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STC714-2021
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
STC714-2021
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00062-00
(Aprobado en sesión virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).-
Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por Miguel Vargas Rojas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, de la misma ciudad y Bancolombia S.A., trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecución hipotecaria a que alude el escrito de tutela.
ANTECEDENTES
Solicita, entonces, para la protección de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, (i) «declarar la nulidad de la sentencia de fecha de fecha 20 de septiembre de 2011 (…)»; y (ii) «dejar sin efecto la tasa por mora del 38.42% anual y proceder con la aplicación del artículo 884 del Código de Comercio (…) Ordenando el cobro de intereses por mora a la tasa del 24% anual»; y, (iii) ordenar a «CONAVI hoy Banco de Colombia S.A., el cumplimiento de lo previsto en la Ley 45 de 1990 artículo 72».
2. En apoyo de su reparo, aduce en síntesis, que la Corporación de Ahorro y Vivienda Conavi, hoy Bancolombia SA, instauró el proceso coercitivo referido en líneas anteriores, con el propósito de obtener el recaudo «$15’000.000.oo», equivalentes a «2811.8954 UPAC», suma contenida en el pagaré No. 25501 y respaldada con garantía hipotecaria respecto del inmueble identificado con folio de matrícula No. 050-0620033, a través de la escritura pública No. 0446 de 25 de febrero de 1991.
Manifiesta que en auto del 3 de julio de 1998, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta capital libró mandamiento de pago por el valor memorado; no obstante, dice, dispuso el cobro de una «tasa del 38.42% EA» por concepto de intereses moratorios y en la sentencia del 20 de septiembre de 2011, ordenó la venta en pública subasta del predio aludido, decisión que el Tribunal Superior de este distrito judicial avaló en auto del 7 de septiembre de 2012, al decidir negativamente la objeción que planteó frente a la liquidación del crédito y sin que dispusiera la «corrección de la sentencia».
De este modo, sostiene, que las citadas autoridades judiciales incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que, en su opinión, desatendieron que en el título base de la ejecución hubo un cobro excesivo de los «intereses moratorios», si en cuenta se tiene que la tasa de «interés efectiva» pactada ascendía a la tasa del «16% EA», y con el incremento previsto en el artículo 884 del Código de Comercio equivalente al «una y media veces» del interés bancario corriente, se obtiene que la «tasa a cobrar [es] del 24% anual» mas no «38.42% EA», como concluyeron los estrados atacados.
Finalmente manifiesta, que si bien en pasadas oportunidades formuló sendas acciones de tutela, éstas «fueron exclusivamente encaminadas a solicitar la aplicación de la Ley 546 de 1999», en tanto que ahora, sus aspiraciones están dirigidas a obtener la «aplicación del artículo 884 del Código de Comercio».
3. Una vez asumido el trámite, el 26 de enero hogaño se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS
a.) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, solicitó denegar la protección reclamada, en primer lugar, porque en el pasado el gestor ha formulado varias acciones de tutela por los mismos hechos, derechos y pretensiones; y, adicionalmente, porque «las circunstancias que con ocasión del trámite ejecutivo hipotecario se han surtido por los distintos despachos judiciales respetuosos del derecho de defensa y al debido proceso que le asiste al demandado- accionante».
b.) Inversiones, Gestiones y Proyectos SAS, cesionario de la parte demandante dentro del proceso censurado, adujo que el gestor ha promovido demasiadas acciones de tutelas por los mismos hechos y derechos, «actuaciones deshonestas y dilatorias» que han entorpecido el curso normal de la ejecución hipotecaria cuestionada, motivo por el cual, debe desestimarse el amparo.
c.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se habían efectuado más pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional.
1. Como es sabido, la acción de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Política de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acción, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto de la mera liberalidad o capricho, a tal punto que configuren una «causal específica de procedencia del amparo», y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un término razonable a ésta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesión.
2. En el presente caso, el señor Miguel Vargas Rojas se duele, concretamente, de la sentencia del 20 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual se ordenó la venta en pública subasta del predio objeto del juicio ejecutivo hipotecario que en su contra instauró la Corporación de Ahorro y Vivienda Conavi, hoy Bancolombia S.A.; y, del auto del 7 de septiembre de 2012, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital desestimó la objeción planteada frente a la liquidación del crédito, determinaciones en las que, en su sentir, se cobraron tasas de intereses superiores a las previstas en la ley.
3. Sin embargo, se observa que la salvaguarda solicitada no tiene vocación de prosperidad, pues respecto de los mismos reproches aquí expuestos ya se ha solicitado en varias oportunidades la protección constitucional del mismo linaje a la presente, las que han sido denegadas por esta Sala en los fallos STC16049-2018, STC1916-2019, STC6809-2019, STC9397-2019, STC14940-2019, STC4651-2020, y recientemente en STC8279-2020, al punto que justamente en este último pronunciamiento la Corte puso de presente que sobre la temática planteada por el actor, en el pasado se había considerado que:
«En efecto, el gestor con el escrito de postulación que se atendió con la STC9397-2019, reclamó, entre otras cosas, ‘la terminación del recaudo y la nulidad del fallo ejecutivo’, apoyado en que ‘se cobran tasas de interés superiores a las previstas en la ley’; determinación que, por demás, desestimó sus ruegos, al encontrar la Corte que en las STC16049-2018, STC1916-2019 y STC6809-2019 había resuelto las mismas quejas por él propuestas.
Y no se diga que en esta especie se exigió, también, la ‘reliquidación del crédito’ y la ‘devolución doblada de los intereses cobrados’, lo que cambiaría el panorama ofrecido en las otras ‘tutelas’, ya que, bien vistas las cosas, es notorio cómo tales pedimentos gravitan en el mismo reproche resuelto con anterioridad, esto es, la supuesta ‘ilegalidad de los intereses cobrados’.
Por manera que con asiento en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se divisa la inviabilidad de solventar otra vez la controversia, dada la inexistente justificación que lo amerite, de suerte que no habrá otra opción sino la de negar la petición tuitiva».
4. Así las cosas, no cabe duda de que esta tutela es el reflejo de un ejercicio múltiple, en un asunto similar, donde el aquí accionante ya había demandado a los Despachos accionados por vía constitucional con base en fundamentos idénticos a los que ahora aduce, por lo que es indudable que se presenta identidad de partes, hechos y pretensiones, sin que exista alguna justificación para entender ese proceder, por lo que se torna evidente, entonces, lo que realmente se busca es replantear un tema que ya fue sometido al estudio de un juez constitucional, lo que se adecúa en un todo a lo que regula el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que en su inciso primero reza: «Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despacharán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes»; situación que desnaturaliza la esencia fundamental de este mecanismo excepcional e impone concluir que el gestor incurrió en temeridad, pues tal y como lo ha sostenido esta Corporación, «el abuso de este mecanismo especial de protección constitucional para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una pérdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad» (CSJ STC8279-2020).
5. Ahora bien, aunque el actor manifiesta que en las anteriores oportunidades suplicó el amparo de sus garantías a la luz de las reglas previstas en la «Ley 546 de 1999» y en el presente trámite pide la aplicación del «artículo 884 del Código de Comercio», esa circunstancia no resulta distintiva respecto de las demás acciones de tutela, pues en éstas, como ya se dijo, también se quejó por el cobro supuestamente indebido de los intereses de mora pactados en el pagaré objeto del proceso ejecutivo hipotecario cuestionado, es más, en los asuntos STC4651-2020 y STC8279-2020, ya había insistido en que dichos emolumentos no fueron calculados conforme al mandato mercantil aludido, por ende, contario a lo afirmado por el accionante, esa temática no es novedosa.
6. Así las cosas, las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.
DECISIÓN
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA