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Radicación n.° 05001-22-03-000-2015-00460-01
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
STC11050-2015
Radicación n.° 05001-22-03-000-2015-00460-01
(Aprobado en sesión de diecinueve de agosto de dos mil quince)
Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015).
Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de junio de 2015, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín concedió la acción de tutela promovida por Juan Rafael Castañeda Mira, Gloria Emilse García Álvarez, en nombre propio y como representantes de sus menores hijos XX y YY1 y Luz Albeny Castañeda García en contra del Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional, vinculándose a la Gobernación de Antioquia, al Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta «Nudo de Paramillo» y a la Séptima División del Ejército Nacional.
ANTECEDENTES
1.- Los gestores demandaron la protección constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, trabajo, debido proceso y propiedad privada, presuntamente vulnerados por las entidades acusadas.
2.- Arguyeron, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1.- Juan Rafael Castañeda Mira es dueño de la finca denominada «La Hermosita» ubicada en el corregimiento de Santa Rita, municipio de Ituango, en la que el 12 de mayo de 2004 el Batallón de Contraguerrilla N.° 82, adscrito a la Brigada Móvil N.° 11, asentó una estación militar, donde actualmente hace presencia la Brigada Móvil N.° 25 y, como consecuencia de tal hecho «no puedo, ni siquiera a la presente fecha, utilizar el predio de mi propiedad para alimentar el ganado de mi propiedad sin pedir permiso a los ocupantes de la base» (fl. 1 cdno. 1).
2.2.- El 26 de noviembre de 2009 solicitó al ente castrense que, «dada la ocupación permanente de[l] inmueble, [le] compre el mismo. Ello con la intención de utilizar el dinero para trasladar mi actividad»; petición que también formuló a la Gobernación de Antioquia y, el 10 de noviembre de 2010 el secretario de gobierno de ese departamento le manifestó que «en dicha vigencia no se contaba con recursos para comprar su predio, por lo que debía dirigirse al Ejército Nacional»; el 29 de diciembre posterior el Jefe de Ingenieros Militares del organismo querellado, «dio respuesta a la petición diciendo simplemente que le darían estudio a mi situación, pues tendría que remitirse a la Séptima División de la institución para conocer del tema» (fls, 1 y 2 ibídem).
2.3.- El 14 de Enero de 2011 el jefe del estado mayor de la Séptima División le informó que «no era viable la compra de los terrenos para la instalación del puesto de mando que para el momento ocupaba el Batallón de Combate Terrestre número 129 en mi predio, ya que la necesidad militar en ese momento era netamente móvil y no serviría a los propósitos del servicio adelantar la transacción para construir edificaciones fijas» (fl, 2 cdno. 1).
2.4.- El 2 de diciembre de ese mismo año, con su esposa e hijos formuló «demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener la declaratoria de responsabilidad hacia la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y como consecuencia nos indemnizaran por la ocupación de mi predio», empero el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín dictó sentencia el 31 de enero de 2014 negando la condena por haber «operado el fenómeno de la caducidad de la acción» la que fue confirmada el 19 de noviembre siguiente por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por iguales motivos (fl. 2 ibídem).
3. Pidieron, en consecuencia, se ordene al Ejército Nacional «retirar la base militar que actualmente se encuentra en el predio «La Hermosita», ubicado en el corregimiento Santa Rita del municipio de Ituango, Antioquia» y «realizar todas las gestiones tendientes a devolver el predio a las condiciones que tenía con anterioridad a la ocupación por parte de la institución». En subsidio «pagar […] el valor del predio ocupado, de manera que […] puedan sustituirlo por otro y garantizar así su subsistencia» y, en su defecto, «determinar hasta cuándo ocupará el predio» (fl. 14 ib.).
4.- Con proveído de 17 de junio del presente año el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín admitió la tutela y, el día 24 del mismo mes y año concedió la salvaguarda rogada, siendo impugnada por el Ejército Nacional.
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. El Jefe de Estado Mayor de la Séptima División del ente castrense alegó la falta de legitimación aduciendo que recibió la petición impetrada por el actor, en el que reclamaba se le explicara «si la base que ocupa la Brigada Móvil No 25- Batallón de Contraguerrillas No 129, es de carácter temporal o permanente, el cual está instalado en el predio de su propiedad denominado «La Hermosita», ubicado en el corregimiento Santa Rita, Municipio de Ituango (Antioquia)», la que se envió al «Comando de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo en Urra- (Córdoba), mediante oficio 004076 de fecha 11 de Mayo 2015, por ser ésta unidad superior jerárquico del Comando de la Brigada Móvil No 18 – Batallón de Contraguerrilla No 129, el cual ejerce sobre estas unidades adscritas seguimiento y control de las actuaciones administrativas y operacionales. Posteriormente, dicha unidad militar remite el escrito de derecho de petición a la Brigada Móvil No 18 ubicado en Ituango- Antioquia, para que otorguen respuesta de fondo para lo de su competencia» (fls. 87 y 88 cdno. 1)
2.- La asesora jurídica de la Gobernación de Antioquia manifestó, en síntesis, que «no es la entidad competente para determinar la ubicación de las diferentes brigadas y batallones del Ejército Nacional, en el entendido que dicha decisión corresponde única y exclusivamente a las estrategias planteadas por la fuerza militar con el fin de cumplir la misión que constitucionalmente se le ha otorgado»; que «no ha hecho ni hace presencia en el lote enunciado por el tutelante», no es «la entidad llamada a adquirir dicho predio puesto que no son sus instalaciones ni las de sus dependencias quienes funcionan allí y no tendría está entidad territorial justificación alguna para invertir dinero en un predio particular al servicio de otra entidad del estado, para el caso el Ejército Nacional, sin que medie un convenio entre ambas partes o corresponda a una estrategia definida y aprobada por el Comité Territorial de Orden Público de Antioquia» ni a «determinar la duración de la presencia de bases, batallones o brigadas del Ejército Nacional en ninguna parte del territorio nacional».
Asimismo resaltó que a la fecha «la fuerza pública no ha presentado solicitud o proyecto alguno de compra de dicho lote, razón por la cual esta inversión no se ha ni estudiado, ni aprobado» y que «el Ejército solo podría solicitar dicha compra por parte del Departamento, para que luego le sea entregado en donación, si existiera realmente la necesidad de instalarse allí definitivamente, sin embargo, como se muestra en el líbelo probatorio, el Ejército Nacional considera que «…por la necesidad militar de cumplir misiones en diferentes lugares según el área de responsabilidad asignada, debe ser netamente móvil y no es posible adelantar obras para construir bases o edificaciones fijas», razón por la cual dicha inversión no puede ser tampoco presentada ante el Comité Territorial de Orden Público» (fls. 92 y 93 cdno. 1).
3.- El comandante de la Brigada N.° 18 del ente castrense expresó que el querellante formuló petición pero no acreditó la calidad de propietario de la finca «La Hermosita» y por tanto hasta constatar esa condición con la Oficina de Catastro Municipal de Ituango le dio respuesta. Señaló también que el gestor «utiliza su predio para alimentar el ganado de manera habitual, y no requiere autorización de la tropa para ello, ejerciendo así sus derechos como señor y dueño de la propiedad» y que «este punto del área general de Ituango es un corredor estratégico de movilidad del Frente 18 de las FARC – ONT, quienes a través de esta zona transportan insumos para el cultivo, procesamiento y venta de COCA, razón por la cual la presencia de la tropa es fundamental a través de puestos de control, en apoyo y colaboración permanente con los miembros de la Policía Nacional que se encuentran en ese corregimiento».
Agregó que no ha vulnerado prerrogativa alguna al quejoso, por cuanto «a la fecha se dio respuesta clara, precisa y oportuna, desde el momento que tuvo conocimiento de la petición», aunado a que esa Unidad Operativa «no cuenta ni está dentro de las facultades legales para comprar el predio denominado «La Hermosita», toda vez que no se tiene intención de adquirir sobre [sic] el predio, además que se debe contar con el estudio de Conveniencia y oportunidad, así como el estudio de Estado Mayor en el que se registre la necesidad de adquirir el terreno, situación que a la fecha no se ha dado, se reitera, por la no intensión de compra del mismo. Así las cosas, no es posible que la Brigada Móvil No 18 se extralimite en sus funciones legales y constitucionales y determine y obligue al Ejército Nacional a adquirir un predio donde se encuentra la tropa garantizando la seguridad de la población del municipio de Ituango» y, que la tutela no resulta procedente cuando «el actor dejó vencer los términos judiciales para el ejercicio de las acciones o de los recursos ordinarios de los cuales disponía para obtener la satisfacción de sus derechos».
Por tanto, solicitó se declare improcedente «la acción constitucional que es subsidiaria y residual y no se está generando perjuicio irremediable» [subrayado del texto original] (fls. 96 a 102 cdno. 1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal concedió el amparo por considerar que el Ejército Nacional procedió de facto «acantonando tropa en la heredad La Hermosita situada en el paraje Santa Rita del Municipio de huango propiedad de Juan Rafael Castañeda Mira […], como si se tratara de una rueda suelta que no se supedita el ordenamiento jurídico que establece tranca a sus actuaciones», pues «cuando precisa de un territorio para sus operaciones tiene que contar con la venia de su dueño y para en consenso y mediante la declaración de voluntad libre de éste celebrar contrato que justifique su presencia, lo que se omitió».
Señaló que una cosa es «la colaboración que se precisa de los habitantes del País y otra muy diferente es la invasión sin fórmula de juicio por un extraño a terreno de propiedad privada ajena, de facto y sin observar el conducto regular de un debido proceso, con lo que de paso se impede [sic] el derecho subjetivo fundamental al trabajo de la cabeza del hogar y el normal desarrollo del proyecto de vida de una familia, a la que priva de la fuente de donde dimana su subsistencia» máxime que «de la explotación económica del fundo Juan Rafael Castañeda Mira derivaba lo necesario para su subsistencia y la de su familia integrada entre otros por sus hijos [XX y YY] menores de edad al tenor de sus registros civiles de nacimiento, cuyos derechos «prevalecen sobre los derechos de los demás» (Constitución Política art. 44 inc. final), norma que en su inc. 2° impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar no sólo su desarrollo armónico e integral, sino también el ejercicio pleno de sus derechos, la norma igualmente establece que los niños «gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.»».
A la par resaltó que si bien es cierto «ante la aparición sorpresiva e instalación arbitraria de la tropa, al titular del derecho subjetivo de propiedad el ordenamiento jurídico le concede interés jurídico que lo legitima para asido del poder dado en la Constitución Política art. 229 (acción), pedir al Estado el otorgamiento de tutela jurídica para en ejercicio de las facultades de persecución y exclusión inherentes al derecho subjetivo de propiedad y así lograr la desocupación del fundo, o para por la vía de la reparación directa obtener el resarcimiento de los perjuicios irrogados; senda la primera que según revela la foliatura el deprecante no ha recorrido y en cuanto a la segunda los jueces de lo contencioso administrativo resolvieron que no procedía el otorgamiento de tutela jurídica pues por haber operado el fenómeno de la caducidad no era posible al Estado abrir la puerta de su jurisdicción» en lo que tiene que ver con la protección del derecho subjetivo de propiedad».
Seguidamente señaló que «tal actuación en lo que tiene que ver con la protección del derecho subjetivo de propiedad, pero que es paralelo a su trasgresión se encuentran quebrantados derechos subjetivos de rango fundamental como el derecho subjetivo al sosiego doméstico, a la no violación del domicilio, al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso, lesionados porque para asentarse en el terreno el glorioso Ejército Nacional no acató el derrotero trazado en el ordenamiento jurídico, ni siquiera pidió consentimiento del dueño, llegó de improviso y sin formula de juicio se asentó en el terreno».
Luego de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional sostuvo que «como en los documentos que obran en el expediente no consta decreto alguno firmado por el Presidente de la República y los ministros por medio del que se haya ordenado la ocupación del inmueble rural de propiedad de Juan Rafael Castañeda Mira, es por lo que procede la protección de los derechos del accionante y su familia a la inviolabilidad de domicilio, a la intimidad y debido proceso que merecen protección inmediata» para la cual «el ordenamiento jurídico es imperfecto por vacío pues no prevé tutela jurídica, que entonces se encuentra en la Constitución Política art. 86, que es menester otorgar, con la orden consecuente al Ejército Nacional para que en el plazo máximo de un mes desaloje el territorio propiedad del solicitante y lo deje en las mismas condiciones en las que lo encontró para mayo 12 de 2004, cuando sin fórmula de juicio se apoderó del lote y desalojó a su dueño».
Para finalizar enfatizó que «se congregan los postulados cardinales de inmediatez y subsidiaridad que informan el debido proceso constitucional de tutela jurídica constitucional, pues los deprecantes para la protección de los derechos subjetivos fundamentales conculcados no cuentan con otro mecanismo idóneo; siendo que esa protección la pueden pedir en cualquier tiempo y mientras persista la ocupación de hecho» (fls. 104 a 119 cdno. 1).
LA IMPUGNACIÓN
La formuló el Comandante de la Brigada Móvil N.° 18 del Ejército Nacional con sustento en que no se cumple el requisito de inmediatez para la procedencia de la salvaguarda porque «no obstante lo evidente de la construcción en la base militar desde el año 2004, y de la declaratoria de caducidad por parte del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión, dejaron pasar más de 11 años desde el presunto acto vulnerador hasta la interposición de la acción de tutela» y que si bien «es posible acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, los accionantes no acreditaron encontrarse en una eventualidad de esa naturaleza […], por el contrario, tardaron más de 11 años en solicitar un amparo que ahora se pretende darle una categoría de urgente», donde, la exigencia de los querellantes, «conduciría a una grave afectación de la seguridad jurídica y a una violación del principio de la confianza legítima, seguridad jurídica y seguridad nacional».
Adujo, además, que se incumple el postulado de la subsidiariedad de este medio, toda vez que el gestor contó con la acción de reparación directa que le fue despachada desfavorablemente por haber operado la caducidad dada la demora en que incurrió para concurrir a su ejercicio, sin que pueda remediarse la conducta omisiva por esta vía.
Sostuvo que para el caso se debe realizar un estudio ponderado que busque un punto de equilibrio «entre las necesidades propias de la guarda del orden público y del derecho ciudadano a la intimidad y al debido usufructo de la propiedad que se afectan con una permanencia prolongada en de tropas en un predio. Con la decisión que tomó su despacho, puede tener serias repercusiones en el futuro sobre las operaciones militares que se desarrollan en el sector y afectar de manera directa a la población civil, con el recrudecimiento del desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal de menores, desescolarización de menores, entre otros, siendo ustedes como entidad pública llamados a garantizar de igual manera que lo hace el Ejército Nacional»
Precisó que en el corregimiento Santa Rita, «ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia (Así como en San Andrés de Cuerquia y Toledo), existe informe de riesgo 022-2014 del 24 de junio del mismo año, por parte de la Defensoría del Pueblo, donde se contextualiza y caracteriza el escenario de riesgo que existe para la población civil de dichos municipios por la acción armada ilegal de los autodenominadas ONT – FARC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia o los Urabeños», que «insta a las autoridades civiles y estatales […], a realizar todas las actividades tendientes a fortalecer, diseñar y adoptar las acciones necesarias para lograr el restablecimiento de la institucionalidad, y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio, vulnerados de manera flagrante por el FRENTE 18 de las ONT – FARC».
Agregó que el hecho de retirar la tropa del lugar, «generaría posibles consecuencias operaciones adversas al Ejército Nacional, y ventajosas para el Frente 18 de las ONT – FARC, que delinquen en el sector, pudiéndose presentar atentados terroristas en contra de la población civil con artefactos explosivos, desabastecimiento del corregimiento de Santa Rita por la presencia del enemigo FARC – ONT mediante el control del ingreso a dicho territorio Ituanguino, posibles nacimientos de campos con artefactos explosivos, denominados Minas anti personas, que no solo podría afectar miembros de la Institución sino a población civil en general, y, la amenaza latente de atentados en contra de las unidades aéreas (helicópteros) que prestan sus servicios a la tropa para el abastecimiento de material de guerra y alimentos» (fls. 131 a 161 cdno. 1).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que el mecanismo de la tutela fue instituida como una herramienta extraordinaria para el resguardo inmediato de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que se derive de la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en aquellos eventos previstos en la ley; de igual modo, ha definido que «si bien la misma tiene un carácter breve y sumario, no por eso pueden obviar quienes a ella acuden la debida demostración de los hechos que invocan como generadores de la afectación que alegan padecer, ya que a estos les incumbe esa comprobación so pena de que decaiga el reclamo elevado por sustracción de materia» (CSJ STC 9 Dic. 2011, rad. N°. 02372-01).
2. Los promotores del amparo solicitan que se ordene a las accionadas retirar la base militar que se encuentra asentada en el predio «La Hermosita», ubicado en el corregimiento Santa Rita del municipio de Ituango – Antioquia desde el 12 de mayo de 2004, o, en su defecto, les paguen su valor, pues consideran que incurrieron en violación a las garantías fundamentales al debido proceso, dignidad humana, mínimo vital y trabajo.
3. De las pruebas que obran en el expediente, observa la Corte, en relación con la queja constitucional las siguientes:
a) Certificado de tradición del folio de matrícula inmobiliaria N.° 015-0005824 correspondiente al referido lote «La Hermosita» en el que consta que mediante escritura pública N.° 18 del 26 de enero de 2010 de la Notaría de Ituango, el señor Juan Rafael Castañeda Mira (accionante) adquirió ese fundo por venta que le hiciera Juan de Jesús Castañeda (fl. 23 cdno. 1).
b) Peticiones presentadas por el querellante de fecha 3 de septiembre de 2009 al Ministerio de Defensa Nacional; 26 de noviembre posterior al Ejército Nacional; 2 de agosto de 2010 al Comandante Fuerza Tarea Conjunta Nudo del Paramillo Urrá Córdoba y, 25 de octubre de esa anualidad al Gobernador de Antioquia, requiriendo la compra del predio objeto de ocupación e información respecto de dicho trámite (fls. 28 a 31 ibídem).
c) Respuestas a los diferentes «derechos de petición», así: 1° de septiembre de 2010 emitido por el Comandante de Fuerza Tarea Conjunta Nudo de Paramillo informándole al quejoso que «ofició el 24 de mayo de 2010 al […] Gobernador de Antioquia» solicitándole «la intervención y colaboración para la compra del mencionado predio»; 29 de diciembre de esa anualidad que le enumera los requisitos para la adquisición de la finca; y, 14 de enero de 2011 que le manifiesta que «se estableció que esa unidad táctica por la necesidad militar de cumplir misiones en diferentes lugares según el área de responsabilidad asignada, debe ser netamente móvil y no es posible adelantar obras para construir bases o edificaciones fijas», por lo que «en este momento no es factible adelantar la compra de dichos predios» (fls. 32, 34 y 37 ibídem).
d) Respuesta de 10 de noviembre de 2010 emitida por el Secretario de Gobierno de Antioquia que le indica al gestor que ese departamento «a través de este Despacho, no tiene decidido adquirir el predio denominado “La Hermosilla”, ubicado en el corregimiento de Santa Rita del Municipio de Ituango – Antioquia, a pesar de que si bien así lo ha solicitado el comando de la Séptima División del Ejército Nacional, en la actual vigencia no se dispone de los recursos para brindar el mencionado apoyo a esta Unidad Militar. Por lo tanto, cualquier reclamación al respecto deberá tramitarse a través del Ministerio de defensa Nacional –Ejército Nacional» (fl. 35 cdno. 1)
e) Sentencia proferida el 31 de enero de 2014 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín dentro de la acción de reparación directa formulada por Juan Rafael Castañeda Mira y Gloria Emilse García Álvarez, en nombre propio y en representación de sus menores hijos, contra la Nación-Ministerio de Defensa–Ejercito Nacional, «por los perjuicios causados como consecuencia de la ocupación ilícita de predios de propiedad del señor Juan Rafael Castañeda mira, desde el 12 de mayo de 2004, hasta la fecha de presentación de la demanda, ubicados en el corregimiento de Santa Rita en jurisdicción del Municipio de Ituango (Antioquia)», la cual negó las pretensiones «por haber operado la caducidad de la acción» (fls. 69 a 73 cdno. 1).
f) Fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 19 de noviembre de 2014 que confirmó la decisión del a quo (fls. 38 a 62 ibídem).
4. Analizado lo anteriormente reseñado, advierte la Sala que la protección invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional vía, toda vez que en el sub lite los actores derivan la vulneración del «hecho administrativo» de ocupación del predio de su propiedad por el Ejército Nacional, ocurrida desde el 12 de mayo de 2004, frente a la cual podían reclamar el reconocimiento de los perjuicios que ahora se pretenden por esta vía, a través de la «acción de reparación directa», consagrada en los artículos 86 del Decreto 01 de 1984 por el que se reformó el Código Contencioso Administrativo, donde le estaba permitido allegar elementos demostrativos para exponer sus argumentos, la que si bien ejercieron, les fue despachada desfavorablemente tanto en primera como n segunda instancia, por haber operado la caducidad de la acción, con lo cual dilapidaron ese medio de defensa judicial, sin que este camino logre convertirse en una vía para revivir las oportunidades clausuradas, cuestión que cercenaría los principios nodales que edifican el mecanismo constitucional.
Ciertamente, ha sido reiterativa la Corte en señalar que:
[…] no debe pasarse por alto señalar que si bien la acción de tutela constituye un mecanismo judicial defensivo de los derechos fundamentales de las personas, de naturaleza restrictiva en la medida que a ella sólo puede acudirse a falta de otro medio idóneo de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable, por su conducto no puede juzgarse la oportunidad o conveniencia de los actos de la administración, pues si se aceptara que la jurisdicción constitucional puede examinar desde el punto de vista formal y material los actos y hechos administrativos, ello implicaría, de un lado, patrocinar una indebida intromisión en las otras ramas del poder, lo que de suyo desconocería los principios de seguridad jurídica y de separación de poderes contenidos en los artículos 2º y 113 de la C. P., necesarios para la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; y, de otro, usurpar las funciones que a los jueces naturales de la administración compete [subrayado fuera de texto] (CSJ STC 5 jun. 1998 rad. T-5032, reiterada en STC 8 mar. 2000 rad. 8510).
Frente al tema de la subsidiariedad ha señalado la Sala que:
(…) la justicia constitucional no es remedio de última hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protección previstos por el orden jurídico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que sería el fruto de su propia incuria» (CSJ STC, rad. 200700379-01, reiterada, entre otros, STC, 12 ago. 2011, rad. 01211-01).
En consecuencia, en este evento se estructura la causal de improcedencia de la acción de amparo prevista en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
5.- Adicionalmente, cabe señalar que los peticionarios no demostraron circunstancias que evidencien un daño tal que amerite la inaplazable intervención del funcionario constitucional, pues lo cierto es que no se allegó elemento de juicio alguno para probarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestación de su existencia; por lo que la custodia no es procedente, ni siquiera como mecanismo transitorio, amén que si bien alega vulneración al mínimo vital, conforme al certificado de tradición del inmueble objeto de la tutela (fl. 23 cdno. 1), el quejoso adquirió la titularidad del mismo por compra que le hizo a Juan de Jesús Castañeda mediante la escritura pública No. 18 de 26 de enero de 2010, es decir cuando ya el Ejército Nacional llevaba más de cinco años y medio ocupando la heredad, lo que, en principio, desestructura el agravio.
Sobre el tema, la Sala ha expresado que,
6. De conformidad con lo discurrido, se invalidará el fallo objeto de impugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede y, en su lugar, DENIEGA la solicitud de resguardo presentada por Juan Rafael Castañeda Mira, Gloria Emilse García Álvarez, en nombre propio y como representantes de sus menores hijos XX y YY, y Luz Albeny Castañeda García y, en consecuencia, se DEJAN SIN EFECTOS las órdenes impartidas por el tribunal constitucional a quo.
SEGUNDO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÌREZ
1 En virtud de lo dispuesto en el artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7º de la Ley 1581 de 2012, se omite el nombre de los menores
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