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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
AC298-2015
Radicación n° 11001-02-03-000-2012-01051-00
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015).
Se decide el incidente de nulidad propuesto por el demandado en el recurso extraordinario de revisión que formuló la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. frente a la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso abreviado de servidumbre que adelantó en su contra Carlos Paz Méndez.
I. ANTECEDENTES
1. En el auto de decreto de pruebas (14 jun. 2013) se señaló fecha para la recepción de los testimonios de Álvaro Castellanos, Daira Cristina Paredes Hernández y Dagoberto Robayo Gutiérrez, solicitados por la impugnante (folios 139 y 140, cuaderno 1).
2. Al desatar adversamente el recurso de reposición del opositor en relación con el declarante Dagoberto Robayo (5 ago. 2013), se reprogramó la diligencia con todos ellos para el 15 de agosto (folios 154 al 158, cuaderno 1).
3. Paz Mendez atacó este último proveído con el fin de que no se escuchara el relato de Álvaro Castellanos y Daíra Cristina Ramírez (12 ago. 2013), estando en firme esa decisión y el día siguiente, vía fax, solicitó decretar «la interrupción del proceso (…) en razón de la incapacidad que por Hematuria padezco, por cuatro (4) días, contados desde el día 13 de agosto hasta el día 16 del mismo mes», por lo que se debía «suspender el indicado proceso y señalar nuevamente fecha y hora para (…) evacuar las diligencias» (folios 163 al 167, cuaderno 1).
4. En la oportunidad previamente indicada (15 ago. 2103) se recibieron las deposiciones, dejando constancia de que «el demandado (…) arrimó memorial en el que manifestaba su imposibilidad de acudir a las diligencias» (folio 169, cuaderno 1).
5. Con posterioridad (26 ago. 2013) el opositor formula nulidad por «enfermedad de hematuria declarada por médico en constancia pertinente entregada en la Secretaría de la Corporación», que no se tuvo en cuenta al llevar a cabo «la diligencia de declaración a pesar de estar solicitada oportunamente la suspensión» (folio 4).
6. Mediante poder conferido por el accionado, éste constituyó apoderada judicial para que lo representara, a quien se le reconoció personería (folios 187, 188 y 206, cuaderno 1).
7. Carlos Paz Méndez falleció el 20 de abril de 2014 (folio 217, cuaderno 1)
8. Del escrito de incidente se dio traslado, que descorrió la promotora aduciendo que no se dan los supuestos jurisprudenciales de procedencia para ese reclamo (folios 7 al 11).
9. Como las partes no pidieron pruebas, sin que se observe la necesidad de decretarlas de oficio, se resolverá de plano, como dispone el numeral 3 del artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.
II. CONSIDERACIONES
1. El numeral 5º artículo 140 del estatuto procesal civil erige como motivo de nulidad del proceso «[c]uando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida» y a su turno, el numeral 1º artículo 168 ibídem consagra como causa de interrupción del mismo la «enfermedad grave de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial».
2. El concepto de «enfermedad grave» a que se refiere la norma, ceñido en este caso a quien actúa en nombre propio, no corresponde a cualquier padecimiento o disminución física, sino a una considerable alteración de la salud que imposibilite tanto la labor intelectiva del litigante, que ni siquiera pueda encomendar temporal o definitivamente su representación a un mandatario.
Se trata, pues, de un caso clínico insalvable e imprevisto, que lo toma por sorpresa, sin margen para tomar medidas encaminadas a superarlo. De allí que, en los términos del inciso segundo del artículo 142 id, exista plazo para alegarlo dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la incapacidad, so pena de que se entienda saneada esa irregularidad.
Sobre el particular la Corte en AC4201-2014 señaló que
(…) como se trata de interrumpir el trámite de un asunto judicial, de la actividad de los jueces, lo que comporta, a su vez, que la administración de justicia soporte una limitación en el normal desarrollo de su actividad, impactando derechos como el acceso a la justicia, la resolución pronta de los conflictos, etc., incidiendo, por ello mismo, en el ordenamiento público de la Nación, no puede admitirse que cualquier dolencia o los padecimientos de una las partes, aunque se muestren de consideración, impliquen tal gravedad que impidan al afectado cumplir algunas actividades en función del derecho de defensa de su cliente y, que, a la postre justifiquen dicha parálisis. La Corte, de tiempo atrás, ha delineado qué debe entenderse por enfermedad grave (…) Ciertamente, en varias providencias, entre ellas la del 22 de julio de 1992 y 11 de diciembre de 1998, rad. 6497, dejó plasmado que la inteligencia de la expresión “enfermedad grave”, a que alude el artículo 168 del C. de P.C., concierne, antes que con los padecimientos físicos del afectado, con la alteración de las funciones intelectivas del profesional del derecho; es una restricción de tal magnitud que el abogado no pueda siquiera acudir a mecanismos como la sustitución o el cumplimiento de su labor por interpuesta persona.
3. Tiene incidencia en la decisión que se toma lo siguiente:
1. Que en el auto de pruebas (14 jun. 2013) se dispuso la recepción de tres testimonios pedidos por la promotora, señalando fecha para su recaudo (folios 139 y 140, cuaderno 1).
2. Que el demandado interpuso reposición para que no se recibiera la declaración de uno de ellos (folio 144, cuaderno 1).
3. Que se mantuvo la decisión (5 ago. 2013) y se fijó un nuevo día (15 ago. 2013) para que comparecieran todos los deponentes (folios 154 al 158, cuaderno 1).
4. Que el contradictor formuló ataque horizontal (12 ago. 2013), para que «se decrete la abstención del recibimiento de las declaraciones» de las personas que no merecieron su reproche en un inicio y al otro día (13 ago. 2013) pidió que se interrumpiera el proceso por «la incapacidad que por hematuria padezco» (folios 163 al 167, cuaderno 1).
5. Que en la oportunidad indicada (15 ago. 2013) se recibieron las versiones que dieron los terceros citados, sobre los hechos en debate (folios 169 al 181).
4. En esta ocasión no se configura la situación de «enfermedad grave» como constitutiva de la nulidad propuesta, de conformidad con los criterios que al respecto admite la jurisprudencia de la Corte.
De las reproducciones inauténticas con que se buscó justificar la «incapacidad médica por cuatro (4) días» de quien actuaba por su propia cuenta, aun pasando por alto su debilidad probatoria, se extrae que la dolencia que lo aquejó, lejos de ser repentina, estuvo precedida de una señal de alerta que lo llevó a consulta médica el 12 de agosto de 2013, donde se le recomendó control por oncología y una «actividad física moderada».
Incluso el diagnóstico de egreso por «hematuria», como informa el DRAE, se refiere es a la «presencia de sangre en la orina» como síntoma, mas no a la existencia de una circunstancia que inhiba la razón u obstruya el desplazamiento de quien la presente.
Estando el paciente al tanto de los compromisos judiciales adquiridos y sabiendo de antemano la dificultad para atenderlos, sin que su presencia fuera imperiosa, contaba con tiempo suficiente para apoyarse en un mandatario que le colaborara en su defensa y lo reemplazara en las audiencias programadas.
Con mayor razón cuando allí mismo podían definirse las peticiones pendientes, atinentes a que no se llevaran a cabo las diligencias o que se suspendieran, sin que por el mero hecho de presentarlas se legitimara la inasistencia a un acto programado con anticipación, máxime cuando no existía certidumbre sobre su viabilidad.
5. Como ha sostenido la Corporación
(…) no cualquier afección en la salud del procurador judicial de una de las partes, podría erigirse con trascendencia tal que generase la nulidad de lo actuado. De ahí, precisamente, la condición impuesta en cuanto que debe haber presencia de una enfermedad grave, calificación que excluye de dicho cuadro clínico cualquier molestia, por delicada que sea. (…) Debe resaltarse que la gravedad no refiere únicamente a las diagnosis o patología de la enfermedad, sino, además, que sea de tales características que impidan el cumplimiento de la labor asumida. Por ello, aún frente a conceptos catalogados, incluso de catastróficos, en diversidad de oportunidades no son suficientes para generar la interrupción del proceso. Por ejemplo, padecimientos que ordinariamente comportan severos o dispendiosos tratamientos, como el cáncer, diabetes, entre otras afecciones, no corresponden sin embargo, a descripciones de males que impiden, en determinados estadios de su evolución, que quienes las padecen desarrollen su actividad normal, incluyendo, el ejercicio de la profesión del derecho; otras, con mayor o menor impacto en la salud, pueden conducir a una imposibilidad de tal repercusión que al abogado no le sea permitido ni física ni intelectivamente, ejercer su cotidiana actividad (AC 19 de diciembre de 2008, rad. 13001 3103 005 1995 11208 01; reiterado en AC de 4 de marzo de 2011, rad. 2009-02047-00).
6. Desde la perspectiva analizada, a pesar del estado de salud informado por el incidentante, que incluso pudo incidir en su fallecimiento a los pocos meses, lo cierto es que el motivo que se anuncia como constitutivo de irregularidad no fue demostrado a cabalidad.
7. Como no aparecen causadas costas en esta actuación, se prescindirá de dicha condena, como lo autoriza el artículo 392, regla 9, del Código de Procedimiento Civil.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Negar la solicitud de nulidad de las diligencias de recepción de testigos en este asunto.
Segundo: Sin costas.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado