Asistente Jurídico Inteligente
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
ATC7896-2016
Radicación nº 52001-22-13-000-2016-00132-01
Bogotá D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
Correspondería decidir la consulta del auto de 10 de octubre de 2016, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto resolvió el incidente de desacato formulado por la Procuradora 15 Judicial II Agraria de esa ciudad, en representación de Arnulfo Guillermo Ramos Valencia, contra la Agencia Nacional de Tierras; si no fuese porque aflora una causal de nulidad que debe ser declarada.
Sábese que siendo el proceso una serie de actos coordinados y sucesivos al interior del cual se discuten la pretensión y la oposición correlativa, éste ha de estar sometido a una serie de formalidades que garanticen el derecho individual y permitan el cumplimiento de los principios constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes.
El desconocimiento o inobservancia de las formas legalmente constituidas para el regular desenvolvimiento de la relación procesal entraña anomalías de las que se deriva nocividad capaz de conculcar los derechos de las partes y cuya ocurrencia ha sido prevista teleológicamente por el legislador, precisamente para evitar que éstas atenten contra el derecho de defensa de los litigantes. A tal fin, el Código General del Proceso reglamentó los sucesos que ostentan el carácter de nulidad y atribuyó, en consecuencia, la calidad de irregularidades de menor entidad y por ende saneables a través de otros medios de impugnación, a las demás falencias allí no contempladas.
Específicamente cuando en el transcurso del rito se presenten situaciones típicas que vulneren el derecho de defensa, a efectos de salvaguardarlo, fueron consagrados por el estatuto adjetivo, en forma taxativa, los hechos que pueden configurar nulidad procedimental con el fin de preservar la garantía constitucional del debido proceso.
La tutela, a pesar de que entraña un procedimiento breve y sumario no puede desconocer derechos fundamentales, destacando que la celeridad que es propia de su naturaleza no puede dar al traste con el derecho de defensa de las personas.
Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el Tribunal Constitucional incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992.1
En efecto, en el sub-examine observa el Despacho, revisada la actuación, que el 5 de julio de 2016 la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pasto profirió fallo de tutela, en el cual le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que:
… dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a resolver la solicitud de revocatoria directa frente a la Resolución No. 743 de 2003, que en su momento profirió la Gerencia de la Regional Nariño – Putumayo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA (folio 7 vuelto, cuaderno 1).
Con posterioridad, la Procuraduría 15 Judicial II Agraria de Pasto radicó escrito en el que solicitó el adelantamiento del incidente de desacato consagrado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, lo que dio lugar a que fuera iniciado el presente trámite mediante auto de 3 de octubre de 2016 en contra Natalia Hincapié Cardona, Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces, así como frente a su superior Miguel Samper Strouss y, posteriormente, con proveído de 10 de octubre de 2016 sancionó a la mencionada Jefe de la Oficina Jurídica, con arresto de un día y multa de un salario mínimo legal mensual vigente, por el incumplimiento de la mentada orden constitucional.
Así las cosas, en punto del incumplimiento de una orden de tutela, el desacato debe estar dirigido en concreto contra la persona natural, plenamente identificada, a quien se le impartió la misma o a quien compete acatarla en el evento de que no sea aquella y, para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso es necesario, entonces, determinar e individualizar al responsable de la conducta omisiva, notificándole, también, el auto que inicia el trámite del incidente de desacato, formalidades éstas que no fueron cumplidas en el sub lite, como ya se anotó.
Al respecto, esta Corte ha indicado que:
(…) de entrada, se observa que no hay constancia en el expediente de que el fallo de tutela se haya notificado a [todas] la[s] persona[s] incidentada[s], para que la[s] misma[s] hubiese[n] podido conocer las órdenes dispuestas en esa decisión y dar cumplimiento o explicar por qué no le era posible acatarlo (…).
Por lo tanto, al no existir certeza de que [los] incidentado[s] haya[n] sido debidamente enterado[s] (…) de la apertura de tal actuación (…), se torna evidente la vulneración al debido proceso y defensa del sancionado y, por ende, la incursión del trámite en un vicio con alcance de nulidad insaneable, el cual debe ser declarado por esta Corporación (CSJ ATC795-2016, 18 feb. 2016, rad. 2015-00649-01).
Luego, como fueron desconocidos los presupuestos aludidos, necesarios para garantizar el debido proceso, se concluye que este rito está afectado por vicios que conducen a la declaratoria de la nulidad de todas aquellas actuaciones surtidas en el presente incidente.
Con base en lo expuesto, el Despacho RESUELVE:
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado en este asunto, a partir del auto de 3 de octubre de 2016, inclusive.
SEGUNDO. En consecuencia, por el Tribunal de primera instancia renuévese la actuación viciada conforme con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado
1 Ese aparte normativo fue incluido en el Artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (…), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a éste estatuto sino al Código General del Proceso.