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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
Radicación n.° 11001-22-03-000-2015-02044-01.
(Aprobado en sesión de siete de octubre de dos mil quince)
Bogotá D. C., ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015).
Se decide la impugnación interpuesta frente la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la acción de tutela promovida por César Elkin García Villamil en contra de los Juzgados Segundo de Ejecución Civil del Circuito de esta misma ciudad, actuación a la que fue vinculado el homólogo Veintidós Civil del Circuito.
ANTECEDENTES
1. Demandó el gestor la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y «correcta administración de justicia», presuntamente vulnerados por el encartado.
2. Narra como sustento de su reclamo, en síntesis, los siguientes hechos:
2.1. En calidad de cesionario demandante, dentro de la causa ejecutiva hipotecaria del Banco Granahorrar en contra de los señores José Beiman Zuluaga Granados y Otra, el 1º de junio de 2015 allegó al juzgado querellado «una liquidación del crédito actualizada a la fecha», fundada en que, conforme a lo dispuesto en «auto de 15 de agosto [del mismo año], se tiene que el despacho, no accede a la solicitud de actualización del crédito por cuanto considera “…no presenta ninguna de las circunstancias previstas en los artículos 530 y el inciso 2 del artículo 537 del C. P. C., es decir no se configura presupuesto de orden legal para proceder a ello, toda vez que no se observa abono, pago, remate o consignación alguna que indica la necesidad de los pretendido».
2.2. Así mismo, señaló que si bien es «cierto, no se configura ninguna de los presupuestos que el despacho describe como requisitos para actualizar el crédito, no es menos cierto que conforme lo previsto en el Artículo 526 del C. de P. C., “…quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta», a su vez el canon 527 ídem, señala «…a continuación adjudicará al mejor postor los bienes materia del remate; luego el Artículo 529 del C. de P. C., «cuando se trate de rematar por cuenta de su crédito, y este fuere igual o superior al precio del remate, no será necesaria la consignación del saldo…”» (Negrillas y resaltado del texto original).
2.3. Anota, «si quien remato (sic) por cuenta del crédito no hiciere oportunamente la consignación del saldo del precio del remate…se cancelará dicho crédito en el equivalente al veinte por ciento del avalúo de los bienes por los cuales hizo postura».
2.4. Por lo anterior, sostiene que para «que el ejecutante en este proceso pueda hacer postura por cuenta de su crédito, y llegar a ser adjudicatario en la diligencia de remate, requiere actualizar la liquidación del crédito, para saber con claridad si con lo que se le adeuda a la fecha, es suficiente, en primer lugar para hacer postura conforme el artículo 526 del C. P.C., y en segundo lugar, para rematar por cuenta de su crédito y así saber si está obligado a consignar algún saldo a favor del demandado o por el contrario, el valor del crédito adeudado es superior al precio del remate, caso en el cual, no estaría obligado consignar suma alguna. Esto para evitar las sanciones previstas en el artículo 529 [ídem] (Negrillas del texto original).
2.5. Estima que en este caso «se presenta una situación excepcional que requiere se realice la actualización del crédito en aras de que el demandante en este proceso pueda ejercer los derechos que consagran las normas [citadas», en tal virtud, pensar lo «contrario, sería vulnerar los principios de economía procesal, correcta y pronta administración de justicia y grabar al demandante con una carga que no le corresponde. Consistente en «consignar a favor del proceso la diferencia que exista entre la liquidación del crédito aprobada por el despacho que data de años atrás (última liquidación aprobada año 2007), que corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($178.346.737.14) y la suma por la cual se efectúe el remate del bien ( avaluado en TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE – 348.486.000.oo)…» (Negrillas del texto original).
3. Pide, conforme a lo relatado, que se le ordene al funcionario Segundo de Ejecución del Circuito, «actuar conforme las previsiones de ley»; por consiguiente, apruebe la actualización del crédito.
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CONVOCADOS
El Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito sostuvo que, «mediante auto de 23 de julio del año en curso negó la actualización de la liquidación del crédito por cuanto no se presentaba ninguna de las circunstancias previstas en nuestra codificación Procesal Civil, artículos 530 numeral 7º , e inciso 2º del artículo 537 [ídem], que hiciera necesaria dicha actuación, contra esta providencia no se propuso recurso de reposición, pues únicamente se formuló el de apelación el cual denegado por improcedente».
Agregó, que por no «existir norma expresa en el caso sub-judice, el juez debe acudir a los precitados criterios de interpretación, motivo por el cual este despacho comparte íntegramente el pronunciamiento del Tribunal de Bogotá donde iguala los términos “actualización” de acuerdo al numeral 4 del art. 521 y “adición” de conformidad con el art. 537 inciso 2º. Si bien el art. 230 de la Constitución Política establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, son criterios auxiliares de la actividad judicial…».
Que en relación a la actualización del crédito para rematar por cuenta del mismo, estima que en «tal evento no se requiere que dicha actuación necesariamente deba practicarse con anterioridad a la fecha programada para subasta, por cuanto en armonía con el artículo 537 numeral 7º del C. de P.C., en el momento procesal de aprobación del remate se dispone su realización una vez actualizado el crédito se resolverá sobre la devolución o no de la consignación del saldo» (fls. 26 y 27 Cdno. principal).
El funcionario Veintidós Civil del Circuito, limitó su defensa en manifestar que el referido proceso ejecutivo hipotecario fue remitido a la Oficina de Ejecución Civil del Circuito, por tanto se le hace imposible pronunciarse sobre los hechos que dieron origen al amparo deprecado (fls. 29 y 30 ídem).
SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal negó la salvaguarda impetrada, por considerar que lo acontecido en la presente causa, es una «simple inconformidad o disparidad con el punto de vista jurídico respecto de la decisión censurada, que en manera alguna habilita nuevamente la discusión del asunto controversial, ya que como lo tiene dicho la jurisprudencia, la tutela no constituye una instancia adicional a las establecidas por el Legislador, ni es el escenario procesal adecuado para controvertir las decisiones de los jueces ordinarios. Ciertamente, el sólo disentir sobre la exégesis de una norma de derecho no abre paso a la solicitud de amparo, para en sede constitucional revisar si una providencia de una Juez debe ser revocada».
Puntualizó que de admitirse «sería tanto como aceptar que toda providencia judicial puede ser controvertida por esta vía bajo el entendido que siempre afectará a alguna de las partes, lo que en nuestro sistema jurídico resulta inaceptable, tanto más, cuando, itérase, tales determinaciones no se muestran antojadizas ni mucho menos huérfanas de motivación».
Concluyó que pese a que el «Legislador no estableció cada cuánto debe ordenarse reajustar ese rubro, simplemente determinó que para ese cometido deberá tomarse en cuenta la que esté en firme, lo cierto es por economía procesal y celeridad, no es menester que de manera constante y periódica se realice, pues a ello solo hay lugar, cuando en el desarrollo del juicio se dan circunstancias que modifican el quantum, de donde emerge palmario que el pronunciamiento no se muestra antojadiza, ni contrario al ordenamiento jurídico» (fls. 34 a 41 ídem).
LA IMPUGNACIÓN
La formuló el quejoso, sin que hasta la fecha de este fallo la haya sustentado (fl. 56 ídem).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole legal; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término sensato a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).
El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la disposición contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de proteger esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590 / 2005, reiterada, entre otras, SU-913 / 2009 y T-125 / 2012).
2. Pretende el actor que por este excepcional trámite, se le ordene al funcionario Segundo de Ejecución del Circuito que actúe «conforme las previsiones de ley», aprobando la actualización del crédito, dado que incurrió en defecto, sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental
3. Del material demostrativo que obra en el plenario, y que sirven de estudio para la presente queja, observa la Corte lo siguiente:
3.1. Proveído de 3 de mayo de 2005, mediante el cual el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de la ciudad, libró mandamiento de pago en favor de Granahorrar y a cargo de José Beiman Zuluaga Granados y Sandra Liliana Flórez Rodríguez, por las sumas de «568.798.5391 U.V.R, equivalente $84.659.064.48 capital acelerado. Lo intereses de mora desde la presentación de la demanda a su pago al 19.65% anual»; por «43.544.1759 U.V.R., equivalente a $6.481.045.57 valor de 5 cuotas causadas y los intereses de mora al 19.65% desde la exigibilidad de cada una a su pago»; por «161.131.7120 U.V.R., equivalente a $23.982.586.20 capital pagaré 1709994 y los intereses de mora al 19.65% anual desde la presentación de la demanda a su pago» y por «18.736.2454 U.V.R., equivalente a $2.789.672.80 correspondiente a cinco cuotas y los intereses de mora desde el vencimiento de cada una a su pago al 19.65% anula» (fl. 57 Cdno 1 original).
3.2. Providencia de 26 de marzo de 2007, emitida por el Despacho, decretando la «venta en pública subasta del (los) inmueble(s) hipotecado(s), apartamento 701, de la calle 52 No. 72 – 34 Edificio Camila Andrea Propiedad Horizontal, matrícula(s) inmobiliaria(s) 50C – 1360520, cuyos linderos y características en la demanda, para que con su producto se cancele a la parte demandante el valor del crédito, intereses y las costas que se cobra en esta acción»; así mismo, se ordenó el avalúo del predio objeto de la demanda; de igual forma se practique liquidación del crédito de conformidad con lo previsto en el art´. 521 del C. de P. Civil (fls. 118 y 119 ídem).
3.3. Liquidación del crédito presentado por la apoderada de la parte actora, desglosado de la siguiente manera: por concepto de capital $26.461.968,20; intereses mora sobre capital $10.138.021.05; cuotas de mora $3.076.973,02 e intereses de mora sobre cuotas $1.322.124,28, para un total de $40.999.086,54 y, auto de junio 7 de 2007, mediante el cual se aprobaron los mismo (fls. 121 a 123 y 127 ídem).
3.4. Proveído de 10 de diciembre de 2013, emitido por el funcionario querellado Segundo de Ejecución del Circuito de Bogotá, avocando conocimiento del mencionado caso ejecutivo, en cumplimiento a lo previsto en los Acuerdos PSAA-13-9962. PSAA13-9984 y PSAA13-9991 del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa (fl.179 ídem).
3.5. Resolución de 8 de abril de 2014, dictado por el despacho, admitiendo la «cesión del crédito que VÍCTOR MANUEL CAMACHO LEGRO hace a favor de CÉSAR ELKÍN GARCÍA VILLAMIL (aquí accionante) (fl. 237 ídem).
3.6. Memorial presentado por la apoderada del demandante cesionario y aquí accionante, el 29 de julio de 2014 adosando al proceso la actualización del crédito, por un valor total liquidado de $427.994.999.89 y, auto de 15 de agosto posterior, a través del cual la juzgadora de conocimiento no la tuvo en cuenta por considerar que no se «presenta ninguna de las circunstancias previstas en los artículos 530 y en inciso 2º del artículo 537 del C.P.C.», esto es, por cuanto no se «configura presupuesto de orden legal para proceder a ello, toda vez que no se observa abono, pago, remate o consignación alguna que indique la necesidad de lo pretendido» (fls. 250 a 260 y 265 ídem).
3.7. Proveído de 14 de abril de 2015, fijando la hora de las 10:30 a.m. del 17 de junio del citado año con el fin de llevar a cabo la subasta del bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 50 C – 1360520, siendo postura admisible la que cubra el 70% del valor total del avalúo, previa depósito del porcentaje legal del 40% (fl. 291 ídem).
3.8. Memorial radicado en el juzgado el 1 de junio de 2015, por la procuradora judicial del demandante y aquí suplicante, pidiendo que se «ACTUALICE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO» y, resolución de 23 de julio de citada anualidad, mediante la cual el funcionario negó dicho pedimento, por estimar que la «elaboración de dicha actualización, sólo procede en dos oportunidades, esto es, i) cuando en virtud del remate de bienes se haga necesaria la entrega al actor de su producto y ii) cuando el ejecutante presenta título de consignación a órdenes del juzgado por el valor del crédito y las costas con el objeto de terminar la ejecución por pago, tal y como lo señaló la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en proveído adiado el 15 de agosto de 2000…» (fls. 304, 305 y 314 ídem).
3.9. Apelación impetrada por la parte demandante en contra de la anterior determinación, decidida el 5 de agosto de la presente anualidad, negando la concesión de la alzada, por improcedente, por cuanto el auto atacado no aparece contemplado en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, ni tampoco existe norma especial que así lo disponga (fl.. 318 ídem).
4. En ese orden de ideas, no cabe ninguna duda que la súplica la enfiló el querellante en contra del mencionado proveído de 23 de julio del año en curso, que denegó la «actualización de la liquidación del crédito», determinación frente la a la cual no interpuso el recurso de reposición que era del caso, sino que formuló directamente la apelación como se anotó, con lo cual, como se comprenderá, al equivocarlo, desperdició el mecanismo idóneo de defensa que tuvo a su alcance para rebatirlo, desidia que también impide la intervención del juez constitucional sobre ese particular, conforme al numeral 1°, del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991.
5. La Corte sobre el tema ha en reiterados pronunciamientos, ha sostenido:
[D]e conformidad con el artículo 348 del C. de P. Civil era perfectamente viable formular la queja que ahora plantea a través de ese recurso ordinario, de modo que al omitir su interposición no es conducente que acuda después a este trámite extraordinario, breve y sumario para suplir su incuria.
Y, no se diga que el recurso de reposición es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia (CSJ STC, 3 Ago. 2011, rad. 00741-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 14 Sep. 2012, rad. 00311-01, 5 Mar 2015, rad, n° 00367-01).
6. Así mismo, tiene dicho que:
[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 199 (…) (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en CSJ STC, 9 mar. 2012, rad. 00427-00).
8. De conformidad con lo discurrido, se ratificará el fallo objeto de opugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ