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AC1239-2021 (2021-00440-00)
AC1239-2021
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00440-00
Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021).
Se decide sobre la idoneidad del escrito de subsanación del recurso de revisión que formularon Lucila Isabel Maza de Torregoza y otros contra la sentencia de 12 de diciembre de 2018, dictada por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
ANTECEDENTES
1. Mediante providencia de 3 de agosto del año en curso se inadmitió el escrito de la referencia, para que, entre otros aspectos, la impugnante expusiera el «soporte fáctico concreto de la causal de revisión invocada».
Sobre este requerimiento, se indicó que
«(…) so pretexto de una inadecuada valoración probatoria (tanto desde el punto de vista fáctico, como desde el jurídico), el libelo introductor se orientó a cuestionar el alcance que el tribunal le atribuyó a las distintas probanzas recaudadas en el decurso de la actuación ordinaria, sin indicar de qué manera, y por qué razón, esas eventuales irregularidades comprometerían la estructura formal de la providencia impugnada.
Por consiguiente, resulta imperativo que la recurrente vincule sus reparos a alguna de las hipótesis taxativas que el legislador ha reconocido como constitutivas de nulidad, explicando por qué las alegadas deficiencias valorativas del tribunal configurarían un vicio invalidatorio, para lo cual deberá tenerse en cuenta que “[l]a nulidad causada en la sentencia ‘no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relación a su fundamentación jurídica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia’. Su origen, como se desprende de su literalidad, tiene que estar ínsita en la sentencia, vale decir, que esta última en sí misma contenga una causa de ineficacia procesal” (CSJ SC9228-2017, 29 jun.; reiterada en CSJ AC5329-2017, 22 ago.)».
2. En su memorial de subsanación, los recurrentes pretendieron cumplir con la carga argumentativa que extrañó la Corte, para lo cual, luego de insistir en sus primigenias alegaciones, agregaron lo siguiente:
« La causal de nulidad que se invoca, surge de la doctrina probable emanada incialmente (sic) de la sentencia CSJ SC del 29 agosto de 2008, radicado 2004-00729-0, en la que la Corte de Suprema de Justicia, por vía de interpretación, introdujo que dentro de las posibles causas de nulidad originadas en la sentencia se encuentra la concerniente a las deficiencias graves de motivación (…). Puesto que esta interpretación en torno al alcance de la causal 8 del artículo 355 del Código General del Proceso, (y en su momento del Código de Procedimiento Civil), fue reiterada y adoptada de manera uniforme en posteriores sentencias proferidas en sede del recurso extraordinario de revisión , entre ellas SC del 1 de junio de 2010, radicado 2008-00825-00; SC del 8 de abril de 2011, radicado 2009-00125-00; SC12377- 2014, radicado 2010-02249-00; SC12559-2014, radicado 2012-02110-00, se torna pertinente afirmar que la tesis jurisprudencial de la causal de nulidad Deficiencias graves de motivación, constituye doctrina probable, en los términos del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 (…).
En el caso sub examine, la sentencia del 12 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, debidamente ejecutoriada el 8 de febrero de 2019, se encuentra viciada de nulidad, por deficiencias graves en su motivación, puesto que al momento de emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la prueba recaudada y de las circunstancias fácticas que ocasionaron el despojo y abandono forzado de los solicitantes, se desconocieron los principios estructurales del proceso especial de restitución de tierras, concebidos en la Ley 1448 de 2011, y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como verdaderas garantías para los derechos de las víctimas, considerando la especialidad de este procedimiento como una forma de reparación en sí misma.
Las deficiencias en la motivación, son de tal entidad que se evidencian en la ausencia de pronunciamiento alguno frente a la prueba sumaria de la posesión que nuestros representados ejercieron sobre cada una de las parcelas ubicadas dentro de los predios de mayor extensión denominados “Diana María I” y “Diana María II”, constituida por los interrogatorios de parte obrantes dentro del plenario, donde cada uno de los accionantes de manera reiterada señalaron con contundencia su ánimo de permanecer en la tierra como dueños de la misma, sin reconocer dominio ajeno y de manera pacífica.
Por otra parte, la justificación del ente fallador deviene en irracional e inadecuada pues se aparta del contexto nacional histórico que evidencia que la población trabajadora del campo en su mayoría no desarrolla megaproyectos agropecuarios para mantener lazos fuertes con sus bienes rurales no solo porque no cuenta con los medios económicos para esto, sino porque por el contrario ejecuta proyectos agrícolas que desarrolla permanentemente y mantienen el respeto y armonía con la naturaleza, como bien preciado que le brinda los medios necesarios para subsistir como individuo y en comunidad. El argumento del Tribunal, tomando la ganadería como si fuera una actividad realizada fácilmente por un campesino en condición de vulnerabilidad, se opone a hechos notorios y contextos propios de la vida rural y desde la caracterización de sujeto del campesino, tal y como se ha señalado en diversos análisis sociales sobre el campesinado en Colombia (…).
En el mismo sentido, dentro de la apartado considerativo de la sentencia, no se realizó pronunciamiento alguno, ni se otorgó valor probatorio a la prueba documental previamente recepcionada en la etapa administrativa por la Unidad de Restitución de Tierras a través de profesionales sociales, catastrales, topógrafos y abogados, que permitió la expedición de la Resolución No. 0896 de 2015, mediante la cual se resolvió inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Forzosamente abandonadas, a cincuenta y tres reclamantes de los predios “Diana María I” y “Diana María II”.
En consecuencia, a pesar de lo preceptuado en el artículo 78 de la Ley 1448 de 20115, el despacho se abstuvo de esgrimir una motivación adecuada a la norma, en torno a la aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba (…). Lo anterior, permite dilucidar que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena arbitrariamente decidió que el proceso de restitución de tierras, con diferencias sustanciales sobre cualquier otro, debía convertirse en un proceso de declaración de pertenencia, como lo señaló en su sentencia, inaplicando el principio de inversión de la carga de la prueba, desviando la lógica de la valoración de las pruebas recaudadas, viciando de nulidad la sentencia».
CONSIDERACIONES
1. Ab initio, resulta necesario reiterar que,
«(…) “en punto de la taxatividad de los motivos que constituyen nulidades procesales (‘especificidad’), la legislación colombiana siguió a la francesa de la Revolución y su gran apego o culto a la ley en cuyo desarrollo acuñó la máxima pas de nullité sans texte, esto es, que no hay defecto capaz de estructurar nulidad, sin ley que expresamente la establezca, consagrado sintéticamente en el encabezamiento del artículo 140 del estatuto de enjuiciamiento [que corresponde al precepto 133 del Código General del Proceso] al decir que “el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos (…)”, especificidad que reafirma el inciso 4o. del artículo 143 ibídem [135 actual], al disponer que “el juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta a las determinadas en este capítulo…”.
La contundencia de esta directriz se pone de presente en estas palabras de la Corte: “La ley procesal es terminante al señalar cuáles vicios de actividad son generadores de nulidad y cuáles no, [de] manera que no es dable al intérprete asimilar a los primeros, acudiendo a argumentos de analogía o por mayoría de razón, algún otro tipo de defecto adjetivo, restricción por cierto claramente definida en una larga tradición jurisprudencial al tenor de la cual se tiene por sabido que “…nuestro Código de procedimiento Civil -aludiendo al de 1931 que así como el actual consagraba el principio de la especificidad de las nulidades-, siguiendo el principio que informa el sistema francés, establece que ninguna actuación del proceso puede ser declarada nula si la causal no está expresamente prevista en la ley. Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades o irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviación más o menos importante de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, únicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador” (G.J. t. XCI, pág. 449)» (CSJ SC, 22 mar. 1995, rad. 4459; reiterada en CSJ SC5512-2017, 24 abr. y CSJ AC2727-2018, 28 jun.).
2. Con apoyo en la comentada regla orientativa del sistema de nulidades procesales, la jurisprudencia actual de esta Corporación ha insistido, de forma consistente, en que la «nulidad originada en la sentencia» atañe, exclusivamente, a la estructuración de una cualquiera de las causales de anulabilidad procesal previstas en la codificación vigente en la fase conclusiva del juicio.
Por vía de ejemplo, en el fallo CSJ SC3751-2018, 7 sep., se precisó lo siguiente:
«(…) el numeral 8º del artículo 355 del Código General del Proceso establece como motivo de revisión, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”; de lo anterior se desprende, entonces, que se contemplan dos requisitos, a saber: i) que la invalidez se origine en la decisión de fondo, lo que excluye, en consecuencia, cualquier causa de anulación que se presente durante el trámite del proceso; y ii) que dicha providencia no sea susceptible de apelación o casación, pues de ser impugnable esa es la oportunidad para plantear la irregularidad endilgada al fallo, la que se entenderá convalidada en caso de guardar silencio.
De ahí que en punto de la mentada causa, es menester para su prosperidad, la existencia y demostración por el recurrente, en la sentencia que pone fin al proceso, de irregularidades con la fuerza suficiente para invalidarla, esto es, que el vicio que dimana como constitutivo de nulidad “debe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio atañederos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al sentenciador. En realidad, dicho motivo de revisión tiene por finalidad abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa, cual ocurre, por ejemplo, si se dicta contra una persona que no ha sido parte en el proceso o pretermitiéndose la etapa de alegaciones” (CSJ SC, 22 sep. 1999, rad. 7421); de este modo, no se trata, entonces, de cualquier irregularidad ni tampoco de una equivocada fundamentación de la providencia, o de un yerro del juez en la apreciación de las pruebas o al aplicar las normas que han de dirimir el conflicto.
(…) Para la prosperidad, en sede de revisión, de cualquier reproche que tenga como soporte la “nulidad originada en la sentencia”, le incumbe al impugnante demostrar la configuración de alguna de las delimitadas situaciones antes referidas, sin que le sea posible discutir el tema litigioso. Es claro en el sistema legal colombiano respecto de las “nulidades” en general, que solo los hechos establecidos por el legislador como motivos constitutivos de una irregularidad de tal entidad pueden alegarse y declararse como tales, en ese sentido opera la taxatividad, y para efectos de la nulidad originada en la sentencia, frente a lo cual no existe una lista legal taxativa, se ha ido elaborando jurisprudencialmente una serie de hechos que la pueden generar, de la cual si bien se afirma que no es una lista cerrada, es necesario que partan directamente de la sentencia y que no constituyan una reviviscencia de la cuestión litigada y por eso se acepta que son los que pueden aducirse para invalidar y aniquilar un fallo definitivo y protegido por la seguridad jurídica que le irradia la cosa juzgada material, que la misma jurisprudencia ha enlistado y en ellos no se acepta la indebida motivación como causal, precisamente porque aceptarlo sería reconocer una nueva discusión sobre la materia tratada y definida en el proceso».
Con posterioridad, en CSJ SC674-2020, 3 mar., la Corte dijo:
«El motivo de revisión consagrado en el numeral octavo del artículo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelación o de casación, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deberá alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnación no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio.
(…) De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisión se dirige a “abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa” (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). Es decir que ha de tratarse de: “… una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido” (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que “los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes” (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001). (…) La nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relación a su fundamentación jurídica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia».
Y más recientemente, en el fallo CSJ SC3892-2020, 19 oct., se precisó lo siguiente:
«[E]l motivo de revisión consagrado en el numeral octavo del artículo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelación o de casación, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deberá alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnación no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio (…). De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisión se dirige a “abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa” (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). Es decir que ha de tratarse de “una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido (…), lo cual significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que –a más de estar expresamente previstos (…)–se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes” (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001)» (CSJ SC9228-2017, 29 jun.).
3. De acuerdo con la tesis –mayoritaria– expuesta, que constituye la doctrina probable actual de la Corporación, debe colegirse que como el legislador no relacionó «las deficiencias graves de motivación» dentro de los motivos de anulabilidad procesal, las alegaciones compendiadas en los antecedentes de esta providencia no resultan técnicamente aptas para cimentar una censura enrutada por la causal octava de revisión.
Ciertamente, los argumentos de los impugnantes se refieren, de un lado, a la «ausencia de pronunciamiento alguno frente a la prueba sumaria de la posesión», y de otro, a la circunstancia de habérsele negado mérito demostrativo «a la prueba documental previamente recepcionada en la etapa administrativa por la Unidad de Restitución de Tierras a través de profesionales sociales», criticas que no corresponden a eventuales desviaciones del trámite que sean constitutivas de nulidad procesal (en los términos explicados), como es de rigor cuando se pretende la anulación de un juicio.
Y siendo ello así, se colige que las falencias del escrito introductorio no fueron subsanadas, por lo que ha de ser rechazado, conforme lo dispone el artículo 358 (inciso 2) del Código General del Proceso.
4. Con todo, es pertinente reseñar que esta corporación sostuvo en el pasado una línea de pensamiento divergente a la explicada, según la cual el efecto anulatorio de la sentencia podría extenderse a eventos distintos de los supuestos abstractos que se enlistaron en el estatuto adjetivo, tales como la falta de motivación de la sentencia (teorización que actualmente defiende un sector minoritario de la Sala).
Al respecto, se había indicado que
«(…) la “motivación” de las sentencias atañe al derecho fundamental a un debido proceso, pues al tener el juez que realizar el “examen crítico de las pruebas”, aunado a los “razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen”, esto no sólo hace visible y pública la decisión, sino que posibilita su escrutinio por las partes, así como el ejercicio de los recursos estatuidos para controvertirla.
(…) La motivación de las sentencias tiene como función “procurar el acierto” y “demostrar que el juez tiene el genuino propósito de proscribir la arbitrariedad, adherir al ordenamiento jurídico y facilitar la crítica externa, en particular de las instancias encargadas de controlar la decisión, mediante una labor de contraste con el sistema de normas y valores que el ordenamiento consagra”. Sin embargo, debe precisarse que para que la causal de nulidad procesal se estructure debe provenir del incumplimiento del deber de fundamentar en forma adecuada las decisiones, hipótesis en las que cabe (i) la motivación meramente aparente, como cuando se dejan de lado los aspectos centrales de la controversia, y (ii) la ausencia de argumentación» (CSJ SC14018-2014, 18 nov.).
Con similar orientación, en una fecha más cercana se dejó sentado que
«(…) en CSJ SC 29 ago. 2008, rad. 2004-00729-01, la Corte por vía de interpretación, introdujo la tesis referente a que dentro de las posibles causas de nulidad generadas en la sentencia se encuentra la concerniente a las “deficiencias graves de motivación”. En esa oportunidad se abordó el estudio de la causal de revisión consagrada en el numeral 8° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en orden a lo cual la Corte se refirió en retrospectiva a sus antecedentes y se centró en el deber de motivación de las sentencias judiciales como elemento integrante del debido proceso.
(…) La exigencia de motivación de las sentencias judiciales (…) es inherente al debido proceso, lo cual explica la ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligación de poner al descubierto las razones de la decisión, para permitir el examen público de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene establecidos. Concretamente respecto de los defectos de motivación que pueden afectar la validez de la sentencia y que viabilizarían la causal de revisión en estudio, prosiguió:
“Volviendo la mirada sobre la necesidad de acompasar las causales del recurso de revisión a las exigencias de hoy, y atendiendo especialmente que las reglas legales que gobiernan dicha impugnación extraordinaria son anteriores a la Constitución de 1991, es menester registrar que el deber de motivar las decisiones no se satisface con la expresión objetiva de las razones que acompañan la resolución, sino que, desde una perspectiva constitucional, se impone hurgar con mirada penetrante si esa motivación satisface o no las actuales exigencias constitucionales.
(…) Y visto el anterior panorama, en lo que atañe con el recurso de revisión, la posibilidad de plantear la nulidad originada en la sentencia tiene el mayor significado, pues se trata del juzgamiento intrínseco del acto más importante de un juicio, con el cual se expresa la soberanía del Estado y se extingue definitivamente la jurisdicción.
Corresponde ahora analizar la relación entre la causal 8ª de revisión y las carencias inaceptables de motivación de la sentencia, pues agotadas las instancias regulares de un juicio, la única manera de aniquilar los efectos de un fallo aquejado de una motivación apenas formal sería el recurso extraordinario de revisión (…). Decantado que la nulidad debe subyacer en la misma sentencia, en su propio cuerpo, habría de preguntarse sobre cuál podría ser ese vicio originado en la sentencia, que por su gravedad puede invalidarla y, más concretamente, cómo los vacíos argumentales dan lugar a la nulidad. Se ha dicho usualmente que la nulidad originada en la sentencia, cuando de argumentación se trata, supone la ausencia total de motivación. No obstante, en ese contexto casi sería imposible hallar una sentencia totalmente carente de razones, lo cual impone que en el camino de aplicar la carencia de argumentos como fuente de la nulidad de la sentencia, sea necesario un esfuerzo adicional, ya que normalmente los juzgadores abonan algunos motivos para decidir, de modo que resultaría estéril la búsqueda de una sentencia radicalmente ayuna de fundamentos.
A partir de esta circunstancia, parece necesario dejar sentado como premisa, que no basta la presencia objetiva de argumentos en la sentencia para que el fallo quede blindado y a resguardo de la nulidad, pues la mirada debe penetrar en la médula misma del acto de juzgamiento, para averiguar si la motivación puesta apenas tiene el grado de aparente, y si de ese modo puede encubrir un caso de verdadera ausencia de motivación; de esta manera, el juez de la revisión no puede negarse a auscultar los argumentos y su fuerza, tomando recaudos, eso sí, para no hacer del recurso de revisión una tercera instancia espuria (…)”» (CSJ SC5408-2018, 11 dic.).
5. Sin embargo, si se reexaminara el recurso formulado bajo esta teorización alternativa, la conclusión no variaría un ápice, porque los precedentes que se decantan por la postura recién aludida han sido insistentes en señalar que la motivación deficiente, como eventual «vicio constitutivo de nulidad de la sentencia», exigiría para su configuración que la providencia cuestionada se encuentre ayuna de fundamento.
Verbigratia, en CSJ SC10223-2014, 1 ago., se dijo:
«La jurisprudencia de esta Corte, en coherencia con lo sostenido y con el inciso sexto del artículo 142 del Estatuto Procesal Civil, según el cual “la nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3°”, admite la posibilidad de que la ineficacia procesal pueda originarse en la sentencia, entre otras razones, por falta de motivación; pero condicionada a la carencia radical, absoluta y total, por cuanto una omisión de tales características “(…) va de frente contra lo que constitucional y legalmente se consagra como una de las más preciosas garantías individuales, cual es la de que a las partes se les permita conocer las razones, los argumentos y los planteamientos en que se edifican los fallos jurisdiccionales”1. A contrario sensu, cuando la sentencia está motivada, así sea en medida mínima (…) el vicio in procedendo no se configura, porque lo sancionable no es nada de ello, sino, itérase, el hecho de que el sentenciador se haya sustraído rotundamente de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqué de la decisión, “(…) desde luego que el razonamiento confuso, deficiente, escaso, exiguo, incompleto, insuficiente o parco no traduce ni conduce a significar que el fallo carezca de fundamentación”2» (CSJ SC10223-2014, 1 ago.).
«(…) no tiene por finalidad reabrir el debate original, de manera que no constituye una instancia adicional del proceso, como lo ha señalado la Corte al advertir que “no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más, la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que sólo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en ‘numerus clausus’ y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el Art. 380 recién citado” (G.J. CCXLIX. Vol. I, 117)» (CSJ SC, 8 abr. 2011, rad. 2009-00125-00; reiterada en SC5208-2017, 18 abr.).
Por ese mismo sendero, cabe reiterar que esta excepcional herramienta de impugnación
«no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna» (CSJ SC20187-2017, 1 dic.; reiterada en CSJ SC1901-2019, 31 may., entre otras).
6. En suma, aun examinadas las cosas bajo esta segunda óptica, emergería evidente que los impugnantes se limitaron a invocar como motivos de nulidad del fallo atacado algunas falencias en la valoración del material probatorio, sin preocuparse por establecer la naturaleza, alcances y características de los supuestos que dan lugar a esa excepcional invalidación. A partir de lo expuesto, también puede colegirse que la subsanación de la demanda no cumplió el cometido de armonizar sus censuras con la octava hipótesis de revisión, lo que impone su rechazo, al amparo de lo dispuesto en el citado precepto 358 del estatuto procesal civil vigente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. RECHAZAR la demanda de revisión formulada por Lucila Isabel Maza de Torregoza y otros contra la sentencia de fecha y procedencia anotadas.
SEGUNDO. Devuélvanse sus anexos, sin necesidad de desglose. Cumplido lo anterior, archívense las diligencias, previas las constancias que sean del caso.
Notifíquese y cúmplase
Magistrado
1 «CSJ SC 374 de 8 de noviembre de 1989; en similar sentido las de 29 de abril de 1988, 23 de septiembre de 1991, y 24 de agosto de 1998, radicación 4821» (referencia propia del texto citado).
2 «CSJ SC 361 de 19 de diciembre de 2005, radicación 8484» (referencia propia del texto citado).