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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC5095-2015
Radicación n.º 11001-02-03-000-2015-00831-00
(Aprobado en sesión de veintinueve de abril de dos mil quince)
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil quince (2015).
Decídese la tutela promovida por Luis Hernando Rueda frente al Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga y a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Carlos Giovanny Ulloa Ulloa, Mery Esmeralda Agón Amado y Antonio Bohórquez Orduz, con ocasión del juicio de filiación extramatrimonial con petición de herencia adelantado por el aquí quejoso contra Martha y María Mercedes Barrera Quiroz, Alexandra, Alberto Augusto y Francisco José Barrera Rodríguez, herederos del causante Luis Alberto Barrera Blanco.
1. ANTECEDENTES
1. El promotor del auxilio pide la protección de las garantías al debido proceso, igualdad, justicia, “primacía del derecho sustancial sobre el procesal” y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantadas por los querellados.
2. En sustento de la queja manifiesta, en concreto, que en el asunto materia de esta acción, se dictó sentencia de primer grado, en la cual se le reconoció como hijo extramatrimonial del causante Luis Alberto Barrera Blanco, y se decretó la caducidad de los efectos patrimoniales derivados de ese parentesco, determinación confirmada por el superior al desatar la alzada propuesta.
Sostiene que los juzgadores le negaron el derecho a heredar los bienes de su padre por formular tardíamente el señalado pleito, pues para tales funcionarios “(…) el suscrito debía haber iniciado este [juicio], antes del 02 de abril de 2001, es decir 2 años después de la muerte de [mi] progenitor, ocurrida el 02 de abril de 1999 (…)”.
Arguye que presentó la demanda origen del comentado asunto solo hasta el 18 de diciembre de 2009, porque se enteró de “(…) la paternidad de su progenitor seis meses aproximados antes de (…)” esa data.
Añade que le fue imposible acudir a la jurisdicción a incoar el libelo “(…) dentro de los dos (2) años después de la muerte de [su] progenitor (…) porque era un adolescente sin experiencia (…)” y sin conocimiento del trámite jurídico a adelantar.
3. Por lo narrado pide dejar parcialmente sin efectos los memorados fallos.
1.1. Respuesta de los accionados
El a quo indicó que el señalado litigio se radicó el 17 de junio de 2010 y dentro de éste el extremo demandado alegó la excepción de caducidad de la acción, la cual al ser hallada próspera, condujo a negar las pretensiones “(…) alusivas a los efectos patrimoniales deprecados de la (…) filiación (…)” reconocida.
2. CONSIDERACIONES
1. Es menester precisar que sólo las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusión en los derechos fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por vía de tutela, siempre y cuando, claro está, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente proceso.
2. El promotor de este auxilio, demandante en el mencionado juicio, reprocha los fallos dictados por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga y la Sala Civil Familia Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, por declarar la caducidad de los efectos patrimoniales derivados de la filiación paterna reclamada respecto del fallecido Luis Alberto Barrera Franco.
Aunque el auxilio constitucional se dirige en contra de las decisiones proferidas en ambas instancias, la Corte únicamente se ocupará de la emitida por el ad quem, por cuanto, aquélla desató de manera definitiva el asunto objeto de este amparo.
Para definir de la forma cuestionada el colegiado de entrada señaló que según el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, fallecido el “(…) presunto padre la acción que declare la paternidad extramatrimonial no produce efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el proceso, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.
Agregó que dentro del caso puesto a su conocimiento se hallaba acreditado que Luis Hernando Rueda, aquí gestor, formuló demanda de investigación de paternidad el 16 de junio de 2010, esto es, 11 años, 2 meses y 14 días después de la muerte de Luis Alberto Barrera Blanco, “(…) y por supuesto la notificó a los demandados con posterioridad”.
Del recuento precedente, coligió el juzgador “(…) que los efectos patrimoniales de la filiación paterna decretada caducaron (…)”.
Para arribar a tal aseveración, destacó que de conformidad con el registro civil de defunción del referido causante, éste
“(…) falleció el 2 de abril de 1999, mientras que la demanda se instauró el 16 de junio de 2010, de acuerdo a la hoja de reparto que obra a folio 13 del cuaderno principal, por consiguiente había transcurrido con creces el término de caducidad de los efectos patriminiales, previsto en la norma arriba en cita”.
Anotó que los dos años estipulados en el señalado precepto legal, transcurren para todo pretenso hijo, independientemente de “(…) que haya sabido o no quien era su padre, sea menor de edad o mayor, sin importar sus circunstancias (…)”, por cuanto, la caducidad es una figura “(…) de interés público, no sujeta a suspensión o interrupción, declarable de oficio cuando se [verifique], a diferencia de la prescripción, en la cual prevalece el interés particular del beneficiado con ella (…)”.
Descartó el argumento esgrimido por el promotor de la comentada acción, consistente en que la sentencia emitida por el a quo quebrantaba, entre otros, el derecho a la igualdad “(…) del hijo extramatrimonial demandante frente a los matrimoniales demandados (…)”, porque para el fallador “(…) en materias patrimoniales el legislador tiene una amplia libertad de configuración, sin que se avizore la vulneración de tales derechos por la sujeción de la acción, en este caso a un término de caducidad (…)”.
3. De lo narrado en antelación, se desprende que la determinación del Tribunal obedeció al estudio realizado a los medios demostrativos aportados a la litis a la luz de lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, análisis conjunto del cual coligió la prosperidad de la excepción de caducidad de la acción deprecada por el extremo pasivo del memorado decurso judicial.
Desde esa perspectiva, independientemente de prohijar o no la decisión descrita, los fundamentos aducidos por el querellado como soporte de la misma no se muestran descabellados resultado de su exclusiva voluntad.
4. Es preciso memorar que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional.
Al respecto, esta Corte ha dicho:
“(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia”1.
5. En un caso donde se ventiló una situación fáctica similar a la que es materia de la actual salvaguarda, esta Corporación advirtió:
“(…) la ley preceptúa que el estado civil es un derecho indisponible (artículo 1 del Decreto-Ley 1260 de 1970) y que sobre el mismo no se puede transigir (artículo 2473 del Código Civil)”.
“Este derecho se puede ejercer incluso, después de la muerte del presunto padre, en cuyo caso quien alegue ser su hijo tiene la facultad de interponer la respectiva acción judicial, no sólo para que se declare el vínculo biológico sino, además, para que se le reconozcan sus derechos sucesorales. Este último evento, que se concreta a las consecuencias económicas de la declaración del estado civil, tiene una limitación legal, consistente en que la sentencia que declara la paternidad “no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción. (Inciso 4, artículo 10, Ley 75 de 1968)”.
“Dicha restricción significa una garantía en favor de los sucesores reconocidos y además asignatarios para que sus derechos patrimoniales no queden indefinidamente a merced de acciones de filiación sorpresivas promovidas por personas inescrupulosas que se aprovechan de las delebles consecuencias que el transcurso del tiempo deja sobre los medios de prueba. Ese fue, indudablemente, el objetivo del legislador a consagrar el mencionado término de caducidad, influido por la necesidad de “evitar frecuentes abusos que comprometen el ejercicio recto del derecho”, tal como quedó consignado en las actas del Senado de la República que recopilaron las discusiones previas a la aprobación de la Ley 75 de 1968. (Sentencia N° 393 de 2 de octubre de 1992)”2.
6. Aunque el actor intentó justificar su retraso en acudir a la jurisdicción en que para la data del fallecimiento de su padre era un “adolescente, sin experiencia” y conocimiento en temas jurídicos, lo cierto es que las pruebas aportadas a estas diligencias revelan que el aquí promotor nació el 15 de marzo de 1976 y su progenitor murió el 2 de abril de 1999 (fls. 81 y 84), lo cual indica que para la época del deceso, el ahora querellante tenía 23 años, es decir, ya era mayor de edad y podía contratar los servicios de un abogado en aras de obtener la respectiva asesoría legal.
Ahora, si se aceptara, en gracia de discusión, la tesis del quejoso tampoco saldría avante su reclamo constitucional, porque la caducidad decretada en el mentado juicio, tópico generador del reproche aquí examinado, consolida sus efectos con el simple paso del tiempo, pues el término estipulado por el legislador para su configuración es objetivo, lo cual significa que transcurre inexorablemente desde el nacimiento del respectivo derecho y no puede ser afectado por circunstancia alguna.
Sobre la comentada institución legal, esta Corte en sede de casación dijo:
“Nuestro ordenamiento jurídico, disciplina la caducidad en reglas normativas singulares, sin un tratamiento orgánico, sino específico y concreto (…). En cuanto a sus contornos definidos, la jurisprudencia civil, tiene dicho:
“a) “[E]xtingue derechos” (cas. civ. sentencia de 4 de noviembre de 1930, XXXVIII, 424)”.
“b) “[O]pera ipso jure y sus efectos se cumplen fuera del alcance de la voluntad particular, como un imperioso mecanismo legal” (cas. civ. sentencia de 11 de mayo de 1948, LXIV, 371)”.
“c) “[E]stá ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que vencido la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. (…) [E]n la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado (…)” (cas. civ. sentencia de 19 de noviembre de 1976, CLII, 505 ss.)”.
“d) “[E]s de carácter perentorio, de orden público, no renunciable en consecuencia por los particulares y no susceptible de interrupción ni suspensión civil, como ocurre con la prescripción. Se trata en este caso de un plazo prefijado por la ley para el ejercicio del derecho de acción, a cuyo vencimiento se produce fatalmente la decadencia del derecho a reclamar que se ponga en movimiento la actividad de la rama judicial del Estado para proveer, mediante sentencia, sobre esa pretensión (…)”.
“e) “[E]l vocablo (…) se encuentra sustancialmente determinado por el tiempo o el plazo. (…) descansa, en últimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad (…) el tiempo (…) corresponde a la funcionalidad típica de la institución, de modo que se requiere únicamente su transcurrir para que operen sus efectos letales (…). [C]on la caducidad se pretende la seguridad de las diversas relaciones jurídicas como premisa indispensable de la estabilidad del tráfico jurídico, mediante el señalamiento de un plazo – dies fatalis – que no se suspende y que, por ende, se cumple inexorablemente a la hora precisa, es factible que el juez pueda decretarla de oficio, pues resultaría inaceptable que vencido dicho plazo, se oyera al demandante cuya potestad ya se extinguió (…)”.
“(…)
“Para ser más exactos, la caducidad extingue el derecho, y por ende, la acción por el simple paso del tiempo, al no hacerse valer dentro del plazo legal perentorio, esto es, basta el dato objetivo del transcurso del último día del término para generar el efecto jurídico consecuencial de la pérdida ex tunc.”.
“(…)
“De acuerdo con estos lineamientos, para la Sala, es palmario que cuando la ley señala un término de caducidad, el derecho indefectiblemente debe ejercerse en el término prefijado por el ordenamiento jurídico, so pena de caducar, fenecer, concluir, terminar o extinguirse por su simple transcurso, verificación o consumación (…)”.
“(…)
“Justamente al obedecer al orden público, ius cogens o derecho imperativo de la Nación, la caducidad excluye toda posibilidad de disposición, modificación, reducción, ampliación, interrupción o suspensión, corre inexorable e infaliblemente a partir del momento predispuesto en el factum normativo, a cuya verificación el efecto jurídico consecuente e inmediato es la extinción completa, absoluta y definitiva del derecho” (subíneas fuera de texto).
7. Sin más disquisiciones, el amparo deprecado será desestimado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Luis Hernando Rueda frente al Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga y a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Carlos Giovanny Ulloa Ulloa, Mery Esmeralda Agón Amado y Antonio Bohórquez Orduz, con ocasión del juicio de filiación extramatrimonial con petición de herencia adelantado por el aquí quejoso contra Martha y María Mercedes Barrera Quiroz, Alexandra, Alberto Augusto y Francisco José Barrera Rodríguez, herederos del causante Luis Alberto Barrera Blanco.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
1 CSJ STC, 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
2 CSJ SC, 9 de mayo de 2014, exp. 1990-00659-01