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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC12152-2015
Radicación n.° 25000-22-13-000-2015-00397-01
(Aprobado en sesión de nueve de septiembre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015).
Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 10 de agosto de 2015 dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela instaurada por Irma Aldana en contra del Ministerio de Transporte y la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca SIETT Sede Administrativa de El Rosal.
1. ANTECEDENTES
1. La promotora demanda la protección del derecho fundamental de petición, presuntamente quebrantado por los querellados.
2. La causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones admiten el siguiente compendio:
2.1. La ahora quejosa, Irma Aldana, indica que su difunto esposo, Carlos José Buitrago Rodríguez, enajenó hace aproximadamente 12 años el vehículo de placas GDJ120 a Hernán Rodríguez; sin embargo, a pesar de haber “(…) firmado el correspondiente traspaso (…)”, el comprador no lo “registró”.
2.2. En la sucesión de Buitrago Rodríguez, a la señora Aldana se le adjudicó el aludido rodante para que procediera “(…) a efectuar el traspaso a dicho comprador, a quien éste [se lo] hubiera vendido o finalmente a indeterminados (…)”.
2.3. Ante la imposibilidad de contactar al propietario actual y al desconocer el paradero del automotor, solicitó a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de El Rosal registrar la propiedad del mismo a “persona indeterminada”, requerimiento denegado, por cuanto dentro de los requisitos estatuidos para tal propósito, están los de allegar el SOAT, la revisión técnico mecánica vigentes y acreditar la propiedad del bien durante los últimos 3 años.
2.4. Con idéntica finalidad radicó dos peticiones en el Ministerio de Transporte, quien mediante oficio de 26 de marzo de 2015, le informó que para lograr lo pretendido, debía adelantar el procedimiento denominado “traspaso a persona indeterminada” reglado en la Ley 769 de 2002 y en la Resolución Nº 10028 de 2012, ante la autoridad de tránsito de El Rosal.
2.5. El 7 de julio de 2015, la aquí actora demandó a la aludida cartera ministerial imponerle a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, sede operativa de El Rosal, “(…) el deber de darle trámite al registro de traspaso a indeterminado (…)”, pedimento resuelto el 20 del mismo mes y año, en similares términos a los anotados en el acápite anterior.
2.6. Asegura desconocer el paradero del referido bien, y estima inadmisible cumplir con las condiciones estatuidas por la citada Secretaría, pues ello se traduce en un grave perjuicio económico en su contra.
3. Implora ordenar “(…) a la Secretaría de Tránsito del (sic) Rosal dar curso a la solicitud del traspaso del comentado vehículo (…)”.
1.1. Respuesta de los accionados
a. El Ministerio de Transporte precisó que corresponde a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca SIETT de El Rosal adelantar el trámite requerido por la querellante, por ende, exhortó desvincularlo (fls. 65 a 69).
b. La Secretaría tutelada deprecó la denegación del amparo, arguyendo no haber vulnerado las garantías supralegales invocadas por la interesada (fls. 49 a 60).
c. El Consorcio RUNT sin ser convocado por la Corporación a quo, arrimó un memorial expresando:
“(…) [E]l tema desborda al ámbito normativo legal, por ello, la competencia para resolverla es del Ministerio de Transporte, pues si la norma no previó ese tipo de circunstancias, solamente la autoridad administrativa del ramo es la competente para modificar la mencionada Resolución para ocuparse de esa casuística (…)” (fls. 107 a 116).
2. La sentencia impugnada
Negó la salvaguarda aduciendo:
“(…) [L]a accionante cuenta con herramientas administrativas para lograr su cometido, como lo es, la reglada en la Resolución Nº 10028 de 2012, proferida por el Ministerio de Transporte (…), situación que impide al juez constitucional intervenir, pues el medio especializado mencionado es una opción idónea para la defensa de los derechos, toda vez que la señora Irma Aldana debe cumplir con lo dispuesto por el adiado Ministerio en ese acto administrativo de carácter general (…)” (fls 73 a 80).
1.3. La impugnación
La formuló la quejosa afirmando:
“(…) [A]unque existe el procedimiento para realizar el trámite de traspaso de la propiedad a persona indeterminada, artículo 3 de la Resolución Nº 10028 de 2012, y se encuentren cumplidas las reglas del canon 2 de la misma disposición, (…) en el presente asunto las entidades accionadas no [le] han permitido hacerlo, tal y como se estableció en la sucesión como una obligación a [su] cargo; sino que pretenden se realice el traspaso en propiedad a [su] nombre, para lo cual [le] exigen SOAT, revisión técnico mecánica e improntas, y luego de ello tener que esperar tres años (…) frente a lo cual [se] encuentr[a] en imposibilidad absoluta (…)” (fl. 117).
1. En torno al derecho de petición, esta Sala ha reiterado su carácter fundamental por expreso reconocimiento del artículo 23 de la Constitución Política. Esa garantía se concreta en la posibilidad de presentar demandas respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. Éstas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los precisos plazos establecidos por la ley1; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder a lo peticionado.
2. Sobre el alcance de la prerrogativa supralegal mencionada, esta Sala ha precisado:
“(…) [I] El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado (…)”2 (subraya la Sala).
3. Se duele la gestora, Irma Aldana, por cuanto las autoridades accionadas no le han zanjado de fondo la petición de efectuar el “traspaso a indeterminados” de un automóvil que su difunto cónyuge enajenó hace aproximadamente 12 años, debido a la exigencia de unos requisitos de “imposible” cumplimiento.
4. Corresponde advertir que para lograr lo aquí pretendido la actora radicó solicitudes a las entidades accionadas, el 20 de febrero de 2015 ante la “Secretaría de Tránsito y Transporte del Rosal (sic)” (fl. 27) y el 7 de mayo de 2015 en el Ministerio de Transporte (fls. 28 y 29), en las cuales, en similares términos, les precisó:
“(…) a) He tenido que pagar los impuestos del citado automotor sin que sea mi obligación, pero con la finalidad de poder adelantar la sucesión de mi esposo, para poder proceder a efectuar el traspaso a indeterminados, luego resulta inviable e incluso absurdo que se me exija en cabeza mía dicha propiedad durante otros tres años, si como quedó dicho mi esposo lo vendió hace más de diez años y a mí se me adjudicó en la sucesión con la única finalidad de poder hacer el traspaso a indeterminados (…)”.
“(…) b) Me es absolutamente imposible obtener el SOAT y [la] RTM [revisión técnico mecánica], toda vez que ese vehículo se encuentra en posesión del tercero, desde hace más de diez años, por lo que desconozco donde pueda encontrarse”.
“c) El único requisito legal que me pueden pedir y se ha cumplido, a pesar de lo oneroso, es el pago de los impuestos (…)”.
5. Frente al anterior pedimento, la cartera ministerial entutelada le contestó el 20 de mayo de 2015:
“(…) [P]ara realizar el traspaso mediante sucesión por causa de muerte, es necesario presentar las improntas, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo, del cual se desconoce su paradero; y por otra parte para realizar el traspaso a persona indeterminada de acuerdo a la Resolución 10028 de 2012 (modificada por la Resolución 3123 de 17 de octubre de 2014, que prorrogó su vigencia), a los herederos no se les puede reconocer como propietarios aún a pesar de que el interesado o propietario que figura en el RUNT se encuentra fallecido, y por lo tanto es imposible realizar el trámite personalmente; en la actualidad solamente se puede cambiar la propiedad en el Registro Único Nacional de Tránsito mediante orden judicial”.
“En el anterior orden de ideas, el Ministerio de Transporte ha tenido en cuenta las diferentes comunicaciones recibidas por los organismos de tránsito del país y la ciudadanía en general, en relación con éstos casos detectados en los trámites de sucesión, de rodantes de los cuales se desconoce su paradero y se encontraría analizando el desarrollo de un procedimiento especial y la correspondiente parametrización en el Registro Único Nacional de Tránsito para que se pueda acceder próximamente a ese trámite ante cualquier organismo de tránsito del país (…)” (fls. 30 y 31).
6. Por su parte, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, sede operativa de El Rosal, mediante oficio de 5 de marzo de 2015 le informó a la señora Aldana:
“(…) El día 16 de febrero de 2015 se surtió el proceso de validación ante la plataforma de HG-RUNT de [su] solicitud (…), no siendo posible procesarla, por lo que se solicitó al RUNT, el cual dio respuesta manifestando: El traspaso por sucesión según la Resolución 12379, no está exento de la validación del SOAT y RTM, después de realizar el traspaso por sucesión deberá esperar 3 años para efectuar el traspaso a persona indeterminada (…)”
“(…) Luego de presentarse la validación SOAT y RTM, será el Ministerio de Transporte el que deberá pronunciarse respecto a la exigencia de esos documentos cuando se presenta la situación del contexto expuesto en su petición (…)” (fls. 52 y 53).
7. La problemática planteada por Irma Aldana no se encuentra circunscrita dentro de aquéllas, admitidas por la Resolución Nº 10028 de 2012, “[p]or medio de la cual se establece un procedimiento especial para el registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y se dictan otras disposiciones”3, por lo tanto, corresponde al Ministerio de Transporte satisfacer de fondo la pretensión de la actora, por ser la autoridad que expidió esa normativa, dada su condición de “cabeza del sector transporte”4.
Empero, esa entidad solamente señaló en la respuesta otorgada a la interesada que se “(…) encontraría analizando el desarrollo de un procedimiento especial (…)” para regular la situación, sin realizar alguna precisión u orientación adicional.
Con la información suministrada por el ente ministerial a la promotora, se está dilatando indefinidamente la expedición de una contestación integral, por cuanto, al no poder allegar la quejosa la documentación exigida para proceder al registro del vehículo a su nombre, esto es, la revisión técnico mecánica, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y las improntas por desconocer el paradero del mismo, esa circunstancia le impide demostrar los 3 años de propiedad exigidos para posteriormente efectuar el traspaso a persona indeterminada.
Por lo tanto, es deber de esa autoridad ofrecerle una alternativa válida para dar pronta solución a su dificultad, y no limitarse a aseverarle que se encuentra estudiando la posibilidad de diseñar un “procedimiento especial” regulador de la situación planteada por ella.
De esta manera, se está desconociendo la preceptiva del parágrafo del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015:
8. En conclusión, se concederá el auxilio deprecado por quebranto al derecho fundamental de petición, ordenando al Ministerio de Transporte, que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicación de esta providencia, dé respuesta de fondo a la solicitud radicada por la señora Irma Aldana el 7 de mayo de 2015, la cual deberá ser comunicada a la interesada, conforme a lo expuesto en precedencia.
9. Así las cosas, se infirmará el fallo impugnado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia y CONCEDER el amparo deprecado.
En consecuencia, se ORDENA al Ministerio de Transporte que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicación de esta providencia, dé respuesta de fondo a la solicitud radicada por la señora Irma Aldana el 7 de mayo de 2015, la cual deberá ser comunicada a la interesada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
1La sentencia C-818 de 2011 declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petición y, sobre la materia, recientemente se promulgó la Ley 1755 de 2015.
2 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01
3 “(…) Art. 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar el procedimiento especial para inscribir ante un organismo de tránsito el traspaso de un vehículo a persona indeterminada y regular el procedimiento para que los organismos de tránsito procedan a realizar la cancelación del registro de aquellos vehículos que se encuentren registrados con la inscripción de persona indeterminada, una vez cumplidos los requisitos para tal fin (…)”.
4 https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/Ministerio/quienes_somos, consultado el 4 de septiembre de 2015.
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