Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
ATC7882-2016
Radicación n.° 76111-22-13-000-2016-00332-01
(Aprobado en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis)
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
Sería del caso decidir la impugnación formulada frente al fallo de 4 de octubre de 2016 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acción de tutela promovida por Adriana Damaris Plaza Lourido, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –Icetex-, y los Ministerios de Educación Nacional y del Interior.
Sin embargo, observa esta Colegiatura que en el trámite de la primera instancia se incurrió en causal de nulidad que afecta parte determinante de lo actuado e impide desatar este grado de conocimiento, tal cual pasará a exponerse.
ANTECEDENTES
1. La reclamante obrando directamente, interpuso acción de tutela pretendiendo la protección del derecho fundamental a la educación, presuntamente vulnerado por las demandadas.
En soporte de su denuncia, sostuvo que es beneficiaria del programa de créditos educativos condonables del Fondo de Comunidades Indígenas Álvaro Ulcué Chocué, gracias al cual ella y otros compañeros han podido adelantar sus estudios superiores, sin embargo, relata que desde «hace aproximadamente unos 6 años en algunos casos hasta 3 semestres, el ICETEX No ha girado los rubros que se nos asignó para para la realización de nuestra profesionalización (…) esta entidad suspendió todos los giros y nos ha perjudicado de tal manera que (…) muchos de nosotros fuimos pasados a cobro jurídico por parte del Icetex».
En consecuencia pretende fundamentalmente, que se «ordene a quien corresponda especialmente al ICETEX realizar los pagos y giros correspondientes, a las personas que estamos en esta situación, de la manera más expedita».
CONSIDERACIONES
1. No obstante ser la tutela una vía preferente y sumaria, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite «se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva» (CC A-257/06).
De otro lado, la atribución de capacidad para conocer el amparo constitucional se encuentra prevista en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, pero solo se ocupó de lo relacionado con la preventiva y territorial, de ahí que el Decreto 1382 de 2000 (hoy Decreto 1069 de 2015, art. 2.2.3.12.1), introdujo el factor funcional para dicha materia.
El fallo dictado por un juzgador carente de aptitud funcional, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, el Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela de conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, constituye una decisión «nula», que se torna insubsanable, pues la idoneidad por tal factor es «improrrogable», tal como lo dispone el inciso 1º del artículo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomalía está obligado a declararla de oficio.
El proceder anunciado en el párrafo que precede, deberá observarse en el presente caso por las razones que pasan a explicarse.
2. En el asunto que se examina, la accionante entiende constituida la vulneración de sus derechos fundamentales, por el actuar del Icetex y los Ministerios de Educación Nacional y del Interior, que de manera intempestiva suspendieron los pagos semestrales por concepto de estudios, a las instituciones académicas donde ella y otros favorecidos con las ayudas educativas, cursan sus programas de profesionalización.
La queja constitucional, entonces, se dirigió contra las aludidas carteras y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX–; con todo, de los hechos descritos y las pruebas aportadas se colige que el supuesto desconocimiento de las garantías esenciales invocadas tendría su fuente en la conducta de la última de las citadas entidades, en tanto, según el reglamento interno del Fondo de Comunidades Indígenas «Álvaro Ulcué Chocué», es aquel el administrador de dicho mecanismo de subvención y por tanto le corresponde «[g]irar oportunamente los recursos a los beneficiarios de créditos condonables».
Ahora el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX–, cabe aclarar, es descentralizada por servicios del orden nacional, conforme al numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998.
Así las cosas, como quiera que el inciso 2° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 (hoy artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015), establece que a los jueces del circuito o con categoría de tales, les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional, es claro que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga carecía de competencia para decidir el asunto en sede de primer grado.
En casos análogos al de ahora ha sostenido esta Corporación que:
«Por lo tanto, y como tal ente convocado se encuentra descentralizado por servicios del orden Nacional, conforme al numeral 2º, del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la actuación atacada se encuentra fuera del resorte del conocimiento en primera instancia por parte de los Tribunales Superiores.» (CSJ SC ATC2231-2016, 13 abr. 2016, rad. 2015-03222-02 y ATC4832-2016, 28 jul. 2016, rad. 2016-00338-01).
3. Aunque también fueron sujeto pasivo de la presente acción los Ministerios de Educación Nacional y del Interior, verificado el escrito de amparo no se extracta la existencia de ningún presupuesto fáctico que permita atribuirles actuación u omisión lesiva de derechos fundamentales, en tanto la primera cartera nada tiene que ver con este programa de cooperación interinstitucional para la profesionalización de las comunidades indígenas y la segunda si bien si lo integra, no es la encargada de su gestión, función que precisamente recae en el Icetex.
Entonces, es innegable que se presentó la vinculación aparente de los referidos ministerios, situación sobre la que esta Sala ha señalado que «no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria» (CSJ ATC, 31 mar. 2016, rad. 1687-16, reiterada en ATC, 6 abr. 2016, rad. 1930-2016).
Por tanto, al Tribunal Superior de Buga no le correspondía decidir en primera instancia la acción de tutela en mención, ni a la Corte le es dable resolver su impugnación.
4. Luego, en tales condiciones, se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso vigente desde el 1º de enero de 2016, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 ídem, implica que «(…) lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará» (se destaca).
Así las cosas, y en cumplimiento del inciso final de la segunda disposición, que ordena que «[e]l auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse», la Sala precisa que únicamente dejará sin efecto el fallo de origen, por lo que el funcionario que conforme a la ley se estima habilitado para ese fin deberá dictar uno nuevo que defina la primera instancia, sin perjuicio de lo que considere necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o notificaciones omitidas).
5. En cuanto a la facultad para decretar «nulidades» a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corte señaló que:
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar la falta de competencia funcional de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, para conocer en primera instancia de la presente acción de tutela.
SEGUNDO. Decretar la nulidad de la sentencia proferida el día 4 de octubre de 2016 por la prenombrada Corporación, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado hasta antes de aquella decisión.
TERCERO. Ordenar la remisión del expediente a los Jueces del Circuito de Buga (Reparto), para que asuma en primera instancia el conocimiento del resguardo y reanude la actuación conforme lo anotado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Entérese de lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA