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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
STC10807-2015
Radicación n.° 85001-22-08-003-2015-00081-01
(Aprobado en sesión de once de agosto de dos mil quince)
Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil quince (2015).
ANTECEDENTES
1. El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición y mínimo vital, supuestamente vulnerados por las entidades encartadas.
2. Sostuvo como apoyo de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1. Que «[es desplazado] de la ciudad de Paz de Ariporo desde el año 1997» y días antes de su partida «o sea antes del diez de enero y después del 6 del mismo mes, del citado año» adquirió un lote de terreno por compra al señor Reinaldo Rivera (q.e.p.d.) pero «[a] causa de [su] desplazamiento de manera intempestiva y sin ninguna clase de aviso [le] tocó desaparecer del departamento de Casanare, sin legalizar el lote de terreno. Sin embargo, [su] hija (…) OLGA JUDIT TORRES IBARRA (…) mandaba talar el lote cada tres o cuatro meses, ya que es contiguo a [su] casa de habitación».
2.2. Que al regresar a Casanare en diciembre de 2011 reforzó la cerca del predio «ubicado en la carrera 28 entre las calles 15 y 16, sin nomenclatura, pero está ubicado entre las casa nro. 15-20 y 15-40, o sea que al lote le correspondería el nro. 15-30», pero 4 o 5 días después el señor Luis Orlando Vargas Cuitiva tumbó la verja que había mandado hacer, motivo por el que lo citó a la Inspección de Policía de la localidad donde manifestó ser dueño de la heredad y haberla vendido a Humberto Navarrete.
2.3. Que cuatro meses más tarde este último lo mandó a «talar» y luego de ser convocado ante la referida autoridad municipal manifestó que «que ese lote era de él pues se lo había comprado al señor LUIS ORLANDO VARGAS CUITIVA», afirmación que no es veraz dado que según escritura N° 1745, protocolizada con base en una promesa de compraventa de 2006, lo adquirió de los señores María Celia, José Juan, José Felipe y José Pablo Rivera Parra.
2.4. Que inició querella por perturbación a la posesión en contra del señor Humberto Navarrete pero fue rechazada de plano mediante auto de 11 de septiembre de 2013.
2.5. Que solicitó a la Notaria acusada la cancelación del instrumento público mencionado pero le contestó que «no podía cancelarla (…), pero en esta contestación no dice nada con respecto a las certificaciones que le hizo llegar de la protección del predio, tampoco tuvo en cuenta el art. 74 de la Ley 1448 de 2011, el cual reza “se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”».
2.6. Que el lote lo tiene bajo protección de los programas de restitución de tierras el (R.U.P.T.A.) Registro Único de Predios y Territorios Abandonados.
2.7. Que «mediante contrato de arrendamiento de fecha 15 de diciembre de 2014 (anexo copia) le arrendé el lote en mención a la Empresa TEK-MAN, lo cual deja ver mi posesión, desde la fecha de mi adquisición a la fecha incluyendo el tiempo de mi desplazamiento y de conformidad con el Art. 27 de la Ley 37 de 1997, pero resulta señor Juez que el señor FERNANDO MONSALVE GALINDO al momento de firmar el contrato de arrendamiento me solicitó que bajara la valla informativa que tenía instalada yo, dentro del lote y que decía al público: “PROHIBIDO INTERVENIR ESTE LOTE: SE ENCUENTRA PROTEGIDO POR RESTITUCION DE TIERRAS Y R.U.P.T.A. REGISTRO UNICO DE PREDIOS Y TERRITORIOS ABANDONADOS”, puesto que en esos días le llegaba una interventoría y que una vez pasara la interventoría volvía a instalar la valla, cosa que nunca ocurrió», (Negrillas propias del texto).
2.8. Que «aparte de lo anterior este señor no me volvió a cancelar el valor del arrendamiento desde hace dos meses porque el señor NAVARRETE, le hizo llegar copia de la escritura cuestionada, y por el mismo motivo de la elaboración de la escritura accionada, se me está violando también mi derecho al MÍNIMO VITAL, ya que es la única entrada económica para mi subsistencia», (Negrillas originales).
Asimismo, que «[e]l lote de propiedad de TEK-MAN S.A.S. contiguo al mío, por eso me lo pidieron en arriendo y yo se lo arrendé pero según como veo van las cosas se me hace que este par de señores (NAVARRETE Y MONSALVE) se confabularon para despojarme de lote», (Negrillas pertenecen al escrito citado).
3. Conforme a lo anterior pide que «se suspenda en forma transitoria la Escritura Pública nro. 1745 de fecha 30 de julio de 2014 [protocolizada en el despacho público querellado] (…) mientras el Juzgado de Restitución de Tierras se pronuncia al respecto una vez sea micro focalizado el departamento de Casanare, de acuerdo a la norma que trata el Decreto Nro. 4828 de 2011.-599 de 2012» y se libre comunicación a la Oficina de Registro accionada para que anule la matrícula inmobiliaria N° 470-117542, que se derivó del instrumento cuestionado y que de conformidad con el Art. 8 parágrafo 3, numeral 3 de la Ley 1579 de 2012, dice «LIMITACIONES Y AFECTACIONES: Declaratorias de inminencia de desplazamiento o desplazamiento Forzado» (fls. 1-3 y 42-43 Cdno. 1).
4. Este asunto inicialmente fue asignado al Tribunal Administrativo de Casanare, autoridad que lo remitió, por falta de competencia funcional, a su homólogo de la jurisdicción ordinaria.
LAS RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADAS
El señor Jorge Humberto Navarrete Gil por intermedio de apoderado, manifestó que para el año 1997 el predio en comento era propiedad de María Celia Rivera Parra (q.e.p.d.), tras cuyo deceso sucedieron sus herederos a través de escritura pública Nº 2220 de 21 de diciembre de 2005, siendo ellos José Pablo Antonio, María Celia Teresa, Ana Victoria, José Juan y José Felipe Rivera Parra con quienes el 17 de mayo de 2006 suscribió promesa de compraventa del citado bien del que es actualmente propietario como consta en la inscripción de la matrícula Nº. 470-11754 y el de mayor extensión Nº. 470-0035764 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal.
De otra lado, que «frente a la fecha de regreso al Casanare [por parte del actor], diciembre de 2011, es decir supuestamente catorce años después, de haber suscrito la supuesta compraventa, (…) la Ley 1448 de 2011, (…) en el parágrafo 1º del artículo 3º manifiesta que los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley no se consideran víctimas y existen sendas pruebas que demuestran que el tutelante, no había sido desplazado del Casanare, simplemente se encontraba huyendo de la justicia por cuanto en su contra existía orden de captura por el punible de rebelión, condena emitida por el Juzgado 3 Penal del Circuito de Tunja».
Agregó que el gestor «no podía bajo ninguna óptica, en nombre propio o través de otro, realizar mejoras o actos de señor y dueño alguno, en un predio que no era de su propiedad, solo en gracia de discusión, si el señor tutelante sostuvo algún tipo de negocio (compraventa de un bien inmueble) con el señor REINALDO RUEDA, sin existir prueba que demuestre este hecho, simplemente las declaraciones extra-juicio del señor EMEL ACEVEDO Y JOSÉ ADONAÍ TIBADUIZA, es a través de la justicia ordinaria que se debe buscar la reparación o el restablecimiento del derecho y que de igual manera existiría prescripción» (fls. 61-108 ibídem).
La Notaria Primera acusada manifestó que «que mediante fallo de fecha 11 de diciembre de 2013, el Juez Primero Civil del Circuito de Yopal, dentro del proceso ejecutivo [por] obligación de suscribir documento, radicado bajo el No. 2012-00235, siendo demandante JORGE HUMBERTO NAVARRETE GIL, y demandados ANA VICTORIA RIVERA PARRA y otros; ordenó seguir adelante la ejecución en contra de los demandados [y] ordena la suscripción de la escritura pública de compraventa del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 470-35764; por lo que este despacho en cumplimiento de orden judicial y por solicitud de los interesados, protocoliza la Escritura».
Asimismo, que «respecto a la solicitud impetrada (…), es cierto en cuanto solicita en el derecho de petición, la cancelación de la Escritura Pública No. 1745 del 30 de julio de 2014, pero no [lo es] que allegara certificación alguna (certificado de tradición y libertad con la correspondiente nota de inscripción de la medida de protección) que cumpliera con los requisitos consagrados en la Ley 1448 de 2011, en especial el artículo 76 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o reformen».
Al punto, refirió que «[l]a petición fue resuelta el 21 de abril del mismo año, dentro del término prevista en la Constitución y la ley y fundamentada en el Decreto Ley 960 de 1970, artículos 45 al 48 que regula el régimen especial de la actividad notarial, y notificada personalmente al peticionario señor HERNANDO LUIS TORRES CARAZO, el día 5 de mayo del presente año».
Resaltó que «[e]n cuanto al contenido de la respuesta, (…) dentro de las competencias, actividades y funciones que la Ley otorga a los Notarios son regladas, por tanto, la misma consagra las causales en los que procede la cancelación de las escrituras públicas, como se desprende del Decreto Ley 960 de 1970, art. 45, 46, 47 y 48; así mismo la facultad de proferir una medida cautelar es exclusiva de los Jueces de la República; por tanto de no acatar el cumplimiento de las mismas, estaría incursa en una vía de hecho, prevaricato por acción y demás que se desprendan por desbordar los límites de competencia que señala la ley».
De otra parte que «la acción de tutela es temeraria, tendiente única y exclusivamente a obtener de manera arbitraria y de mala fe un derecho, que hasta la fecha no ha demostrado con ningún medio probatorio que le acredite la calidad de propietario, tenedor o poseedor del mismo, ni se observa que haya agotado los mecanismos de defensa judicial diferentes a la acción constitucional».
Adicionalmente que «[c]onforme al certificado de tradición y libertad protocolizado en la escritura pública 1745 del 30 de julio de 2014, no se observa anotación alguna de medida de protección a favor del accionante; además el día de hoy consultada la ventanilla única de registro (VUR) no registra en el folio de Matrícula Inmobiliaria correspondiente medida de protección alguna» (fls. 109-135 ibíd.).
La Superintendencia de Notariado y Registro expuso que no es cierto que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no le haya dado respuesta a sus solicitudes, pues «en las dos oportunidades que el señor Hernando Luis Torres Carazo se presentó personalmente a la Oficina de Registro fue atendido en la División Jurídica y se le manifestó que no era procedente su solicitud de cancelar el folio de matrícula inmobiliaria No. 35764, con explicación de las razones y en especial se le manifestó que el folio no se encuentra con medida de protección inscrita, además de ofrecerle información relacionada con el procedimiento que debe seguir para obtener dicha medida, la cual debe aparecer inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria. La última vez que se acercó fue el pasado jueves 14 de mayo de 2015 y se le informó que podía pasar por la respuesta a su solicitud al día siguiente, viernes 15 de mayo y aún a la fecha no se ha presentado».
Remarcó que «[n]o es competencia del Registrador de Instrumentos Públicos proceder a la anulación de una matrícula inmobiliaria, como solicita el accionante respecto al folio de matrícula inmobiliaria No. 470-117542 al considerar que: de conformidad con el Art. 8 parágrafo 3 numeral 3 de la Ley 1579 de 2012, Dice “LIMITACIONES Y AFECTACIONES… Declaratorias de inminencia de desplazamiento o desplazamiento forzado”, por cuanto el folio de matrícula inmobiliaria que identifica el inmueble en mayor extensión No. 470-35764 “NO tiene inscrita medida de protección”, razón por la cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, procedió al registro de la escritura pública No. 1745 de 30/07/2014 de la Notaría Primera de Yopal, mediante la cual se realiza compraventa parcial en favor de Jorge Humberto Navarrete Gil, habiéndose segregado de éste el folio de matrícula inmobiliaria No. 470-117542».
También enfatizó que «[e]l art. 20 parágrafo 1 de la Ley 1579 de 2012 (actual Estatuto de Registro), respecto al modo de hacer el registro y en lo referente a la Inscripción señala lo siguiente: “La inscripción no convalida los actos o negocios jurídicos inscritos que sean nulos conforme a la ley. Sin embargo, los asientos regístrales en que consten esos actos o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por decisión judicial debidamente ejecutoriada”», (subrayado del texto).
Por último, que «cuando por hechos violentos un ciudadano ha tenido que abandonar su inmueble urbano y requiere la protección de este, debe solicitarla al ALCALDE MUNICIPAL, para que esa entidad informe a las autoridades competentes que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, que se hagan contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos y sean ingresados en el RUPTA (Registro Único de Predios Abandonados por la Violencia). Cuando el desplazado sea poseedor, tenedor, u ocupante, se recuerda que la finalidad de esa anotación es publicitaria y no impide el registro de actos de señor y dueño que efectúe el legítimo propietario», (negrillas y subraya del texto) (fls. 171-203 ib.).
Los vinculados José Pablo Antonio, Ana Victoria y María Teresa Rivera Parra, a través de procurador especial, adujeron que el predio donde se encuentra el que es base de los pedimentos, para el año 1997 era de su señora madre y luego de su deceso lo adquirieron por vía sucesoral.
También, que el propietario del identificado con matrícula 470-0035764 es el señor Jorge Humberto Navarrete Gil quien les inició proceso ejecutivo por obligación de suscribir documento «procedimiento que se adelantó ante la autoridad competente, mediante el procedimiento ordenado el cual culminó con la sentencia a favor del demandante, en donde el juzgado otorgó la respectiva escritura y archivo el proceso, el proceso fue público y duro más de dos años y nadie intervino, ni se hizo parte, ni genero oposición alguna, así las cosas, venir después de 17 años a generar algún tipo de duda sobre la legalidad de la venta es faltar a la verdad, y máxime cuando este no tiene soporte legal alguno de su dicho» (fls. 204-208 ídem).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Negó la tutela después de determinar que no había sido menoscabado el derecho de petición del accionante teniendo en cuenta que «por parte de la notaría primera de Yopal como de la oficina de registro de instrumentos públicos y privados de Yopal le han contestado en forma oportuna y jurídica sus peticiones sobre la cancelación o suspensión de la escritura pública 1745 del 30 de julio de 2014, es decir que éste derecho fundamental no ha sido quebrantado, en donde además le informan sobre el procedimiento a seguir, que es acudir ante los jueces para ello y como tal tiene otro mecanismo de defensa» (fls. 211-213 ibíd.).
LA IMPUGNACIÓN
La formuló el actor aduciendo que «[l]a acción de tutela se fundamenta, no en el Derecho de Petición, sino en el sentido de que sea suspendida de manera transitoria la Escritura Pública Nro. 1745 de fecha 30 de julio de 2014, COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO irremediable en [su] contra, tal como lo estatuye el art[ículo] 86 de la Carta Magna y el artículo 8 del Decreto 2591 [de 1991], ya que [es] persona víctima del desplazamiento forzado inscrito en el R.U.V. Registro Único de Victimas, (…) mientras [que se] microfocaliza el Departamento de Casanare por el programa de restitución de tierras y [se designan jueces de esa especialidad allí].
Además, se apoya en «el procedimiento irregular del proceso [2013-00235] que ordenó la escritura accionada de acuerdo a lo siguiente: (i) La demanda fue presentada el día tres de agosto de 2012, según fecha de recibido de parte del juzgado. Y en la carátula del Proceso aparece fecha de iniciación 2 de agosto del mismo año, o sea que la iniciaron antes de presentarla. (ii) La demanda no se sabe exactamente qué área superficiaria reclama, si son 183.12 M2, como dice en la demanda, o 229, M2 como solicita en la medida cautelar, y en memorial por medio del cual subsana la demanda, esta diferencia entre cantidades nunca se aclaró, ni se practicó una diligencia de inspección judicial (ocular), para corroborar linderos y medidas, solamente se ordenó el embargo, de matrícula inmobiliaria 470-0035764, el cual tiene una cabida superficiaria 1,544.61 M2 y el lote que aparece en dicha matricula según paz y salvo municipal expedido por la Secretaria de Hacienda de fecha 15 de Julio de 2014 es de 647 metros cuadrados (fol.86) y no 1.544.61 como dice el apoderado del demandante. (iii) El señor apoderado dice que adiciona a la demanda “copia autentica de la promesa de compraventa, realizada el día 22 de Diciembre de 2005”, esta copia no aparece dentro del proceso y en reemplazo aparece compraventa de fecha 17 de mayo de 2006. (iv) El predio de que trata la escritura citada nunca fue secuestrado como como dice el Art. 501 del C.P.C. (v) El Certificado de Tradición y Libertad anexado para la de la Escritura en comento, Tiene una duración de expedido de 7 años y un mes, cuando para elaborar cualquier escritura en cualquier notaría del país no debe ser superior a un mes. (vi) La Providencia de fecha 11 de Diciembre de 2013, (fls 75 y 76) dice PRESUPUESTOS PROCESALES… OBLIGACION, en el Art. 1. Cita el Art. 488 del C.P.C, y cita los folios 2 y 3 del cuaderno principal «como base de la acción ejecutiva.» Al respecto les aclaro que por esos dos folios, fue inadmitida la demanda según Auto de fecha 15 de agosto de 2012 (fls. 32 y 33) y con base en estos documentos inadmitidos se produce la acción ejecutiva. (vii) El Auto de fecha 13 de Agosto del año 2014, por medio del cual se ordena fijar fecha para llevar a cabo la diligencia de la firma de la escritura ante la Notaría Primera de Yopal para el día 22 de Agosto de 2014, se produce un mes y 22 días después de firmada la escritura por los señores LUIS ARIOSTO CARO LEON (Juez) y JOSE HUMBERTO NAVARRETE GIL ya que dicha escritura es de fecha 30 de Julio de 2014. (fl.90). (viii) Los tres últimos folios del cuaderno de medidas cautelares, son tres oficios con destino a la Oficina de Instrumentos Públicos, de fechas septiembre 25 de 2014 oficio nro.1924 informa que el oficio 2900 de Octubre 10 de 2012 queda sin efecto, cuando éste oficio nunca tuvo validez, según oficio Nro. 4702012EE01440, (Folio 8 cuaderno Medida cautelar) por cuanto no se acató la medida. Este oficio fue recibido por el señor JORGE NAVARRETE, según firma y Nro. de cédula de recibido. (fol. 37, cuaderno de medida cautelar). Los oficios nros. 2199 de fecha 27 de octubre de 2014 (fol.38 cuaderno medidas cautelares) y Nro. 2299 de fecha noviembre 21 de noviembre (sic) (fol. 39 cuaderno medidas cautelares) tienen el mismo texto y hacen referencia a que mediante auto de fecha 23 de septiembre del año 2014, se decretó el levantamiento de la medida de embargo y el auto no es de fecha 23 de septiembre sino de fecha 24 de septiembre de 2014, y con base a éste oficio irregular, dirigido a Instrumentos Públicos, ésta oficina desembargó el inmueble», (negrillas propias del texto).
De otra parte, afirmó que «[e]l oficio que citan en el fallo, ORIPYOP 4702015EEOO96, a la fecha de hoy no lo ha recibido como dice el fallo o sea no sé a quién se lo entregarían ni por qué medio, ni a quien se lo harían llegar».
Además, reprochó que «[el] oficio que le hizo llegar la señorita Notaria no le explica su petición en el sentido del porqué en la citada escritura hace mención el parágrafo segundo de la Cláusula quinta, reza: “igualmente declara la otorgante que de conformidad con la Ley 387 de 1997, o de aquellas que la adicionen, modifiquen o reformen, que el (los), inmueble (s), transferido (s), gravado(s) o limitado(s) por medio del presente instrumento público, no está(n) afectado(s) con medida de protección inscrita para la población desplazada por la violencia”, cuando esto no es verdad, puesto que sí [tiene] bajo protección el lote, y le anex[ó] las certificaciones tanto de (R.U.P.T.A), Registro Único de Predios y Territorios Abandonados como la solicitud de inscripción en Restitución de Tierras, territorial del Departamento del meta, a esta pregunta no se inmutó ni me respondió nada al respecto».
Igualmente, dijo que «en el citado fallo los honorables magistrados, no [hicieron] mención a [su] solicitud, de que trata el art.86 en su inciso tercero que dice… “salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, ya que con la validez de la Escritura 1745 del 30 de Julio de 2014, me [le está] perjudicando enormemente» (fls. 221-373 ib.).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es el mecanismo idóneo para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure “vía de hecho”…», y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).
2. El gestor pretende que se «suspenda en forma transitoria la Escritura Pública nro. 1745 de fecha 30 de julio de 2014 [a] fin de evitar un perjuicio irremediable en [su] contra, ya que por [su] situación de Desplazado y a su edad le ha sido imposible conseguir un trabajo con el que pueda subsistir y este lote de terreno es [su] patrimonio (..) [del] cual [se] lo quiere despojar nuevamente. La medida solicitada es mientras el Juzgado de Restitución de Tierras se pronuncia al respecto una vez sea micro focalizado el departamento de Casanare», pues, en su opinión, la Notaría acusada incurrió en defecto procedimental «por haber elaborado y otorgado la escritura pública Nro. 1745 de fecha 30 de julio de 2014».
3. Del examen de las pruebas y, en lo concerniente con la queja, se desprende que:
a). El 17 de mayo de 2006 se firmó promesa de compraventa entre los señores Ana Victoria, María Celia Teresa, José Juan, José Felipe y José Pablo Antonio Rivera Parra como promitentes vendedores y el señor Jorge Humberto Navarrete Gil como promitente comprador respecto de una parte del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 470-0035764, cuya entrega material se efectuó ese mismo día, con el fin de suscribir la escritura pública el 16 de junio siguiente (fls. 24-24vto Cdno. 1).
b). El 4 de junio de 2013 el accionante radicó ante la Personería de Yopal el «Formulario Único de Solicitud Individual de Inscripción en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de la Medida de Protección e Ingreso al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados RUPTA» (fls. 25-27 ibíd.).
c). Por auto de 11 de septiembre siguiente el Inspector Segundo de Policía del municipio de Yopal rechazó la querella incoada por el gestor de perturbación a la posesión por vencimiento de términos, toda vez que se formuló pasados treinta días (30) hábiles «contados a partir del primer acto de perturbación o desde la fecha en que se tuvo conocimiento de ésta» (fls. 11-13 ibídem).
d). El 11 de diciembre de 2013 el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad dispuso «ordenar seguir adelante la ejecución a favor de JORGE HUMBERTO NAVARRETE GIL y en contra de [ANA VICTORIA, MARÍA CELIA TERESA, JOSÉ JUAN, JOSÉ FELIPE Y JOSÉ PABLO ANTONIO RIVERA PARRA], los cuales deben suscribir la escritura pública de compraventa del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 470-35764 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, dentro del término de tres (3) días contados a partir d la ejecutoria de esta providencia, y si no lo hiciere, el juzgado procederá a hacerlo en sus nombres» (fls. 14-15vto. ibíd.).
e). El 30 de julio de 2014 se protocolizó por orden judicial la escritura pública No. 1745 en la Notaría Primera de Yopal relativa a la compraventa parcial del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 470-35764 ubicado en la carrera 28 No. 15-40 de esa capital, negociación que se inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma urbe el 20 de febrero del año en curso (fls. 69-76 ídem).
f). El 6 de noviembre posterior la Unidad de Restitución de Tierras se pronunció sobre la solicitud de inscripción de predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas señalando que «[e]s importante resaltar que teniendo en cuenta que el predio sobre el cual usted solicita inscripción se encuentra ubicado en Yopal Casanare. En este sentido, le informamos que los predios que Usted reclama no se encuentran en una zona macrofocalizada, esto significa que en la zona en la que se encuentra ubicado su inmueble no se ha implementado el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por lo cual el trámite a solicitud iniciará una vez esto se lleve a cabo».
Asimismo, que «[n]o obstante lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas comenzará la investigación y acopio de la información sobre los hechos narrados e identificación del predio reclamado, para que una vez microfocalizada la zona ya se haya adelantado parte importante de los elementos que se requieren para desarrollar el proceso» (fls. 31-32vto ibídem).
g). Constancia expedida el 19 de febrero de 2015 por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que el actor está incluido en el «Registro de Víctimas –RUV» desde el 6 de agosto de 2012 (fls. 36-37 ídem).
h). El 20 de abril de del mismo año el quejoso radicó ante la Notaría Primera del Círculo de Yopal, petición de cancelación de escritura pública nro. 1745 de 30 de julio de 2014 que fue contestada al día siguiente (fl. 33-35 ejusdem).
i). El 24 de abril posterior formuló ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos solicitud de cancelación de la matrícula inmobiliaria Nro. 470-35764 que se respondió el 13 de mayo ulterior según diligencia de notificación personal efectuada el 17 de junio del año en curso (fls. 38-39 ib. y fl. 4 Cdno. 2).
4. Analizado lo anteriormente reseñado, advierte la Sala que la protección invocada deviene prematura, pues según lo informó la «Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas», el petente debe aguardar a que esa entidad adelante los procesos de «macrofocalización y microfocalización» en la zona en que se encuentra el predio objeto de su reclamación para que sea inscrito en el «Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente» y posteriormente se surta la etapa judicial prevista en la Ley 1448 de 2011 ante el respectivo Juez de Restitución de Tierras quien es el competente para resolver si hay lugar a dejar sin efectos las negociaciones que se hicieron sobre el mismo en su ausencia. Por ende es en ese escenario donde tendrá que exponer sus reproches ya que no es dable a esta sede constituirse en una instancia paralela para examinar los reparos de la censora.
Sobre el tema la Corte ha sostenido en providencia STC1541-2014 de 13 feb., rad. 00169-00, reiterada en STC5328-2014, 2 may. rad. 00830-00 y STC, 18 dic. 2014 Rad. 02816-00.
(…) La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el trámite de restitución de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su núcleo esencial, los derechos de las víctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destacó que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como “una medida necesaria para proteger a las víctimas del empleo de artimañas jurídicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jurídico de los predios”, se definieron en la norma “garantías suficientes para que quienes tengan interés puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas” (…).
En lo atinente al ejercicio temprano de este medio, esta Corporación ha expuesto que:
(…) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar… para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le está vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente …para que de una manera rápida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso’, pues, reitérase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera específica señale la ley (CSJ STC, 22 de febrero de 2010, Rad. 00312-01, citado el 5 de febrero de 2015, STC801).
5. Si bien, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que este auxilio es improcedente cuando existen otros recursos o mecanismos de defensa, salvo que aquella se formule para evitar un perjuicio irremediable, en el presente asunto no se probó una afectación de tal magnitud que torne viable otorgar el reclamo.
Al respecto esta Corte ha dicho que:
(…) no se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional (CSJ STC, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada el 5 feb. 2015, rad. STC802).
6. En cuanto a la salvaguarda del derecho de petición repetidamente ha sostenido la jurisprudencia que:
el derecho de petición no sólo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve además la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna -que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho (…) El derecho de petición supone para el Estado la obligación positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garantía constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relación con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas últimas una resolución que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante» (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. No. 00120-01, reiterada el 16 jun. 2014, rad, No. 00107-01).
Doctrina que resulta congruente con lo advertido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en decisión del 28 de enero hogaño, radicación interna: 2243, número único: 11001-03-06-000-2015-00002-00, al decir que:
«[l]a normatividad aplicable en la actualidad para garantizar el derecho de petición está conformada por las siguientes disposiciones: (i) la Constitución Política, en especial sus artículos 23 y 74; (ii) los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia que regulan el derecho de petición, entre otros derechos humanos; (iii) los principios y las normas generales sobre el procedimiento administrativo, de la Parte Primera, Título I del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como las demás normas vigentes de dicho código que se refieren al derecho de petición o que, de una u otra forma, conciernen al ejercicio del mismo (notificaciones, comunicaciones, recursos, silencio administrativo etc.); (iv) las normas especiales contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del derecho de petición o que se refieren a este para ciertos fines y materias particulares; (v) la jurisprudencia vigente, especialmente aquella proveniente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y (vi) entre el 1º de enero de 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y parcialmente el VIII del Decreto Ley 01 de 1984, por medio del cual se expidió el Código Contencioso Administrativo, en cuanto ninguna de tales disposiciones resulte evidentemente contraria a la Carta Política o a las normas del CPACA que permanecen vigentes».
7. Verificada la actuación se observa que respecto de la petición elevada ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos acusada, la contestación identificada bajo el código ORIPYOP-4702015EE00873 mediante la que se atendió la elevada con radicado 4702015ER00543 fue suficiente y acorde con los aspectos requeridos, tendientes a que «[fuera] anulada la matrícula catastral, Nro. 470-35764 y la que se abrió con base en esta la nro. 470-117.542 de fecha abril 6 de 2015» por cuanto la entidad reconvenida respondió que «no es procedente su solicitud, toda vez que la medida de protección a la que hace mención, no fue allegada a esta Oficina Principal de Registro. Por lo tanto; no aparece inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 470-35764 protección alguna, que impida la transferencia del bien inmueble».
Asimismo le informó que «la escritura pública 2008 de 20-10/2009, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Aguazul, se registró en el folio de matrícula inmobiliaria 470-35764 de mayor extensión, en la anotación No. 11, cuando lo correcto era que se registrara en el folio de matrícula inmobiliaria 470-94706; razón por la cual, esta anotación fue invalidada en el folio matriz, ordenada mediante Resolución No. 18 del 03-03/2011 de la ORIP de Yopal, como lo puede observar en la parte final del folio de matrícula inmobiliaria, en el campo de las SALVEDADES».
De igual manera, acreditó la notificación personal de lo resuelto al querellante según diligencia de notificación personal celebrada el 17 de junio de 2015, donde se dejó constancia que «[hizo] entrega de las respuestas a los tres derechos de petición presentados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, cuyos números de radicación son los siguientes: 4702015ER00543 de 24-04-2015 (…)».
Atañedero con la petitoria radicada en la Notaría encartada también puede aseverarse que cumple con los presupuestos de claridad, completitud y precisión que satisfagan la prerrogativa en estudio pues en torno de que «sea cancelada la escritura pública Nº 1745 de 30 de julio de 2014» puntualizando que «por el momento (…) [hace] la solicitud con base a que ese lote que está estipulado en la escritura en mención SI ESTÁ AFECTADO CON MEDIDA DE PROTECCIÓN INSCRITA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA desde el día 14 de junio de 2013», se le expreso con fundamento en los artículos 45 al 48 del Decreto Ley 960/70 que «en [su] calidad de Notaria no era la persona indicada, ni la autoridad competente para proceder a cancelar la escritura pública referenciada en la solicitud impetrada. De otra parte (…) [advirtió] que revisado el protocolo de esta notaría, se observa que la escritura pública número 1745 de fecha 30 de julio de 2014, corresponde al acto jurídico obligación de hacer, producto de un proceso judicial radicado bajo el No. 2012-00235 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal».
Y en lo tocante con que «la escritura pública nro. 2220 del 21 de Diciembre de 2005 no pertenece a la matrícula inmobiliaria No. 470-35764, como dice el ordinal segundo de la escritura No 1745, de julio 30 de 2014 ya que si esto fuera así tuvieron que haber registrado la escritura antes de hacerla, es más ese número de Matrícula Inmobiliaria 470-00357564, según escritura pública 2008 del 20 de octubre de 2009 otorgada por la Notaría Única del Círculo de Aguazul Casanare, (Anexo escritura) por medio de la cual vende ALFREDO HERNANDO ROMERO a BLANCA DEL PILAR NIÑO PUENTES quien a su vez vendió a FERNANDO MONSALVE GALINDO, Representante legal de TEK-MAN S.A.S. que curiosamente siendo el mismo predio las mismas medidas y la misma área superficiaria le cambiaron el número de matrícula inmobiliaria y ya resultó con el número de matrícula No. 470-94706 y ese lote corresponde TEK-MAN S.A.S. que es el lote cuya dirección es carrera 28 No. 15-40» se le dijo que «con respecto a lo que usted informa que la escritura pública No. 2220 de fecha 21 de diciembre de 2005 no pertenece a la matrícula inmobiliaria No. 470-35764, me permito informarle que desconozco el contenido tanto de la escritura pública como del folio de matrícula inmobiliaria, razón por la cual no entiendo la interpretación que usted hace de la tradición allí indicada, se sugiere solicitar un certificado de tradición y libertad en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos Yopal y copia del título escriturario» asimismo, que «[e]n relación con la escritura pública número 2008 de fecha 20 de octubre de 2009 otorgada en la notaría única de Aguazul, Casanare, no tengo conocimiento, pues como usted bien informa se hizo en la notaría única de Aguazul y no aporta los soportes pertinentes para decidir de fondo la solicitud».
Además, la réplica en comento fue enterada al petente como se deduce de la rúbrica estampada en ella y las críticas que hace de aquella.
De otra parte, respecto de que la señora Notaria «no [l]e explica por qué en la citada escritura hace mención en el parágrafo segundo de la cláusula quinta, reza: “igualmente declara la otorgante que de conformidad con la Ley 387 de 1997, o de aquellas que la adicionen, modifiquen o reformen, que el (los), inmueble (s), transferido (s), gravado (s) o limitado (s) por medio del presente instrumento público, no está(n) afectado(s) con medida de protección inscrita para la población desplazada por la violencia”», basta señalar que la impugnante está introduciendo un hecho nuevo dado que luego de leer su petitoria (fl. 33) esa precisa circunstancia no fue planteada allí desde un principio cual era de esperarse, lo que no es susceptible de ser investigado en esta instancia porque la acción de tutela como medio de defensa de los derechos superiores no obstante caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso, entre las que se destaca la prerrogativa del acusado a aducir pruebas y controvertir las allegadas (artículo 29 de la Constitución Política).
Con relación a lo expuesto, esta Sala ha manifestado:
[E]s cierto que en sede de tutela, está establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores (…). También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00416-01 y CSJ STC1551-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00254-01).
8. En cuanto a la queja planteada en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal (Casanare), se tiene que el actor no fue parte ni interviniente como tercero en el trámite compulsivo de suscripción de documentos que cursó allí y en consecuencia carece de legitimación para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la prenotada contienda.
Al respecto, conviene memorar que la Sala ha establecido que:
cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquél trámite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes allí participaron como partes; contrario sensu, carece de atribución para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuación judicial, quien allí no tuvo la calidad de sujeto procesal (CSJ STC, 26 nov. 2010, rad. 2010-01168-01; reiterada en STC, 16 may. 2013, rad. 2013-00060-01 y STC9724-2014).
9. Además, sobre las presuntas irregularidades descritas por el gestor dentro de su trámite, expuestos a la hora de la impugnación, basta señalar que el inconforme está introduciendo un hecho nuevo dado que no fue planteado desde un principio, lo que no es susceptible de ser investigado en esta instancia porque la acción de amparo como proceso judicial de defensa de los derechos superiores no obstante caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del «debido proceso», entre las que se destaca la prerrogativa del acusado a aducir prueba y controvertir las allegadas.
10. De conformidad con lo discurrido, se ratificará el fallo objeto de opugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ