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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
SC16057-2015
Radicación n° 20001 31 03 005 2006 00030 01
(Aprobado en sesión de nueve de junio de dos mil quince)
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015).
Procede la Corte a resolver el recurso de casación presentado por HERNÁN MOISÉS ROJAS MORENO, demandante, contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012), por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario de pertenencia que él promovió frente a MARÍA CONCEPCIÓN MORENO DE ROJAS (q.e.p.d.), y, personas indeterminadas.
I. ANTECEDENTES
1. El actor, a través de apoderado judicial constituido al efecto, promovió la acción señalada precedentemente, fundamentada en los siguientes hechos:
i) En el año 1972, esgrimiendo su calidad de poseedor, se declaró dueño y señor de un predio de tres hectáreas que hace parte de uno de mayor extensión, llamado ‘PIEDRAS AZULES’, identificado con el folio de matrícula No. 190-12309 de la oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar, foliatura en la que aparece como propietaria inscrita la señora MARIA CONCEPCIÓN MORENO DE ROJAS, madre del actor.
En el libelo se indicaron los siguientes linderos del inmueble: Norte: en 161.27 Metros con predio de mayor extensión de propiedad MARIA CONCEPCIÓN MORENO DE ROJAS; Sur: en 100.82 con la Urbanización Garupal, Calle 11 o avenida Juventud en medio y 40.62 Metros con lote de propiedad de ESTEBAN TRIANA; Este: en 210.02 con lote de terreno de propiedad de EDGARDO PUPO; y, OESTE: en 32.36 metros con lote de propiedad de ESTEBAN TRIAN y en 174.63 con lote de mayor extensión cuyo dominio detenta MARIA CONCEPCIÓN MORENO DE ROJAS.
ii) Los actos de señorío se reflejan, dijo, en la realización de varias mejoras como la construcción de la casa de habitación existente, siembra de árboles frutales, la instalación de los servicios públicos de acueducto, el alcantarillado, la luz y el teléfono. La posesión, resaltó, ha sido pacífica, quieta y pública.
2. A partir de lo expuesto, atendiendo esa calidad ejercida sobre el lote de terreno mencionado y, bajo las exigencias previstas en las normas pertinentes, el demandante reclamó de la jurisdicción que fuera declarado dueño de dicho bien raíz, por el modo de la prescripción adquisitiva.
3. El veintiséis (26) de abril de dos mil seis (2006), la demanda fue admitida. El acto de notificación pertinente, tanto a la accionada determinada como a los indeterminados, fue cumplido con sujeción plena de las disposiciones vigentes. Aquella formuló oposición a las pretensiones y adujo la excepción previa que denominó ‘cosa juzgada’; el curador designado a estos, no confrontó las súplicas del libelo. La defensa planteada por la señora María Concepción Moreno, está fundamentada en que, en pretérita oportunidad, entre las mismas partes y respecto de igual objeto, se surtió otro proceso de pertenencia habiéndole sido adverso el resultado a su promotor. Culminado el trámite de dicha defensa (excepción previa), el juzgado negó su acogida.
4. En el momento previsto por la normatividad aplicable al caso, se dispuso la apertura a pruebas (29 de septiembre de 2009), y, luego, culminado el recaudo de las ordenadas, se concedió a los sujetos procesales el término correspondiente para la presentación de sus alegaciones. Fenecida esta oportunidad, el veinte (20) de junio de dos mil once (2011), el a-quo dictó la sentencia pertinente, decisión en la que negó las súplicas del escrito introductorio.
5. El Tribunal, al resolver el recurso de apelación que formuló el gestor de esta acción, confirmó en su totalidad lo resuelto por el juez de conocimiento. Dicha parte interpuso en tiempo el recurso de casación que es objeto de estudio por la Corte.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. En dicho proveído la Corporación acusada dejó plasmado que los presupuestos procesales concurrían a plenitud; seguidamente, constató la ausencia de nulidades que pudieran afectar la actuación cumplida y así lo dejó señalado.
2. Estableció que la determinación que adoptaría giraría alrededor de dos pilares: i) el primero, determinar si el actor logró acreditar en qué momento mutó su condición de mero tenedor a poseedor (interversión del título); y, ii) superado lo anterior, definir si los requisitos establecidos en las normas vigentes para acceder a la usucapión, habían sido cumplidos o no por el accionante.
2.1. Alusivo al primer aspecto, el sentenciador expuso:
De acuerdo con el elenco probatorio que se acaba de reseñar, el cual ya fue suficientemente analizado por el a quo, inundado de profusas declaraciones contradictorias, pese a la cantidad de número de preguntas formuladas, no logran aclarar el momento a partir del cual el prescribiente desconoce el dominio de la demandante sobre el bien, pues si bien no hay duda de los actos propios de poseedor como señor y dueño, por concordar entre las declaraciones de los testigos y el demandante, consistentes en el cultivo de plantas, cría de animales y mejoras realizadas y acorde a las descripciones reseñadas por el perito en la inspección judicial, recaen en la penuria de establecer sin lugar a equívoco en que momento surgió la transformación esencial que en el demandante haya surgido el ánimo de señor y dueño deducido de actos de propietario y no de mera tolerancia o facultad como hijo de la propietaria María Concepción Moreno de Rojas. Es decir, no se logra obtener en vigor el convencimiento nítido, de la línea divisoria entre la posesión con su prolongación en el tiempo, y la mera tenencia (…) –folios 34 y 35-.
En conclusión, para el ad-quem, no existía duda sobre la actitud de señor y dueño que el demandante-poseedor desplegó respecto del lote objeto de la usucapión; sin embargo, afirmó, no aparecía con claridad la época a partir de la cual mutó su calidad de tenedor a la de poseedor; en otros términos, el referente temporal para inferir la data de dicha metamorfosis, no aparecía acreditado en el proceso.
2.2. En cuanto a los requisitos para sacar avante su pretensión, es decir, la demostración de las condiciones en función de demostrar, plenamente, la calidad de prescribiente, el Tribunal sostuvo que: «el término de la prescripción solicitada por el petente empezó a correr después de la presentación de la demanda de reconvención, que a la fecha de iniciación del trámite analizado, no han transcurrido los 20 años para la prescripción extintiva (sic) de dominio reclamada» (folio 37, sentencia del Tribunal).
Ahora, si la orden de restitución de la heredad adquirió firmeza, tal circunstancia, en sentir del juzgador, no significaba otra cosa que, por las consecuencias de ese acto procesal, en cuanto que la decisión judicial proferida reconoció que existía persona con mejor derecho, por obvias razones, el señor Hernán Moisés quedó privado de la posesión que esgrimió. En ese orden, a partir de tales sucesos, su calidad respecto del inmueble variaba, esto es, cualquier actitud de amo y señor que ostentara quedó aniquilada y si pretendía esgrimir calidad semejante, como ahora lo hace, sólo le resultaba válida teniendo como punto de partida la culminación del referido proceso.
Y si todo ello sucedió en el año mil novecientos noventa y seis (1996), desde esta data debía contabilizarse su calidad de poseedor y no antes, punto de referencia que no le permitía invocar el tiempo suficiente (20 años) para usucapir.
Con fundamento en esos planteamientos, decidió confirmar en tu totalidad la sentencia emitida.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
El recurrente presentó dos cargos, ambos trazados por la causal primera de casación, vía indirecta, debido a los errores de hecho y de derecho en que incurrió respecto del material probatorio. Ambas acusaciones serán analizadas de manera conjunta.
CARGO PRIMERO
1. El impugnante reprocha al Tribunal los errores de hecho en que incurrió al adoptar el fallo impugnado, en cuanto que apreció indebidamente algunos medios de prueba y otros los supuso, por esa razón denuncio la violación, vía indirecta, de los artículos 764, 765, 777, 780, 2512, 2518, 2522, 2527, 2529, 2531, 2532, 2539 del C.C., 1º de la Ley 50 de 1936; 200 y 407 del C. de P.C., y, 10 de la Ley 794 de 2003.
2. Según lo expuso en el escrito de sustentación, el censor considera que el juez de segunda instancia se equivocó, pues no entendió que el «demandante afirmó en la demanda que su posesión la tiene, con ánimo de señor y dueño, desde el año 1972, realizando la explotación económica del mismo, utilizándolo como vivienda’».
Manifestó que el fallador no sopesó la confesión del actor con sujeción al mandato consagrado en el artículo 200 del C. de P.C., es decir, debió acoger dicho medio de prueba con ‘las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe’. En el presente asunto, el Tribunal dividió la confesión y, además, no tuvo en cuenta que no existe prueba contraria a los hechos confesados.
Enfatiza que si bien el demandante reconoció que llegó al inmueble junto con sus padres, su esposa y un hijo en el año mil novecientos sesenta y nueve (1969), también agregó que cuando su progenitor murió y ante la decisión de la cónyuge de éste de no volver al fundo, él, el actor, en el año mil novecientos setenta y dos (1972), dio inicio a su actitud de poseedor y esta explicación no fue tenida en cuenta por el sentenciador. De haber valorado esta circunstancia, afirmó, el ad-quem hubiese concluido que en el accionante, en el año citado, se produjo esa mutación de quien reconoce mejor derecho respecto de quien detenta la cosa como dueño y señor.
Aseguró que el juzgador fue, inclusive, muchos más lejos. Por un lado, en la medida en que supuso que el accionante reconoció dominio ajeno y, por otro, que dicha parte ‘no pudo demostrar desde cuando intervirtió el título de mero tenedor en poseedor material, buscando en dichos testimonios una prueba imposible y utilizando un razonamiento contrario a la lógica’ –folio 21, cuaderno de la Corte-.
Sostuvo que el promotor de esta acción confesó que a partir de mil novecientos setenta y dos (1972), tuvo inicio su condición de poseedor y los testimonios recogidos indican que, efectivamente, habían conocido al señor Rojas Moreno ostentando tal calidad después de mil novecientos setenta y nueve (1979).
3. Otro reproche que formula el impugnante a la sentencia proferida, tiene que ver con la suposición de la prueba sobre la fecha en que la convocada a juicio, en el proceso que cursó entre las mismas partes, adujo reconvención. Refiere que la presentación del libelo pertinente tiene la virtud de interrumpir la prescripción, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la ley (art. 90 y ss C. de P. C). Sin embargo, en el caso bajo estudio, no hay prueba alguna que permita inferir en qué data la señora María Concepción Moreno formalizó la mutua demanda dentro del proceso de pertenencia que en pretérita oportunidad existió entre ellos.
Para el censor, soportado en algunos pronunciamientos de esta Corporación, cuando se traslada a un pleito la sentencia emitida en otro, dicha pieza procesal lo que demuestra es la fecha de su emisión, la autoridad que lo hizo y su contenido. Empero, «de ellas no es posible deducir en que (sic) fecha fue presentada la demanda de reconvención, por manera que no es posible saber –como lo afirma el Tribunal- cuando se produjo la interrupción de la prescripción, y en consecuencia, supuso el Tribunal la existencia de la prueba de la interrupción, sin que la misma obre en el expediente».
Teniendo como soporte esas inferencias, agregó el casacionista, el Tribunal incurrió en otro error y fue haber concluido que la activa no podía acreditar que su posesión superaba el tiempo mínimo exigido por la ley para usucapir.
CARGO SEGUNDO
Según el recurrente, el fallador «dejó de apreciar (…) en conjunto y conforme las reglas de la sana crítica, las pruebas recaudadas».
Sostiene que la confesión del prescribiente sobre la fecha en que entró a ejercer actos de posesión y los testimonios de los señores Plinio Pinto Arciniegas, Hugo Aurelio Pérez Lara, Reinaldo Mojica Jaraba y Adalberto Antonio Brito Arias, todos coinciden en que el señor rojas Moreno, desde hace más de 20 años, ejerce la posesión sobre el predio reclamado.
Condensó, en los siguientes términos, su inconformidad:
Al analizar el acervo probatorio encontró el Tribunal que está ‘inundado de profusas declaraciones contradictorias, pese a la cantidad de número (sic) de preguntas formuladas, no logran aclarar el momento a partir del cual el prescribiente desconoce el dominio de la demandante sobre el bien, pues si bien no hay duda de los actos propios de poseedor como señor y du8eño, por concordar entre las declaraciones de los testigos y el demandante, consistentes en el cultivo de plantas, cría de animales y mejoras realizadas y acorde a las descripciones reseñadas por el perito en la inspección judicial, recaen en la penuria de establecer sin lugar a equívocos en que momento surgió la transformación esencial que en el demandante haya surgido el ánimo de señor y dueño deducido de actos de propietario y no de mera tolerancia o facultad como hijo de la propietaria MARÍA CONCEPCIÓN MORENO DE ROJAS. Es decir, no logra obtener en vigor el convencimiento nítido, de la línea divisoria entre la posesión con su prolongación en el tiempo, y la mera tenencia; pues repetimos así como declaran haber visto las mejoras realizadas por el petente lo que entre otros actos ejecutados se traduciría en la exteriorización del animus domini; por otro lado desconocen si el demandante ha reconocido dominio ajeno, reconocen a la demandada como propietaria del inmueble; y el haber vivido en el mismo. Lo que traduce que el demandante no acreditó satisfactoriamente desde cuando aconteció la transformación o interversión del título de mero tenedor a poseedor para calcular el tiempo.
Al analizar de esta manera las pruebas arrimadas al proceso, apreció y valoró el sentenciador de segunda instancia, de manera aislada y sin conexidad alguna, el acervo probatorio.
Adicionó, que si el sentenciador hubiese valorado el acervo probatorio conforme lo regulan las disposiciones citadas, «habría encontrado que estos afirman sin hesitación, exponiendo la ciencia de sus dichos, que el demandante ha poseído como señor y dueño el predio que pretende usucapir, por más de veinte años, lo que confirma su afirmación de que en el año 1972 comenzó a poseer el bien inmueble de que se trata, intervirtiendo así su título de mero tenedor en poseedor».
Concluye aseverando que el Tribunal no debió buscar en los testimonios, aisladamente, la fecha en que el actor intervirtió su título de tenedor a poseedor. Lo que debió haber hecho fue tener presente la confesión del demandante que indicaba que él había ingresado al predio en el año mil novecientos setenta y dos (1972), y agregarle lo que dijeron los testigos sobre que ellos lo conocieron después de esa fecha, aduciendo su calidad de dueño y señor del bien raíz a partir de actos de posesión.
En fin, teniendo como referentes tales fundamentos, reclama casar la sentencia.
IV. CONSIDERACIONES
1. La reseña efectuada precedentemente deja en evidencia que la controversia surgió alrededor de la pretensión de Hernán Moisés Rojas Moreno, de lograr la adjudicación de un inmueble bajo uno de los modos de adquirir el dominio como es la prescripción (art. 673 C.C.).
2. En esa dirección, como se recordará, a propósito del estudio que emprenderá la Corte, el juzgador apuntaló la sentencia proferida, adversa a los intereses del demandante, en dos pilares:
i) Concluyó, por un lado, que quien reclama la usucapión acreditó actos de posesión y así lo validaron los deponentes convocados por él; pero dedujo, igualmente, que a partir de su propia declaración quedó atestado que su ingreso a la heredad fue como tenedor, circunstancia que le imponía demostrar en qué momento mutó esa condición a la de poseedor, circunstancia que no pudo demostrar a través de algún medio de prueba.
ii) También sostuvo que el fallo adoptado en mil novecientos noventa y ocho (1998), a instancia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, confirmado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito judicial de dicha ciudad (15 de abril de 1999), puso punto final a otro proceso de similares características (los mismos interesados y respecto de igual inmueble), allí, los funcionarios de conocimiento dispusieron la restitución del predio en favor de la señora María Concepción Moreno. Lo resuelto tuvo como efecto, dijo el juzgador, afectar cualquier posesión que para la fecha, el aquí accionante, hubiese podido ostentar sobre el feudo reclamado, a tal punto que hasta esa data era dable reconocerle tal calidad, es decir, la de poseedor. Y, como la decisión judicial en comento, al disponer que el señor Hernán Moisés devolviera el bien raíz a su progenitora (María Concepción Moreno), evidenció que esta última tenía un mejor derecho que su hijo y, por obvias razones, desde la data de tal determinación, su calidad o relación con la tierra era la de tenedor.
2. Pues bien, la dinámica que rodea el recurso extraordinario de casación, entre otras particularidades, tal vez la principal, como corresponde a su naturaleza de medio impugnativo, está en demostrar que el juzgador de segunda instancia erró al desatar la litis. Y, por supuesto, en el caso de la causal primera de casación, vía indirecta, dicho compromiso no debe considerarse cumplido con solo esgrimir planteamientos, por juiciosos que se perciban, contentivos de posiciones divergentes con las plasmadas por el ad-quem en la decisión opugnada.
Atestar la comisión del error denunciado (facti iuris iudicando), implica enfrentar los argumentos del juez y, con fundamento en las pruebas cuyo análisis supuestamente condensan el yerro, poner en evidencia dicho desliz. Es una labor de contraste entre lo que el fallador infirió y lo que el proceso permite inferir. Así lo expuso en reciente oportunidad la Corte:
3. En esa dirección, como en el caso de autos acontece, dado que la equivocación anida, según el casacionista, en no haberse entendido que el actor posee el predio desde mil novecientos setenta y dos (1972) (indebida apreciación probatoria) –aparte del cargo primero-, así como no sopesar dicha confesión, de manera conjunta, con los restantes medios probativos -cargo segundo-, corresponde analizar esa probanza en función de establecer la existencia o no del yerro.
3.1. Atinente a la confesión, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, el Tribunal sí tuvo en cuenta la declaración del accionante, tanto la vertida en la demanda de pertenencia objeto de análisis como la plasmada a través del interrogatorio absuelto. Nótese que a folios 31 y 32 de la sentencia cuestionada, avalando lo analizado por el a-quo, expuso:
«La anterior consideración la basó en el interrogatorio de parte formulado al demandante, que al valorarla concluyó que ‘éste aseveró que entonces al referir que en principio vivía allí con sus padres y su señora está dando cuenta de que ingresó a habitar el inmueble en su condición de hijo del propietario del inmueble y vivía allí con sus padres y que vivía allí junto con este, por lo que resulta necesario que aparezca demostrado en el proceso el momento exacto en el cual el actor cambió su condición de habitante o tenedor del inmueble a la de poseedor del mismo, no resultando suficiente su dicho de que a partir del año de 1972 se constituyó en poseedor, pues no tiene sustento en otros elementos probatorios’».
El ad-quem fue concluyente al decir que las pruebas analizadas (testimonios) «no logran aclarar el momento a partir del cual el prescribiente desconoce el dominio de la ‘demandante’ sobre el bien, pues si bien no hay duda de los actos propios de poseedor como señor y dueño (….) no se logra obtener en vigor el convencimiento nítido, de la línea divisoria entre la posesión con su prolongación en el tiempo, y la mera tenencia (…)».
Luego, el juez de segunda instancia sí se declaró persuadido de la fecha en que el reclamante ingresó al predio objeto de la usucapión; pero no solo aceptó tal situación, sino que, también, validó la afirmación hecha por el mismo en torno a los actos de posesión que ejercía. De ello no hay duda alguna, aceptó una y otra circunstancia.
En lo que sí se apartó, rotundamente, fue en aceptar que esa fecha (1972), precisamente, fue el momento en que mutó su calidad de tenedor a la de poseedor. Y no la aceptó por la potísima razón, tal cual lo plasmó, de que no existían elementos de prueba que así lo demostraran, máxime que el propio demandante había aceptado su calidad de tenedor.
Por supuesto, no entender los términos o contenido de lo expuesto por una de las partes sobre los aspectos fácticos del debate, es un asunto muy diferente a captarlos, empero no acogerlos; una y otra percepción respecto de la misma prueba se muestran muy diferentes. Y, en el caso examinado, como se reseñó, el Tribunal se percató de la calidad del extremo activo frente al bien raíz, la fecha de ingreso o en que se mostró dueño y señor, los actos que convalidan esta actitud, en fin, sobre el particular no hay disparidad de criterios; de tal situación se declaró suficientemente ilustrado. Sin embargo, el hecho de haber entendido ese estado de cosas no implicaba per se reconocerlas y, ciertamente, no las aceptó por la razón aducida, es decir, no encontró otros elementos de prueba, ni siquiera a partir de la propia declaración del accionante, de que esa data fue el origen de la transformación de tenencia a la de posesión.
A lo anterior debe agregarse que la confesión, por disposición del artículo 195.2 del C. de P.C., para que valga, debe versar «sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria». Directriz que no se cumple en el sub-examen habida cuenta que la aspiración del demandante gira, precisamente, en sentido contrario, esto es, que lo confesado por él, le beneficie en el entendido que su condición de poseedor desde el año mil novecientos setenta y dos (1972), le brindaría la posibilidad de acceder a la prescripción adquisitiva.
Alrededor de la prueba de confesión, su poder disuasorio, la posibilidad o no de admitirla como tal y, la restricción de ser dividida, la Corte, expuso:
«Ahora, requisito esencial de la confesión es, cual lo preceptúa el numeral 2° del artículo 195 del código de procedimiento civil, que verse «sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria», desde luego que «en derecho, así civil como penal, hacer una confesión, confesar una cosa, un hecho, un acto jurídico, es reconocer como verdadero el hecho o el acto de índole suficiente para producir contra el que lo admite consecuencias jurídicas». (G. J. 30 de agosto de 1947. LXIII, 77)» -hace notar la Sala-.
« (…) no menos conocido es que ‘(…) la ley deja al arbitrio de los jueces el análisis de la confesión para calificarla de individua o dividua, según que de su contenido encuentren que el hecho añadido como explicación tenga o no conexión íntima con el confesado; que los dos sean inseparables, o separables, el juicio que en el punto se forme el tribunal es intocable en casación, a menos que aparezca ostensiblemente contraevidente con la prueba que la realidad ostenta’ G.J. t. CLI, p. 5, se subraya» (citada en CSJ SC, 4 Abr. 2002, Rad. 6941).
Por manera que no fue una problemática planteada en el escenario de la deformación o indebida percepción de la confesión, sino en la capacidad persuasiva de dicho elemento de prueba en torno al hecho que se buscaba acreditar con la misma.
3.2. Ahora, atinente a la ausencia de valoración conjunta de la confesión (que ya se dijo no lo es), y los restantes medios de prueba, lejos está de asistirle la razón al inconforme.
En efecto, el Tribunal tuvo en cuenta los testimonios de los señores Hugo Aurelio Pérez Lara y Plinio Pinto Arciniegas (folio 33 sentencia de segunda instancia); así como las exposiciones de Reinaldo Mojica Jaraba y Adalberto Antonio Brito Arias (folio 34 ib.); también sopesó la inspección judicial y, desde luego, la declaración del actor. Así mismo sopesó, conjuntamente, las copias allegadas que informaron sobre la sentencia de primera y segunda instancia relacionadas con el proceso de pertenencia que entre los años mil novecientos noventa y seis (1996) y mil novecientos noventa y nueve (1999), cursó entre las mismas partes.
Validar la anterior afirmación resulta suficiente con observar que en folio 34, el juzgador de segundo grado expuso:
«(…) no logran aclarar el momento a partir del cual el prescribiente desconoce el dominio de la demandante sobre el bien, pues si bien no hay duda de los actos propios de poseedor como señor y dueño, por concordar entre las declaraciones de los testigos y el demandante, consistentes en el (….), recaen en la penuria de establecer sin lugar a equívoco en que momento surgió la transformación esencia que en el demandante haya surgido el ánimo de señor y dueño deducido de actos de propietario y no de mera tolerancia (…)».
Sin duda, el fallador auscultó las exposiciones recogidas en el proceso, empero, la ausencia de todos ellos en precisar la fecha en que el actor anunció o evidenció su cambio de actitud de tenedor a poseedor no aparecía señalado por ninguno de ellos.
En cuanto a los testimonios, la función de dicha prueba y su crítica a través del recurso extraordinario de casación, la Corte ha dicho:
De manera insistente ha predicado la Corte que para la debida acreditación de los yerros fácticos no es suficiente relacionar «las pruebas que se estiman mal apreciadas» y expresar «una crítica razonada sobre la tarea evaluativa que en torno a ellas hizo el fallador», pues son necesarios «argumentos tan concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del Tribunal’ (cas. civ. febrero 23 de 2000, exp. 5371), propósito que no se alcanza contraponiendo ‘la interpretación que de las pruebas hace el censor con la que hizo el Tribunal’, sino confrontando ‘la sentencia con el derecho objetivo y la violación patente del sentenciador’, de suerte que para exhibir la evidencia y la trascendencia del error, se torna indispensable ‘cotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontación brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente» (CSJ SC, 29 Feb. 2000, Rad. 6184, reiterada en CSJ SC, 31 Mar. 2001, Rad. 7141 y en CSJ SC, 9 Feb. 2004, Rad. 7577) (El subrayado no pertenece al texto original) (CSJ SC 9 de febrero de 2004, rad. 7577).
El análisis realizado lo condujo a las inferencias atrás señaladas, es decir, que el señor Hernán Moisés ingresó al predio en su calidad de tenedor, pues lo hizo con sus padres y su esposa; que ejerció actos de posesión; y, que el predio poseído coincidía con el pretendido en el proceso.
Pero, también, a partir de examinar todos esos elementos, concluyó que los deponentes no atinaron a precisar en qué momento se presentó la transformación de tenencia a posesión, de ahí que, no haya acogido las pretensiones del libelo. Luego sí hubo valoración de todos esos medios de prueba, tanto de manera individual como en forma conjunta, circunstancia que descarta el error endilgado al sentenciador en el cargo segundo.
En situación diferente se plantea el debate, cuando el juzgador, no obstante acoger lo ya referido (actos de posesión, ocupación del predio para 1972, etc.), desestima que ese referente temporal (1972), aparezca como la época en la que el actor transformó su condición de tenedor a poseedor. Y no se avino a aceptar tal afirmación, en la medida en que dicho aspecto no aparecía acreditado en el expediente, sólo resplandecía la manifestación de la misma parte, empero los restantes medios demostrativos no indicaban ese estado de cosas. Y si los mecanismos de persuasión, incluidos los testimonios, no indicaban circunstancia semejante, el casacionista no puede, válidamente, reprochar al juez de segunda instancia de no haber visto lo que no existía.
4. Relacionado con la suposición de la prueba demostrativa del «hecho de haberse interrumpido la prescripción con la presentación de la demanda de reconvención», censura condensada en la parte final del primer cargo, alude al proceso que en el año mil novecientos noventa y seis (1996) cursó, respecto del bien pretenso, entre las mismas partes.
Para el censor, el Tribunal se valió de una prueba inexistente, es decir, la supuso, y con tal medio concluyó que la aquí demandada, en similar posición en el proceso de marras, reconvino al actor en esa causa y al salir triunfante, surgió la interrupción de la posesión del actor.
El Tribunal acusado dijo:
«Bajo este análisis se tiene entonces que la prescripción solicitada por el demandante en este asunto, fue interrumpida por la demanda de reconvención de dominio presentada por María Concepción Moreno de Rojas, dentro (…) en el año 1996 (…)».
Luego, la indicación del año en el que tuvo lugar la reconvención, aludida en la sentencia opugnada, no engendra la invención de un hecho procesal; la cita realizada es la reproducción fiel de lo plasmado por otro funcionario judicial en un fallo legalmente adosado al proceso; por tanto, si existía discrepancia sobre el punto, por la razón que se considerara, lo que correspondía hacer, que no lo hizo el poseedor, era demostrar que esa cita fue inexacta o mal reproducida o, dado el caso, que su autor (El Tribunal en el proceso antiguo), incurrió en algún error.
Sin embargo, en folio 13 del cuaderno de excepciones previas, el Tribunal de Valledupar Sala Civil-Familia que en segunda instancia resolvió la litis del proceso que con anterioridad cursó entre las mismas partes y respecto del mismo bien, dejó señalado que dicha acción tuvo lugar en mil novecientos noventa y seis (1996) (19 de marzo).
Y, en el evento en que la fecha indicada por el sentenciador, relativa a la presentación del libelo de reconvención, hubiese resultado equivocada y aún supuesta como lo alude el casacionista, ya no por aquella Corporación, sino por el ad-quem acusado en esta impugnación, tal circunstancia en últimas resultaría intrascendente, habida cuenta que la sentencia del a-quo y de su superior proferidas en aquel primer proceso de pertenencia, al acoger la reivindicación (el objeto de la demanda de reconvención), disponiendo la restitución del predio, decisión que adquirió efectos de cosa juzgada, trunca, en términos absolutos, la pretensión de quien aquí aspira a usucapir en el sentido de que le sea reconocida posesión antes de la fecha de dicho proveído (15 de abril de 1999). Luego, si existe posibilidad alguna de tal reconocimiento sería a partir de esta última anualidad, no logrando acumular el tiempo suficiente para salir triunfante.
En esa perspectiva, cualquier error del fallador, de haber existido, no tiene la jerarquía suficiente para aniquilar la sentencia recurrida.
5. A todo lo anterior deben agregarse algunas otras reflexiones que, sin duda, contribuyen a fortalecer la percepción de los dos juzgadores de instancia alrededor de la calidad que ostenta el demandante respecto del bien reclamado.
Al proceso se trajeron copias de la decisión del Juez Segundo Civil del Circuito (1º de diciembre de 1998); y, de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar (15 de abril de 1999), confirmatoria de la precedente –folios 6 a 33, cuaderno de excepciones previas-, y, la Corporación citada dejó plasmadas las siguientes consideraciones:
«Sin embargo, la demandada presentó excepción de mérito innominada y conforme la cual el actor reconoció el dominio de la demandada sobre el predio Piedras Azules, de una cabida de treinta hectáreas, al celebrar contrato de arrendamiento sobre dicho inmueble el día 6 de abril de 1978, con vencimiento el 24 de abril de 1980, tal como obra a folio 62 del expediente en copia autenticada». Y agregó:
«si intervertió su título de mero tenedor en poseedor, necesariamente esta interversión debió ocurrir con posterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento, que como se acreditó fue el día 6 de abril de 1978. Habiéndose presentado la demanda el día 19 de marzo de 1996, se tiene que para esa fecha no habían transcurrido los veinte años que se requieren para adquirir por usucapión extraordinaria».
En esa dirección, fluye, sin resistencia alguna, que aun aceptando los eventuales errores del Tribunal que, como quedó visto no existieron, el poseedor no podía alegar actos de tal antes de mil novecientos setenta y ocho (1978), habida cuenta que en esta fecha terminó un contrato de arrendamiento que había suscrito con la propietaria inscrita del inmueble y, como lo reseñó aquel funcionario, para el año en que se promovió el proceso de pertenencia (1996), la interrupción de la prescripción se produjo (art. 90 C. de P.C.), trámite dentro del cual salió avante la reivindicación formulada, lo que indica, con claridad meridiana, que el actor nunca estuvo en condiciones de usucapir.
Así lo concluyó el ad-quem y, dicho razonamiento no engendra equivocación alguna.
Los cargos no prosperan.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y, por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012), por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.
Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, atendiendo, además, que la parte opositora concurrió a descorrer el traslado concedido, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo.
Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ