Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
ATC6621-2016
Radicación n.° 76001-22-21-000-2016-00105-01
(Aprobado en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis)
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
Sería del caso decidir la impugnación formulada frente al fallo de 24 de agosto de 2016 proferido por la Sala Civil Especializada en Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acción de tutela promovida por Myriam Arias del Carpio quien actúa en su propio nombre, contra la Procuraduría Regional del Valle del Cauca.
No obstante, observa la Sala que en el trámite de la primera instancia se incurrió en causal de nulidad que afecta parte determinante de lo actuado e impide desatar este grado de conocimiento, tal cual pasará a exponerse.
ANTECEDENTES
1. La referida ciudadana, interpuso mecanismo de amparo pretendiendo la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad demandada.
En soporte de su denuncia sostuvo que la Procuraduría Regional del Valle del Cauca no le notificó de la Resolución de 18 de marzo de 2016, por medio de la cual ordenó el archivo definitivo del proceso disciplinario 2016-00105-00, que adelantaba contra quien fue su subalterno, pesar de habérsele reconocido en dicho trámite la condición de «quejosa».
2. La Sala Civil Especializada en Tierras del Tribunal Superior del Distrito Cali, asumió el conocimiento del asunto y una vez surtido el traslado a los interesados, lo resolvió mediante fallo desestimatorio de 24 de agosto de 2016. La sentencia fue impugnada por la demandante concediéndose el recurso ante esta Corporación.
CONSIDERACIONES
De otro lado, la atribución de capacidad para conocer de la salvaguarda constitucional se encuentra prevista en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (vertido en el canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015), pero solo se ocupó de lo relacionado con la preventiva y territorial, de ahí que el Decreto 1382 de 2000 (Decreto Único Sector Justicia), introdujo el factor funcional para dicha materia.
El fallo dictado por un juzgador carente de la prenombrada aptitud, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, el Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela de conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, constituye una decisión «nula», que se torna insubsanable, pues la idoneidad por tal factor es «improrrogable», tal como lo dispone el inciso 1º del artículo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomalía está obligado a declararla de oficio.
El proceder anunciado en el párrafo que precede, deberá observarse en el presente caso por las razones que pasan a explicarse.
2. En el asunto que se examina, la quejosa dirige su tutela frente a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso, con ocasión de la investigación disciplinaria que adelantaba dicho órgano contra un empleado del despacho judicial que ella lidera, pues considera que en el mismo se ha incurrido en distintas irregularidades, entre estas, la omisión de enterarla de la orden de archivo de tal trámite.
Ahora, conforme a lo previsto el artículo primero del Decreto 1382 de 2000 (vertido en el canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015), el conocimiento de las tutelas que se dirigen contra «cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”, como lo es la Procuraduría Regional, corresponde por reparto, en primera instancia, a los jueces del circuito.
De modo tal, que para el caso concreto, como la autoridad que presuntamente quebrantó las garantías superiores de la reclamante, fue la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, la competencia para conocer la presente acción radica en los señores jueces del circuito de Cali o con categoría de tales y no en el Tribunal Superior de esa misma ciudad, pues se trata de una autoridad pública del orden departamental, como así lo ha explicado la Sala en otras oportunidades, lo que al tiempo supone que la Corte tampoco está facultada legalmente para conocer la controversia.
En un asunto de similares contornos, esta Colegiatura precisó que:
«La presente acción constitucional se dirige contra las Procuradurías Regional de Bolívar y Provisional de Cartagena con ocasión del juicio disciplinario seguido en contra del accionante (…).
En efecto, la primera de las autoridades nombradas se asimila a un organismo departamental, dado el territorio donde ejerce sus funciones y el nivel que le asignó los artículos 2 y 75 del Decreto 262 de 2000, por el cual se modificó la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación.
Al respecto, en un asunto similar la Sala consideró que: «La solicitud constitucional fue dirigida contra la Procuraduría Regional del Valle (…) Sin embargo, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali carecía de competencia para asumir el conocimiento de la demanda de tutela conforme al inciso 2º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, en tanto la autoridad accionada sólo tiene competencia en su “circunscripción territorial”, de acuerdo con el artículo 75 del Decreto 262 de 2000 (por el cual se modifica la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación) (…). En ese contexto, la Sala ha precisado que “las Procuradurías Regionales se asimilan a una autoridad pública del orden departamental, pues su ámbito de acción es su respectiva circunscripción territorial» (CSJ. ATC de 30 de noviembre de 2011, exp. 00129-01; reiterado en ATC1391-2016, 10 mar 2016, rad. 00300-01).
3. Luego, en tales condiciones, se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso vigente desde el 1º de enero de 2016, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 ídem, implica que «(…) lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará» (se destaca).
Así las cosas, y en cumplimiento del inciso final de la segunda disposición, que ordena que «[e]l auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse», la Sala precisa que únicamente dejará sin efecto el fallo de origen, por lo que el funcionario que conforme a la ley se estima habilitado para ese fin deberá dictar uno nuevo que defina la primera instancia, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o notificaciones omitidas).
4. En cuanto a la facultad para decretar «nulidades» a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corte señaló que:
«(…) hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional… sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales… Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto’… En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. Pero también, dispone directrices concretas para el conocimiento;…Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso…, el acceso al juez natural y la administración de justicia» (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado en ATC1194 3 mar. 2016, rad. 00014-01 y, ATC3603-2016, 9 jun. rad. 00045-01).
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar la falta de competencia funcional de la Sala Civil Especializada en Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para conocer en primera instancia de la presente acción de tutela.
SEGUNDO. Decretar la nulidad de la sentencia proferida el día 24 de agosto de 2016 por la prenombrada Corporación, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado hasta antes de aquella decisión.
TERCERO. Ordenar la remisión del expediente a los Jueces con categoría Circuito de Cali (Reparto), para que asuma en primera instancia el conocimiento del resguardo y reanude la actuación conforme lo anotado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Entérese de lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA