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AC484-2022 (2012-00399-01)
AC484-2022
Radicación n.° 05045-31-84-001-2012-00399-01
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Sería del caso pronunciarse acerca de la admisibilidad de la demanda presentada por Eliecer Parra Zuluaga como curador de María Lucelly Parra Zuluaga para sustentar el recurso de casación instaurado frente a la sentencia del 14 de junio de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso declarativo de existencia de unión marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial adelantado por , si no fuera porque se evidencia que se concedió y admitió de forma prematura.
I. ANTECEDENTES
1. La demandante pidió que se declarará la existencia de unión marital de hecho y la respectiva sociedad patrimonial conformada por ella y María Lucelly Parra Zuluaga, desde el 15 de junio de 1996 y enero 12 de 2012. En consecuencia, solicitó ordenar la liquidación de la sociedad patrimonial (Folios 2 a 8, con 1 principal).
2. Como sustento de lo pedido, invocó los siguientes hechos a modo de resumen:
1. Que, a mediados del mes de junio, del año 1996, se inició una relación sentimental entre la actora y la señora Parra Zuluaga, quienes decidieron compartir sus vidas bajo el mismo techo y uniendo sus esfuerzos para un bienestar común.
2. Esta relación se desarrolló en forma continua, permanente, pública, sin interrupción alguna, con domicilio en el municipio de Apartadó.
3. El día 4 de octubre de 2011 la señora Parra Zuluaga sufrió una hemorragia intra encefálica, que la mantiene sumida en una incapacidad física y mental absoluta, dependiendo por completo para todas sus funciones.
4. Hasta el 12 de enero de 2012 la actora cuidó de su compañera permanente en la ciudad de Medellín, fecha en que se vio obligada a trasladarse al municipio de Apartadó.
5. Que el señor Eliecer Parra Zuluaga, hermano de la señora Lucelly, adelantaba un proceso de jurisdicción voluntaria pretendiendo la declaratoria de interdicción de esta y su designación como guardador, demanda que fue admitida, por lo que dispuso el traslado de la señora Lucelly a Sabaneta impidiendo las visitas de la demandante a su compañera permanente.
3. El Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, en auto de 8 de junio de 2012, admitió la demanda (folios 26, cno. 1 principal, expediente digital), el que fue corregido por proveído de 10 de julio de 2012.
1. Notificada la convocada a través de su curador provisorio, manifestó su oposición a las pretensiones del escrito introductor y para resistirlas formuló las excepciones de “[f]alta de legitimación en la causa por activa”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “falta de jurisdicción y competencia” y la “mala fe” (folios 84 a 92, ib).
3. En sentencia de 28 de marzo de 2016, el a quo acogió lo pretendido por la demandante, por lo que declaró probada la existencia de la unión marital de hecho y la consecuente configuración de la sociedad patrimonial entre compañeras permanentes, desde el 15 de junio de 1996 hasta el 12 de enero de 2012, la cual declaró disuelta y ordenó su liquidación (Folios 227 a 232, ib No. 1, “expediente remitido”).
3. El demandado formuló el recurso apelación. Para soportar su disenso adujo que el juez al momento de fallar no tuvo en cuenta los siguientes aspectos: la mala fe en las actuaciones adelantadas por parte de la demandante al “desconocer la existencia del señor ELIECER PARRA ZULUAGA como curador provisional de la demanda y solicitarle al despacho el nombramiento de un curador” (fl. 246), para que representara a María Lucelly Parra, así como indicar como dirección de notificaciones la de “residencia de la demandante” (fl. 247).
En segundo lugar, refirió que entre las partes “sólo existió un (sic) relación de amistad, confianza y laboral” a lo que agrega que la voluntad de las partes nunca fue tener una comunidad de vida sino “la cooperación subordinada entre empleada y empleadora” (fl. 247) pues al momento de valorar las pruebas se le dio mayor valor a las testimoniales que a las documentales.
Finalmente manifestó que existe incongruencia en los testimonios respecto de las fechas indicadas y los hechos narrados para configurar la unión marital de hecho.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. El Tribunal luego de referir los elementos axiológicos de la unión marital de hecho, paso a estudiar cada una de las pruebas obrantes en el expediente, para de allí concluir que analizadas en su conjunto conducen “a afirmar sin lugar a dudas que efectivamente entre las señoras Rubiela Piedrahita Bañol y María Lucelly Parra Zuluaga, si existió una unión marital de hecho en el período comprendido entre el 15 de junio de 1996 y el 12 de enero de 2012”.
A continuación manifestó que si bien es cierto existieron dos grupos de testigos que contrapusieron sus dichos, dado que “los llevados a instancia de la parte demandante manifestaron que efectivamente existía una unión marital de hecho entre estas compañeras, por tiempo muy superior a los dos años, que todas las conocieron como pareja, que convivían bajo el mismo techo y se prestaban ayuda mutua, que además se manifestaban el afecto propio de las relaciones maritales, aunque algunos refirieron que María Lucelly era muy reservada en su relación. Por otro lado, los testigos que declararon en el proceso llamadas a instancia de la parte demandada, algunos aceptaron tal relación sentimental, mientras que otros trataron de negarla al afirmar que entre Rubiela y Lucelly, existió una relación laboral, no obstante, asintieron que convivían bajo el mismo techo desde 1995 o principios de 1996 hasta el 12 de enero de 2012, y en algún tiempo fueron pareja”.
Respecto a la prueba documental estimó que las fotografías “(…) evidencian las manifestaciones mutuas de afecto que solo se expresan personas que sostienen una relación sentimental de pareja y no de simple amistad o por conveniencia económica”; frente a las manifestaciones contenidas en las escrituras públicas “corresponden a formas pre establecidas en esos despachos, que no dan plena certeza de la afirmación que contienen o a frases olvidadas de otros formatos”.
Atendiendo lo atrás expuesto el juez de segunda instancia confirmó la decisión del a quo.
2. Contra la anterior decisión el apoderado de Eliecer Parra Zuluaga como curador de María Lucelly Parra Zuluaga interpone recurso de casación, sin realizar ninguna otra manifestación.
3. Mediante proveído del 9 de julio de 2019 el ad quem señaló que se abría paso la concesión del recurso de casación, por cuanto la controversia se daba respecto al estado civil de las personas (fls. 40 y 41).
4. El 24 de octubre de 2019 se admitió por esta Corporación el recurso extraordinario (fl. 12 C). El término de traslado para el casacionista inició el 28 de octubre de 2019 (fl. 13), y el 10 de diciembre de ese mismo año, se presentó la demanda de casación.
CONSIDERACIONES
1. El recurso extraordinario de casación previsto en el capítulo cuarto, título único de medios de impugnación del Código General del Proceso – C.G. de P.-, contempla para su interposición y concesión unos requisitos que han de cumplirse con rigor y que no podrán obviarse por quien profiere el fallo motivo de reproche, siendo necesario que se constaten aspectos como la tempestividad, naturaleza del asunto, el justiprecio del interés para recurrir y los efectos del fallo cuestionado.
Lo anterior, también ha de ser verificado por la Corte a efectos de admitir el recurso extraordinario (art. 342 C.G. del P.). Luego, cuando no se superan de manera satisfactoria las etapas preparatorias «resultará imperativo que el asunto retorne al ad quem, con el fin de que subsane los aspectos que tornan apresurada la concesión del citado remedio» (AC4844-2019).
2. En materia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes el legislador emitió la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005. Luego, quien tenga interés en su declaratoria puede perseguir una u otra o incluso ambas figuras en un mismo proceso.
Entonces, cuando en una demanda se pretende el reconocimiento su reconocimiento con la consecuente sociedad patrimonial las decisiones que profiera el juez en cada escenario particular influyen en los fines del recurso extraordinario de casación. Así que, cuando para las partes se disipa la polémica respecto al primero, la discusión trasciende a la órbita netamente patrimonial y en ese caso deberá cuantificarse en aras de establecer el detrimento que le inflige al casacionista el fallo cuestionado y si dicho quatum cumple con las previsiones del canon 338 del C.G. del P.
3. En el sub lite, el Tribunal para abrir paso a la casación consideró que el debate propuesto por Sandra Carolina del Valle Velasco Rivillas contra la sentencia del 14 de febrero de 2020 se cimentaba en el estado civil de la pareja conformada por la inconforme y José Raúl Porras Morales. En consecuencia, aplicó la directriz contenida en el primer inciso del artículo 338 del C.G. del P. referida a excluir «la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencia (…) que versen sobre el estado civil».
Sin embargo, de la revisión del expediente se evidencia que el disentimiento no recae sobre la existencia de la unión marital, por cuanto tanto en primera como en segunda instancia se declaró el estado civil, sino respecto de los lapsos de tiempo que las compañeras mantuvieron su relación, como se deduce de la sustentación de los dos cargos formulados, temática respecto de la cual si se requiere determinar cuál es el interés para recurrir.
Sobre este punto la Corporación, en reiteradas ocasiones, ha señalado:
«En efecto, aunque las pretensiones versan sobre la declaración de existencia de unión marital de hecho entre los aquí litigantes, así como el correspondiente surgimiento de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, lo cierto es que el primer tópico, esto es, el relacionado con el estado civil, fue reconocido y declarado en el fallo censurado; por lo que el reproche se formula con respecto al tiempo en el cual ésta se configuró; sin embargo, la sentencia del ad quem confirmó la decisión de declarar el surgimiento de la sociedad patrimonial desde el 20 de septiembre del 2000 hasta el 5 de septiembre de 2015, aunque el demandado alega que ésta inició el 20 de diciembre de 2010 (fl. 135, cd. 1).
(…)
En reciente caso, que guarda simetría con el que concita la atención de la Sala, explicó:
(…) 5. Puestas así las cosas, es nítido que la posible discusión que en esta sede aspira ventilar el convocado quedaría confinada meramente a uno de los extremos temporales de la relación marital, en ningún caso para desconocer su existencia y el estado civil que engendra, sino apenas como un elemento a tener en cuenta para resolver el verdadero debate de fondo que subsiste, de linaje estrictamente económico, que no es otro que el atinente a si se configuró la prescripción de la acción para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, prevista en el artículo 8º de la mentada Ley 54 de 1990 cuando pasa “un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros”» (AC6643-2017, 9 oct. 2017, rad. 2012-00036-01)» (AC797-2019. Casos similares AC1423-2020, AC2016-2020, AC731-2021).
Recientemente también se indicó:
«Entonces, si el litigio se restringe a determinar los hitos temporales de la unión marital de hecho, y no su existencia, el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del tribunal no tiene relación con la determinación de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales que ese estado pudiera conllevar, faceta del petitum que, en puridad, es esencialmente económica» (AC2204-2021).
4. Así las cosas, en asuntos como el que ocupa la atención de este despacho, ha de establecerse «la cuantía de los bienes que, según el fallo impugnado, integran el patrimonio común de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, pero que, de prosperar la impugnación extraordinaria, pasarían a ser exclusivamente del convocante» (AC1423-2020).
Lo anterior puede efectuarse atendiendo a las directrices del artículo 339 del C.G. del P., bien sea por el camino de los elementos de juicio obrantes en el plenario o por la vía del dictamen pericial, último caso que además debe responder al criterio de oportunidad en su presentación1 y de esa forma delimitar, en justa medida, los derechos objeto de discusión y el impacto de la sentencia desfavorable al casacionista.
5. Conforme a todo lo expuesto. En virtud del carácter prematuro en la concesión del recurso extraordinario de casación (9 de julio de 2019), así como de la admisión realizada por esta Corporación (24 de octubre de 2019). Se impone refrendar el trámite y, en consecuencia, devolver la actuación al ad quem para que teniendo en cuenta los lineamientos que rigen esta clase de asuntos, determine el valor actual de la resolución desfavorable a la recurrente, y su incidencia frente a la viabilidad de la protesta extraordinaria.
En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente a la corporación judicial de origen, para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
1 AC005-2018, AC4098-202, AC4343-2021, AC5338-2021