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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
STC14096-2015
Radicación n. 66001-22-13-000-2015-00406-01
(Aprobado en sesión de trece de octubre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., quince (15) de octubre de dos mil quince (2015).
La Corte decide la impugnación formulada contra el fallo proferido el diez de septiembre de dos mil quince por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acción de tutela promovida por Javier Elías Arias Idarraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito; actuación a la que se ordenó vincular al Director Seccional de Administración Judicial y a la Alcaldía Municipal, todos con sede en aquella ciudad y a la Regional Risaralda de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
El accionante solicitó la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a «la debida administración de justicia», que considera vulnerados por la autoridad judicial encausada al negarse a tomar fotocopia del escrito a través del cual impetró recurso de reposición contra la inadmisión de las acciones populares que presentó y anexarlo a cada una, entre ellas, la radicada con el No. 2015-00398. Cuestiona, además, que se le exigiera contar con representación o coadyuvancia de la comunidad a favor de la cual interpone las súplicas constitucionales.
Por tales motivos, pretende que se ordene a la autoridad tutelada «ADMITIR y tramitar de manera INMEDIATA SIN DILACIÓN ALGUNA, [su] acción popular (…) y se abstenga en situación futuras (sic) de decretar figuras procesales no aplicables». Adicionalmente, pidió que se requiriera al Director Ejecutivo de Administración Judicial con el fin de que suministre los medios necesarios para la reproducción fotostática de su impugnación. [Folio 1, c. 1]
B. Los hechos
1. Javier Elías Arias Idarraga presentó Acción Popular contra Audifarma, sucursal de la calle 42 No. 13-28 de Bogotá, porque presta servicios públicos en un inmueble que no cuenta con «PROFESIONAL INTERPRETE Y GUÍA INTERPRETE DE PLANTA Y PERMANENTE, como tampoco (…) con señales luminosas, sonoras ni avisos visuales, para garantizar la atención de los ciudadanos sordos, ciegos e hipoacusticos (sic), tal como lo ordena la Ley 982 de 2005, artículo 8». [Folio 37, c. 1]
2. El Juzgado 4º Civil del Circuito de Pereira, mediante auto del 13 de agosto de 2015, inadmitió la precitada demanda constitucional, para que el actor allegara «el poder mediante el cual se le delega esa facultad, en el evento de que sea abogado, y correlativamente individualice los poderdantes». [Folios 40-42, c. 1]
3. El quejoso, quien ha promovido múltiples acciones populares contra diversas entidades, cuyo conocimiento ha correspondido al Juzgado aquí cuestionado, radicó memorial que se anexó al proceso 2015-00385, a través del cual impetró el recurso de reposición contra el citado inadmisorio y solicitó fotocopiarlo, anexarlo y tramitarlo en cada una de sus demandas. [Folio 29, c. 1]
4. Por auto del 25 de agosto de 2015, proferido al interior de la actuación en la que se presentó el referido escrito, el fallador accionado dispuso mantener incólume la decisión recurrida y negar la reproducción fotostática solicitada; así mismo, concedió al quejoso un término de tres (3) días para que suministrara las expensas necesarias para tal efecto. [Folio 34, c. 1]
5. Contra esta última determinación el tutelante no interpuso recurso.
6. Durante el lapso otorgado, el accionante guardó silencio.
7. El 27 de agosto siguiente, el ciudadano instauró la presente solicitud de resguardo constitucional, por considerar que el juez de la causa ha vulnerado sus prerrogativas fundamentales al negarse a fotocopiar su recurso de reposición y darle el curso pertinente dentro de cada acción popular donde funge como promotor. Por otra parte, señaló como lesivo de sus derechos, que se le exija presentar poder para representar a la comunidad en sus procesos. [Folio 1, c. 1]
8. Durante el curso de esta acción constitucional, concretamente, el 14 de septiembre de 2015, esto es, después de la emisión del fallo de primera instancia, el juzgador de la acción popular profirió auto a través del cual rechazó aquella demanda. [Folio 4, c. Corte]
9. El accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la última determinación. [Ibídem]
10. El 23 de septiembre, se negó la censura principal y se rechazó la secundaria, por considerarla improcedente, decisión que no fue objeto de impugnación. [Ibíd.]
C. El trámite de la primera instancia
1. El 28 de agosto de 2015 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, admitió la acción de tutela y ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 4, c. 1]
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira limitó su intervención a señalar que sus decisiones fueron debidamente fundamentadas y la Secretaría de esa sede judicial certificó que en el asunto cuestionado por el gestor del resguardo «está pendiente de proferirse el auto que rechaza la demanda por no haber sido subsanada». [Folios 28 y 45, c. 1]
La Procuraduría Regional y la Personería Municipal, se declararon ajenas a los hechos que suscitan la protección invocada, por lo que solicitaron ser desvinculadas del trámite. [Folios 10 y 18 a 27, c. 1]
La Defensoría del Pueblo estimó improcedente la súplica constitucional porque «el actor no demuestra que se hubiese comunicado y probado al Juzgado la imposibilidad económica de cumplir con el requisito dispuesto por la Ley, de igual manera el accionante no hizo uso del amparo de pobreza, por lo tanto se presume que (…) cuenta con medios económicos para impulsar el trámite procesal». [Folios 12 y 13, c. 1]
3. Mediante un único fallo, de 10 de septiembre de 2015, el a-quo constitucional denegó el amparo deprecado en este trámite constitucional y en los distinguidos con los radicados 2015-00406 y 2015-00407, al considerar que ninguna norma obliga a la judicatura a proceder como aquél pretendió, pues la carga mínima del actor popular era presentar un ejemplar de su recurso para cada expediente. [Folios 47 a 51, c. 1]
4. El accionante impugnó la decisión. Inicialmente, adujo que la actuación aquí surtida está viciada de nulidad por haberse acumulado el trámite de tres tutelas y porque no fue vinculada a este asunto la entidad demandada en la acción popular cuyo trámite cuestiona; ya en lo relacionado con la pretensión que originó la solicitud de amparo, manifestó que la causal de inadmisión plateada por el fallador acusado era abiertamente ilegal e inconstitucional en detrimento de los mecanismos de participación ciudadana. Adicionó que la Defensoría del Pueblo de Manizales se niega a presentar resguardos de tutela en su favor.
Con fundamento en ello solicita revocar el fallo cuestionado, para otorgar la protección invocada y tramitar acciones de tutela contra aquella funcionaria por negarse a cumplir sus deberes. [Folios 59 a 60, c. 1]
II. CONSIDERACIONES
1. Cuando el artículo 86 de la Carta Política creó la acción de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que éstos fueran vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de «otro medio de defensa judicial», salvo que la acción se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que sólo procede ante la ausencia de un instrumento jurídico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violación o amenaza, y por lo tanto, no puede considerársele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneración, pues su finalidad no consiste en remplazar los trámites establecidos por el legislador para la protección de los derechos de los ciudadanos.
En armonía con esos postulados, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela, estableció las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de «otros recursos o medios de defensa judicial», dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como «mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», advirtiendo eso sí que la existencia de esos medios sería apreciada «en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante».
2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protección al debido proceso, no atiende el comentado principio, pues el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial del que no hizo uso al interior de la actuación constitucional cuestionada, por lo que no puede pretender revivir la oportunidad procesal pertinente para debatir temas que no fueron expuestos ante el Juez natural.
En efecto, es claro que el promotor del amparo, cuestiona que el juzgador tutelado no accediera a su solicitud de fotocopiar y anexar a cada una de las acciones populares que cursan en aquel Despacho, el escrito contentivo del recurso de reposición que presentó el 21 de agosto de 2015 contra el auto inadmisorio dictado por el fallador.
Sin embargo, olvida el peticionario que a través de auto de fecha 25 de agosto de 2015, la sede cuestionada le otorgó tres (3) días para que presentara el ejemplar del referido memorial dirigido a cada proceso o que aportara el valor de las expensas necesarias para proceder a su reproducción fotostática y transcurrido ese término, el actor guardó silencio cuando ha debido hacer uso del mismo para expresar los argumentos que por esta vía expone y/o solicitar la aplicación del amparo de pobreza si es que cumple con los requisitos para la admisión de tal figura jurídica en su caso.
Llama la atención, además, que el quejoso asegure carecer de capacidad económica para presentar sus memoriales de manera independiente en sus acciones populares, pero sí cuente con recursos para promover tantas acciones de tutela como decisiones adversas sean emitidas en las múltiples demandas que instaura.
3. Al margen de lo anterior, vale la pena señalar, que la decisión del pasado 23 de septiembre, por medio de la cual el juez tutelado se abstuvo de tramitar la apelación impetrada subsidiariamente contra el auto que rechazó la acción popular radicada con el No. 2015-0398, era susceptible de reposición y queja de acuerdo con los artículos 348 y 377 del C. de P.C., si consideraba que la apelación era procedente, instrumentos que el actor tampoco agotó, lo cual, aunado a que se trata de un pronunciamiento posterior a la interposición de la tutela, e incluso, a la emisión del fallo de primera instancia, torna improcedente la solicitud de resguardo frente a tal determinación.
4. Fue entonces, la propia incuria del gestor del amparo la que permitió la ejecutoria del rechazo de su acción popular, por lo que no puede pretender controvertir los argumentos que allí expuso el fallador para exigirle la presentación de poder para representar a la comunidad presuntamente afectada, a través de esta vía constitucional.
Se reitera que atendido el carácter residual de la tutela, en ningún momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garantías procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posición conllevaría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política.
En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:
(…) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los trámites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, sólo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad “judicial” de resguardo; además, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, – como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria. (CSJ STC, 26 ene. 2011, rad. 2011-00027-00)
5. Por otra parte, se advierte que no son atendibles los argumentos aducidos por el accionante en su escrito de impugnación, toda vez que lo alegado no constituye causal para invalidar las actuaciones surtidas en primera instancia en sede de tutela, en especial, porque al no tramitarse la demanda de protección colectiva, la entidad allí demandada carece de interés alguno en el presente trámite constitucional.
6. Para claridad del tutelante, la Sala precisa que no es facultad del Juez de tutela imponer a la Dirección Ejecutiva Seccional Risaralda, obligaciones pecuniarias, pues la ordenación del gasto no es un asunto que pueda debatirse a través de esta herramienta jurisdiccional, por lo que tampoco resulta viable su segunda pretensión de amparo.
7. En punto a la solicitud de que se tramiten tutelas contra la Defensoría del Pueblo-Regional Manizales, se le hace saber, en primer lugar, que no es ese mecanismo el diseñado para exponer tales quejas; y, en segundo término, que si estima necesario promoverlas, es a él a quien corresponde hacerlo ante la autoridad competente, con los fundamentos fácticos y legales del caso y los respectivos soportes probatorios.
8. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido, por lo que se confirmará la decisión que por vía de impugnación se ha revisado.
De los fallos emitidos en este trámite, envíese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito, de los fallos emitidos en este trámite, envíese copia al promotor del amparo a su correo electrónico; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
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