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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado Ponente
SC12559-2014
Radicación n° 11001-02-03-000-2012-02110-00
(Aprobada en sesión de ocho de julio de dos mil catorce)
Bogotá D. C. dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte el recurso extraordinario de revisión interpuesto por José Humberto Pabón Mahecha y Carmencita Ramírez Giraldo, frente a la sentencia de 25 de junio de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo que adelanta en su contra Bancolombia S.A.
I. ANTECEDENTES
1. Bancolombia S.A. (antes Conavi) promovió acción hipotecaria, para que los impugnantes cancelaran el saldo insoluto de la obligación contenida en pagaré N° 2270320040939, respaldada con el Apartamento 601 interior 2 y el Garaje 128 del Conjunto Residencial Parque de Alcalá localizado en esta ciudad (folios 57 al 61, cuaderno 1).
1. Las súplicas se sustentaron en los hechos que a continuación se sintetizan (folios 61 a 63, cuaderno 1):
a. El 11 de junio de 1997, Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. (hoy Bancolombia S.A.) concedió a los demandados un crédito por sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($68’480.000), equivalentes a 6465.0797 UPAC, que se comprometieron a cancelar en ciento ochenta (180) cuotas mensuales.
a. Se pactó que el incumplimiento en la satisfacción de los intereses o uno de los instalamentos, haría exigibles los que estuvieran pendientes.
a. La obligación la respaldaron con hipoteca abierta sin límite de cuantía sobre los inmuebles con folios de matrícula inmobiliaria 50C-1405343 y 50C-1405146, de propiedad de los deudores.
a. Los solvens se constituyeron en mora desde el 11 de junio de 1999, por lo que hicieron efectiva la cláusula aceleratoria.
a. Se satisfizo lo exigido en la Ley 546 de 1999 «con respecto a la reliquidación y la redenominación del crédito», arrojando para el 30 de diciembre de 1999, luego de aplicar un alivio por quince millones quinientos nueve mil ochocientos treinta y un pesos con noventa y nueve centavos ($15’509.831,99), un saldo insoluto de ciento nueve millones trescientos cincuenta mil ciento setenta y cinco pesos con ochenta y cuatro centavos ($109’350.175,84), que representan 1058327,1958 UVR.
a. Con anterioridad se adelantó el cobro ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, «terminado por auto de fecha 10 de julio de 2006 con fundamento en las disposiciones emanadas de la Ley 546 de 1999 y los fallos proferidos por la H. Corte Constitucional».
1. Notificados los contradictores del mandamiento de pago excepcionaron «prescripción», «inexigibilidad de la obligación pretendida en la demanda expresada en U.V.R. por inconstitucionalidad en el cálculo diario del valor de la U.V.R. respecto de la verdadera causación del I.P.C.», «cobro de lo no debido por falta de claridad en la suma que se demanda como capital en el pagaré base de la ejecución», «cobro de lo no debido por falta de claridad sobre el verdadero valor de capital de las cuotas en mora, lo que genera un cobro de lo no debido», «cobro de lo no debido por capitalización indebida de intereses», «cobro de lo no debido y pérdida de intereses por cobro excesivo de los mismos», «la omisión de los requisitos que el título debe contener y que la ley no suple expresamente», «inexistencia de título valor suficiente, que respalde el valor de las pretensiones incoadas», «enriquecimiento sin justa causa», «anatocismo» y «abuso de la posición dominante» (folios 114 al 125, cuaderno 1).
1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, en audiencia del 19 de octubre de 2011, declaró probada la «prescripción, respecto a todas las cuotas causadas con anterioridad al 11 de marzo de 2006», desestimó las restantes defensas y ordenó seguir adelante la ejecución, con el consecuente remate de los bienes dados en garantía (folios 269 y 270, cuaderno 1).
1. Ambas partes apelaron y el superior confirmó la decisión del a quo, el 25 de junio de 2012 (folio 52, cuaderno 3).
1. José Humberto Pabón Mahecha y Carmencita Ramírez Giraldo formularon recurso extraordinario de revisión frente a la decisión del ad quem, para que se deje sin efecto y se termine el proceso.
Proponen dos de las causales del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que sustentan así (folios 2 al 13, 18 y 19):
a. La octava:
Por «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso», al configurarse el numeral 3 del artículo 140 ibidem, «en la medida que el Juez, en el caso concreto, está continuando con un proceso que legalmente ha debido ser concluido, desconociendo las Sentencias de la Corte Constitucional C-955 y SU-813».
Esto por cuanto los hipotecarios iniciados antes de la Ley 546 de 1999, debían ser reliquidados y culminados, sin que se pudieran iniciar nuevamente mientras no se reestructurara el crédito, bajo los lineamientos de las sentencias de la Corte Constitucional C-383, C-700, C-747 y SU-840 de 1999, y C-955 de 2000; así como el fallo 9280 de 21 de mayo de 1999 del Consejo de Estado. Además, no se aplicó en debida forma el alivio ordenado en el artículo 42 de la citada ley.
a. La sexta:
Por «haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente».
Como el Tribunal dispuso seguir adelante la ejecución «liquidando intereses de mora de UVR+19.05 conforme lo ordenó el mandamiento de pago» violó lo dispuesto en el artículo 491 del Código de Procedimiento Civil, al no tener en cuenta que la efectiva variación anual cobrada a los titulares del crédito en UVR, incrementada en la tasa de remuneración porcentual anual, excede la real menor del mercado, que es el tope permitido para este tipo de créditos.
1. La entidad financiera, al enterarse de la admisión del recurso, se opuso «habida cuenta que si bien es cierto se presentan unas causales formales de revisión, la realidad conforme a lo argumentado, es que se discute un punto de derecho ya propuesto, que se escapa a la esfera del recurso extraordinario».
En su defensa aduce la «inexistencia de las causales alegadas para la revisión», porque «no existe nulidad o fraude en el trámite del proceso en que se profirió la sentencia recurrida, y atendiendo a la naturaleza extraordinaria de la revisión no se pueden entablar debates que no se dieron en la oportunidad adecuada».
1. Ambas partes alegaron de conclusión reiterando sus argumentos (folios 105 al 108).
1. Perfeccionada la instrucción, se pasa a decidir lo que en derecho corresponde.
I. CONSIDERACIONES
1. El principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas no es absoluto, toda vez que el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil contempla la posibilidad de que sean revisadas en los eventos expresamente señalados en el 380 ibidem, casos estos relacionados con dificultades e irregularidades en la obtención de la prueba, fraude procesal, indebida representación o nulidades que afectan la actuación.
A pesar de constituir una oportunidad adicional para quien considere lesionado su derecho al debido proceso, no consiste en una tercera instancia, el planteamiento de posiciones jurídicas o exposición de soluciones alternas al conflicto, por muy convincentes que ellas sean, ni mucho menos el reforzamiento de argumentos ya examinados por los sentenciadores.
Es un remedio excepcional, frente a graves anomalías que ensombrecen el deber de administrar justicia, para que se regularicen los quebrantos advertidos con posterioridad a la producción del fallo. Es por ello que su prosperidad depende de que se trate de un aspecto novedoso y, por ende, que no fue materia de debate en el curso del pleito.
Como bien dijo la Sala en sentencia de 15 de noviembre de 2012, Rad. 2010-00754,
El Código de Procedimiento Civil contempla en su artículo 379 la posibilidad de que las sentencias de los Tribunales, una vez ejecutoriadas, puedan ser sometidas a escrutinio frente a la ocurrencia de una o varias de las causales del 380 ibídem, relacionadas con dificultades e irregularidades en la obtención de la prueba, fraude procesal, indebida representación o nulidades que afecten la actuación (…) Tal figura es una expresión del deber de administrar cumplida justicia evitando las decisiones contrarias a ella, con el fin de solventar situaciones que afecten las garantías procesales de las partes, para, de ser necesario y acreditado uno o varios de los motivos esgrimidos, invalidar lo inadecuadamente tramitado o proferir un nuevo fallo en el que se protejan sus derechos, tanto adjetivos como sustanciales (…) No obstante, el recurso de revisión por su connotación extraordinaria debe reunir determinados supuestos, de un lado encajando dentro de las situaciones que para el efecto consagra la ley procesal y del otro correspondiendo a verdaderos descubrimientos o hechos nuevos que patenticen la irregularidad alegada, ajena a la desidia o descuido de los deberes propios de quienes estuvieron involucrados en la litis, toda vez que si existió campo para su discusión dentro del curso normal del debate no es este el escenario propicio para hacerlo, ya que se convertiría en una nueva instancia o la oportunidad de reabrir etapas debidamente precluídas con amparo en la normatividad vigente.
Y en pronunciamiento de 23 de agosto de 2011, Rad. 2011-01192, agregó la Corporación que
Por la connotación que revisten esas limitaciones se ha sostenido que los supuestos fácticos llamados a configurar los diversos motivos deben constituir auténticas novedades procesales, para dar a comprender que ella sólo tiene cabida ante “circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna”, que, por tanto, “constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquélla, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta” (sentencia 234 de 1º de diciembre de 2000, expediente 7754). (…) Cuando se reclama que los aspectos esgrimidos deben constituir auténticas novedades, se exige que el hecho o medio probatorio aducido, con base en el cual se invoque el particularmente seleccionado, no haya formado parte del proceso donde se dictó el fallo (…), por supuesto que no se colma este presupuesto cuando la circunstancia al efecto escogida fue evaluada en el pleito en que se dictó la resolución que se revisa, porque en esa hipótesis no se estaría en presencia de ningún acontecimiento nuevo respecto del ya transitado.
1. Aquí los impugnantes invocan como causales de descontento contra lo resuelto por el Tribunal en segunda instancia, dentro de la acción hipotecaria que inicio en su contra la entidad acreedora, en su orden:
a. La octava, consistente en «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.
a. La sexta, por “haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.
1. Están demostrados los siguientes hechos que tienen relevancia respecto de la decisión que se está adoptando:
a. Que por escritura 626 de 20 de marzo de 1997 de la Notaría Cuarenta y siete de Bogotá, José Humberto Pabón Mahecha y Carmencita Ramírez Giraldo compraron a la Constructora Trikarat S.A., el apartamento 601 del interior 2 y el garaje 128 del Conjunto Residencial Parque Alcalá, por ochenta y nueve millones cien mil pesos ($89’100.000).
a. Que del precio, sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($68’480.000) fueron pagados con el producto de un préstamo que les otorgó la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi, en cuyo favor constituyeron en el mismo instrumento hipoteca abierta sin límite de cuantía (folios 9 al 56, cuaderno 1).
a. Que el 11 de junio de 1997, los adquirentes suscribieron pagaré Nº 270-320040939 por la suma que desembolsó la entidad financiera, equivalentes a 6465.0797 UPAC, pagadera en ciento ochenta (180) cuotas mensuales, a partir del 11 de julio siguiente (folios 3 y 4, cuaderno 1).
a. Que en el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá se adelantó «proceso ejecutivo hipotecario No. 1999-9298 de Corporación de Ahorro y Vivienda Conavi contra José Humberto Pabón Mahecha y Carmencita Ramírez Giraldo», con base en el título valor y el gravamen referidos, que terminó el 10 de julio de 2006, «por Ley 546 de 1999» (folio 5, cuaderno 1).
a. Que el 27 de agosto de 2007, Bancolombia S.A. (antes Conavi S.A.) formuló demanda de cobro coercitivo con garantía real contra los obligados, que correspondió al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá (folio 76, cuaderno 1).
a. Que en audiencia realizada el 19 de octubre de 2011, el Juzgado Once Civil del Circuito de Descongestión declaró la prescripción respecto de las cuotas del crédito causadas con anterioridad al 11 de marzo de 2006 y ordenó seguir adelante la ejecución por el resto. Esa decisión la apelaron ambas partes (folio 271).
a. Que el superior en fallo de 25 de junio de 2012, confirmó lo resuelto por el a quo, luego de analizar el fenómeno prescriptivo alegado como excepción y al que se opuso la acreedora (folios 38 al 52, cuaderno 3).
a. Que la demanda de sustentación de este recurso de revisión se formuló el 14 de septiembre de 2012 (folio 14).
1. Sea lo primero advertir que este ataque extraordinario contra la sentencia del ad quem lo ejercen quienes intervinieron de manera directa en el hipotecario, sin que haya operado la caducidad, puesto que se inició (14 sep. 2012) a menos de tres meses de su ejecutoria (9 jul. 2012).
Y toda vez que la notificación del auto admisorio de esta vía extraordinaria se surtió con la demandada (13 jun 2013) sin que transcurriera el bienio a que se refiere el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, para que se configure esa figura extintiva, ni siquiera se requiere verificar la interrupción del artículo 90 ibidem.
1. En la causal octava, son dos los aspectos a tener en cuenta para su procedencia, en primer lugar que haya incurrido el funcionario en un vicio de nulidad al momento mismo de pronunciarse la sentencia y, adicionalmente, que no existan medios de contradicción que permitan discutirlo dentro del proceso.
Así está decantado por la Sala, como anotó en SRC de 8 de abril de 2011, rad. 2009-00125-00, según la cual
El num. 8° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, gravita en torno de la protección del debido proceso y del derecho a ser oído y vencido en juicio con la plenitud de las formas procesales (artículo 29 de la Constitución Política), sobre la base, en primer término, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisión no sea susceptible de recurso alguno.
Lo último aquí se satisface, en vista de la naturaleza hipotecaria del pleito, por lo que la decisión del Tribunal era inimpugnable.
En lo que respecta al otro supuesto, no pasa lo mismo, como a continuación se resalta:
a. El motivo de invalidación tiene que encajar en alguna de las circunstancias a que se refieren los artículos 140 y 141 del Código de Procedimiento Civil o el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, diferentes de los de indebida representación, falta de notificación o emplazamiento inadecuado que constituyen una situación autónoma en el numeral 7 del artículo 380 ejusdem, pero siempre y cuando no tenga su génesis en el devenir litigioso sino que emerja del mismo fallo.
La Sala en sentencia de 8 de abril de 2011, Rad. 2009-00125, expuso en ese sentido:
El num. 8° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, gravita en torno de la protección del debido proceso y del derecho a ser oído y vencido en juicio con la plenitud de las formas procesales (artículo 29 de la Constitución Política), sobre la base, en primer término, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisión no sea susceptible de recurso alguno (…) En cuanto al primero de los presupuestos señalados, por ser el que puede generar algún debate, debe recordarse que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -además de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, “no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión” (CLVIII, 134).
Por lo tanto, como se señala en ese mismo pronunciamiento al evocar la SRC de 1º de junio de 2010, rad. 2008-00825-00, se establece:
a.-) cuando se dicta en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención, hoy parcialmente sustituida por el llamado “desistimiento tácito”, regulado por la Ley 1194 de 2008; b.-) se adelanta estando el litigio suspendido; c.-) se condena a una persona que no tiene la calidad de parte; d.-) si por la vía de la aclaración se reforma la misma; e.) se dicta por un número de magistrados menor al establecido por el ordenamiento jurídico; f.-) se resuelve sin haber abierto a pruebas el pleito; g.-) se desata sin correr traslado para que los litigantes aleguen en los eventos que así lo dispongan las normas procesales y h.-) la que tiene “deficiencias graves de motivación”.
a. En cumplimiento del auto inadmisorio, los opugnadores concretaron el vicio denunciado al numeral 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que ocurre cuando el «juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia», porque el asunto que se inició en su contra
(…) legalmente ha debido ser concluido, desconociendo las sentencias de la Corte Constitucional C-955 y SU-813, fallos de constitucionalidad que indican que los procesos ejecutivos hipotecarios de créditos de vivienda iniciados antes de la ley 546 de 1.999, debían ser reliquidados y una vez hecha la reliquidación procedía la terminación y dichos procesos no se podían iniciar nuevamente hasta tanto no se produjera la reestructuración del crédito (resaltado del texto).
De dicha sustentación se concluye que el cuestionamiento es por el primer aparte de esa razón, esto es, si el «juez procede contra providencia ejecutoriada del superior».
Esa expresión no admite una interpretación diferente a que la decisión desconocida provenga de quien supera en jerarquía al funcionario que dicta la sentencia censurada, siendo producidas ambas en el mismo trámite.
Por ende, los proveídos de cualquier naturaleza en asuntos diferentes al que es objeto de estudio por este sendero excepcional, así tengan una relación conceptual o identidad de tema, no encajan en el supuesto que se indica.
La Corte precisó en SC de 31 de mayo de 2006, rad. 1997-10152-01, reiterada en la SRC6958-2014, que
a. La calidad de «superior» a que se refiere el precepto referenciado, está vinculado directamente con la forma como están conformadas las jurisdicciones, pues, según el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 4° de la Ley 1285 de 2009,
La Rama Judicial del Poder Público está constituida por:
I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:
a) De la Jurisdicción Ordinaria:
1. Corte Suprema de Justicia.
2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;
b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:
1. Consejo de Estado
2. Tribunales Administrativos
3. Juzgados Administrativos
c) De la Jurisdicción Constitucional:
1. Corte Constitucional;
d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz (…)
Quiere decir que las jurisdicciones ordinaria y constitucional, son autónomas e independientes, siendo la Corte Suprema de Justicia «el máximo Tribunal» de la primera, como consta en el artículo 15 de la citada Ley 270 de 1996.
Esta Sala en SC4809-2014, recordó como
Consiste la jurisdicción en la potestad de administrar justicia, de ahí que puede afirmarse que todos los jueces la tienen; no obstante, para su ejercicio racional, la Constitución Política en sus artículos 234 a 248 la divide en ordinaria, donde se adelantan los procesos de índole civil, comercial, penal, laboral, agraria y de familia; la contencioso administrativa; la constitucional; y las especiales, que se refieren a las autoridades de los pueblos indígenas y los jueces de paz. Esta estructuración justifica que la intromisión de una en cualquiera de las otras hubiese sido elevada a la categoría de nulidad (…) Así lo precisó esta Corporación, en fallo de 4 de abril de 2001, exp. 5667, al sostener que “para efectos del racional ejercicio de la administración de justicia, ella, la jurisdicción, se reparte entre diversas ‘jurisdicciones’. Planteamiento que la Corte presenta de esta manera para denotar, de entrada, que el término ‘jurisdicción’ es empleado acá en dos sentidos ya que comprende no sólo la función de impartir justicia mediante la aplicación del derecho a un caso concreto (decir el derecho), lo que implica que la jurisdicción sea, en este sentido, una, sino también en ese otro sentido a que atiende la causal 1ª de nulidad, y por el que suele decirse, por ejemplo, que la jurisdicción que más materias abarca es la común u ordinaria, que se ocupa de las controversias civiles, comerciales, familiares, laborales, penales y agrarias, al paso que las demás (contencioso administrativa, constitucional, indígena, etc.) forman cada una compartimientos estancos y distintos entre sí. Esta clasificación de jurisdicción ordinaria o común y demás jurisdicciones (que antes solían denominarse jurisdicciones especiales) es además la que adoptó la Constitución Política dado que en su artículo 234 (capítulo 2 del Título VIII), establece que es la Corte Suprema de Justicia ‘el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’ al paso que en capítulos subsiguientes de ese título, consagra otras jurisdicciones como la contencioso administrativa, la constitucional y otras más, distintas de las anteriores, que cobija bajo el epígrafe de ‘especiales’ (Sent. Cas. Civ., 4 de abril de 2001, Exp.No.5667)”.
Los fallos que profiere esa Corporación en el cumplimiento de sus deberes tienen un valor singular, por sus consecuencias jurídicas y políticas, que en muchos casos son «negativas», cuando se limitan a expulsar una norma del ordenamiento, y en otros «positivas», si le incorporan nuevos elementos al enunciado.
Esos pronunciamientos, que según el artículo 243 de la Carta Política hacen «tránsito a cosa juzgada constitucional», pueden modular en su contenido el alcance, ya sea que se mantengan en el panorama jurídico las normas demandadas, bajo ciertas condiciones, o se retiren por ser contrarias a preceptos de orden superior. Incluso sus efectos pueden ser retroactivos, si así se indica, o quedar suspendidos en el tiempo.
La Corte Constitucional, en sentencia C-109 de 1995, señaló como
(…) la Constitución no ha establecido que la Corte esté atrapada en el dilema de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte compete “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes” (CP 241 ord 4º). Por consiguiente, al decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Y de esa manera lo ha hecho y lo seguirá haciendo esta Corporación. Así, en ciertas ocasiones, la Corte ha decidido mantener en el ordenamiento jurídico una norma pero condicionando su permanencia a que sólo son válidas unas interpretaciones de la misma, mientras que las otras son inexequibles (sentencias interpretativas o de constitucionalidad condicionada). En otras oportunidades, la Corte ha declarado la exequibilidad de determinada disposición legal pero con base en una interpretación conforme a la Constitución de la misma. En otros casos, la Corte ha limitado los efectos de la cosa juzgada constitucional a determinados cargos, o ha mantenido en el ordenamiento leyes acusadas por razones de procedimiento mientras se corregían los vicios formales de naturaleza subsanable. En ciertas sentencias de inexequibilidad, la Corte ha dado efectos retroactivos a su decisión mientras que en otras oportunidades, por el contrario, ha precisado que el fallo sólo comienza a tener efectos cuando se haya realizado la notificación a las otras autoridades constituidas. En la revisión de las leyes estatutarias, la Corte ha determinado que a ella corresponde, luego de la revisión constitucional, fijar, en la parte motiva de la sentencia, el texto definitivo que debe ser sancionado por el Ejecutivo. También esta Corporación ha adoptado exhortos constitucionales al Congreso con el fin de que adecúe a la Carta ciertas regulaciones legales. (…) Como es obvio, la anterior enumeración no pretende ser exhaustiva. En el futuro, frente a situaciones complejas en las que entren en colisión diversos principios constitucionales, es posible que la Corte se vea obligada a adoptar otras formas de sentencia, si ésa es la mejor forma de asegurar la integridad de la Constitución.
Con posterioridad esa misma Corporación, en sentencia C-055 de 1996, al efectuar la comparación entre inexequibilidad y derogación, precisó que la primera es un «fenómeno de teoría jurídica» y la otra «un fenómeno de teoría legislativa donde no solamente juega lo jurídico sino la conveniencia político-social», siendo por ello «razonable que, en general, la derogación sólo tenga efectos hacia el futuro, pues…por elementales razones de seguridad jurídica las leyes no pueden ser retroactivas», a diferencia de la «inexequibilidad» que se proyecta «no solo hacia el futuro sino que puede tener ciertos efectos hacia el pasado, ya que la validez de la norma estaba en entredicho por su oposición a la constitución», concluyendo que
(…) los efectos concretos de la sentencia de inexequibilidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de dos principios encontrados: la supremacía de la constitución –que aconseja atribuir a la decisión efectos ex tunc, esto es, retroactivos-, y el respeto a la seguridad jurídica que, por el contrario, sugiere conferirle efectos ex nunc, esto es, únicamente hacia el futuro”.
De lo dicho se extrae que las decisiones de la Corte Constitucional, sin desconocer la incidencia que tienen en la hermenéutica de la ley como labor reservada a los jueces, no se producen por ser «superior funcional» de estos, sino en virtud de desempeñarse como guardiana de la «integridad y supremacía de la Constitución».
a. Ahora bien, el que a la sentencia SU813-07 de la Corte Constitucional se le hayan dado alcances generales, no puede asimilarse a una intromisión en la función judicial, pues, como allí quedó señalado
(…) en este, como en todos los casos en los cuales la tutela se interpone contra una decisión judicial –en estos casos contra la decisión de no terminar los procesos ejecutivos hipotecarios–, deben ser satisfechos los requisitos de procedibilidad de la acción. Como ya lo ha señalado la Corte, tales requisitos tienden a racionalizar el uso de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma tal que se pueda controlar la constitucionalidad de las mismas sin que el juez de tutela reemplace a los jueces de instancia o afecte otros bienes o derechos de marcada relevancia constitucional. En este sentido no sobra recordar que las llamadas “causales específicas de procedibilidad”, están destinadas a evitar que los jueces constitucionales usurpen las facultades de los jueces ordinarios. En otras palabras, estas causales buscan asegurar que los jueces ordinarios puedan ejercer sus facultades propias (vgr. de interpretación del derecho legislado y valoración de las pruebas) y aplicar las normas pertinentes a los hechos particulares de cada caso, sin que el ejercicio ordinario de tales facultades pueda verse desplazado o sustituido por decisiones de jueces de tutela.
Es más, en la misma decisión se explicitó que la renuencia de los juzgadores de terminar los procesos en virtud de la Ley 546 de 1999, cuando a ello hubiere lugar, no constituía el desconocimiento de un precedente judicial, sino la incursión en una vía de hecho amparable mediante tutela, como consecuencia de un defecto sustantivo por alejarse «de la interpretación constitucionalmente vinculante de las normas que desarrollaban el derecho de acceso a una vivienda digna y el derecho fundamental al debido proceso».
Sobre ese punto en concreto se dijo que
(…) es necesario recordar que si bien para la Corte los procesos ejecutivos hipotecarios mencionados debían darse por terminados, la jurisprudencia sobre la causal específica de procedibilidad en estos casos no era del todo homogénea. Mientras para algunas Salas se trataba de una vía de hecho sustantiva por desconocimiento de la ley aplicable (Ley 546 de 1999), para otras se trataba de una violación del precedente, dado que las decisiones judiciales se apartaban de la interpretación que la Corte Constitucional – luego de un proceso de evolución de su jurisprudencia – encontró que debía darse a la ley en mención, de conformidad con la Constitución, en especial con las declaraciones de inexequibilidad contenidas en la sentencia C-955 de 2000. En cualquiera de los dos casos, todas las salas de revisión y ahora la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentran que las decisiones de los jueces que se abstuvieron de ordenar la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios se apartaron de la interpretación constitucionalmente vinculante de las normas que desarrollaban el derecho de acceso a una vivienda digna y el derecho fundamental al debido proceso.
a. Concretando las anteriores precisiones al aspecto que es materia de análisis, independientemente de los efectos que puedan tener en la jurisdicción ordinaria los pronunciamientos de la constitucional, lo cierto es que el motivo de nulidad a que se refiere el numeral 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil invocado en uso del recurso de revisión, no los comprende.
Como la causal se refiere es a decisiones opuestas en un solo proceso, provenientes de dos autoridades de diferente rango dentro de una misma estructura jurisdiccional, si la providencia que se discute es el fallo de una Sala Civil de Tribunal Superior, no puede perderse de vista que su superior jerárquico es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y no la Corte Constitucional.
Esta Sala en AC de 4 de julio de 2013, rad. 2013-00070-00, señaló que
(…) conviene aclarar que el superior al que se refiere la norma es necesariamente el jerárquico funcional, que en el caso concreto en el que se profirió la sentencia materia del recurso, por tratarse de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 11 y 15 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia) es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y no la Corte Constitucional.
Cualquier reclamo por la desatención de precedentes de la Corte Constitucional o la indebida aplicación de normas por el desconocimiento de sentencias de inexequibilidad, debe ser abordado por los restantes medios idóneos al alcance de los involucrados en el pleito, ajenos a la razón que se propuso en este caso, que no se extiende a disparidades entre esa especial jurisdicción y los pronunciamientos de los jueces ordinarios al administrar justicia.
a. En esta oportunidad se señalan como desconocidas las «sentencias de la Corte Constitucional C-955 y SU-813», sin embargo, como ya se dejó dicho, a pesar de los alcances generales de la SU-813 de 2007 y los diferentes pronunciamientos de esa alta Corporación sobre la exequibilidad de las normas que rigen la materia, la misma no es “superior” de la autoridad colegiada que produjo el fallo atacado, lo que deriva en la falta de demostración de la razón de inconformidad expresada.
Lo anterior no significa que se desconozca que las sentencias pronunciadas por la Corte Constitucional dentro de su función de declarar exequibilidad e inexequibilidad no tengan el carácter obligatorio para todos y, especialmente para los jueces de la República, sino que la situación planteada no se circunscribe al expreso motivo de inconformidad que aquí se invocó.
a. Ni siquiera hay forma de encasillar la discusión en el segundo evento del numeral 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que el fallador haya revivido «un proceso legalmente concluido».
Si se observa bien, no se refieren los impugnantes en el planteamiento a la existencia de una providencia dentro del hipotecario en curso que lo hubiera dado por terminado, antes del fallo del ad quem, ya fuera por pago, transacción, novación o cualquier otro medio idóneo para el efecto.
1. Respecto del motivo sexto de revisión, por «[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», tampoco se configura, como pasa a verse:
a. Para su verificación debe mediar un accionar irregular y consciente de quienes intervinieron en la litis donde se dictó el pronunciamiento cuestionado, con incidencia en la producción de éste, consistente en la deformación u ocultamiento de información necesaria para el normal desarrollo y solución del debate.
Los términos colusión y fraude llevan implícita una infracción a la normatividad vigente, en detrimento de determinada persona, bien natural ora jurídica, y así lo define el DRAE cuando dice que el primero es el «pacto ilícito en daño de tercero», mientras que el último es «acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros».
Según criterio de la Corte, señalado en SR de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, página 45, citadas en la de 19 de diciembre de 2011, rad. 2008-01281-00, esas maniobras fraudulentas comportan
(…) una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia.
Lo que complementa la Sala, según SR 243 de 7 de diciembre de 2000, rad. 007643, con que sus elementos esenciales son
(…) una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin.
a. Aunado a lo anterior, debe corresponder a situaciones ajenas al pleito y que no se hayan controvertido dentro del mismo o que pudiéndolo hacer se dejaron pasar, pues, de ser así se estaría reabriendo la discusión como si se tratara de su replanteamiento o un reexamen de los puntos desatados, lo que se aleja de los fines propios de esta impugnación extraordinaria.
Como estimó la Corporación en SR 208 de 18 de diciembre de 2006, expediente 2003-00159-01, es
(…) requisito para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisión…, que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio.
a. La reestructuración de los créditos hipotecarios de vivienda concedidos inicialmente en UPAC, que estuvieren vigentes para el 31 de diciembre de 1999, fue instituida en el artículo 42 de la Ley 546 de ese mismo año, como un trámite adicional a la culminación de las acciones de cobro que estuvieran en curso.
La forma como se agote ese paso imprescindible, en consecuencia, entra a formar parte de un título complejo representativo del crédito, para obtener su satisfacción en caso de incumplimiento de las nuevas reglas pactadas.
Su trascendencia es tal, que omitirlo afecta la exigibilidad de ese tipo de obligaciones, constituyéndose en un argumento a esgrimir por los ejecutados, en su defensa, en los nuevos cobros de que son objeto, eso sí, dentro de las oportunidades que la ley les confiere, para su discusión dentro del proceso.
Como el mérito del documento base de recaudo allegado es advertible desde el inicio del pleito, con el examen que se hace para librar mandamiento de pago, y pueden discutirlo los demandados haciendo uso de los medios de contradicción que les confieren las normas adjetivas, quiere decir que no se cumple el presupuesto de ser un aspecto extraño al proceso, como lo exige esta particular causal de la vía extraordinaria.
Así sucede con los aspectos relatados en el libelo, puesto que tienen su génesis en situaciones previas al inicio del segundo hipotecario, en cuyo desarrollo los opositores contaron con todas las garantías procesales y la posibilidad de disentir. Tan es así que formularon excepciones que les fueron despachadas parcialmente a favor, en las cuales guardaron silencio sobre cualquier disconformidad por la falta de reestructuración del crédito.
En dicho escrito, presentado el 11 de marzo de 2009, esto es, con mucha posterioridad a la SU-813 del 4 de octubre de 2007 de la Corte Constitucional que les sirve de sustento ahora, adujeron los aquí recurrentes la «omisión de los requisitos que el título debe contener y que la ley no suple expresamente» y la «inexistencia de título valor suficiente, que respalde el valor de las pretensiones incoadas».
Si bien esas defensas no se refirieron expresamente a la ausencia de reestructuración, sí la comprenden por la naturaleza compleja de aquel. Y a pesar de que fueron despachadas adversamente por el a quo, no las reiteraron en la alzada, limitándose a insistir en que «se declare probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria de título valor» (folio 274, cuaderno 1).
Bajo esa perspectiva los deudores hipotecarios no solo contaron con la posibilidad de controvertir lo relacionado con la correcta aplicación de la Ley 546 de 1999 en el trámite coercitivo en curso, sino que hicieron uso de los medios que les conferían las reglas procesales en su beneficio, desechando cualquier reiteración en segunda instancia sobre la debilidad del título ejecutivo aportado, con lo que quedó cerrado el paso a un nuevo debate por esta senda.
Como lo recordó la Corporación en SRC4417-2014 de 8 de abril de 2014, rad. 2012-01110,
En lo concerniente a esta clase de recurso, la Corte «(…) ha descartado tajantemente que se puedan ‘alegar errores de juicio atañaderos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que puedan ser imputadas al sentenciador’, pues su ámbito de aplicación reposa en la denuncia de vicios de estricto orden procesal», y en lo atinente a que la nulidad debe aparecer en la sentencia misma y nunca antes, ha expuesto que ello, «(…) es apenas lógico porque si tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo para ellas otra oportunidad para reclamar su conocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión’ (…), tal como sucede cuando en la sentencia última del proceso ejecutivo se decide sobre la carencia de exigibilidad del título (…)» (CSJ SC, 25 ago. 2008, Rad. 2004-00729).
a. En cuanto a los actos de colusión o maniobra fraudulenta de las partes en el proceso, los planteamientos de los censores nada ilustran al respecto, esbozando solamente su inconformidad con la decisión tomada por los falladores de instancia, al no estar satisfechos con la interpretación que se le dio a la normatividad aplicable.
La sustentación se ciñe a que
(…) queda plena y claramente demostrado que se superaron los límites máximos permitidos para el cobro de los intereses, al cobrar 34.64% E.A. cuando lo permitido es 32.88% E.A. (…) De los 65 meses causados a la tasa de interés de mora de UVR+19.05% en la liquidación del crédito del 27/08/12 se superan los límites del interés de usura en 26 oportunidades (…) El Tribunal en el trámite del proceso expresa lo contrario. Puesto que erige tal entidad capaz de obtener una sentencia errada y un tratamiento diferente en el discurrir procesal y que afecta gravemente las finanzas de mi protegida, dentro de las cuales descollan: (…) a- No se aplican las sentencias de la Honorable Corte Constitucional relacionadas con los créditos de vivienda (…) b- No se aplican las normas de la Ley 546 de 1999 y Ly 45 de 1990.
Ningún proceder torticero o engañoso se le enrostra a la acreedora en el impulso del pleito, puesto que la discusión se centra en la forma cómo se libró el mandamiento de pago y la tasa de interés aplicable respecto de la parte no prescrita del crédito, lo que, así coincida con los escritos de demanda y el título valor, no quiere decir que sean el producto de maniobras fraudulentas, sino una concordancia de su contenido con lo que el juzgador tuvo por probado.
Esta clase de discrepancia exige que la resolución atacada sea el resultado de un proceder irregular del adversario, no un disentimiento del juicio crítico del sentenciador, aspecto que es completamente ajeno a la revisión.
Admitir una exposición de desacuerdo con las deducciones que sirven de soporte al fallo o los pronunciamientos que le preceden, sin que medie un comportamiento que riña con los deberes de lealtad y probidad que se exige a los intervinientes en la litis, sería tanto como permitir la reapertura del conflicto bajo una nueva propuesta argumentativa.
Como lo dijo esta Corporación en SRC de 19 de diciembre de 2011, rad. 2008-01281,
(…) lo sostenido en torno de este motivo alude, en gran parte, a circunstancias acaecidas en el interior del proceso anterior, las cuales la ahora convocante alegó o pudo discutir allí, como así lo reconoce, según viene señalado. Este comportamiento por sí solo torna improcedente el presente recurso extraordinario, porque aceptar que esos sucesos o aconteceres pudieren servir de sustento para aniquilar y dejar sin efecto la providencia proferida dentro del proceso ejecutivo, sencillamente significaría abrir la compuerta para que por esta vía se exigiera un nuevo examen o una reconsideración libre y sin limitaciones de las pruebas como si simplemente se tratara de una instancia más del debate procesal.
1. No obstante el fracaso de este recurso, nada inhibe que los opugnadores intenten dentro del proceso hipotecario en estudio un pronunciamiento relacionado con la falta de reestructuración, que es el motivo central de la reclamación, si se tiene en cuenta, tal como ha quedado expuesto, que ella es imperativa y que, además, no ha vencido la oportunidad para hacerlo, toda vez que no se ha rematado el bien inmueble, ni mucho menos se ha inscrito la adjudicación del mismo.
1. Consecuentemente, como no se configuran las causales sexta y octava alegadas, se negarán las pretensiones y se harán los demás ordenamientos complementarios.
1. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil se condenará en costas y perjuicios a los recurrentes.
1. Las agencias se fijarán en esta misma providencia al tenor del 392 id, para lo cual se tendrá en cuenta la réplica del opositor.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: Declarar infundado el presente recurso extraordinario de revisión.
Segundo: Condenar en costas y perjuicios a los impugnantes, los que se harán efectivos con la garantía otorgada.
Parágrafo: Fijar las agencias en derecho en tres millones de pesos ($3’000.000).
Tercero: Liquidar los perjuicios mediante incidente.
Cuarto: Hacer efectiva la caución constituida por los accionantes el 2 de noviembre de 2012, mediante póliza N° 777803 de Liberty Seguros S.A.
Parágrafo: Librar, en su momento, comunicación con tal fin.
Quinto: Devolver el expediente contentivo del proceso en que se dictó la sentencia objeto de revisión al juzgado de origen, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia de esta providencia.
Sexto: Archivar lo actuado en revisión, una vez agotadas las órdenes aquí impartidas.
Séptimo: Prevenir a la Secretaría para que:
a. Libre los oficios a que haya lugar.
a. Devuelva el expediente recibido en préstamo
Notifíquese y devuélvase
JESUS VALL DE RUTÉN RUÌZ
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, y estando de acuerdo con su parte resolutiva, me permito expresar mi aclaración frente a un específico punto de las consideraciones, a saber:
1. A folio 14 de la sentencia se citó un fallo de esta Sala en el que se incluyó dentro de las causales de revisión “la que tiene deficiencias graves de motivación”.
Pues bien, si hay algo que ha caracterizado a este recurso desde su origen en el derecho canónico medieval hasta su consagración en nuestro actual Código de Procedimiento Civil, ha sido su naturaleza excepcional, extraordinaria, limitada y taxativa, que impide que se ataque la sentencia por errores en su elaboración o argumentación. Por ello, la admisibilidad de este recurso extraordinario se concreta a los casos en que la controversia fue dirimida por medios intolerablemente injustos, los cuales constituyen hechos nuevos y distintos a los que debieron ser expuestos y analizados en las instancias.
Esta es, precisamente, la principal diferencia entre el recurso de revisión y el de casación, pues mientras éste ataca la sentencia por vicios inmanentes o internos al proceso, la revisión se circunscribe a reprochar el fallo por motivos trascendentes o externos al litigio. Al respecto, esta Corte tiene sentado:
“Mas, como exhaustivamente lo tienen dicho la doctrina y la jurisprudencia patrias con apoyo en el criterio que en la materia pregona la literatura jurídica universal, la revisión es recurso de naturaleza eminentemente extraordinaria y diferente por su finalidad propia de todos los demás medios de impugnación, incluso de la casación misma, por lo cual no es permisible convertirla en un juicio contra la sentencia por las apreciaciones que el fallador haya hecho de la demanda que con tal sentencia se decide.
Ciertamente, los aspectos formales de un fallo, sus vicios o irregularidades, el quebranto de la ley procedimental o de la sustancial y los errores de apreciación probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al recurso de revisión, por tratarse en ellos de yerros in procedendo o in judicando, para cuya corrección se han consagrado precisamente los demás recursos. Los vicios que pueden dar lugar a la anulación de una sentencia a través del recurso de revisión, han de manifestarse necesariamente en relación con situaciones o hechos producidos o conocidos con posterioridad al pronunciamiento del fallo que se pretende aniquilar, precisamente porque el desconocimiento de estos hechos por el juez al dirimir el conflicto le impidió dictar una sentencia justa”. (CSJ SRC de 18 de julio de 1974. GJ CXLVIII, pág. 180) [Se subraya]
En igual sentido, la doctrina autorizada, ha expresado:
“En virtud de su naturaleza restringida o limitada, para la procedencia de la revisión no basta que la sentencia haya sido irregularmente proferida o se pretenda que está mal fundada; su admisibilidad se subordina a la expresa invocación de causas precisas señaladas en la ley y no por simple mal juzgamiento. No estará, pues, avenida con la naturaleza excepcional del recurso la conducta del juez que, so pretexto de velar por la recta aplicación del derecho, rebase los límites objetivos que la ley ha puesto al recurso de revisión; al ampliar de su propia cuenta tales limitaciones, siembra el desconcierto y la inseguridad, y de paso desvirtúa los fines de la revisión”. (Humberto MURCIA BALLÉN. Recurso de revisión civil. 1981, p. 125)
Por ello, los errores o deficiencias en la motivación de las sentencias no pueden ser aducidos como causal de revisión, puesto que no se encuentran expresamente establecidos dentro de las razones previstas en el artículo 380 de la ley procesal, y porque son un asunto de naturaleza sustancial que escapa a la esencia y propósito de este recurso extraordinario.
2. La causal octava de revisión –que se funda en la nulidad originada en la sentencia–, se refiere, de manera exclusiva, a la ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la constitución de ese acto procesal, visto únicamente desde una perspectiva procedimental; es decir por faltar el presupuesto adjetivo que se requiere para que dicho acto produzca los efectos jurídicos que la ley instrumental le atribuye. De ahí que pueda ser considerado como una nulidad procesal y no como un error en la argumentación, pues esto último podrá ser objeto de casación –en los casos en que la ley lo permite–, o de tutela cuando no existe ningún otro medio de defensa, pero no de revisión.
Esta nulidad, por tanto, no puede confundirse con las deficiencias materiales que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relación a su fundamentación argumentativa, a su razonabilidad, o al tema de fondo de la controversia.
A tal respecto esta Corte explicó:
“Es indudable que los términos en que se halla concebida la causal 8ª de revisión del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, o sea ‘existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso’, indican que el vicio que emerge del fallo impugnado constitutivo de nulidad debe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio atañederos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que le pueden ser imputados al sentenciador…” (CSJ SRC de 22 de sep. de 1999. Exp. 7421)
Así como en la providencia que se acaba de citar, son innumerables las decisiones de revisión en las que se ha insistido en que una deficiente o errónea motivación no autoriza jamás la procedencia de este recurso extraordinario, pues tal vicio no se subsume en la causal 8ª ni en ninguna otra de las consagradas en el artículo 380 de la ley procesal.
3. Es cierto que puede presentarse la situación de que la providencia carezca absolutamente de motivación, o que contenga una fundamentación que en realidad no es tal sino una mera apariencia; mas tales eventos no constituyen ni tienen la virtualidad de constituir una nulidad originada en la sentencia, porque no están referidos a los requisitos formales que debe cumplir este acto procesal para que produzca efectos jurídicos, sino que atañen a una insuficiencia en su contenido material; de ahí que la deficiente motivación de las decisiones judiciales constituye el caso típico de error in judicando por excelencia.
La ausencia total de razones jurídicas o fácticas en que puede incurrir una sentencia, o la escasez de esa clase de argumentos, no significan falta de cumplimiento de una formalidad o presupuesto instrumental, porque tal defecto concierne al contenido mismo de la decisión que se adopta; y es por tanto, siempre y en todos los casos, una falencia de fundamentación cuya demostración posee la aptitud de desvirtuar las bases esenciales del fallo que adolezca de los referidos errores.
Así ha sido siempre, y así se ha sostenido con vehemencia tanto en los fallos de casación que se dirigen por la causal primera del artículo 368, como en las acciones de tutela contra providencias judiciales que se muestran ostensiblemente arbitrarias o carentes de sustentación razonable.
De hecho, la providencia que ideó la tesis –en mi parecer errónea– de la deficiente motivación de las sentencias como causal de revisión, finalmente negó el recurso extraordinario bajo el entendido de que éste “no está concebido como una reapertura del debate que ocupó las instancias, ni para volver la mirada sobre las mismas pruebas que en su momento discurrieron ante los jueces, tampoco para interpretar de nuevo las reglas legales que sirvieron de soporte a la decisión o sobre aquellas que se dejaron de hace valer”. (SRC de 29 de agosto de 2008, Rad. 2004-729-01)
De manera que toda la argumentación para introducir la nueva causal por vía jurisprudencial resultó infructuosa e innecesaria, dado que, en últimas, el recurso que fue materia de aquel pronunciamiento se denegó por las razones que siempre se han tenido en cuenta para declarar su improcedencia, esto es porque “ninguno de los motivos aludidos por el recurrente en revisión coincide con las causales previstas en el artículo 380 del C.P.C.” (Ibid)
Es más, en toda la tradición jurisprudencial de esta Corte no existe un solo caso en el que el recurso de revisión haya prosperado por la supuesta causal de deficiente motivación de la sentencia; lo que es explicable porque en la práctica no se configura el aludido motivo, pues, por su esencia misma, los errores de argumentación en que incurren los jueces –y la ausencia de motivación es uno de ellos– escapan al ámbito de aplicación del recurso extraordinario de revisión.
En los términos que preceden, dejo aclarada mi posición.
De los Señores Magistrados,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado