutuo  acuerdo  del  matrimonio formado por doña Mileyda Cristina Bermúdez Valencia y  don  Rafael  Pereiro  Palacios,  es firme” (fls. 2 al  14).   

iv.            No   se  trata  de  una  cuestión  de  competencia  exclusiva de los jueces patrios, puesto que según se expresa en el  convenio  regulador  suscrito  por  los  consortes  y  aprobado  por  la  sentencia,  el  último  domicilio  conyugal  se  ubicaba  en  Barakaldo  –España-, así  pues,  el  conocimiento  de  la  causa correspondía a la autoridad judicial que  dictó  la  sentencia.  Circunstancia  que  se  acompasa  con lo estatuido en la  legislación                colombiana4.    

vi.           Finalmente, al concederse el divorcio de  mutuo  consentimiento,  se  presume  que  las  partes  tuvieron conocimiento del  respectivo   proceso,   no   obstante   en  el  expediente  obra  constancia  de  notificación  a  las  partes  de la sentencia de divorcio de 25 de noviembre de  2009 (fl. 8).   

4.            Así  las  cosas,  puede  concluirse  la  observancia  de  las  exigencias  sustanciales  y  formales, para que la Sala de  Casación  Civil  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  acceda a la petición de  exequátur.   

DECISIÓN  

En  mérito de lo expuesto, la Corte Suprema  de  Justicia,  Sala  de  Casación Civil, administrando justicia en nombre de la  República y por autoridad de la ley,   

RESUELVE:  

1.             CONCEDER  el  exequátur  a la sentencia No. 642 proferida por el Juzgado de Primera Instancia  No.  5  de  Barakaldo,  España, el 25 de noviembre de 2009, mediante la cual se  decretó   el   divorcio   del  matrimonio  civil  contraído  por  MILEYDA      CRISTINA     BERMÚDEZ   VALENCIA   con   RAFAEL PEREIRO PALACIOS.   

2.            Para los efectos legales previstos en los  artículos  6º,  106  y  107  del  Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el  artículo  13  del Decreto 1873 de 1971 y 9º de la Ley 25 de 1992, ordénase la  inscripción  de esta providencia junto con la sentencia reconocida, tanto en el  folio   correspondiente  al  registro  civil  del  matrimonio,  como  en  el  de  nacimiento  de  la  peticionaria.  Por  secretaría líbrense las comunicaciones  pertinentes.   

3.           Sin costas en la actuación.   

Notifíquese y cúmplase,  

MARGARITA CABELLO BLANCO  

(Ausencia justificada)  

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA  

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ  

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ  

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ    

1  Sentencias  de  28 de julio de 1998, exp. 6583; 18 de  diciembre  de 2009, exp. 2008-00315-00; 26 de enero de 2011, exp. 2007-00499-00;  8  de  noviembre  de  2011,  exp.  2009-00219-00;  19 de diciembre de 2012, exp.  2011-00579-00; entre otras.   

2Artículo       152,       Código      Civil,      “el  matrimonio  civil se disuelve por la  muerte  real  o presunta de uno de los cónyuges o por  divorcio judicialmente decretado.   

Los  efectos  civiles  de  todo  matrimonio  religioso  cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de  familia.   

En  materia del vínculo de los matrimonios  religiosos  regirán  los  cánones  y  normas  del correspondiente ordenamiento  religioso”.   

3Numeral    9º    del   artículo   154  ídem, modificado por el artículo 6 de la Ley 25 de  1992.   

4Artículo    164    ibídem.  Artículo  modificado por el artículo 14 de la Ley 1ª de 1976.  El  nuevo  texto  es  el  siguiente:  “El  divorcio  decretado  en  el exterior, respecto del matrimonio civil celebrado en Colombia,  se  regirá  por  la  ley  del domicilio conyugal y no producirá los efectos de  disolución,  sino  a condición de que la causal respectiva sea admitida por la  ley  colombiana  y  de  que  el  demandado  haya sido notificado personalmente o  emplazado  según la ley de su domicilio. Con todo, cumpliendo los requisitos de  notificación  y  emplazamiento,  podrá surtir los efectos de la separación de  cuerpos”.     

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