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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC2116-2015
Radicación n.° 15001-22-13-000-2015-00029-01
(Aprobado en sesión de veinticinco de febrero de dos mil catorce)
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil quince (2015).
Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida 28 de enero de 2015 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acción de tutela promovida por José Querubín Pulido Castelblanco contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Jenesano y Civil del Circuito de Ramiriquí, con ocasión del asunto ordinario iniciado por Amelia Castelblanco de Pulido, coadyuvada por José de la Cruz Pulido Castelblanco y María Presentación Pulido de Castelblanco, frente al aquí accionante.
1. ANTECEDENTES
1. Por conducto de apoderado judicial, el tutelante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente lesionado por las autoridades jurisdiccionales atacadas.
2. En apoyo de su reclamo, asevera que los demandantes pretendieron la nulidad de la donación de “(…) los inmuebles rurales denominados Santa Isabel, El Consuelo y El Palmar, ubicados en la vereda Supaneca de la jurisdicción de Jenesano (…)”, transferidos a él y a Temilda Pulido Castelblanco por Amelia Castelblanco de Pulido, mediante escritura pública N° 2456 de 24 de junio de 2004.
Agrega que en esas diligencias adujo la indebida representación de Amelia Castelblanco Pulido, por cuanto el poder conferido por ella en ese asunto contenía irregularidades, pues “(…) carece de la firma del rogado (…)” y el número de cédula allí consignado no coincidía con el de la prenombrada.
Advierte que para obtener la invalidación del citado negocio jurídico, se alegó “(…) como causal la ingratitud de los donatarios y los hechos ofensivos contra la donante (…)”, motivo acogido por el a quo y por lo cual dictó sentencia estimatoria de las pretensiones.
El 27 de septiembre de 2010, en sede de apelación, se revocó la providencia recurrida, pero se dispuso decretar
“(…) LA NULIDAD de la donación contenida en la Escritura Pública N° 2454 de 24 de junio de 2004 (…) en todo lo que exceda de la cantidad de dinero equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes (…)”.
“(…) En consecuencia, descontado el valor equivalente a los cincuenta salarios (…) deben regresar a la sucesión de AMELIA CASTELBLANCO DE PULIDO los bienes que a ésta correspondían y que la causante cediera a título gratuito a los demandados (…)”.
Asegura que el ad quem se refirió a una escritura “(…) ajena al debate y por lo tanto la (…) número 2456 sigue incólume e inviolable (…)” (fls. 12 y 13, cdno. 1).
3. Pide, en consecuencia, proteger la garantía invocada (fl. 12, ídem).
1. Respuesta de los accionados
1. El Juzgado Civil del Circuito de Ramiriquí relató los antecedentes del pleito y afirmó encontrarse el expediente en el despacho municipal accionado (fl. 46, Cdno. 1).
2. El estrado municipal encartado se opuso a la prosperidad del resguardo por incumplirse el presupuesto de inmediatez y manifestó que los sujetos procesales contaron con las herramientas de defensa correspondientes para salvaguardar sus derechos.
Adujo que la sentencia de primer grado fue revocada por el superior, declarándose la nulidad de la escritura pública 2454 de 24 de junio de 2004, en lo que excediera a cincuenta salarios mínimos legales. Posteriormente, el extremo pasivo impetró adición, aclaración y complementación de ese fallo, pedimentos denegados el 19 de octubre de 2010; no obstante, se corrigió oficiosamente el número del instrumento mencionado para determinar que era el 2456 de 24 de junio de 2004 (fls. 48 al 50, ídem).
2. La sentencia impugnada
Se desestimó el auxilio por inobservarse el presupuesto de inmediatez, pues la sentencia cuestionada se dictó el 27 de septiembre de 2010, esto es, hace más de cinco años. Agregó que resultaba
“(…) evidente la carencia de razón en los argumentos de la tutela, los cuales fueron expuestos ante el Juez de Segunda instancia con fecha 16 de octubre de 2010 para solicitar aclaración. Estos asuntos fueron objeto de debate y decisión, el hecho de que no le sean favorables las decisiones judiciales, no legitima para trasladar el conocimiento al Juez Constitucional (…). [Añadió que] [e]l acto de donación estaba recogido en la Escritura 2456 y al respecto se aclaró la sentencia en providencia de fecha 19 de octubre de 2010 (…)” (fl. 71 al 74, cdno. 1).
3. La impugnación
El reclamante impugnó el fallo memorado y pidió su revocatoria con apoyo en razones similares a las del escrito introductor. Destacó no encontrar “(…) motivos de improcedencia de la acción de tutela, por cuanto las actuaciones judiciales contienen una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso (…)” (fls. 101 al 105, cdno. 1).
2. CONSIDERACIONES
1. Examinada la queja constitucional y las pruebas allegadas a esta tramitación, se concluye el fracaso del reproche contra la sentencia de 27 de septiembre de 2010, mediante la cual se revocó la de primer grado para, en su lugar disponer
“(…) LA NULIDAD de la donación contenida en la Escritura Pública N° 2454 de 24 de junio de 2004 (…) en todo lo que exceda de la cantidad de dinero equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes (…)”
“(…) En consecuencia, descontado el valor equivalente a los cincuenta salarios (…) deben regresar a la sucesión de AMELIA CASTELBLANCO DE PULIDO los bienes que a ésta correspondían y que la causante cediera a título gratuito a los demandados (…)”.
En efecto, como el resguardo se formuló el 19 de enero de 2015 y la citada providencia se corrigió el 19 de octubre de 2010 para indicar que el número de la escritura pública invalidada era 2456 de 24 de junio de 2004, resulta evidente el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues han transcurrido más de cuatro (4) años y tres (3) meses desde la emisión de ese último pronunciamiento.
Ese lapso supera ampliamente el de seis (6) meses considerado por esta Sala como razonable para concurrir tempestivamente a esta especial jurisdicción. Sobre el punto esta Corporación ha sostenido:
“(…) [S]i bien la jurisprudencia no ha señalado unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción (…) [por tanto] (…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser (…) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante (…)”1.
Por tanto, si el solicitante se demoró para reclamar la salvaguarda constitucional, su descuido por sí solo es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular, máxime si no expresó ningún motivo para justificar su tardanza.
2. En consecuencia, se ratificará la providencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
1 COLOMBIA, Corte Suprema, Civil. Fallo de 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterado el 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01, entre otros.