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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
SC17247-2015
Radicación n° 11001 31 03 011 2008 00634 01
(Aprobado en sesión de dos de junio de dos mil quince)
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015).
Procede la Corte a resolver el recurso de casación presentado por LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRÍGUEZ, demandante, contra la sentencia proferida el veinte (20) de junio de dos mil trece (2013), por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual por él promovido frente a la COMPANÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.
I. ANTECEDENTES
1. El gestor de esta acción indemnizatoria, previa designación de apoderado judicial para tales efectos, planteó como pretensiones, en esencia, las siguientes:
«Que se declare por medio de sentencia que haga transito (sic) a cosa juzgada, responsable Civil y Extracontractualmente a la PARTE DEMANDADA, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, de los daños y perjuicios causados a la parte demandante, señor LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRÍGUEZ, de los daños y perjuicios causados con el incumplimiento en el pago de las coberturas incluidas en el Seguro Automóviles Póliza Colectiva No. 1003148 de fecha 21 de octubre de 2005, tomador 553379 –FLOTA SOGAMUXI S.A. (sic), asegurado 1693438- LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRIGUEZ, renovada el día 31 de marzo de 2006, y modificada el 26 de enero de 2007 y vigente para el momento en que se sucedió un accidente de tránsito en la vía Bucaramanga –Pamplona, Kilómetro 55+44 metros, en el que el vehículo marca Chevrolet, modelo 1993, estilo CHR-580 súper ejecutivo tipo buseta, servicio publico (sic), placas XGB-555, motor No. 6RA1308124, chasis No. PHD91905, donde el vehículo se volcó, causando daños considerables en su estructura, motor y chasis».
(….)
«Que se condene a pagar a la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, y a favor de la parte demandante señor LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRÍGUEZ, el valor de la indemnización que en derecho corresponda por los daños y perjuicios causados por el lucro cesante dejado de percibir por el vehículo siniestrado y declarado perdida (sic)total, amparado por el Seguro Automóviles Póliza Colectiva No. 1003148 de fecha 21 de octubre de 2005, tomador 553379-FLOTA SOGAMUXI S.A. (sic), asegurado 1693438 –LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRIGUEZ, renovada el día 31 de marzo de 2006, y modificada el 26 de enero de 2007, a razón de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.500.000.oo.), desde el día 18 de diciembre de 2006 hasta el momento en que se verifique el pago de la obligación».
Además, solicitó que una vez sobreviniera la firmeza de la sentencia emitida, se le reconocieran intereses respecto de las sumas señaladas.
2. El actor, en un comienzo, había incorporado en el libelo otra pretensión (numeral 2º) -folio 83, cuaderno No. 1º-, cuyo texto se reproche dada la incidencia del mismo en el fallo a adoptar:
« Que como consecuencia de lo anterior se ordene pagar a la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, pague a favor del BANCO DE COLOMBIA hoy BANCOLOMBIA S.A. como primer beneficiario del Seguro Automóviles Póliza Colectiva No. 1003148 de fecha 21 de octubre de 2005, tomador 553379-FLOTA SOGAMUXI S.A., asegurado 1693438 –LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRÍGUEZ, renovada el día 31 de marzo de 2006, y modificada el 26 de enero de 2007, hasta el monto que le adeuda el señor LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRÍGUEZ, en la suma de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($105.903.000.oo), valor a la fecha de presentación de esta demanda y lo que aumente hasta el momento que se verifique el pago de la obligación» (folio 83, cuaderno principal).
Sin embargo, con motivo de la inadmisión del escrito incoativo, procedió a ‘retirarla’ (folio 93, cuaderno principal), luego, en últimas, pervivieron las súplicas referidas en precedencia (numeral 1º.).
2. Los reclamos del accionante están fundados en los siguientes hechos:
i) El veintiuno (21) de octubre de dos mil cinco (2005), la demandada, Previsora S.A. Compañía de Seguros, celebró con la empresa Flota Sugamuxi S.A., un contrato de seguro de automóviles, en donde, aquella, ofició como aseguradora y ésta como tomadora. Por su parte, el señor Trujillo Rodríguez, accionante, fungió como asegurado; luego de la expedición de algunos anexos, el Banco de Colombia asumió el papel de beneficiario. Ese acuerdo dio lugar a la emisión de la póliza colectiva No. 1003148.
ii) Como principales características del negocio pueden resaltarse las siguientes: a) el amparo recayó sobre el rodante de placas XGB 555, motor No. 6RA1308124, chasis No. PHD91905, marca Chevrolet, modelo 1993, estilo CHR 580, tipo buseta de servicio público; b) la cuantía asegurada quedó estipulada en noventa y siete millones quinientos noventa y cuatro mil pesos ($97.594.000.oo.), con un deducible del 20%; c) entre las diferentes coberturas que comprendía el pacto ajustado, aparecía la de pérdida total por daños; y, d) el valor de la prima fue concertado en cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos ($5.855.640.oo) M/cte., anuales.
La vigencia del seguro, luego de la prórroga de un primer período, se extendió hasta el siete (7) de abril de dos mil siete (2007).
iii) La obligación atinente al pago de la prima venía siendo cumplida en la forma y tiempo debido, por tanto, para el momento del siniestro, se encontraba al día.
iv) El dieciocho (18) de diciembre de dos mil seis (2006), en el trayecto Bucaramanga-Pamplona, el automotor se accidentó y luego de varias cotizaciones y conceptos técnicos, se declaró como pérdida total.
v) No obstante el reclamo efectuado, la aseguradora no atendió su principal compromiso como era asumir la indemnización por el siniestro ocurrido; contrariamente, sus empleados se dedicaron a dilatar la solución del problema. Tal fue el comportamiento irregular de los agentes de la empresa demandada que dispusieron de una peritación sobre el vehículo, cuyo valor ascendió a setenta millones de pesos ($70.000.000.oo.) M/cte., pretendiendo que esa suma sirviera de base para el reconocimiento de la reparación, desconociendo, así, los términos del contrato.
vi) Según se aseveró en la demanda, el procedimiento desplegado por la aseguradora respondía a las reglas establecidas por Fasecolda y a ellas se acogió dicha sociedad; no obstante, ese trámite no fue pactado y, por ello, el actor consideró que no debía plegarse al mismo. En el contrato celebrado quedó claro que el interés asegurable era el valor concertado por las partes y no el que arrojara pericia alguna.
vii) La tardanza de la aseguradora en atender el reclamo generó grandes perjuicios al asegurado, habida cuenta que el automotor afectado estaba destinado al servicio público y, adicionalmente, sobre él pesaba un crédito en favor del Banco de Colombia; en ese orden, el vehículo no pudo seguir trabajando ni hubo forma de cancelar las cuotas de la deuda. Por tales razones, al reclamante se le generó una pérdida importante a título de lucro cesante.
viii) Los daños generados al asegurado por la pérdida de la ganancia que percibía, ascienden a la suma de ocho millones quinientos mil pesos ($8.500.000.oo.) M/cte., mensuales, representados en el producido de la buseta y deben contabilizarse desde el dieciocho (18) de diciembre de dos mil seis (2006), fecha del siniestro.
ix) La accionada no solo dejó de cancelar los valores a los que aludía el contrato de seguro sino que ofreció al actor la opción de quedarse con el vehículo o de ser indemnizado totalmente; en uno u otro evento, sostuvo, la aseguradora dejó constancia que cobraría sumas que resultaban ajenas a lo pactado, como por ejemplo, el valor del parqueo del automotor mientras cursaba la reclamación, o el precio del costo del salvamento, etc., dineros que, en últimas, se descontarían de cualquiera de las modalidades que escogiera el demandante de hacer efectivo el seguro.
3. El primero (1º) de abril de dos mil nueve (2009) –folio 96, cuaderno No. 1), se admitió la demanda y, el seis (6) de mayo del mismo año, la citada persona jurídica, a través de su apoderada, recibió notificación de aquél proveído y, en tiempo, además de dar respuesta al mismo, formuló excepciones de fondo. Respecto de los hechos, aceptó algunos, otros los negó y de varios de ellos solicitó que fueran demostrados.
Como medios exceptivos formuló los siguientes: i) ‘Falta de legitimación para demandar a la previsora’, fundamentada en que la aseguradora no podía ser llamada a responder de manera extracontractual, pues no había cometido ningún delito ni falta; ii) ‘limite asegurado de la póliza No. 1003148’, porque la única relación de la llamada a proceso con el actor es el contrato de seguro señalado, la obligación se reduce a cancelar la indemnización y, la misma, no puede superar los términos del negocio aseguraticio; iii) ‘ausencia de amparo de lucro cesante en la póliza de automóviles No. 1003148, certificados 5, 68, 87’, por encontrarse excluido del contrato en forma expresa; iv) ‘ausencia de reclamación por parte del demandante’, motivada en que él no cumplió ni con lo que establece el artículo 1077 del C. de Co., ni con las condiciones del pacto sobre la acreditación del siniestro, pues los documentos necesarios para ello no los allegó; v) ‘excepción de contrato no cumplido’, debido a que el señor Trujillo Rodríguez no aceptó allegar los escritos aludidos para formalizar el reclamo y, por ello, conforme lo regulada el precepto 1609 del C.C., la Compañía encausada no está en mora, habida cuenta que el asegurado, en conformidad con lo señalado en el convenio de seguro, no se avino a observar lo que le correspondía; vi) ‘imposibilidad de hacer traspaso a nombre de la Previsora’, habida cuenta que el actor no estaba en posibilidad de realizar la transferencia del vehículo en favor de la pasiva, pues, para el momento del accidente, el automotor soportaba dos embargos, lo que, por disposición legal, impedía cualquier enajenación.
4. El cinco (5) de agosto de dos mil nueve (2009) –folio 161-, el juzgado convocó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P.C., acto procesal que no comportó solución alguna a la controversia surgida. Seguidamente, el veintitrés (23) de abril de dos mil diez (2010), las diligencias fueron abiertas a prueba y, recogidas las solicitadas por los sujetos procesales, el diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), el a-quo corrió traslado para que ellos presentaran sus alegatos finales (folio 335, cuaderno No. 2).
5. El treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), el Juez Doce Civil del Circuito de descongestión, funcionario que había asumido el conocimiento del pleito, fungiendo como juzgador de primera instancia, procedió a emitir la sentencia pertinente –folio 359 a 375-, decisión en la que negó la totalidad de las pretensiones.
6. El Tribunal, al resolver el recurso de apelación que formuló el demandante, confirmó en su totalidad lo decidido por su inferior funcional. Dicho extremo interpuso en tiempo el extraordinario de casación que es objeto de estudio por la Corte.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. La Corporación acusada advirtió, desde el comienzo, que los presupuestos procesales concurrían plenamente en el expediente; dejó señalado, seguidamente, que no existía nulidad alguna que pudiera afectar la actuación cumplida.
2. Precisó que la pretensión refería a una responsabilidad civil extracontractual y, de ello, sostuvo, no quedaba la menor duda, pues así se desprendía del contenido de la demanda y de su corrección, del escrito mediante el cual se descorrió el traslado de las excepciones, del memorial en donde concretó sus alegatos de conclusión e igualmente al sustentar la alzada; tal inferencia se deduce, así mismo, de los anexos allegados en oportunidad.
Infirió que la justificación para optar por la declaratoria de responsabilidad aquiliana, se debió a: «la negligencia, y la inobservancia de normas y reglamentos por parte de los funcionarios de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS» (folio 18, cuaderno del Tribunal).
Sin embargo, apartándose de esa postulación, dice la providencia, el asegurado Luis Ernesto Trujillo radicó el origen del conflicto en el incumplimiento por parte de la Previsora de sus obligaciones contractuales incluidas en la póliza colectiva No. 1003148, específicamente, por la no atención oportuna de la reclamación.
Agregó que el actor, a pesar de haber denunciado que la aseguradora había desconocido algunas normas y reglamentos, no asumió la carga de demostrar ‘cuales fueron las preceptivas menospreciadas’ (folio 18, sentencia de segunda instancia); además, según quedó registrado en el fallo opugnado, el demandante no realizó, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 1077 del C. de Co., la manifestación requerida sobre optar por el salvamento o la indemnización; tampoco aportó en la oportunidad debida los documentos exigidos por la demandada.
Así lo plasmó:
«Dentro del contexto fáctico planteado, escudriñando la incursión en conducta omisiva y negligente por parte de los empleados de la aseguradora que imputa el demandante, conforme al material de convicción acopiado se tiene que no aparece al plenario probanza de que el señor Trujillo haya verificado la reclamación, carga que en él gravita a voces del artículo 1077 del Estatuto Mercantil».
Afirmó, adicionalmente, que la accionante es quien tiene la prerrogativa de señalar la senda de su controversia; de enunciar los parámetros dentro de los cuales se desenvolverá la contienda y, el juzgador, salvo las facultades oficiosas que la ley le otorga, debe acatar ese señalamiento, pues no hacerlo trasgrede la congruencia de las decisiones judiciales. Por esa razón, así el demandante se hubiere mostrado porfiado «al enmarcar su acción en el ámbito extracontractual», no podía el funcionario más que acoger dicha postura y, por ello, como lo anunció, la resolución del conflicto giraría en torno a los planteamientos del litigante, es decir, determinar si concurrían o no los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. En ese orden, concluyó que:
«no es posible al juzgador importar al análisis los supuestos narrados en la causa petendi como ‘Relativos al hecho dañoso’, todos y cada uno de los cuales tienen que ver con la celebración, estipulaciones, obligaciones y cargas emanadas del contrato de seguro, cuyo cumplimiento no es el objeto de su pretensión, enfatizó el abogado al pronunciarse sobre la defensa propuesta (folio 148); lo propio ocurre con el sustrato fáctico que respecto del daño se relató, haciéndose alusión a la celebración del contrato de seguro, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedió el accidente del automotor amparado, y el cruce de comunicaciones con la aseguradora que en su integridad transcribe» (folio 20, de la sentencia de segunda instancia).
Siguiendo esa misma línea argumentativa, el juez de segunda instancia, expuso:
«(…) se pidió condena a la demandada al pago de la indemnización por los daños ‘causados por el lucro cesante dejado de percibir por el vehículo siniestrado y declarado perdida (sic) total, amparado por el Seguro automóviles Póliza colectiva No. 1003148’ (sic), sin que exista ningún elemento de juicio que indique siquiera que la aseguradora tuvo que ver con la ocurrencia del accidente; y como el incumplimiento del contrato de seguro por la compañía aseguradora, no es tema que le interese al demandante se defina judicialmente, evidentemente no hay hecho dañoso imputable a la demandada, pues establecer éste implica adentrarse en el examen contractual de la relación aseguraticia, ni relación causal con el detrimento que busca sea resarcido» (folio 21 ib.).
3. Por último, la Corporación acusada sostuvo que:
«Demarcado por el demandante el escenario sobre el que depreca pronunciamiento judicial, no encuentran soporte jurídico ni probatorio las pretensiones, mírese que la primera persigue que se declare extracontractualmente responsable a la compañía de seguros por los daños causados con ‘el incumplimiento en el pago de las coberturas incluidas en el Seguro Automóviles Póliza Colectiva No. 1003148’, y en consecuencia se le condene a pagar a Bancolombia ‘como primer beneficiario del Seguro’ el monto que le adeuda el señor Trujillo, en otras palabras que se satisfaga el contrato de seguro, pretensión que retiró al subsanar la demanda advirtiendo que ‘Sin que esto quiera decir que no se incluya dentro de la liquidación de perjuicios, la suma de CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE ($105.903.000.OO.), valor que el demandante adeuda a BANCOLOMBIA’».
Para el sentenciador, ni la anterior petición ni la referente al lucro cesante contó con respaldo probatorio y, en todo caso, averiguar por un posible daño generado por la aseguradora en contra del actor, implicaba ‘adentrarse en el examen contractual de la relación aseguraticia’ (folio 21 ibídem).
4. Con fundamento en esos planteamientos, decidió confirmar en tu totalidad la decisión emitida.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
El recurrente presentó dos cargos: el inicial, lo trazó por la causal primera, vía indirecta, pues, según lo afirmó, el Tribunal, al momento de interpretar la demanda, incurrió en un error de hecho; el otro, fue canalizado por la causal segunda en cuanto que, aseveró, la Corporación acusada emitió la decisión final desconociendo la congruencia que los fallos judiciales deben observar. Los ataques formulados se estudiarán de manera conjunta dado que, aunque aluden a errores de juicio (in judicando), el primigenio y, de actividad (in procedendo), el segundo, están soportados en similares argumentos y, además, acusan idénticos errores de técnica que truncan cualquier posibilidad de ser acogidos.
CARGO PRIMERO
1. Formulado bajo la égida de la causal primera del artículo 368 del C. de P. C., el actor reprocha la labor que cumplió el ad-quem, pues, según su decir, al momento de interpretar la demanda se equivocó y, por esa circunstancia, constitutiva de un error de hecho, desconoció, vía indirecta, ‘los artículos 2341, 2343 y 2347 inciso cuarto’ (sin que haya precisado la codificación a la que pertenecen tales normas) –folio 9, cuaderno de la Corte-.
2. El sentenciador, sostuvo el casacionista, al momento de resolver la instancia, estudio la pretensión segunda del libelo, no obstante que en el memorial aducido para subsanar el escrito, dicha súplica había sido retirada; desvío que «a la postre influyó en el análisis y decisión de las pretensiones de la demanda».
Agregó que por haber tenido en cuenta ese aparte:
‘(…) indujo al ‘juzgador de instancia’ a considerar que dicha responsabilidad derivaba del contrato de seguro como tal, cuando lo que se probó dentro del proceso, es que los funcionarios de LA PREVISORA S.A. fueron negligentes e irresponsables en el tratamiento de la reclamación, al punto que la dilación y el no pago de la indemnización dentro del plazo legal establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio (sic)».
Y, Agregó a renglón seguido:
«Aunque el análisis de los hechos realizado por ‘el juez de instancia’, probó claramente la existencia de los elementos de la acción aquiliana concretados en el daño, es decir la pérdida evidente que sufrió el señor TRUJILLO RODRÍGUEZ el cual se determinó probado dentro del proceso como daño emergente y lucro cesante, a través del dictamen peri9cial que obra dentro del proceso. La culpa de los funcionarios que atendieron la reclamación, concretada en la dilación en el trámite, las respuestas y procedimientos realizados superando el término legal para pago de los amparos contenidos en la póliza en el tiempo establecido por la ley, la cual comprometió la responsabilidad de la Empresa demandada, en virtud de lo establecido en el inciso primero del Artículo (sic) 2347 del Código Civil, por estar dichos funcionarios considerados como dependientes suyos. Y finalmente el nexo de causalidad, entre el no pago de los amparos de la póliza a tiempo (hecho culposo) y el daño causado» (folio 10 idem).
Culminó en los siguientes términos:
»Se equivoca el Juzgador de instancia, al tener en cuenta una pretensión ya retirada, que no debió ser considerada para el estudio de la decisión, pues confunde y desvía la verdadera intención del demandante, la cual fue determinar la responsabilidad extracontractual de cada uno de los funcionarios de la Compañía de Seguros, que intervinieron en la reclamación, los cuales fueron plenamente identificados dentro del libelo, por haber firmado y dirigido comunicaciones en nombre de LA PREVISORA S.A. (…) en las que se evidencian las fallas del servicio prestado por los funcionarios de la Compañía de seguros».
CARGO SEGUNDO
En el escrito de sustentación de este reproche, el censor, de manera lacónica, expuso:
«(…) la sentencia objeto del recurso no está en consonancia con las pretensiones de la demanda, de manera parcial, pues la pretensión número 2 de la demanda (la cual ha sido suficientemente transcrita en este documento) fue retirada mediante escrito de subsanación, y la misma fue incluida y mereció el estudio como parte integral del análisis realizado por el Juez de Primera Instancia (sic)» (folios 11 y 12, cuaderno de la Corte).
Y, como el a-quem involucró en el examen realizado la referida petición, enfatizó, la causa del demandante resultó afectada.
CONSIDERACIONES
1. Recurrir una determinada decisión judicial a través del recurso extraordinario de casación, en los casos en que la normatividad procesal civil así lo autoriza, dadas la naturaleza y características de dicho medio de impugnación, impone el cumplimiento de un mínimo de exigencias de orden formal y técnico. La Corte Suprema de Justicia, ciertamente, en desarrollo de los artículos 374 del C. de P.C.; el 51 del Decreto 2651 de 1991 y la Ley 446 de 1998, ha hecho claridad en ese sentido, es decir, el promotor de la censura no puede sustraerse de cumplir esas reducidas pautas de carácter formalista y de técnica, pues al incurrir en tal desatino condena al fracaso el reproche.
En síntesis, trazar un cargo idóneo en casación comporta la asunción, por parte del recurrente, de tales compromisos y, al desatenderlos, las implicaciones no son otras que frustrar el mecanismo impugnativo.
2. Bajo esa orientación, en lo que al asunto bajo estudio refiere, cumple decir que el actor estaba comprometido a identificar y confrontar la totalidad de argumentos que el Tribunal esbozó como soporte del fallo; tal ejercicio no podía ser diferente, pues de permanecer libre de ataque algún aspecto basilar de la sentencia, que le sirva de apoyatura, la misma continuaría en pie y, por ende, el recurso devendría inane.
Entre otras, de las muchas decisiones adoptadas sobre el particular, esta Corporación expuso lo que sigue:
“…es impróspera al acusación indirecta, o sea la derivada de la errada apreciación fáctica o de derecho de las pruebas, cuando la impugnación se refiere a una o algunas de ellas, si las demás permanecen al margen de la censura contenida en cada cargo como soporte suficiente de la decisión (…) (CLXVI, 590). ‘Recurrir en casación implica algo más que mostrar desacuerdo con las decisiones; necesarísimo es que el recurrente, en tanto que el blanco de su ataque sea la sentencia, por sobre todo, y antes que ensimismarse en su propio parecer, enristre contra las argumentaciones que el sentenciador tuvo en mira para apuntalar el mérito que finalmente otorgó a las pruebas; porque es evidente que mientras éstas no sean derribadas, habrá que tenerlas por ciertas dada la presunción de legalidad que las ampara’ –hace notar la Sala- (CSJ SC 7 de noviembre de 2000, Exp. 5693, tesis ratificada en sentencia de 9 de diciembre de 2013, Exp. 2002 00099 01).
Posición que no se muestra aislada o cambiante, pues en otra ocasión ya había dicho:
« (…) si alguna de las bases esenciales de la sentencia sometida al escrutinio del recurso extraordinario de casación ‘no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado, éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura (sentencia de 27 de julio de 1999, exp. 5189)» (CSJ SC 7 de septiembre de 2006, Exp. 2000-20371-01).
En efecto, cuando el actor no enfrenta la totalidad de los fundamentos de la sentencia; se despreocupa de alguno de los planteamientos que le sirven de base, traza un cargo incompleto y, tal defecto, implica que los aspectos no atacados se mantienen en pie, siguen vigentes, por ello, el fallo continúa gozando de la presunción de acierto y de legalidad que atañe a todo pronunciamiento judicial. Tal perspectiva impone que la acusación, sin resistencia alguna, debe comprender plenamente los argumentos del funcionario y, por supuesto, le corresponde derruir sus motivaciones para, así, quebrar la decisión impugnada.
3. En el presente asunto, el casacionista incurrió, en ambos cargos, en una omisión de las características señaladas, dado que no confutó todo lo expuesto por la Corporación acusada y que le sirvió como soporte para pronunciar la sentencia recurrida. Nada dijo sobre las siguientes reflexiones:
i) Cuando se planteó que la demandada y sus empleados trasgredieron las normas existentes para el pago de la indemnización, expuso el Tribunal que no se definieron cuáles fueron las ‘(…) las preceptivas menospreciadas’ (folio 18, cuaderno del Tribunal).
ii) ‘(…) no aparece al plenario probanza de que el señor Trujillo haya verificado la reclamación, carga que en él gravitaba a voces del artículo 1077 del Estatuto Mercantil’ (folio 18, ib.).
iii) A pesar de encauzar el litigio en el camino de la responsabilidad civil extracontractual, ‘ubica el hecho dañoso en el incumplimiento de la aseguradora de sus obligaciones conforme a la póliza colectiva #1003148’ (igual foliatura y encuadernación).
iv) ‘Tampoco se acreditó aquí que el demandante hubiese expresado por escrito su decisión, ni presentado los documentos ante la aseguradora’, inferencia alrededor de la escogencia que el asegurado (Trujillo Rodríguez) debía hacer sobre si recibía la indemnización u optaba por el salvamento (folio 19 idem).
Pero no solo respecto de tales afirmaciones el actor se sustrajo de enfilar la acusación, existe en la sentencia cuestionada la siguiente aseveración que, sin duda, evidencia el desliz referido en que incurrió el censor al desarrollar el discurso impugnativo:
‘(…) no hay hecho dañoso imputable a la demandada, pues establecer éste implica adentrarse en el examen contractual de la relación aseguraticia, ni relación causal con el detrimento que busca sea resarcido’ (folio 21 ibídem).
Las anteriores precisiones fueron plasmadas por el juzgador de segunda instancia como pilares del fallo y, sin embargo, el actor se despreocupó de enfrentarlas, permaneciendo, por esa razón, incólumes y, a la vez, denotando un cargo incompleto.
4. A lo anterior debe agregarse que al promotor del recurso de casación, le corresponde individualizar y focalizar los pilares de la sentencia que engendran el error denunciado, allí, no en otro lugar, debe concentrarse y frente a ellos formalizar el ataque en procura de infirmarlos; si desvía el destino de la confrontación, el embate se torna desenfocado, dando al traste, igualmente, con la censura.
La Corte así lo ha expuesto:
«(…) en materia casacional la demanda ‘debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ (…)» (CSJ SC 17 de julio de 2012, Exp. 2007-00055; decisión ratificada en sentencia de 18 de diciembre de 2012, Exp. 2008 00262 01).
5. En una y otra acusación se percata la Sala que el demandante no atinó a focalizar en la médula del fallo el ataque propuesto; contrariamente, a partir de su propio criterio escogió el texto al cual debía dirigir el ataque dejando de lado las verdaderas motivaciones de la decisión emitida, es decir, expuso un argumento distante de las bases de la determinación adoptada. Centró su reclamo en que el estudio realizado por el Tribunal comprendió la pretensión segunda, no obstante que, dijo, cuando subsanó la demanda ‘retiró’, dicha súplica; insiste en que el fallador la incorporó en el análisis efectuado y, por esa razón, afectó negativamente sus intereses.
Sin embargo, el epicentro de la sentencia o el eje argumentativo estuvo referido a otros aspectos, vr. gr., la falta de prueba del supuesto daño que la sociedad accionada le generó al actor; la no acreditación de los reglamentos que la aseguradora desconoció; el hecho de que la relación denunciada refiriera a un vínculo extracontractual, aunque el origen de los hechos referidos y las pretensiones formalizadas anidaran en uno de naturaleza contractual. En fin, su promotor dirigió la censura a puntos diferentes, dejando de lado lo que constituye la base de lo resuelto.
6. Ahora bien, aun dando por superadas respecto de ambos cargos, esas deficiencias de naturaleza técnica, suficientes por sí, para frustrar el recurso formulado, es evidente que el error atribuido al Tribunal, definitivamente, no tuvo lugar.
6.1. Como se recordará, en la primera acusación la queja del censor giró alrededor de una errada interpretación de la demanda, pues, según se adujo, cuando el fallador sometió a estudio dicha pieza procesal dedujo, equivocadamente, que la pretensión 2ª, excluida del debate había sido tenida en cuenta.
No obstante tal afirmación, no hay duda que el Tribunal fue claro y enfático al considerar que esa súplica (2ª) había sido marginada de la controversia. No existió vacilación alguna sobre el particular por parte del ad-quem. Basta revisar el folio 21 de la sentencia de segundo grado para concluir tal aserto. Allí se expuso:
«(…) en otras palabras que se satisfaga el contrato de seguro, pretensión que retiró al subsanar la demanda (…)» -la Sala hace notar-.
Es decir, la Corporación acusada no aludió a la referida petición sino para relievar que el demandante la había ‘retirado’ de la litis, más no para evaluarla y menos extraer de ella elementos que validados sirvieran para el proferimiento de la decisión emitida; no constituye un pilar del fallo.
Puestas así las cosas, además de no existir el error denunciado, refulge con notoriedad incontrovertible que el recurrente adjudicó al juez de la alzada conclusiones que no hicieron parte de la labor por él cumplida.
6.2. El defecto reclamado de falta de consonancia, señalado como causal segunda de casación, se sustentó en que en el fallo recurrido se incorporó la pretensión 2ª a pesar de haberse ‘retirado’ la misma por parte de su gestor.
En este vicio incurre el funcionario que no falla observando los parámetros que las partes le fijan en sus respectivos escritos o, cuando la ley, le manda proceder de tal o cual manera, sustrayéndose a observar esos postulados. Sobre el punto, la Corte ha dicho:
«Desde un punto de vista práctico quiere decir lo expuesto que debe hacer una relación de conformidad o identidad entre las pretensiones aducidas por el demandante en la demanda, las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido invocadas por el demandado, si no se autoriza su declaración oficiosa, y lo resuelto en la sentencia; además que el litigio debe definirse con apoyo exclusivo en la causa petendi planteada por los contendientes tanto en el libelo introductorio como en la contestación de dicha pieza procesal, pues de no existir esa conformidad procede la casación del fallo (…)» (CSJ SC 24 de septiembre de 2001, Exp. 5876).
En fecha más reciente asentó:
«La determinación de ese motivo de casación, varias veces se ha resaltado, debe ser el resultado del mero cotejo o confrontación objetiva entre la decisión y el libelo petitorio, su respuesta y, en su caso, la norma jurídica, del cual se pueda deducir que el Juez concedió más de lo pedido (ultra petita), o se abstuvo de pronunciarse sobre algo que le fue solicitado (mínima petita), o decidió por objeto o causa diferente a la invocada en la demanda (extra petita) (CSJ SC 10 de octubre de 2006, Exp. 1996 09616 01).
Por manera que la sentencia cuestionada debe estar en correspondencia con lo que las partes han solicitado del funcionario judicial; el derecho reclamado por uno u otro o, en su caso, cuya valoración deviene por disposición de la ley, inevitablemente, ha de quedar constatado y decidido en el fallo pertinente; contrariamente, al aparecer que el juez resolvió atendiendo solo su criterio, emerge la necesidad de enmienda a través de este mecanismo extraordinario y la causal invocada.
No obstante, no hay lugar a aceptar el planteamiento del recurrente, habida cuenta que lo sentenciado estuvo ajustado a los referentes litigiosos fijados por los extremos. El Tribunal no involucró dicha súplica (segunda); y, si bien, a ella aludió, no fue más que para acentuar su percepción respecto de la exclusión señalada; sobre ella no realizó estudio alguno; tampoco la expuso como soporte de la motivación expuesta, simplemente la citó para validar su marginamiento del debate planteado; en síntesis, cuando se resolvió el recurso de apelación, los supuestos fácticos y jurídicos de la relación procesal sopesados, fueron los que las partes, luego de formalizar sus pretensiones y excepciones, introdujeron a la confrontación.
7. Y, si, en gracia de discusión, se aceptara el yerro denunciado, es decir, que el Tribunal incluyó y estudió en la sentencia emitida la pretensión segunda del libelo, tal equivocación despuntaría intrascendente, habida cuenta que la decisión final, de todas maneras, hubiese sido adoptada en el mismo sentido que la recurrida.
En efecto, la señalada petición era del siguiente contenido:
« Que como consecuencia de lo anterior se ordene pagar a la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, pague a favor del BANCO DE COLOMBIA hoy BANCOLOMBIA S.A. como primer beneficiario del Seguro Automóviles Póliza Colectiva No. 1003148 de fecha 21 de octubre de 2005, tomador 553379-FLOTA SOGAMUXI S.A. (sic), asegurado 1693438 –LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRÍGUEZ, renovada el día 31 de marzo de 2006, y modificada el 26 de enero de 2007, hasta el monto que le adeuda el señor LUIS ERNESTO TRUJILLO RODRÍGUEZ, en la suma de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($105.903.000.oo), valor a la fecha de presentación de esta demanda y lo que aumente hasta el momento que se verifique el pago de la obligación» (folio 83, cuaderno principal).
Ese texto vindicaba el derecho del beneficiario (Banco de Colombia) del seguro de automóviles concertado con la demandada, es decir, el reclamo efectuado implicaba, eventualmente, el pago de la indemnización, luego esa prestación, no podía valorarse sino dentro del marco contractual ajustado; sin embargo, en la demanda presentada, como así lo sostuvo el Tribunal, se delineó una hipotética responsabilidad civil extracontractual, inferencia que no resultaba alterada ya se valorara o no la pretensión señalada.
Situación similar puede pregonarse respecto del acervo probatorio, pues, como se recordará, el ad-quem fue enfático cuando sostuvo que no aparecía elemento alguno que denotara el daño generado al actor, perspectiva que no hubiese resultado alterada por haber tenido en cuenta la memorada petición. Reflexión idéntica proviene de las consideraciones del Tribunal sobre los reglamentos que supuestamente fueron desconocidos, circunstancia de la que provino el perjuicio infligido al demandante, en cuanto que tampoco quedaron demostrados; o, que el accionante no formalizó la reclamación ni optó por la indemnización o el salvamento, etc. Ninguno de estos aspectos, al ser analizados bajo la óptica de la señalada pretensión, hubiese arrojado resultados diversos.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veinte (20) de junio de dos mil trece (2013), por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso señalado al inicio de este proveído.
Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, atendiendo, además, que la parte opositora concurrió a descorrer el traslado concedido, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo.
Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ