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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado Ponente
SC10201-2016
Radicación n° 11001-02-03-000-2013-00966-00
(Aprobado en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciséis)
Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur promovida por Germán Augusto Ángel, respecto de la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil seis, por el Juzgado de Familia Segundo del Circuito de San José, Costa Rica.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
El demandante, a través de apoderado judicial, solicita homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se declaró que el señor Germán Eduardo Zamora González, es el padre biológico del solicitante, y en consecuencia, tiene derecho a llevar su apellido y a sucederlo ab-intestato con todas las obligaciones que ello conlleva. [Folios 5 a 8]
B. Los hechos
1. Germán Zamora González y Mariela Ángel Valencia iniciaron una relación sentimental a finales del año 1980 y principios de 1992, de la cual el 22 de noviembre de 1983 nació Germán Augusto Ángel.
2. El mencionado señor admitió ante terceras personas, ser el padre del niño y su intención de reconocerlo como tal.
3. Sin embargo, el progenitor falleció el 15 de mayo de 1997, sin realizar el referido acto.
4. Después de la muerte del padre, la familia de éste y su descendiente han mantenido contacto, pues lo consideran un miembro más de la casa.
5. Ante las mencionadas circunstancias el joven, presentó demanda especial de filiación contra la sucesión de su causante ante el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José de Costa Rica, a fin de que se declarara como hijo biológico del difunto.
6. Surtido el trámite correspondiente y luego de que la albacea no se opusiera a la solicitud, el juzgador foráneo, en sentencia de 29 de agosto de 2006, accedió a las pretensiones, tras considerar, que en efecto de las declaraciones de la madre y primos del fallecido, se podía colegir que éste siempre admitió al demandante como su hijo, y especialmente, que antes de morir manifestó su deseo de reconocerlo, lo que no pudo realizar debido a su repentino deceso.
C. El trámite del exequátur
1. El 4 de junio de 2013, se admitió la demanda, y se corrió el traslado de rigor a los agentes del Ministerio Público. [Folio 28, c.1]
2. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles se pronunció sobre los hechos afirmados en el libelo, manifestando que son ciertos y agregó, que no se oponía a las pretensiones siempre y cuando la providencia materia de homologación, reúna los requisitos de Ley. [Folio 43]
3. La funcionaria del ente de control, encargada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas al exequátur, manifestó que encontraba procedente otorgar efectos jurídicos a la decisión de paternidad, toda vez que se trataba de una determinación legitima desde el punto de vista internacional y su contenido guarda consonancia con el régimen de la filiación regulado en la legislación patria. [Folio 49, c.1]
4. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se ordenó librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que a través del Consulado de Colombia en Costa Rica, obtuviera, legalizara y remitiera con destino al proceso, copia auténtica y certificada con indicación de su vigencia actual de los textos legales de conformidad con los cuales es permitido en dicho territorio, la ejecución de sentencias judiciales extranjeras proferidas en materia de paternidad. [Folio 52]
5. Finalmente se corrió traslado para alegar, conforme lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil. [Folio 187, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de naciones extranjeras tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.
Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otros países se les otorgue validez en el nuestro siempre y cuando en aquéllos se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.
La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y esa nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción patria. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, en la consagración en ambos países de disposiciones legales con igual sentido.
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que «[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia».» (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 May 2012, Rad. 2008-02100-00)
Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.
2. En el asunto que se analiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que «una vez consultado el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio, no se encontró tratado bilateral o multilateral vigente entre la República de Colombia y República de Costa Rica, en materia de filiación» [folio 96], es decir sobre la homologación de sentencias entre Colombia y Costa Rica, en temas de filiación, por lo que no existe evidencia de la reciprocidad diplomática entre ambas naciones sobre el tema que es objeto del exequátur.
Empero y aunque de lo anterior se desprende la inexistencia de reciprocidad diplomática, de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de orden legislativo.
Así, a instancia del interesado se obtuvo copia auténtica de la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias extranjeras en el territorio de Costa Rica, en la que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 705 del Código Procesal Civil, Ley 7130 de 16 de agosto de 1989, «para que la sentencia, el auto con carácter de sentencia, o el laudo arbitral extranjero surtan efectos en el país, deberán reunir los siguientes requisitos: 1) Que estén debidamente autenticados… 2) Que el demandado hubiere sido emplazado, representado o declarado rebelde, con arreglo a la ley del país de origen, y que hubiere sido notificado legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo… 3) Que la pretensión invocada no sea de competencia exclusiva de los tribunales costarricenses… 4) Que no exista en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia ejecutoriada, por un tribunal costarricense, que produzca cosa juzgada… 5) Que sean ejecutorios en el país de su origen… 6) Que no sean contrarios al orden público».
Por consiguiente, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces del Estado de Costa Rica, en virtud de la aludida reciprocidad.
3. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contravenga el orden público, concepto sobre el que esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar que «no es más que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de Salvaguardarlo». (CSJ SC, 8 Jul 2013, Rad. 2008-2099-00)
De ahí que la noción que se impone acoger es la de «orden público internacional», el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera «sólo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales». (Ibídem)
La Corte ha enfatizado que en los trámites de exequátur «no existe inconveniente para un país [en] aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios», pues el significado del enunciado concepto en asuntos de esta índole se evidencia «la noción de orden público se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o tribunal extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles». (Ibídem)
En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquélla no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.
A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de filiación fue promovido por el acá solicitante, en virtud de que el fallecido Germán Eduardo Zamora, admitía ante terceras personas ser su padre, pero que murió repentinamente antes de reconocerlo, situación que acepta la familia del de cujus, quienes incluso después del deceso se mantuvieron en contacto con él y siempre lo consideraron un miembro más de ellos.
Dentro de dicho trámite, la parte demandada contestó afirmativamente las pretensiones, sin oponerse a la acción, por el contrario indicó que «don Germán Eduardo, no lo pudo reconocer como hijo suyo ante su repentina muerte», pero «la familia siempre lo ha asumido como un miembro más».
De igual forma, se recibieron los testimonios de la madre y sobrino del causante, quienes declararon que su familiar siempre «admitió que Germán Augusto era su hijo, el cual se había engendrado producto de la relación sentimental que había mantenido con la madre de éste, y especialmente manifiestan que antes de fallecer, admitió su deseo de reconocerlo como hijo suyo [l]o cual no se pudo realizar por su muerte repentina», que además, siempre han reconocido al joven como parte de ellos y en tal calidad lo han tratado, que incluso éste ha residido en Costa rica con una de las hermanas de su presunto padre.
Manifestaciones, que indicó la falladora, concuerdan con las pruebas documentales que se allegaron al litigio, donde se evidencia la existencia de la relación sentimental entre el causante y la madre del solicitante, y la aceptación por parte de ambos de que el nacimiento de éste era producto de dicho trato.
En ese orden, se resolvió conceder la filiación, porque «aún cuando no fue posible realizar la prueba de marcadores genéticos ante el deterioro que sufrieron los restos del fallecido», del análisis conjunto de las pruebas se podía concluir, que «entre la madre del actor y don Germán Augusto, lo cual antes de morir fue reconocido por su padre, quien incluso le manifestó a terceras personas su intención de reconocerlo como su hijo». (Se resalta).
En consecuencia, se declaró que el demandante tenía derecho a llevar el apellido del fallecido señor y a sucederlo ab-intestato con todas las implicaciones que ello conllevaba; así como se ordenó inscribir la sentencia en el Registro Civil de Costa Rica y en el de nacimiento de éste en Colombia.
Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, se establecen en los artículos 397 a 408 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 721 de 20011 y lo contenido en el Decreto 1260 de 1970.
4. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3° de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente ejecutoriada y legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.
Se cumplen los requisitos de apostilla y traducción por intérprete oficial, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Además, la decisión está en firme, de conformidad con las leyes Costa Rica, tal y como puede extraerse de las pruebas allegadas al expediente [Folio 56].
En otra oportunidad, la Corte indicó que:
En el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación Diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.
Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos – incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado-, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan.
5. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues la decisiones contenidas en dicho proveído no son contrarias a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico de la filiación extramatrimonial.
Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto de los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.
6. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al presente trámite.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. CONCEDER el exequátur de la providencia dictada el 29 de agosto de 2006, por el Juzgado de Familia Segundo Circuito de San José de Costa Rica, mediante la que se declaró que German Eduardo Zamora González, es el padre biológico de German Augusto Ángel, en adelante Germán Augusto Zamora Ángel.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en los artículos 6°, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 2158 de 1970, se ordena inscribir esta decisión junto con el fallo homologado, en el folio del registro civil de nacimiento del solicitante. La secretaría libre las comunicaciones a que haya lugar.
Sin costas en el trámite.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Artículo 3° de la Ley 721 de 2001: Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente.