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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
Magistrada Ponente
SC10051-2014
Radicación n° 47001-31-03-004-1997-00455-01
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014).
(Aprobado en sesión de siete de julio de dos mil catorce)
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por José Jaime Pacheco Gámez, frente a la sentencia de 20 de enero de 2012 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso de oposición al deslinde que él formuló a continuación del adelantado a instancia de la Corporación Nacional de Turismo -C.N.T.-, hoy Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
I. ANTECEDENTES
1. Inicialmente, la citada entidad solicitó llevar a cabo el «deslinde y amojonamiento» entre los predios denominados «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» de su propiedad, y «El Charquito» de Rosario Pacheco de Rodríguez, ubicados en el corregimiento de Gaira, municipio de Santa Marta.
2. El fundamento de esa aspiración admite la siguiente síntesis:
a). Mediante escritura pública n° 3539 de 29 de setiembre de 1978 otorgada en la notaría 14 del círculo de Bogotá, la C.N.T. adquirió la propiedad del inmueble «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» que tiene una superficie de 64 hectáreas 8.973.75 mts2 «(64 Mts (sic) 8.973.75 Mts. 2)», alinderado en el hecho segundo del escrito introductorio.
b). El inmueble de la demandada tiene un área de 4 hectáreas 530 Metros cuadrados (4 Hs 530 Mts2) y su colindancia se encuentra consignada en el instrumento público n° 768 de 3 de setiembre de 1986, conferida en la Notaría Segunda de la capital del Magdalena.
c). La accionada ha querido ejercer posesión y tener dominio sobre una zona que no le pertenece y en razón a que resulta difícil señalar con claridad los linderos precisos de los terrenos, se hace necesario su cercado o señalización (fls. 1-4 c. 1).
3. La demanda fue admitida con auto de 6 de febrero de 1988 por el Juzgado 2° Civil del Circuito de Santa Marta (fl. 59 c. 1).
4. Por auto de 7 de febrero de 1991 se dispuso vincular como demandado a José Jaime Pacheco Gámez al aparecer como propietario del predio objeto del juicio, registrado al folio de matrícula inmobiliaria n° 080-0002476 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la nombrada ciudad, al haberlo adquirido por prescripción adquisitiva de dominio según sentencia del 3 de junio de 1987; así mismo en proveído dictado en audiencia de 12 de octubre de 1995 se ordenó citar a Luis Herrera (fls. 7-10 c. 5 y 258-264 c.1).
5. Notificada la accionada «Rosario Pacheco de Rodríguez», se opuso a las pretensiones de deslinde, porque el predio de la entidad actora cuenta con tres alinderaciones, dos de ellas contenidas en el «instrumento público n° 3539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notaría 14 del círculo de Bogotá», las cuales difieren de las reales u originarias consignadas en la «escritura pública n° 0717 de 26 de febrero de 1971» de la «Notaría Segunda» de esta capital, por la cual, la Nación le trasfirió el inmueble «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, linderos que se registraron en el «folio de matrícula inmobiliaria n° 080-0002251», «los cuales deben ser los que se consulten al fijar la línea de cerramiento entre los predios en conflicto, en caso de que llegare a prosperar tal acción». (fls. 40-44 c.1).
Por su parte, el convocado «José Jaime Pacheco Gámez», efectuó similares planteamientos a los anteriores, precisando que es el actual propietario del predio «El Charquito» y no la señora «Rosario Pacheco de Rodríguez», agregando que existen dictámenes periciales conclusivos de «que el predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados es imposible de identificar» desprendiéndose más bien «que la C.N.T. es quien posee áreas no comprendidas en la alinderación de sus títulos» (fls. 103-108 c.1).
Así mismo, Luis Herrera en su respuesta expresó que no debían prosperar las súplicas de la demandante, debido a que él es poseedor durante «más de 20 años y de buena fe de un lote que mediante inspección judicial demostraré su cabida o extensión» (fl. 280 c.1).
6. El Juzgado, en diligencia de 1° de octubre de 1993, declaró «improcedente el deslinde solicitado por la Corporación Nacional de Turismo por no ser colindantes los predios en conflicto de acuerdo con las pruebas analizadas» (fl. 181-185 c.1) y en providencia de 20 de octubre de 1994, el superior funcional, revocó la anterior determinación y dispuso efectuar el deslinde, al estimar la existencia de colindancia (flS. 49-62 C. 14).
7. En «diligencia de 3 de febrero de 1995», el a quo de conocimiento trazó la línea divisoria, para lo cual tuvo en cuenta las medidas que del predio «El Charquito» aparecen en la sentencia del juicio de pertenencia a través del cual «José Jaime Pacheco Gámez» fue declarado dueño del mismo (fls. 195-201 c. 1).
8. Frente al deslinde, el nombrado convocado formuló demanda de oposición pretendiendo que «se declare que (…) le asiste el derecho de conservar en su poder la franja de terreno objeto de la objeción», la cual identifica, «por: a) no estar comprendida dentro de los linderos escriturarios que identifican al predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados; b) pertenecer esta al predio El Charquito; y c) haber sido adquirida esta por este por usucapión extraordinaria por haberla poseído y explotado pacífica, pública, continua e ininterrumpidamente por más de 20 años con ánimo de señor y dueño»; y que en consecuencia, se modifique la línea divisoria trazada, señalándola en el lugar en que se encontraba el «19 de marzo de 1995, fecha en que se dio inicio a la diligencia de deslinde»; así mismo pide que se protocolice el fallo y se «condene en costas a la parte opositora». En subsidio depreca el pago de mejoras puestas en el área en cuestión.
El cimiento de tales súplicas admite el siguiente compendio:
a). La Corporación Nacional de Turismo solicitó fijar la «línea divisoria» entre su terreno y el de la demandada, y para ello requirió practicar inspección judicial con la intervención de peritos con miras a «determinar técnicamente la localización topográfica de los linderos escriturarios», refiriendo que dentro del «predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados», según la «escritura 3539 de 29 de septiembre de 1978 otorgada en la Notaría 14 de Bogotá», fue «levantada una construcción rústica que basa su derecho de existencia a estar localizada en una franja de terreno de propiedad de la señora Rosario Pacheco de Rodríguez, quien soporta la afirmación con la escritura n° 768 del 3 de septiembre de 1968 de la Notaría Segunda del Círculo de Santa Martha», lo que indica que el lote de esta se hallaría comprendido dentro del referido predio «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», «lo que equivaldría a no ser colindantes o contiguos entre sí».
b). Señala que «Rosario Pacheco de Rodríguez» fue demandada por ser poseedora inscrita de la heredad «El Charquito», alinderado en la «escritura pública 674 de 9 de abril de 1987».
c). Que mediante sentencia de pertenencia de 3 de junio de 1987 proferida por el Juzgado 2° Civil del Circuito de la capital del Magdalena «a favor de José Jaime Pacheco Gámez, fue saneado parte del dominio del inmueble denominado El Charquito», dado que por sus cuatro costados presenta linderos con mayor longitud de los reseñados en dicha providencia.
d). Agrega que luego de ser vinculado «José Jaime Pacheco Gámez» al trámite de deslinde, este contestó la demanda y solicitó que pericialmente se identificara e individualizara el inmueble «Salina Marítimas de Pozos Colorados», de acuerdo con los «linderos contenidos en sus títulos, escritura pública 0717 del 26 de febrero de 1971» para luego precisar si dicho bien era el mismo descrito en el libelo y poseído por la C.N.T., e igualmente, que con la ayuda de implementos técnicos, se fijara la línea divisoria de los predios involucrados.
e). En diligencia judicial de 19 de marzo de 1993, los auxiliares de la justicia concluyeron «que el predio El Charquito no tiene colindancia directa con el lote de la Corporación Nacional de Turismo, y solo por el lado oeste lo sería con la línea férrea al medio cuyo punto más cercano es la parte norte de la estación Pozos Colorados, punto de partida para medir la distancia hacia el sur de 442,35 metros lineales y al este 162 metros lineales. Por la anterior circunstancia es físicamente imposible señalar el lugar por donde debe trazarse la línea divisoria que ha de separar los inmuebles vinculados al proceso de deslinde aludido», por lo que reafirmados los peritos una y otra vez en su dictamen, el despacho declaró la improcedencia del deslinde.
f). También refiere que la parte actora apeló y el Tribunal Superior de Santa Marta dispuso que se realizara la diligencia de demarcación, razón por la cual, «el despacho de la competencia decidió desconocer el acervo probatorio existente (…) y ordenó a los (…) peritos proceder a señalar en el terreno única y exclusivamente la alinderación, a su parecer, identificatoria del predio de la parte demandada, es decir que se practicara el deslinde en base en los títulos del colindante, como si se tratara de situación similar a la del numeral 2 del art. 461 del C. de P. C. en que el demandante en deslinde es el poseedor material no inscrito con más de un año de posesión», y que el juzgado, mediante auto de 3 de febrero de 1995, ubicó los linderos del «predio El Charquito» señalados en la sentencia de declaración de pertenencia, sin guardar relación con lo pedido por la demandante.
g). Culmina expresando que si bien, en criterio del juez, la franja objeto de la oposición no está comprendida por los linderos de la sentencia de pertenencia agraria, «sí lo está por los linderos generales del predio El Charquito», señalados en las escrituras 674 de 9 de abril de 1987 y 1257 del siguiente 23 de junio, mediante la cual se desenglobó este predio en tres, demostrándose «que no hace parte (…) del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados (…) Esa misma franja de terreno (…) inició a poseerla José Jaime Pacheco Gámez aproximadamente hace más de veinte (20) años, mediante actos positivos, públicos, pacíficos, lícitos e ininterrumpidos, con ánimo de señor y dueño y sin reconocer en otras personas dominio alguno respecto del mismo, como lo son su cerramiento, limpieza, explotación agrícola y pecuaria a menor escala y el adelanto de construcciones en material, etc. Por lo que se ha configurado en su favor la usucapión extraordinaria, fundada en el carácter de poseedor del opositor, quien la ha adquirido» (fls. 203-214 c.1).
9. Notificada la Corporación Nacional de Turismo, respondió oponiéndose a lo pretendido, pidió que se declare infundada la objeción, se apruebe el deslinde realizado el 3 de febrero del citado año, se ordene la entrega a ella de la franja de terreno ocupada por el opositor, registrar la sentencia y condenar en costas a este. Así mismo, formuló las defensas que denominó propiedad de la franja de terreno materia de la objeción en cabeza de una entidad de derecho público: Corporación Nacional de Turismo, inexistencia de todo título del demandante sobre la franja de terreno materia de la objeción, carencia de todo derecho del demandante en oposición a seguir ocupando la franja de terreno materia de la oposición, las demás que resulten probadas, soportadas en que la parte del inmueble disputada, es de la aludida entidad (fls. 243-252 c.1).
Igualmente presentó demanda de reconvención en la que solicita declarar que le pertenece el dominio pleno y absoluto de «la franja de terreno» que alindera, se disponga que José Jaime Pacheco Gámez se la restituya, al igual que se condene a este a pagarle los frutos naturales y civiles, por ser poseedor de mala fe y que por ello, no está obligada a indemnizar las mejoras útiles referidas en el precepto 966 del Código Civil.
En sustento de lo pretendido refiere lo que a continuación se extracta:
La Corporación Nacional de Turismo, mediante escritura pública 3539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notaría 14 de Bogotá, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria n° 080-0002251 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, le compró al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la heredad denominada Salinas Marítimas de Pozos Colorados, como cuerpo cierto, habiéndose realizado el alinderamiento técnico con referencia al plano que se protocolizó y consigna en el escrito introductorio.
Señala así mismo, que el I.C.B.F. adquirió dicho bien raíz por compra efectuada a la nación, por medio de «escritura pública n° 717 de 26 de febrero de 1971» otorgada en la Notaría 2ª del círculo de Bogotá y registrada en el actual folio de matrícula inmobiliaria n° 080-0002251.
Que de la referida heredad, «José Jaime Pacheco Gámez» ocupa indebidamente, como poseedor de mala fe, una franja de terreno que demarca, por lo que la CNT está legitimada para reclamar que se le restituya la posesión material de tal área (fl. 1-8).
La demanda de reconvención fue admitida por auto de 18 de abril de 1995 y el reconvenido la contestó oponiéndose a lo solicitado, al no existir identidad entre la fracción de tierra descrita por el reivindicante como objeto de su petición y la perteneciente al lote «El Charquito», materia de oposición al deslinde, a más de que «el predio de mayor extensión al que, según afirma el reivindicante, pertenece la franja de terreno pedida en la respectiva demanda, no existe, sus linderos no son los que corresponden al predio denominado Salinas Marítimas de Pozos Colorados y que fuera transferido por la nación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante escritura 717 del 26 de febrero de 1971», inscrita en el «folio de matrícula inmobiliaria n° 080-0002251 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta», en donde se encuentran transcritos los linderos que verdaderamente lo identifican. Adicionalmente formuló las siguientes «excepciones de mérito»: carencia de dominio en el actor o reivindicante sobre la cuota de la cosa singular que pide se le restituya, o como se denomine, falta de posesión del único demandado en la totalidad de la franja objeto de la reivindicación o como se denomine, falta de singularización de la cosa a la que hipotéticamente pertenece la cuota de la misma que se reivindica o como se denomine, falta de identidad entre el bien poseído con el que expresa la cláusula segunda de la escritura 3539 del 29 de septiembre de 1978 de la notaría 14 de Bogotá –títulos aducidos por el actor- y los expresados en la demanda, o como se denomine, las demás que se llegaren a probar en el desarrollo del proceso, las cuales sustenta en que la zona pedida en reivindicación, no es idéntica en sus linderos, medidas y cabida con la que es objeto de oposición a la delimitación fijada (fls. 1-8 c.2).
10. El despacho judicial al que le fueron reasignadas las diligencias, con fallo de 18 de marzo de 2009, decidió «no declarar la prescripción adquisitiva de dominio» del inmueble con matrícula inmobiliaria 080-0002251 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, solicitada por José Jaime Pacheco Gámez González, por no ser un bien susceptible de prescripción; «declar[ó] injustificada la oposición al deslinde y amojonamiento» dispuesto por el Juzgado 2° Civil del Circuito en auto de 3 de febrero de 1995; ratificó la línea divisoria de los señalados predios «por los lados este y parte del lindero sur de la Corporación Nacional de Turismo y que vendrían ser los linderos Oeste y Norte del predio El Charquito la comprendida en las líneas G-D y D-B del plano levantado para la diligencia realizada el día 3 de febrero de 1995 en las extensiones en ella señalada»; dispuso realizar el amojonamiento como se determinó en tal «diligencia», entregarle a la entidad demandada la franja de terreno alinderada y ocupada por el actor, registrar tanto el acta de deslinde cómo la sentencia, levantar la inscripción de la demanda y condenar en costas al actor.
Mediante providencia complementaria de 25 de junio de 2009 «desestim[ó] las excepciones de mérito propuestas por la (…) demandada en (…) reconvención», declaró que le pertenece a la «Corporación Nacional de Turismo hoy Ministerio de Comercio Industria y Turismo» la franja de terreno alinderada en auto de 3 de febrero de 1995 «que hace parte de uno de mayor extensión (….) [con] folio de matrícula inmobiliaria n° 080-0002251 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Marta, y cuyos linderos se encuentran en la escritura pública 3539 del 29 de septiembre de 1978 otorgada en la Notaría Catorce de Santafé de Bogotá», porción de tierra que le ordenó al opositor devolverle a aquella entidad (fls. 263-272, 333-337 c.1A).
11. La sentencia de primer grado y su complementación fueron apeladas por el accionante y el ad quem la modificó en el sentido de revocar, tanto la determinación de «no declarar la prescripción adquisitiva de dominio», como la atinente al otorgamiento de las pretensiones de la demanda de reconvención; la adicionó en cuanto a «concede[r] la pretensión subsidiaria de reconocimiento de mejoras, pretendida por la parte opositora demandante», la confirmó en lo demás y condenó en costas al apelante.
En decisión de 27 de abril de 2012, negó la adición solicitada por el promotor del litigio (fls. 48-67, 79-82).
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El Tribunal, después de resumir lo que fue el trámite del proceso, sintetizar la sentencia recurrida y precisar los motivos de la alzada, indicó que este juicio declarativo es derivado de uno de deslinde, el cual tiene como finalidad definir los linderos de dos o más predios colindantes, respecto de los cuales exista duda de sus límites.
Seguidamente precisó que las pretensiones del opositor estaban dirigidas a que se declare que le asiste el derecho a conservar en su poder la franja de terreno materia de la objeción, «por no estar comprendida dentro de los linderos escriturarios que identifican al predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados», pues la misma pertenece al inmueble «El Charquito» de su propiedad, adquirido por vía de usucapión y que en consecuencia, «se modifique la línea divisoria trazada en la diligencia de 3 de febrero de 1995 por el despacho de conocimiento, para que se señale en el lugar en que se hallaba el día 19 de marzo de 1995, fecha en que se da inicio a la referida diligencia», agregando que aunque el «opositor» no lo hizo antes, posteriormente y en subsidio, solicitó las mejoras puestas en el área objeto de la controversia.
El Tribunal comparó las súplicas del «opositor» con lo decidido por el a quo, advirtiendo falta de coincidencia, dado que «por ningún lado asoma que se haya formulado demanda de pertenencia», aspecto analizado por este, lo que llevó al ad quem a estimar que no tenía necesidad de estudiar ese aspecto, sino únicamente lo relacionado con las pretensiones del actor y la demanda de mutua petición.
Indicó entonces, que el tema central de la alzada era determinar si se mantenía o modificaba la línea divisoria o si se reconocían las mejoras, en caso de fracasar las iniciales aspiraciones del «opositor».
En esa dirección anotó que en el trámite del deslinde, los peritos «insistieron en que los predios el ‘Charquito’ y ‘Salinas Marítimas de Pozos Colorados’, no eran colindantes, por los linderos oeste, este y norte, pues entre los dos predios se encuentra la línea férrea, zona que es de propiedad de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, pero en el extenso expediente no se encontró prueba que la zona de línea férrea, se le haya cedido a la extinta ‘Ferrocarriles Nacionales de Colombia’, o que constituya una servidumbre».
Agrega que como el a quo encontró que el opositor obtuvo por usucapión una porción inferior a la que estaba ocupando, igualmente concluyó que dichas heredades sí eran colindantes y que la franja discutida correspondía a la entidad estatal.
El ad quem también señala que en virtud de que el actor controvierte la anterior inferencia, a este le correspondía fundar su oposición en la existencia de yerro en la fijación de la línea divisoria o alegar que la había adquirido por prescripción, demostrando su posición, pero que en lugar de haber procedido así, lo que hizo fue argüir que en el proceso de adjudicación se ‘saneó parte del dominio del inmueble denominado el Charquito’, sin optar por una u otra posibilidad de las antes indicadas, por lo que su apreciación se tornaba personal e infundada, mayor aún, cuando en el juicio de pertenencia se le reconoció lo que solicitó, es decir, las mismas medidas «sin que se hiciera mención que la posesión se extendiera sobre un metraje adicional, desbordando lo pedido. Pero además que esa heredad respecto de la cual se le reconociera haberla adquirido por prescripción, colindaba por los linderos norte y oeste con la entonces Corporación Nacional de Turismo».
A partir de analizar las inspecciones judiciales practicadas en los trámites de deslinde y de oposición, el juzgador de segundo grado concluyó que el «opositor» extendió sus linderos más allá de lo que le fue otorgado en «proceso de pertenencia» y de contera, recortó los límites de los terrenos de «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», en lo que corresponde a los «linderos sur, oeste, este y norte del bien de Pacheco Gámez», reiterando que por ello ocupaba un área mayor a la reconocida en «el fallo de declaración de pertenencia».
Así mismo, el ad quem indica que aunque en las actuaciones de «deslinde y oposición» los peritos planimetraron los terrenos descritos en las escrituras públicas «que constituyen los títulos antecedentes del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados» y presuntamente presentan inconsistencia, impidiendo que coincidan en todos sus costados, «ello no cambia la situación anterior, como tampoco da lugar a que en el trámite ordinario a continuación de un proceso de deslinde y amojonamiento, se legalice una situación como la que fuera encontrada frente al predio del aquí demandante» que estima, supera el tamaño del que le fue concedido en el «proceso de pertenencia».
El sentenciador destaca que en esta clase de procesos, no se trata de revisar la real coincidencia de las «medidas y linderos» de los inmuebles en controversia, sino determinar si estos son o no colindantes; así mismo señala que lo planteado por el apelante no es una razón para oponerse a un deslinde y que de acuerdo con el título de adquisición de su predio, la Sala encuentra que aquellos sí son contiguos.
El sentenciador, al revisar la extensión de terreno que el opositor adquirió en pertenencia, encontró que la misma era inferior a la que tenía en su poder, es decir, ostentaba una parte mayor, sin que tuviera derecho a ella, ya que era de su vecina, en este caso, de la «Corporación Nacional de Turismo», agregando que esa condición «no cambia por las imprecisiones en la descripción que puedan existir en los títulos de adquisición de ese colindante».
Así mismo, el Tribunal expuso «que del material probatorio obrante en el plenario, tales como documentos escriturarios y diligencias de inspección judicial, llevan a concluir que la línea divisoria trazada en los terrenos en disputa en la diligencia del 3 de febrero de 1995, debe aprobarse o mantenerse en firme»; y adicionalmente, que como el «predio ‘El Charquito’ colinda por los costados norte y oeste» con el denominado «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», entonces se tornaba infundada la modificación solicitada por el apelante, lo que daba lugar al examen de su petición subsidiaria de reconocimiento de mejoras que no fue analizada por el a quo, debido a que este se dispuso a estudiar «la presunta solicitud de declaración de pertenencia por parte del opositor» a pesar de que no la formalizó en la oposición o en «la subsiguiente demanda ordinaria».
En esa dirección, el ad quem señala que a pesar de que el precepto 466 del Código de Procedimiento Civil no precisa la oportunidad para alegarlas, hay dos momentos, «la diligencia de deslinde y amojonamiento cuando se acepta la línea divisoria» y «la formulación de la oposición con la presentación de la demanda ordinaria», aunque según un tratadista que cita indica que también puede efectuarse luego de concluido el proceso ordinario, en la diligencia de entrega, y como en este asunto, ese pedimento se hizo al formalizarse la oposición, aunque no se concretó en «en el acápite de peticiones», se imponía decidir al respecto, señalando que su reconocimiento no depende solo de si hay prueba de su existencia, sino de que se trate de «mejoras necesarias y útiles», pues mal se haría conceder las que son insignificantes para el titular del predio, ya que la razón de ellas «es evitar que a quien se le restituya un bien, se enriquezca injustificadamente con el actuar de su colindante».
Con base en la «diligencia de deslinde y amojonamiento de 3 de febrero de 1995», el ad quem determinó que las mejoras se hallaban constituidas por «un pozo de agua con su caseta», unos «árboles frutales» y «dos piezas construidas en bloque y cemento y techo de eternit», agregando que a pesar de que la «Corporación Nacional de Turismo, no le tiene uso específico al predio», «el pozo y (…) la construcción» ostentan la virtud de aumentar el precio de cualquier inmueble, por lo que requería acceder a lo impetrado, pero al no hallarse acreditado su monto, con sustento en el inciso 2° del artículo 339 ibídem debía condenar al pago en abstracto, y que con ese objetivo, se tramitaría incidente dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria del fallo.
En relación con la demanda de reconvención, en la que la «Corporación Nacional de Turismo» pretende la reivindicación de la porción de terreno materia del pleito de «deslinde y amojonamiento», el ad quem estimó que se tornaba inoficioso tal pedimento, puesto que «se estaría obteniendo lo mismo que en el proceso principal», y que en este caso, la juez de primera instancia terminó «reconociendo por segunda ocasión, al decidir la demanda reivindicatoria, lo que tácitamente había hecho al negarse a modificar el deslinde», pues también ordenó «la entrega de la franja de terreno alinderada en la diligencia del 3 de febrero de 1995 a favor de [aquella entidad]», por lo que dicha contrademanda ha debido ser rechazada de plano, sin embargo como esa irregularidad no genera nulidad, se remitiría a lo ya decidido respecto del libelo principal, quedando «relevada la Sala de estudiar las excepciones formuladas por el opositor demandante, en la apelación frente al punto de la calificación de la buena o mala fe de quien está ocupando franja (sic) que corresponde a su colindante» (fls. 48-67, 79-82).
III. DEMANDA DE CASACIÓN
El impugnante formula cinco cargos contra la sentencia proferida por el Tribunal; el inicial, con sustento en el cuarto motivo de casación, por reformatio in pejus; el siguiente por incongruencia; el 3° sustentado en la inicial causal al incurrir en violación recta de la ley sustancial y los dos finales apoyados en el mismo cimiento, pero por quebranto indirecto. Para su estudio, la Corte abordará ab initio los que denuncian vicios de actividad, en el orden propuesto; luego los relativos a la «infracción indirecta» que conjuntará por tener fundamentos similares y ameritar reflexiones comunes, y por último, el que denuncia agravio directo.
CARGO PRIMERO
1. Con sustento en la causal prevista en el numeral 4° del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia de haber desconocido el principio de la «reformatio in pejus», dado que siendo el opositor apelante único, le hizo más gravosa su situación.
2. En dirección a demostrar el reproche, el censor, en compendio, expone lo que a continuación se registra:
En el numeral inaugural de la parte resolutiva del fallo del a quo se dispuso «no declarar la prescripción adquisitiva de dominio» respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria 080-0002251 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, alegada por el demandante José Jaime Pacheco González, «por no ser un bien susceptible de prescripción» y en igual ordinal de la decisión del ad quem, se revocó tal determinación, rebasando los límites de la apelación con la que esencialmente se buscaba que se «declarara a su favor la prescripción adquisitiva de dominio de la franja discutida».
Agrega que ante ese panorama, el Tribunal solo contaba con «dos escenarios posibles», confirmar lo decidido por el juzgador de primer grado o acceder a lo pretendido por el impugnante, más no reformar la sentencia en su perjuicio, «al declararse la Sala relevada de hacer el estudio sobre la usucapión de la franja discutida como tema debatido en el plenario», con lo que sorprendió al único recurrente, quien al no poder controvertir esos motivos fue sometido a un estado de indefensión.
Sostiene que al pedir «que se declarara que le asiste el derecho de conservar la franja objeto de la oposición por haberla adquirido por prescripción adquisitiva de dominio» estaba solicitando la declaración de usucapión y que por eso en el hecho 10° de su libelo aludió a que venía poseyendo la franja de terreno aproximadamente hacía unos 20 años, con ánimo de señor y dueño, señalando los actos por él desplegados, «por lo que se ha configurado en su favor la usucapión extraordinaria», y que en razón de ello reclamó como pruebas los testimonios de Luis Herrera y David Romero, e igualmente la CNT, en reconvención demandó la reivindicación de la franja discutida.
Así mismo indica que en virtud de la teoría esgrimida por el a quo para negarle la usucapión, dirigió su apelación a derrumbarla esgrimiendo que «la franja discutida no está comprendida dentro de los linderos escriturarios del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados» y que de todas formas «sí era susceptible de declararse como adquirida por el opositor por (…) [el citado modo]», concluyendo que el yerro denunciado se estructura porque el «ad quem desconoció que el opositor hubiera solicitado la usucapión de la franja discutida» y ello torna más gravosa su condición al ser «apelante único».
Por ello pide casar la sentencia y en su lugar «acced[er] a la pretensión contenida en el literal c) del punto 1, del capítulo de peticiones de la demanda ordinaria de oposición al deslinde».
CONSIDERARIONES
1. Es principio constitucional que cuando de la alzada se trata, al ad quem le está vedado agravar la situación del «único recurrente», proscripción que el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil recoge indicando que esa forma de impugnación «se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella».
Ahora, cuando el mencionado sentenciador rebasa tal limitante y desmejora la posición de ese exclusivo censor, este queda facultado para acusar lo decidido, con sustento en el 4° motivo de casación que lo estructura el hecho de «[c]ontener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquélla para cuya protección se surtió la consulta, siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357».
En relación con la citada institución procesal, la Corte, en sentencia CSJ SC, 7 oct. 2009, rad. 2003-00164-01 expuso:
(…) ‘como una limitante del poder de decisión del juez de segunda instancia, se erige el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, conforme al cual ‘la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla…’
Dicho postulado que desde antaño había consagrado el art. 357 del C. de P. Civil, hoy tiene el rango de principio constitucional al tenor de lo dispuesto por el art. 31 de la C. P., hallando su justificación en el sistema dispositivo y su concreción en los principios legales de la personalidad del recurso y la congruencia de la sentencia, en tanto se impugna lo perjudicial y es ese agravio el que mide el interés para recurrir, y a su vez determina el thema de decisión del ad quem como actividad de parte en el curso y al interior del proceso, para dar así lugar a una causal de casación específica, la del num. 4 del art. 368 del C. de P. Civil.
Según lo tiene averiguado la doctrina de la Corporación, el principio en comentario resulta vulnerado cuando se presentan las siguientes circunstancias: a) vencimiento parcial de un litigante, b) apelación de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisión la situación del único recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos íntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelación’ (…).
Así mismo, en fallo CSJ SC, 9 jul. 2008, rad. 2002-00017-01 señaló:
En consecuencia, según la doctrina reseñada, el superior, al decidir la apelación en su laborío podrá confirmar la providencia recurrida y, en tanto, la decisión, o sea, la resolución del asunto conserve su identidad, esto es, sea la misma, apreciada, cotejada o confrontada objetivamente con la impugnada, no se conculca la regla prohibitiva de la reforma en perjuicio, como tampoco, cuando siéndole permitido, la modifica favoreciendo al apelante.
Desde luego, la vulneración de la reforma peyorativa sólo se encuentra en la parte resolutiva como una alteración relevante de la situación jurídica preexistente con caracteres manifiestos, ostensibles, evidentes e incontestables de los cuales se presente un notorio detrimento o quebranto de los intereses del recurrente.
Y, en casación CSJ SC, 25 ene. 2008, rad. 2002-00373-01 recordó:
‘Reformar en perjuicio es, (…) innovar la sentencia apelada de modo tal que el fallo de segunda instancia lesione el interés jurídico del impugnante único. Lo que, a contrario sensu, indica que no cualquier enmienda a la providencia recurrida configura desconocimiento del aludido principio, sino únicamente la que represente un desmejoramiento de la situación procesal que ya había logrado la parte apelante en la primera instancia’ (…).
2. Para efectos de corroborar o desvirtuar la presencia del yerro imputado, se torna indispensable cotejar la parte decisional del fallo apelado, con la de segundo grado, en lo que es motivo de censura.
En aquel, según ya se expuso, el a quo resolvió «1. No declarar la prescripción adquisitiva de dominio sobre el inmueble ubicado en el corregimiento de Gaira de la ciudad de Santa Marta con la matrícula inmobiliaria 080-0002251 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, alegada por el demandante señor José Jaime Pacheco Gámez González contra, Corporación Nacional de Turismo de Colombia, por no ser un bien susceptible de prescripción».
A su turno, el ad quem al desatar la alzada determinó «[r]evocar el numeral 1° de la precitada sentencia, de conformidad con las apreciaciones expuestas», proveimiento que sustentó en que «por ningún lado asoma que se haya formulado demanda de pertenencia».
3. El anterior paralelo evidencia que el opositor apelante llegó a segunda instancia, sin derecho alguno que sobre la franja de terreno objeto de controversia le hubiera reconocido la sentencia de primer grado, y en esas mismas condiciones prosiguió con la determinación adoptada por el Tribunal, lo que descarta la modificación en perjuicio pregonada por el impugnante extraordinario.
Si bien es cierto que la aludida Corporación utilizó la expresión «revocar», lo que en la práctica hizo fue reafirmar la negativa a reconocerle a aquel «derecho» alguno sobre «la franja de terreno [materia] de la objeción», solo que por razones distintas a las que esgrimió el juez de conocimiento y en esa medida no es dable predicar que se reformó el inicial fallo menoscabando la situación del «único apelante», pues se itera, éste no contaba con una posición mínimamente favorable que hubiese tenido que ser respetada por el Tribunal, circunstancia que por tanto, excluye una acusación por esa causa.
En relación con el deber que pesa sobre el casacionista de acreditar el desmedro que le ocasionó la decisión del ad quem, respecto de la situación que traía de la instancia anterior, la Sala en fallo CSJ SC, 29 sep. 2005, rad. 1995-7241-01, sostuvo:
La causal cuarta de casación, según lo prevé el artículo 368 ibídem, tiene lugar cuando la providencia contiene ‘decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquella para cuya protección se surtió la consulta, siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación’; de allí que cuando con base en ella se ataca el fallo del tribunal, el embate respectivo debe estar dirigido a evidenciar la situación más perjudicial surgida en la decisión de segundo grado con relación a la del a-quo, lo que equivale decir que un cargo de esta naturaleza implica desarrollar la tarea de parangonar la determinación del juzgado con la del ad-quem, tras lo cual habrá de brillar, sin mayores elucubraciones, que la de éste, en lo inherente a los derechos de ese apelante único, le produjo un agravio en la medida en que, sin que debiera hacerlo, comprometió los intereses de esa parte más allá de como aquél lo hizo. De manera que la demostración ha de consistir, ha dicho la Corporación, ‘no desde luego en el simple lamento del recurrente por el pretendido agravio que se le ha inferido, sino, como mínimo, en la presentación de las circunstancias ciertas y concretas que conforman el deterioro de su situación por causa o con motivo de la apelación del fallo de primer grado (…).
Como en este embate, el censor no precisó las razones por las cuales, la negativa del a quo a otorgarle derechos sobre la franja de terreno discutida resultó desmejorada con la sentencia del Tribunal que tampoco se los reconoció, es claro que el yerro denunciado quedó sin demostrar, pero además, dado que aquel llegó a segunda instancia con una decisión desfavorable que se mantuvo, la reforma en perjuicio no se estructura.
Por lo expuesto, la acusación planteada no prospera.
CARGO SEGUNDO
Con apoyo en la causal 2ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente acusa el fallo del ad quem de no estar en «consonancia con las pretensiones primera (1ª), segunda (2ª) y tercera (3ª) de la demanda de deslinde», al confirmar los numerales 2° a 9° de la providencia de primer grado.
En procura de acreditar el señalado error in procedendo, el libelista expone lo que a continuación se compendia.
Refiere que en el hecho 2 de la «demanda de deslinde» se identificó y describió el predio «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», se hizo alusión al instrumento público 3539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notaría 14 del círculo de Bogotá y se transcribieron los linderos consignados en su cláusula 2ª, indicándose en los «hechos 3° y 6°» que la zona disputada se halla exclusivamente «dentro del predio descrito en el hecho 2 de la demanda», no «dentro de ningún otro inmueble, ni mucho menos dentro de un predio denominado lote número dos, descrito en la cláusula 5 de la [mencionada escritura], ni se solicitó que el deslinde se practicara con base al título por el cual adquirió el opositor demandante, o que se utilizara plano topográfico alguno».
Agrega que cuando los peritos acudieron al referido plano, supuestamente protocolizado en aquella «escritura pública», «dictaminaron que muchos de los datos que contiene dicho plano, ‘no correspondían a los que aparecían en las escrituras’» y que con antelación habían informado que la heredad «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» estaba integrado por los lotes números «uno» y «dos» y que dentro de éste último «está incluido El Charquito», omitiendo aquellos dictaminar, y el ad quem apreciar que «verdaderamente, plano y cláusula 5° hablan realmente es de tres (3) lotes de terreno denominándose el tercero de ellos la zona de ferrocarril», la que se encuentra ubicada dentro de los dos anteriores.
Que a pesar de lo pedido por la CNT, el Tribunal acudió al título del demandante «no solo para encontrar establecido que los predios sí eran colindantes, sino (…) para asignarle a la entidad demandante en deslinde y amojonamiento, por las vías de hecho, sin que materialmente existiera en los autos documentos que lo demostrara, un derecho de dominio, propiedad y posesión material sobre la franja discutida», bajo el argumento de que sin tener derecho, aquel extendió sus linderos más allá de lo que se le otorgó en el proceso de pertenencia y recortó los de «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», cuando el fallador ha debido efectuar la delimitación con base en los linderos verificados en diligencia de deslinde y «que aparecían en el título del derecho de dominio invocado y acompañado en la demanda de deslinde y amojonamiento por el demandante (art. 461, numeral 1°, C.P.C.) y que fueron plasmados en las respectivas actas de esas fechas y en el hecho 2 de la demanda de deslinde, como los identificativos del contenido espacial del predio de su propiedad».
A partir de lo expuesto, pide casar la sentencia del ad quem y en su reemplazo revocar la del a quo para aceptar las pretensiones de su demanda de oposición.
CONSIDERACIONES
1. El principio de congruencia de los fallos judiciales se halla consignado en el artículo 305 del Estatuto Procesal Civil, norma que demarca el ámbito dentro del cual el sentenciador ejerce su poder decisorio e impone que lo resuelto en el fallo observe absoluta correspondencia «con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que [tal] Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
Sobre el particular, la Sala en sentencia CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493 recordó:
‘la inconsonancia de la sentencia constituye un vicio de procedimiento que puede revestir tres formas diferentes: ‘como esta norma procesal (C. de P.C., art. 305) establece un determinado comportamiento del juez al proveer, la inobservancia de ella por parte de éste implica un vicio de actividad que se traduce en el pronunciamiento de un fallo incongruente, ya sea porque en él decide sobre cuestiones no pedidas (extra petita) o sobre más de lo pedido (ultra petita), u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o de las excepciones (…)’ [citra petita].
2. Para establecer si se estructura el segundo motivo de casación consagrado en el precepto 368 del C. de P.C., se deben contrastar los supuestos fácticos, las súplicas y las defensas propuestas, con la parte resolutiva de la determinación impugnada, sin perjuicio de los eventos en los que el legislador autoriza pronunciarse oficiosamente, pues el resultado que arroje tal ejercicio es lo que permite determinar si la providencia rebasó los contornos de los aludidos actos procesales, si ello implicó que la misma fuera «ultra, extra o citra petita» y de contera, si se cometió tal yerro in procedendo.
3. En el presente asunto, se recuerda, la entidad actora CNT solicitó llevar a cabo el «deslinde y amojonamiento» entre los predios denominados «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» de su propiedad, y «El Charquito» de Rosario Pacheco de Rodríguez, a lo cual se accedió en diligencia de 3 de febrero de 1995 (fls. 195-201 c.1), demarcación que avaló el ad quem en el fallo impugnado extraordinariamente confirmatorio del de primer grado que «ratific[ó] la línea divisoria» indicada en aquella oportunidad.
El censor advierte incongruente la decisión del Tribunal debido a que el deslinde no se realizó con base en los datos insertos en los títulos del demandante, sino del accionado y por ello terminó, no solo fijando linderos distintos a los que ostenta el llamado «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», sino que dejó en posesión a la CNT de un terreno que no le pertenece, no obstante que en la «demanda de deslinde» se identificó y describió esta heredad, a la vez que los peritos dictaminaron que muchos de los datos insertos en el plano del citado inmueble, «no correspondían a los que aparecían en las escrituras», a más de hallarse integrado por los lotes números «uno» y «dos» y que dentro de éste último «está incluido El Charquito», aunque los expertos omitieron «dictaminar», y el ad quem «apreciar» que en realidad se trata «de tres (3) lotes de terreno denominándose el tercero de ellos la zona de ferrocarril», ubicado dentro de los dos anteriores.
4. Al adentrarse la Corte en el estudio del embate, se evidencia la improcedencia del mismo dado que en el fondo, lo planteado involucra la apreciación de los elementos materiales de prueba incorporados a la actuación y en esa medida, el yerro no sería «in procedendo», sino «in judicando», denunciable por la causal primera de casación.
En efecto, para sustentar el mencionado error de actividad, el impugnante alude entre otros aspectos, a que en el hecho 2° de la «demanda de deslinde» fue descrito el predio «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», habiéndose transcrito los linderos consignados en la cláusula 2ª de la escritura pública 3539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notaría 14 del círculo de Bogotá y que en los «hechos 3° y 6°» del escrito introductorio se describió la zona disputada y a pesar de ello, se trazó la línea divisoria desatendiendo esos datos y con soporte en el título del convocado.
Como puede apreciarse, el censor ataca es la providencia adoptada en la diligencia que dispuso la delimitación y no la sentencia objeto del recurso extraordinario de casación que desató la oposición al deslinde.
Adicionalmente, cabe señalar que la determinación del Tribunal no fue inopinada, sino que la adoptó con base en los medios de convicción aducidos al proceso, fundamentalmente la decisión judicial que declaró a José Jaime Pacheco Gámez titular del derecho de dominio de una fracción del inmueble conocido como «El Charquito», y las «inspecciones judiciales» realizadas a los fundos involucrados, de donde entonces, ese análisis de los medios de persuasión, descarta la equivocación propuesta.
Respecto del dislate y la temática esbozada, la Sala, en sentencia CSJ SC, 2 jun. 2010, rad. 1995-09578-01, sostuvo:
‘(…) la falta de consonancia (…) ‘ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones normativas, la valoración probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisión’. A este propósito, tiene dicho la Sala que, ‘la trasgresión de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, únicamente, tratándose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o mínima petita)’ (…). Del mismo modo ‘…nunca la disonancia podrá hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuestión sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas…’ (XLIX, 307), ‘la carencia de armonía entre lo pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en línea de principio, en la parte resolutiva de la misma, ‘pues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo (…).
‘(…) En cuanto a esta particular cuestión, tiene dicho la Sala ‘que la causal segunda de casación se halla instituida para enmendar el vicio de procedimiento que se presenta cuando el sentenciador, por exceso o por defecto, se aparta del cuadro de instancia que traza la demanda y las excepciones propuestas por el demandado o que el juez deba declarar de oficio; en lo que concierne con la presente acusación, en verdad, un fallo puede resultar incongruente, en la especie extra petita, si decide sobre algo que no fue pedido en la demanda o con respaldo en hechos no fundantes de la misma, pues la actividad del juez debe ceñirse a los hechos y pretensiones consignados en el libelo introductor, según dispone el artículo 305 del C. P. Civil. Pero tal conducta reprochable como constitutiva de error in procedendo, se detecta cuando el fallador, sin referirse a los términos ni al contenido de la demanda, esto es sin mediar ningún juicio sobre la misma ni sobre la interpretación que debe dársele, decide el litigio a partir de peticiones no formuladas en la demanda, ni expresa ni implícitamente, a las cuales alude el fallo de sopetón y de modo inopinado para las partes, revelándose allí un proceder que, por abrupto, muestra inmediatamente la trasgresión de los límites que configuran el litigio llevado a conocimiento de la jurisdicción. Si, por el contrario, el sentenciador se pronuncia en un determinado sentido como consecuencia de haber apreciado e interpretado la demanda, a raíz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada, deviene la ocurrencia de un error de juicio –error in judicando–, como que en tal caso el fallador no ha obrado de manera impensada, para cuya enmienda se halla establecida la causal primera de casación’ (Sent. cas. civ. de 8 de abril de 2003, expediente 7844).
‘En idéntico sentido, ‘la diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se pueda caer al apreciar la demanda, propio de la causal primera de casación, no se ha desdibujado a raíz de la innovación introducida al citado numeral 2 del artículo 368, ya que en el primer evento el juzgador, al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquéllos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados. En la segunda hipótesis, por el contrario, el juez parte de obedecer la regla que le habla de la sujeción a los hechos de la demanda, más cuando pretende fijar el sentido de la misma resulta alterándolos siendo éste el motivo por el cual aquí ya no se ha atinado hablar de desatención o prescindencia de la demanda’.
5. Por lo expuesto, el reproche planteado no prospera.
CARGO CUARTO
1. Con respaldo en la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el actor acusa el fallo del Tribunal de quebrantar indirectamente los artículos 673, 762, 765, 780, 2512, 2513, 2517, 2518, 2527 y 2531 del Código Civil y 407 del Código de Procedimiento Civil, por errores de hecho derivados de la apreciación de la demanda ordinaria de oposición al deslinde, lo que condujo a inaplicar las disposiciones reguladoras de los derechos de posesión y prescripción como medios para adquirir el dominio de las cosas.
2. En sustento de dicha acusación, el censor expone lo que seguidamente se compendia:
No obstante que en el libelo genitor se plantearon pretensiones autónomas e independientes, el sentenciador creyó que se trataban de consecuenciales o dependientes unas de otras y no tuvo en cuenta su afirmación de que había adquirido por usucapión extraordinaria la franja de terreno discutida, para lo cual dirigió su actividad a probar los actos de señorío, los que fueron declarados por David Romero.
Agrega que también controvirtió la eficacia y legalidad del título con el que el demandante del deslinde respaldó su derecho, así como los linderos plasmados en las escrituras públicas que constituyen los antecedentes jurídicos de ese título y su confrontación con el plano protocolizado en la n° 3539, pretendiendo demostrar que la porción de tierra discutida no hace parte del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados y que por ello, esta no puede reputarse como de propiedad de la CNT, y tampoco imprescriptible.
Recuerda que sus peticiones se dirigieron a que «se declare que a José Jaime Pacheco Gámez le asiste el derecho a conservar en su poder la franja de terreno objeto de la oposición al deslinde, por (…) haber sido adquirida ésta por éste por usucapión extraordinaria por haberla poseído y explotado pacífica, pública, continua e ininterrumpidamente por más de 20 años con ánimo de señor y dueño [al] pertenecer esta al predio El Charquito», y que por tanto, «se modifique la línea divisoria trazada en la diligencia del 3 de febrero de 1995 por el despacho de conocimiento, para que se señale en el lugar en que se hallaba el día 19 de marzo de 1995, fecha en que se da inicio a la referida diligencia», y subsidiariamente pidió «las mejoras puestas en la franja de terreno objeto de la correspondiente oposición (…)».
Agrega que frente a tales aspiraciones, la Corporación ad quem «tenía el deber legal de pronunciarse», despachando favorablemente una de ellas; sin embargo, interpretó erróneamente el libelo introductorio, alteró su contenido objetivo y omitió su análisis, pues se consideró «relevada de estudiar la solicitud de usucapión planteada por el opositor como una de sus pretensiones de la demanda ordinaria», vulnerando así las disposiciones invocadas y los derechos del accionante a que se declare que adquirió la señalada franja de terreno por prescripción adquisitiva de dominio, a la vez que estimó injustificada la oposición al deslinde y le reconoció a la CNT derechos inexistentes.
Denota que frente a la petición del opositor de que se declare la usucapión a su favor, la CNT presentó demanda de reconvención solicitando la reivindicación de la zona que dijo ser la discutida, pero como el Tribunal eliminó aquel pedimento, cometió yerro trascendente, puesto que la defectuosa apreciación del escrito introductorio lo llevó a confirmar el fallo del a quo y a denegar las pretensiones, revocando el numeral 1° de la sentencia apelada «por inexistencia del petitum, respecto a la pretensión de la usucapión» y a considerarse relevado de estudiar tal solicitud.
CARGO QUINTO
1. Fundado en la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el actor acusa la sentencia del Tribunal de quebrantar indirectamente los preceptos 673, 762, 765, 780, 900, 1495, 1501, 1618, 1622, 1849, 1857, 1866, 1867, 1871, 1874, 1875, 1880, 1884, 1889, 2512, 2513, 2517, 2518, 2527 y 2531 del Código Civil, 407 y 461 de la inicial normatividad citada, por errores de hecho derivados de la «defectuosa apreciación de algunas pruebas y en la falta de apreciación de otras».
2. El censor en pro de acreditar la existencia de los yerros denunciados, expone lo que a continuación se extracta:
a). No dio por demostrado estándolo, que las experticias practicadas en desarrollo del proceso «dictaminaron que las escrituras públicas que constituyen los títulos antecedentes del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados, presentan inconsistencias que impiden la coincidencia en un plano de todos sus costados, y que la franja objeto de la oposición no está comprendida dentro de dicho inmueble»; igualmente, al dar por acreditado, sin que así fuere que la aludida «franja», integra aquella heredad.
b). «No dar por demostrado, estándolo» que en las peritaciones efectuadas a aquel inmueble e incorporadas como pruebas trasladadas «se dictaminó que la franja objeto de la oposición no hace parte del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados».
c). «No dar por demostrado, estándolo» que el instrumento público 674 de 9 de abril de 1987 de la Notaría 2ª de Santa Marta, la Resolución 0555 de 21 de mayo de 1993 del Ministerio de Comercio Exterior, las escrituras 0717, cláusula 1ª de 26 de febrero de 1971 y 3539 «cláusulas 2° y 3°» de 29 de septiembre de 1978 de las «Notarías 2ª y 14 de Bogotá», respectivamente, la hoja 2 del folio de matrícula inmobiliaria n° 080-2251 y el contenido del hecho 2 de la demanda de deslinde permiten determinar «el verdadero y único contenido espacial del predio vendido con señalamiento de linderos y como un cuerpo cierto, denominado Salinas Marítimas de Pozos Colorados» y que dentro de los linderos de este «no está comprendida la franja objeto de la oposición al deslinde, que fue pedida en prescripción por el opositor».
d). «Dar por demostrado, no estándolo» que el inmueble «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» adquirido por la Corporación Nacional de Turismo en los términos de la «cláusula 2° de la escritura 3539 del 29 de septiembre de 1987, de la Notaría 14 de Bogotá, y declarado como cuerpo cierto en la cláusula 3° de esa misma escritura, geográfica y espacialmente se identifica por los linderos contenidos en la cláusula 5°, como conformado por el lote número uno y el lote número dos, quedando comprendida dentro del lote número dos la franja objeto de la oposición al deslinde. Alteró el contenido material de la referida escritura con agregados que no aparecen en ella, (el que el cuerpo cierto Salinas Marítimas de Pozos Colorados está conformado por todo el contenido dentro de los linderos de la cláusula 5°) suponiendo la prueba del hecho equivocadamente añadido».
e). Indica, citando casación de 22 de junio de 1989, que en los juicios de deslinde, la prueba principal que ha de tenerse en cuenta de preferencia, es la que se deriva de los títulos de propiedad que establezcan en el sitio la prolongación y el límite, dado que esta clase de actuaciones no pueden confundirse con las de reivindicación del dominio y que si en un proceso ordinario de deslinde una parte pretende demostrar con testimonios que ha estado en posesión de la porción de terreno disputada y la otra quiere acreditar esa situación con título inscrito, debe prevalecer este último medio de persuasión, precisando que en el presente caso, la CNT «carece de título inscrito que respalde derecho de dominio sobre las áreas geográficas ocupadas por la franja objeto de la oposición, la cual fue pedida en prescripción por el opositor al deslinde».
f). Invocando fallo de 21 de octubre de 1954 de esta Corporación, dice que las declaraciones que una persona haga en un instrumento público respecto de la extensión de los linderos de un inmueble, no puede perjudicar a los dueños de los predios vecinos, por lo que en este caso el cambio que se hizo en la cláusula quinta de la escritura 3539 del 29 de setiembre de 1978 en la que se modificó la medida de los límites del «predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados» originalmente señalados en las cláusulas 1ª de la «escritura 0717 del 26 de febrero de 1971» y 2ª de la «3539 de 29 de septiembre de 1978», «no sirve para fundar exitosamente la pretensión de deslinde promovida por la C.N.T., o la oposición que en reconvención dicha entidad estatal efectuó en contra de la demanda ordinaria de oposición al deslinde, como (…) [tampoco] puede servir de fundamento a las decisiones tomadas en la sentencia impugnada en casación».
Agrega que la mutación en la extensión de los linderos del señalado terreno efectuado en la cláusula 5ª del instrumento público 3539 alteró los «originales dentro de los cuales nunca ha estado comprendido el predio El Charquito, ni la franja objeto de oposición al deslinde».
g). Igualmente acusa al Tribunal de haber omitido evaluar la «escritura 674 del 9 de abril de 1987, Not. 2ª Santa Marta de aclaración de linderos otorgada por Rosario Pacheco de Rodríguez, la resolución 0555 del 21 de mayo de 1993 del Ministerio de Comercio Exterior, la escritura 0717 del 26 de febrero de 1971 de la notaría 2 de Bogotá cláusula 1, la escritura 3539 del 29 de septiembre de 1978 de la notaría 14 de Bogotá cláusulas 2 y 3, el certificado inmobiliario de folio 080-2251» que muestran los límites del predio «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», las inconsistencias de ellos y que desde antes de la venta efectuada por la nación al ICBF en 1971 «ya desde 1963 el predio El Charquito existía jurídica y registralmente y ocupaba el mismo espacio físico y geográfico que hoy es motivo de controversia y durante los siete (7) años que dicho inmueble estuvo en poder de esa entidad estatal, hasta cuando en 1978 los transfirió a la CNT, ésta no ejerció ninguna acción legal encaminada a recuperar extensiones de terreno que bajo la hipótesis de estar incluidas dentro de sus linderos escriturarios, acusara de estar siendo abarcadas por linderos del predio El Charquito».
h). Sostiene que la CNT recibió materialmente del ICBF únicamente lo comprendido dentro de la demarcación determinada en el objeto del contrato y señalada en la escritura de venta, pues era físicamente imposible que aquella «hubiera recibido materialmente áreas de terreno que ya se encontraban ocupadas por el predio El Charquito, incluida la franja hoy discutida, independientemente de si las áreas ocupadas por dicho predio eran mayores a las que posteriormente le fueron definidas y comprendidas dentro de los lindes de la sentencia del proceso de pertenencia, o título por el cual adquirió el opositor demandante», a más de que al ICBF le era legalmente prohibido entregar más terreno del que había comprado.
i). El censor también acusa al Tribunal de haber apreciado indebidamente los dictámenes de los peritos y por tanto fallar en contra de lo que ellos expresan.
Así, indica que el rendido por Luís Bermúdez y Lilia Gelvis, incluyendo su ampliación, no le sirvió al juzgador para tener por demostrado «que el predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados, de conformidad a los linderos contenidos en la cláusula 1ª de la escritura 0717, y especialmente en la cláusula 2ª de la escritura 3539, que fueron transcritos en el hecho 2° de la demanda de deslinde, no comprenden dentro de sí la franja objeto de la oposición al deslinde, solicitada en prescripción extraordinaria por el opositor, amén de ser imposible para los peritos, al pretender planimetrarlo, hacer que en un plano coincidan todos sus lados»; que con prescindencia de esa probanza, la Sala fundada en el título del demandado esgrimió erradamente que las heredades sí eran colindantes y que la extensión que excedía la otorgada a Jaime Pacheco Gámez en el proceso de declaración de pertenencia, era de propiedad del colindante C.N.T.
Agrega, que la argumentación del sentenciador es contradictoria, puesto que a pesar de estimar que la prueba pericial corrobora que en las escrituras públicas del predio «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» se describen varios terrenos con topografías diferentes entre sí y que ninguno de estos se puede hacer coincidir en un plano todos sus costados, termine diciendo que debe aprobarse o mantenerse en firme la línea divisoria trazada «de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario (documentos escriturarios y diligencia de inspección judicial), cuando dicho material probatorio lo que indica es lo contrario de lo que la sala concluyó».
j). Que igualmente omitió considerar los dictámenes trasladados de los procesos reivindicatorios promovidos separadamente por Joaquín Campo Campo y José Antonio Días Granados contra la Corporación Nacional de Turismo, coincidentes con los rendidos en este pleito, tanto en la fase de deslinde como de la oposición, por Franklin Guevara Leotur y Gustavo Gnecco Correa, lo mismo que por Luis Sney Bermúdez Granados y Lilia Piedad Gelvis Avendaño, todos los cuales concluyen en la falta de colindancia, que la propiedad denominada «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» no comprende la franja objeto de «oposición al deslinde» y que el levantamiento topográfico arroja la conformación de dos inmuebles que se denominaron «lote número uno y lote número dos» que difieren en tamaño, rumbos, medidas de sus linderos y figura geométrica con respecto al inmueble descrito en la cláusula 2ª de la escritura 3539, «quedando comprendido dentro del denominado lote número dos la totalidad del predio el Charquito, incluida la franja objeto de la oposición».
k). También anota que tanto en litigios civiles, como en los adelantados ante el Tribunal Administrativo del Magdalena se han practicado experticias y realizado planos topográficos con miras a identificar el «predio salinas marítimas de pozos colorados» obteniéndose como conclusión «que dicho inmueble presenta una triple alinderación, una primera contenida en escritura 0717 del 26-02-1981 de la notaría 2° de Bogotá, una segunda contenida en la cláusula segunda de la escritura 3539 del 29-09-1987 de la notaría 14 de Bogotá y una tercera alinderación contenida en la cláusula quinta de esa misma escritura 3539 (…); que la segunda y tercera de esas alinderaciones difieren entre sí y a su vez son totalmente distintas de la alinderación original y primogénita contenida en la primera de las escrituras públicas relacionada, específicamente en cuanto a sus rumbos y medidas, a tal punto que en todas las peritaciones se concluye que el predio al que dichas escrituras y linderos dicen referirse no permiten la identificación técnica, jurídica y geográfica de dicho inmueble», y que el mismo no abarca parte alguna del que originalmente se denominó «El Charquito y mucho menos la franja objeto de oposición al deslinde».
l). Igualmente alude a los dictámenes rendidos por Fernando Galofre y Óscar Corvacho, al igual que por Werner Stuve Arroyo y Algemiro Maya, para destacar las inconsistencias que hallaron en la alinderación del inmueble «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» y la imposibilidad, no solo de identificarlo, sino de cerrar el polígono en un plano, con las distintas medidas que de él existen en los títulos, expertos que además se refieren a la franja de terreno ocupada por José Jaime Pacheco; que según aquellos, «[e]sta indefinición crea una confusión con respecto a la franja de terrenos situados entre la línea del ferrocarril y la carretera», por cuanto un área que es poseída por la CNT «no queda comprendida en la alinderación suministrada por el demandante» e igualmente que «existe una franja de terreno de aproximadamente 6 hectáreas, en una longitud de 556 Mts. a lo largo de la línea férrea que queda excluida (…) de él, según la alinderación suministrada por demandante y demandado, la cual está siendo poseída por el señor José Jaime Pacheco».
Refiere el censor, que con las peritaciones y los títulos antecedentes de la heredad «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» se puede determinar que el espacio físico y geográfico en el que se presenta la inexactitud, «es el mismo que desde el año 1963 ocupa el predio El Charquito y la franja objeto de la oposición al deslinde».
Por ello, es errónea la argumentación del Tribunal atinente a que si bien los peritos dijeron que «los predios El Charquito y Salinas Marítimas de Pozos Colorados no eran colindantes por los linderos oeste, este y norte, pues entre los dos predios se encuentra la línea férrea, zona que es de propiedad de Ferrocarriles Nacionales de Colombia», exponga así mismo que no existe prueba de que esa «zona férrea» le hubiera sido cedida a este último organismo o que constituyera una servidumbre.
m). Que yerra también al estimar que el título mediante el cual el opositor demandante adquirió en pertenencia era el que servía para establecer la colindancia entre los predios materia de la controversia y que procediera a dejarle a la CNT la parte ocupada por aquel, con el argumento de que no tenía derecho sobre ella, por ser de la citada entidad, lo que a su vez le sirvió al ad quem para considerar equivocadamente que la franja objeto de la oposición era imprescriptible, desconociendo las imprecisiones e inconsistencias existentes y advertidas por el mismo sentenciador, recalcando que el aludido ente «nunca tuvo derecho de dominio o propiedad y mucho menos posesión material» sobre dicha área.
Manifiesta que esas inferencias las obtuvo por no haber analizado la «escritura 0717 de 26 de febrero de 1971» y la «cláusula 2ª de la 3539» citadas, en las que consta que el predio de la CNT «colinda ‘… atravesando la línea del ferrocarril en una longitud de cuarenta metros veinticinco centímetros (40.25 mts. con terrenos de propiedad de los ferrocarriles nacionales», y por no estimar el señalamiento de la demarcación inserta en los instrumentos públicos, en los planos y en todos los dictámenes que insisten en la falta de colindancia directa entre los citados terrenos.
Denota que el ad quem además, en perjuicio de la verdad, de la ley y del recurrente en casación, interpretó erróneamente las cláusulas 2, 3 y 5 del contrato de compraventa suscrito entre el ICBF y la CNT recogido en la «escritura 3539 de 29 de septiembre de 1987 de la notaría 14 de Bogotá», en la que consta la cosa vendida con indicación de linderos y como cuerpo cierto, por lo que aquella entidad entregaba materialmente y esta recibía, solo lo que «rezaba en la cláusula 2ª, en armonía con la cláusula 8°, el inmueble Salinas Marítimas de Pozos Colorados».
Agrega que «si el ad quem hubiera aplicado estrictamente el contenido de la cláusula 5° de la citada escritura 3539, o la delimitación solicitada por la CNT, simplemente era improcedente por cuanto el predio El Charquito quedaría comprendido en su totalidad dentro del denominado lote numero dos y dejarían de ser vecinos para estar uno dentro del otro, o la delimitación solicitada por la CNT necesariamente tendría que haberse hecho entre el lote numero dos y El Charquito y entre ese tercer lote denominado zona del ferrocarril y El Charquito».
n). También señala que el Tribunal omitió considerar los indicios que se desprenden de los documentos antes relacionados, como las escrituras públicas, planos y las demandas reivindicatorias instauradas por José Antonio Díaz Granados y Máximo Campo contra la CNT, de los cuales debía extraer «que la franja objeto de la oposición al deslinde, nunca ha estado comprendida dentro de los linderos que identifican al predio que fuera vendido con señalamiento de linderos y como cuerpo cierto, denominado Salinas Marítimas de Pozos Colorados (…) la cual fue solicitada en prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio por parte del opositor al deslinde» y que si bien en el instrumento público 3539 se incluyó la cláusula 5ª para introducir una alinderación con mayor extensión, la misma «es ilegítima y se excluye de los elementos probatorios a considerar al momento de efectuar el análisis lógico jurídico que lleve al ad quem a dictar la sentencia».
ñ). Finaliza indicando que la situación fáctica ignorada, la defectuosa apreciación de algunas pruebas, la alteración y preterición de otras condujeron al juzgador a revocar la declaración de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de la «franja objeto de la oposición» solicitada por el actor, así como a declarar injustificada la «oposición al deslinde y amojonamiento» y a ratificar la línea divisoria de «los predios El Charquito y Salinas Marítimas de Pozos Colorados», por los lados este y parte del lindero sur de la Corporación Nacional de Turismo.
Que a partir de tales equivocaciones, no dio por probado, estándolo, que «entre los dos predios vinculados al deslinde, se interpone un (…) tercero ajeno al proceso (…) denominado Zona del Ferrocarril»; que dentro de lo vendido a la CNT «no quedó comprendida la franja objeto de la oposición»; que sobre las áreas que «Jaime Pacheco Gámez extendió la lindes señaladas en la declaración de pertenencia, la CNT no tenía derecho de dominio y propiedad, ni ejercía posesión material», y que el ICBF le entregó a esta únicamente lo comprendido dentro de los linderos señalados en la cláusula 2ª de la escritura 3539 de 29 de septiembre de 1978 de la notaría 14 de Bogotá, referidos al inmueble «Salinas Marítimas de Pozos Colorados».
Que en razón de los yerros protuberantes y trascendentes, el ad quem vulneró indirectamente las normas relacionadas en el cargo y favoreció a la Corporación Nacional de Turismo, dado que le atribuyó, sin prueba que lo permita, «unos derechos de posesión, dominio y propiedad (…) sobre el área geográfica correspondiente a la que ocupa la franja objeto de la oposición al deslinde, que dicha entidad nunca tuvo».
3. Pide, en consecuencia, casar la sentencia impugnada extraordinariamente, revocar de del a quo y conceder las súplicas del libelo de «oposición al deslinde».
CONSIDERACIONES
1. Los fundamentos torales del fallo del Tribunal, en lo que respecta a las pretensiones incoadas en el escrito introductorio y reproches en casación, se reducen a dos, a cuyo examen se limitará la actuación de la Corte.
El primero, estriba en que como el opositor no formuló demanda de pertenencia, sino que lo reclamado por él se concretó a «que se declare que le asiste el derecho de conservar en su poder la franja de terreno materia de la oposición», el a quo se había equivocado al adentrarse en el estudio atinente a la «prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio», por lo que se imponía revocar lo resuelto al respecto y lo relevaba de analizar dicho tema.
El segundo, que debido a que el actor estaba ocupando una parte de terreno superior a la que le fue otorgada en la sentencia de 3 de junio de 1987, proferida en el juicio de pertenencia que él promovió contra Rosario Pacheco de Rodríguez, actuación en la que no hizo mención a estar poseyendo un metraje adicional al que solicitó y le fue concedido, ello demostraba que ostentaba una porción que no le pertenecía, dado que era de la citada entidad, máxime cuando en aquel trámite refirió que la «heredad respecto de la cual se le reconociera haberla adquirido por prescripción, colindaba por los linderos norte y oeste con la entonces Corporación Nacional de Turismo», razón por la cual, la decisión del a quo de ratificar la línea divisoria teniendo en cuenta los linderos del predio del opositor, merecía ser confirmada.
2. Frente a las cardinales conclusiones precedentes, el recurrente le atribuye yerro fáctico al juzgador porque al decir que no había formulado declaración de pertenencia, malinterpretó la demanda en la que pidió «declar[ar] que le asiste el derecho de conservar en su poder la franja de terreno materia de la oposición» por hallarse fuera de los límites de la propiedad de la Corporación Nacional de Turismo y tener en posesión la franja objeto de oposición que hace parte del fundo «El Charquito»; que así mismo apreció equivocadamente unos elementos de juicio y omitió el análisis de otros indicativos de que la porción de tierra materia de discusión no se halla comprendía dentro de la demarcación del inmueble que la aludida entidad le compró al ICBF.
3. Como aspecto preliminar, se recuerda que el recurso de casación está orientado a juzgar la sentencia impugnada y no el litigio en sí mismo considerado, pues de hacerlo, mutaría aquel en una tercera instancia, que la ley no prevé. En consecuencia, tal reproche se dirige a que la Corte determine, dentro de los límites trazados por la censura, si el fallo combatido está o no ajustado al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal; sin desconocer, claro está, que el juzgador de conocimiento goza de una discreta autonomía para apreciar los medios demostrativos, según los dictados de la sana crítica, esto es, que se encuentra bajo el apremio de enjuiciarlos con soporte en el sentido común, la lógica y las reglas tanto de la ciencia como de la experiencia.
Lo anterior explica la razón por la que, cuando el ataque se construye sobre la base de haberse cometido un error de hecho que como vía indirecta integra la 1ª causal del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, su acreditación presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta que sólo se estructure en la medida en que el desacierto sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, lo que es igual, de tal magnitud que resulte ostensiblemente contrario a la evidencia del proceso.
Sobre el punto, la Corte en sentencia CSJ SC4428-2014 reiteró:
De conformidad con lo expuesto, cuando en el recurso extraordinario de casación se critica el fallo del ad quem por comportar «errores fácticos», el ataque no debe orientarse a contraponer los juicios valorativos que puedan admitir los medios de convicción, sino a mostrar las equivocaciones observables sin obstáculo, es decir, evidentes y relevantes en las que incurrió el juzgador, concretando su señalamiento, dado que se trata de un reproche de existencia, atinente a la materialidad de la prueba.
4. Con miras a verificar la presencia de los errores endilgados por el recurrente, seguidamente se registran los elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando.
a). Escritura Pública n° 0717 de 26 de febrero de 1971 otorgada en la Notaría Segunda del círculo de Bogotá, por la cual, la Nación – Ministerio de Obras Públicas transfirió en venta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar «el inmueble conocido como ‘Salinas Marítimas de Pozos Colorados’, ubicado en jurisdicción del Corregimiento de Gaira, Municipio de Santa Marta, con una cabida aproximada de sesenta y cinco hectáreas dos mil setecientos cuarenta y siete metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados (65 Mts. 2.747.14 M.2.) con sus construcciones, mejoras y anexidades y comprendido dentro de los siguientes linderos generales ‘Desde el punto nor-occidental del lote, intersección con la esquina sur-occidental de la Urbanización Micro-Refugio, en dirección al sur, y en longitud de mil ciento setenta y dos metros con treinta y ocho centímetros (1.172.38 M) con el Mar Caribe hasta encontrar la esquina nor-occidental de la Urbanización Irotama, de este punto en línea quebrada, en dirección al oriente siguiendo la cerca divisoria en una longitud de doscientos veintiséis metros con treinta y nueve centímetros (226,39 Mts), con la Urbanización Irotama; de este punto en dirección al sur, en línea recta, en una longitud de cuarenta metros cuarenta centímetros (40,40 Mts), cerca de por medio con la vía de propiedad de dicha Urbanización; de este punto, en dirección al oriente, en línea recta hasta encontrar la vía del ferrocarril que conduce a Santa Marta, en una longitud de doscientos diez metros con veinticinco centímetros (210,25 Mts), con terrenos de propiedad de la Urbanización Irotama, de este punto, siguiente (sic) la línea del ferrocarril, en dirección al norte, en una longitud de setecientos cincuenta y tres metros con setenta y cinco centímetros (753,75 Mts), con una línea férrea que conduce a Santa Marta; de este punto, en dirección al nor-este, en una longitud de ciento cuarenta metros con noventa centímetros (140,90 Mts), y cerca de por medio con terrenos de propiedad del señor Barrenche, hasta encontrar la carretera que conduce a Santa Marta; de este punto, en línea recta y en dirección al occidente, atravesando la línea del ferrocarril en una longitud de cuarenta metros veinticinco centímetros (40,25 Mts), con terrenos de propiedad de los Ferrocarriles Nacionales, de este punto, en línea recta y dirección al norte siguiendo la línea del ferrocarril en una longitud de doscientos veintiséis metros con treinta y cinco centímetros (226, 35 Mts), con el ferrocarril de Santa Marta; de este punto, en línea recta y dirección al Occidente en una longitud de doscientos veinticinco metros con setenta y cinco centímetros (225, 75 Mts), hasta encontrar el punto de partida esquina nor-occidental del lote, con terrenos de la propiedad de la Urbanización Micro-refugio». (fls. 24-26 c. 2).
b). «Escritura pública n° 3539 de 29 de septiembre de 1978» autorizada por la notaría 14 del círculo de Bogotá, por medio de la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vende a la Corporación Nacional de Turismo de Colombia, el aludido predio «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», en la que se anuncia que se enajena una cantidad superior a la anterior, pero que «constituye cuerpo cierto, es decir, que su transferencia se hace sin consideración a la cabida, la cual no obstante, se precisa en sesenta y cuatro hectáreas (64 hs) ocho mil novecientos setenta y tres metros cuadrados con setenta y cinco decímetros de metro cuadrado (8.973.75 mtrs 2 (…)». En su cláusula quinta se consignó «[q]ue la alindación, actualizada y definitiva del inmueble cuya mayor extensión es objeto de la venta que efectúa mediante este instrumento público se precisa, en armonía con el plano que se protocoliza (…)». Allí mismo, se indican las fracciones, puntos y coordenadas que integran e identifican el referido inmueble, señalando que se halla formado por dos partes, una que corresponde al «lote número 1» y otra al «lote número 2» (fls. 9-22 c.2).
c). Plano en el que se aprecia que además de la heredad descrita en la citada «escritura 0717 de 26 de febrero de 1971», se involucra otro, de menor extensión. (fl. 23 c.2).
d). Folio de matrícula inmobiliaria n° 080-0002251 correspondiente al precitado terreno, en el que se hallan registrados los citados actos jurídicos (fl. 27 c. 2).
e). Sentencia de 3 de junio de 1987 proferida por el Juzgado 2° Civil del Circuito de Santa Martha dentro del proceso de pertenencia por «prescripción agraria de corto tiempo» promovido por José Jaime Pacheco Gámez contra Rosario Elena Pacheco de Rodríguez, en la cual se declaró a aquel «dueño absoluto, por haberlo adquirido por prescripción agraria de corto tiempo, del fundo denominado ‘El Charquito’, ubicado en el caserío ‘La Paz’, corregimiento de Gaira, en el municipio de Santa Marta (…) delimitado de la siguiente manera: Norte: en ciento treinta y cinco metros (135 mts), con terrenos de propiedad de la Corporación Nacional de Turismo; Sur, en cien metros (100.00 mts) con terrenos de propiedad de Inversiones La Esperanza; Este, en extensión de trescientos cuarenta y cuatro metros (344.00 mts) con terrenos de Israel Socarras Martínez, carretera Santa Marta Ciénaga en medio; Oeste, en extensión de trescientos cuarenta y cuatro metros (344.00 mts) con terrenos de propiedad de la Corporación Nacional de Turismo, línea férrea en medio» (fls. 37-41 c.11).
f). Experticia y adición realizada en la etapa de deslinde que antecedió al juicio de oposición al mismo, por Gustavo Gnecco Correa y Franklin Guevara Leotur quienes dan cuenta de las inconsistencias de las medidas del inmueble «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» y concluyen que los predios involucrados no son colindantes (fls. 175-177 c.1).
g). Dictamen elaborado al interior del trámite de la oposición por Lilia Piedad Gelvis Avendaño y Luis Sney Bermúdez Granados, quienes igualmente encontraron falencias en la identificación del indicado bien y establecieron la falta de vecindad con el denominado «El Charquito» (fls. 355-371 c 1).
5. Como quiera que el juicio de oposición que ahora ocupa la atención de la Sala surgió de la decisión adoptada en diligencia de 3 de febrero de 1995 en la que el juzgado 2° Civil del Circuito de Santa Marta trazó la «línea divisoria de los predios El Charquito y Salinas Marítimas de Pozos Colorados», este último de la Corporación Nacional de Turismo, cabe señalar ab initio, que lo concerniente al deslinde y amojonamiento, comporta una controversia de linderos, que generalmente deviene de la oscuridad e imprecisión de las respectivas demarcaciones que ostentan los terrenos limítrofes, por lo que la pretensión al respecto, se encamina a que mediante sentencia judicial se ponga fin al estado de incertidumbre y se reconozca la realidad de la condición limítrofe, sin agregar o recortar nada a los derechos preexistentes, es decir, que lo perseguido es retornar las cosas al estado anterior al surgimiento del motivo de duda.
Por eso, el artículo 900 del Código Civil faculta a los titulares del dominio de predios adyacentes para buscar la delimitación de estos, señalando que «[t]odo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los limites que lo separan de los predios colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes». Con ese propósito, debe acudirse a los respectivos «títulos de propiedad», dictámenes de expertos, testimonios y a todos los elementos de persuasión con capacidad de ilustrar la genuina situación.
Surtido el trámite correspondiente, de establecerse que las heredades no son colindantes, al juez le corresponde, mediante auto, «declarar improcedente el deslinde», pues este depende del imprescindible requisito de vecindad; empero, si el señalado presupuesto se satisface, de acuerdo con lo previsto en el canon 464 del Código de Procedimiento Civil «señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios en que fuere necesario, para demarcar ostensiblemente la línea divisoria».
El numeral 3° del señalado precepto dispone que «[s]i ninguna de las partes se opone al deslinde, o la oposición fuere parcial, el juez las pondrá o dejará en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada en lo que no fue objeto de oposición. En el primer caso, pronunciará allí mismo sentencia, declarando en firme el deslinde (…)».
Si se presenta «oposición total o parcial», la ley autoriza a la parte inconforme para que formule esta «mediante demanda en la cual podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de mejoras puestas en ella», bajo los lineamientos del artículo 465 ibídem.
Sobre el particular, la Sala en fallo CSJ SC, 6 jul. 2007, rad. 7802 expuso:
‘La finalidad primordial de la acción de deslinde es la de fijar la materialidad del lindero o línea de separación entre los terrenos o predios y ‘ello pone en claro que el deslinde en sí, por su objeto y fines, no controvierte otra cosa que la línea concreta y definida de separación sobre el terreno de los predios adyacentes. El juez se encuentra llamado a garantizar la paz y la seguridad de los dueños de los predios colindantes por medio de la línea que señala donde termina el señorío de cada uno y empieza el de los demás. Por eso la ley le ordena dejar ‘a las partes en posesión de los respectivos terrenos, con arreglo a la línea, si ninguna de las partes se opone’ -artículo 464 del Código de Procedimiento Civil- o como obvio, cuando no triunfa la oposición’ (G.J CIX, 148)…El deslinde es una típica contención entre propietarios o titulares de derecho real de terrenos contiguos, y quien promueve una acción de este linaje está reconociendo el derecho de dominio o propiedad del demandado, aunque pretende que por la jurisdicción y por la vía del proceso correspondiente se determine de manera definitiva cuál es la línea material o espacial que divide o separa sus predios que hasta ese momento es confusa, equívoca e incierta” (Cas. Civ., sentencia de 14 de agosto de 1995, exp. No. 4040).
6. Si la demostración del error de hecho en la valoración probatoria requiere, entre otros elementos, que la conclusión censurada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, significa entonces que su configuración ha de ser manifiesta, esto es, que para establecerlo no resulte necesario acudir a elaboradas razones o a sutiles disquisiciones, porque de ser así el yerro no salta de bulto a la vista, ni emerge de su sola enunciación y, de contera, carecería del carácter de evidente exigido para estructurarlo.
Dada la particular naturaleza del recurso de casación, y concretamente que este no encarna una tercera instancia que le permita al recurrente asentar desinhibidamente su parecer en torno a los medios de convicción recaudados, es esencial, para efectos de su prosperidad, que se configure el factor de la contraevidencia del juicio del sentenciador y, por ende, que el censor deba orientar su labor impugnativa a mostrar los palmarios desaciertos en la apreciación de los medios de convicción, determinando los que fueron objeto de la equivocación y cómo los afectó.
Adicionalmente, según lo ha precisado esta Corporación, entre otras decisiones, en fallo CSJ SC, 3 mar. 2006, rad. 1999-0026,
(…) para el éxito de un ataque por error de hecho se requiere, de un lado, acusar ‘todos los puntales probatorios que adujo del Tribunal’, y del otro, demostrar un yerro manifiesto, en lo que atañe a la prueba como elemento material del proceso, porque el juzgador supone su presencia cuando no existe, deforma su contenido, o estando el medio probatorio no es visto por el Juez, campo en el que corresponde al censor: ‘a) singularizar la prueba que se considera mal apreciada, precisando por qué no fue estimada, o por qué fue mal valorada; b) efectuar una comparación, un parangón, entre la conclusión errada del Tribunal y aquella que realmente era la debida; c) acreditar la evidencia del error, es decir, que no se requerían mayores elucubraciones o análisis para establecer su estructuración, y d) la trascendencia del yerro, esto es, demostrar su contraevidencia con la conclusión que extrae la censura que, en últimas, debe traducirse en la única opción o alternativa para solucionar el litigio’.
7. De conformidad con lo que se ha expuesto emerge que el censor no demostró la equivocación del Tribunal y menos con los perfiles de protuberante y trascendente.
En efecto, frente la inferencia judicial inicialmente combatida, según la cual «por ningún lado asoma que se haya formulado demanda de pertenencia» por parte del opositor, este solo se limita a sostener lo contrario, esto es, que sí lo hizo, sin detenerse a realizar la debida e inexorable labor de cotejo entre lo que objetivamente reza el escrito introductorio y la inferencia que a partir del mismo obtuvo el sentenciador.
Si bien el recurrente esgrime que solicitó declarar «que a José Jaime Pacheco Gámez le asiste el derecho de conservar en su poder la franja de terreno objeto de la objeción (…)», no hay duda de que esa argumentación resulta insuficiente para evidenciar el «error de hecho» planteado en que se funda el ataque, porque en realidad de allí no «asoma que se haya formulado demanda de pertenencia», como lo advirtió la Corporación de segundo grado.
Es más, si se tienen en cuenta las exigencias normativas de la «declaración de pertenencia», no se muestra desfasada la referida interpretación judicial y como además la omisión denunciada no se halla en el fundamento de la petición consistente en que se declare «que le asiste el derecho de conservar en su poder la franja de terreno objeto de la objeción (…) por a) no estar comprendida dentro de los linderos escriturarios que identifican al predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados; b) Pertenecer esta al predio El Charquito; y c) haber sido adquirida esta por este por usucapión extraordinaria por haberla poseído y explotado pacífica, pública, continua e ininterrumpidamente por más de 20 años con ánimo de señor y dueño», entonces, se itera, el yerro protuberante, de bulto y trascendente, necesario para derrumbar la decisión combatida, no se estructura.
La ausencia de acreditación del equívoco planteado la corrobora el hecho de que en el escrito introductorio no consta, contra quien se dirigía la acción, ni que se haya allegado «el certificado del registrador de instrumentos públicos» con los datos impuestos por el numeral 5° del canon citado, como tampoco el requerimiento de los respectivos emplazamientos que la misma norma indica y menos que estos se hubieran realizado y en fin, que se haya observado el trámite que la «declaración de pertenencia» impone.
Si ello es así y el censor omitió su labor de hacer el contraste respectivo tendiente a denotar que a pesar del cumplimiento de lo anterior, el juzgador desconoció esa realidad, se itera, el dislate quedó sin demostrar y por tanto no merece acogimiento.
Similar razonamiento soporta el ataque por el cual se le atribuye al Tribunal desatino fáctico derivado de la apreciación equivocada de unos medios de persuasión y preterición de otros indicativos de que la porción de tierra materia de la oposición no se halla comprendía dentro de los linderos del predio «Salinas Marítimas de Pozos Colorados» y que la Corporación Nacional de Turismo carece de título de la parte que le fue otorgada por virtud del deslinde.
Según se ha expuesto, el derecho de dominio le otorga a su titular la facultad de solicitar la demarcación judicial de la línea divisoria de su predio, respecto de los aledaños, con la finalidad de establecer la extensión de la propiedad de cada uno de ellos, para lo cual el sentenciador ha de valerse del examen de los títulos, y en algunos casos, de las declaraciones de testigos y conceptos periciales.
Cabe señalar que la tarea de evaluación de los medios de convicción ha sido reservada privativamente al juzgador de instancia, dada la naturaleza misma de la función judicial, lo que debe desarrollar con una discreta autonomía, esto es, una moderada libertad para persuadirse racionalmente, limitada, en línea de principio, por las reglas de la sana crítica. Por ello en sede de casación, se impone respetar dicho ejercicio, a menos que errores protuberantes justifiquen su infirmación, lo que ocurriría, cuando la evaluación de los elementos de persuasión únicamente admite la tesis que propone el recurrente, frente a la realidad procesal que por tanto hace aflorar contraevidente la formulada por el fallador; pero si la decisión judicial no se aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que, frente a ella, no se muestra como un dislate inconcebible, la acusación no puede prosperar.
De acuerdo con lo anterior, si a partir «del material probatorio obrante en el plenario, tales como documentos escriturarios, y diligencias de inspección judicial», el ad quem concluyó «que la línea divisoria trazada en los terrenos en disputa en la diligencia del 3 de febrero de 1995, debe aprobarse o mantenerse en firme», pues al cotejar el título con el que el opositor adquirió por usucapión el dominio del fundo «El Charquito», evidenció que ostentaba una parte que no le correspondía, dado que le pertenece a la Corporación Nacional de Turismo, la Corte no advierte que dicha inferencia comporte el yerro fáctico enrostrado al juzgador, con las características de protuberante y trascendente, porque esa lectura se muestra igualmente admisible.
En efecto, si se repara en el instrumento por medio del cual la citada entidad obtuvo la propiedad del inmueble «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», esto es, la escritura pública n° 3539 de 29 de septiembre de 1978 autorizada por la Notaría 14 del círculo de Bogotá, que valga destacar, es anterior al que le confirió la propiedad del predio «El Charquito» al opositor -sentencia de 3 de junio de 1987-, se encuentra que lo vendido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar «constituye cuerpo cierto, es decir, que su transferencia se hace sin consideración a la cabida, la cual no obstante, se precisa en sesenta y cuatro hectáreas (64 hs) ocho mil novecientos setenta y tres metros cuadrados con setenta y cinco decímetros de metro cuadrado (8.973.75 mtrs 2 (…)».
Obsérvese que en aquel instrumento se precisó que el bien raíz enajenado por la Nación – Ministerio de Obras Públicas a la Corporación Nacional de Turismo de Colombia, en armonía con el plano protocolizado, tiene la siguiente demarcación: «Partiendo del Punto L-1 de coordenadas 1’726.44.85 Norte y 983.311.42 Este y con un rumbo de Sur 7 grados 11 minutos y 45 segundos Este a una distancia de 180.63 metros se encuentra el punto L-2 a partir del cual con rumbo Sur 3 grados 27 minutos 9 segundos Este a una distancia de 84.19 metros se encuentra el punto L-3, a partir del cual con rumbo Sur 4 grados 24 minutos 19 segundos. Este a una distancia de 117.56 metros se encuentra el punto L-4, a partir del cual con rumbo Sur 16 grados 09 minutos 04 segundos Este a una distancia de 266.31 metros se encuentra el punto L-5, a partir del cual con rumbo Sur 17 grados 49 minutos 54 segundos Este a una distancia de 171.25 metros se encuentra el punto L-6, a partir del cual con rumbo Sur 25 grados 35 minutos 44 segundos, Este y a una distancia de 123.72 metros se encuentra el punto L-7, a partir del cual con rumbo Sur 30 grados 49 minutos 27 segundos. Este a una distancia de 11.26 metros se encuentra el punto L-8, a partir del cual con rumbo Sur 39 grados 19 minutos 46 segundos Este y a una distancia de 8.02 metros se encuentra el punto L-9, a partir del cual con rumbo Sur 34 grados 18 minutos 06 segundos Este a una distancia de 40.53 metros se encuentra el punto L-10, a partir del cual con rumbo sur 26 grados 34 minutos 12 segundos Este a una distancia de 105.17 metros se encuentra el punto L-11, a partir del cual con rumbo Sur 17 grados 21 minutos 06 segundos Este a una distancia de 14.72 metros se encuentra el punto L-12, a partir del cual con rumbo Sur 9 grados 26 minutos 34 segundos Este a una distancia de 43.58 metros se encuentra el punto L-13, a partir del cual con rumbo Norte 65 grados 34 minutos 01 segundos Este a una distancia de 38.95 metros se encuentra el punto L-14, a partir del cual con rumbo Sur 31 grados 55 minutos 53 segundos Este a una distancia de 10.66 metros se encuentra el punto L-15, a partir del cual con rumbo Sur 52 grados 16 minutos 15 segundos Este a una distancia de 4.13 metros se encuentra el punto L-16, a partir del cual con rumbo sur 14 grados 20 minutos 42 segundos Este a una distancia de 12.15 metros se encuentra el punto L-17, a partir del cual con rumbo Sur 40 grados 57 minutos 41 segundos Este a una distancia de 14.16 metros se encuentra el punto L-18, a partir del cual con rumbo Sur 66 grados 13 minutos 37 segundos Este a una distancia de 31.95 metros se encuentra el punto L-19, a partir del cual con rumbo Sur 44 grados 55 minutos 13 segundos Este, a una distancia de 25.43 metros se encuentra el punto L-20, a partir del cual con rumbo Sur 67 grados 57 minutos 08 segundos Sur a una distancia de 82.90 metros se encuentra el punto L-21, a partir del cual con rumbo Sur 49 grados 26 minutos 59 segundos Este a una distancia de 1.28 metros se encuentra el punto L-22, a partir del cual con rumbo Sur 3 grados 37 minutos 01 segundos Este a una distancia de 449.05 metros se encuentra el punto L-23, a partir del cual con rumbo Sur 87 grados 02 minutos 15 segundos este a una distancia de 99.45 metros se encuentra el punto L-24, a partir del cual con rumbo Sur 87 grados 34 minutos 28 segundos Este, a una distancia de 103.26 metros se encuentra el punto L-25, a partir del cual con rumbo Norte 19 grados 23 minutos 24 segundos Este a una distancia de 43.07 metros se encuentra el punto L-26, a partir del cual con rumbo Norte 8 grados 16 minutos 01 segundos Este a una distancia de 155.58 metros se encuentra el punto L-27, a partir del cual con rumbo Norte 8 grados 25 minutos 27 segundos Este a una distancia de 34.03 metros se encuentra el punto L-28, a partir del cual con rumbo Norte 1 grado 32 minutos 18 segundos Oeste a una distancia de 57.74 metros se encuentra el punto L-29, a partir del cual con rumbo Norte 18 grados 51 minutos 34 segundos Oeste a una distancia de 75.55 metros se encuentra el punto L-30, a partir del cual con rumbo Norte 19 grados 07 minutos 02 segundos Oeste a una distancia de 195.48 metros se encuentra el punto L-31, a partir del cual con rumbo Norte 19 grados 16 minutos 32 segundos Oeste a una distancia de 191.66 metros se encuentra el punto L-32, a partir del cual con rumbo Norte 22 grados 30 minutos 52 segundos Oeste a una distancia de 102.37 metros se encuentra el punto L-34, a partir del cual con rumbo Norte 21 grados 30 minutos 34 segundos Oeste a una distancia de 292.56 metros se encuentra el punto L-36, a partir del cual con rumbo Norte 20 grados 55 minutos 15 segundos Oeste a una distancia de 69.48 metros se encuentra el punto L-37, a partir del cual con rumbo Norte 21 grados 22 minutos 59 segundos Oeste a una distancia de 110.07 metros se encuentra el punto L-38, a partir del cual con rumbo Norte 21 grados 06 minutos 09 segundos Oeste a una distancia de 164.57 metros se encuentra el punto L-40, a partir del cual con rumbo Norte 21 grados 21 minutos 26 segundos Oeste a una distancia 108.05 metros se encuentra el punto L-41, a partir del cual con rumbo Norte 21 grados 14 minutos 49 segundos Oeste a una distancia de 241.15 metros se encuentra el punto L-43, a partir del cual con rumbo Sur 67 grados 52 minutos 13 segundos Oeste a una distancia de 229.36 metros se encuentra de nuevo el punto L-1, linderos que corresponden al lote número 1, cuya área resultante es de 52 hectáreas 9.510 metros cuadrados. Los linderos correspondientes al lote número 2 son: A partir del punto L-33, cuyas coordenadas son: 1’725.522.06 Norte y 983.945.36 Este con rumbo Norte 66 grados 10 minutos 17 segundos Este a una distancia de 109.03 metros se encuentra el punto L-44, a partir del cual con rumbo Norte 14 grados 25 minutos 07 segundos Oeste a una distancia de 117.75 metros se encuentra el punto L-49, a partir del cual con rumbo Norte 11 grados 53 minutos 50 segundos Oeste a una distancia de 171.44 metros se encuentra el punto L-50, a partir del cual con rumbo Norte 16 grados 13 minutos 48 segundos Oeste a una distancia de 152.31 metros se encuentra el punto L-51, a partir del cual con rumbo Norte 33 grados 04 minutos 22 segundos Oeste a una distancia de 120.23 metros se encuentra el punto L-52, a partir del cual con rumbo Norte 47 grados 22 minutos 32 segundos Oeste a una distancia de 156.96 metros se encuentra el punto L-53, a partir del cual con rumbo Norte 47 grados 53 minutos 57 segundos Oeste a una distancia de 110.87 metros se encuentra el punto L-54, a partir del cual con rumbo Norte 48 grados 29 minutos 12 segundos Oeste a una distancia de 43.95 metros se encuentra el punto L-42, a partir del cual con rumbo Sur 20 grados 43 minutos 26 segundos Este a una distancia de 86.22 metros se encuentra el punto L-39, a partir del cual con rumbo Sur 21 grados 17 minutos 05 segundos Este a una distancia de 646.11 metros se encuentra el punto L-35, a partir del cual con rumbo Sur 20 grados 52 minutos 41 segundos Este a una distancia de 107.05 metros se encuentra de nuevo el punto L-33 con el cual se configura el perímetro del lote número 2, cuya área es de 9 hectáreas 7.870 metros cuadrados. La zona del ferrocarril comprendida entre el lote número 1, y el lote número 2 y delimitada entre los puntos L-32 – L-34 – L-36 – L-37 – L-38 -L-40 – L-41 – L-42 – L-39 -L-35 – L-33 y L-32 mide 2 hectáreas 2.955 metros cuadrados por lo cual el predio cuya mayor extensión es objeto de venta tiene un área total resultante de la sumatoria del lote número 1 lote número 2 y la zona del ferrocarril es de 65 hectáreas 825 metros cuadrados» (sublíneas fuera de texto).
Igualmente, en el apartado sexto del señalado instrumento público se plasmó que de la «la alindación general, técnica y actualizada contenida en la cláusula anterior se excluye, y por consiguiente no es objeto de la venta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace a la Corporación Nacional de Turismo de Colombia por este instrumento público, el lote de una extensión de un mil ochocientos cincuenta y un metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados (1.851.25 M2), lote que actualmente ocupan Prudencio y Olga Camargo, contra quienes cursa proceso reivindicatorio en apelación ante el Tribunal Superior de Santa Marta en virtud de acción instaurada por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar como poseedor inscrito y se halla comprendido por los siguientes linderos técnicos tomados del plano de que da cuenta la cláusula cuarta de esta escritura. ‘A partir del punto L-4 de coordenadas 1’726.064.39 Norte y 983.398.15 Este con rumbo Norte 65 grados 57 minutos 24 segundos Este a una distancia de 27.34 metros se encuentra el punto a, a partir del cual con rumbo Sur 24 grados 01 minutos 20 segundos Este a una distancia de 20.46 metros se encuentra el punto b, a partir del cual con rumbo Sur 22 grados 52 minutos 13 segundos Este a una distancia de 40.32 metros se encuentra el punto c, a partir del cual con rumbo Sur 65 grados 46 minutos 16 segundos Oeste a una distancia de 33.62 metros se encuentra el punto d, a partir del cual con rumbo Norte 16 grados 55 minutos 29 segundos Oeste a una distancia de 46.32 metros se encuentra el punto e, a partir del cual con rumbo Norte 18 grados 28 minutos 31 segundos Oeste a una distancia de 17.96 metros se encuentra de nuevo el punto L-4, punto de partida. El área del polígono atrás alindado es de 1.851.25 mtrs2 o 0.1851 hectáreas».
Véase así mismo, que en el «instrumento público n° 717 de 26 de febrero de 1971 otorgado en la Notaría 2ª del círculo de Bogotá», consta que lo vendido por la Nación – Ministerio de Obras Públicas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue «una cabida aproximada de sesenta y cinco hectáreas dos mil setecientos cuarenta y siete metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados (65 Hts. 2.747.14 m.2.)», cantidad que guarda similitud con la enajenada a la Corporación Nacional de Turismo y la excluida de dicha venta, esto es, «sesenta y cuatro hectáreas (64 Hs) ocho mil novecientos setenta y tres metros cuadrados con setenta y cinco decímetros de metro cuadrado (8.973.75 mtrs 2), más «un mil ochocientos cincuenta y un metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados (1.851.25 M2, lo que arroja un total de «65 hectáreas 825 metros cuadrados»
Si adicionalmente se repara en que la delimitación llevada a cabo tuvo presente el título de propiedad del fundo «El Charquito» que el opositor adquirió por «prescripción agraria de corto tiempo», sin recortarle nada, la conclusión del juzgador, según la cual, «se observa que el predio ‘El Charquito’ colinda por los costados norte y oeste con aquel que se denomina ‘Salinas Marítimas de Pozos Colorados’, y que el primero mencionado confrontada la sentencia del 3 de junio de 1987, dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sana Marta, se insiste que extendió sus lindes más allá de lo que le fue otorgado en proceso de pertenencia recortando los límites de los terrenos de Salinas Marítimas de Pozos Colorados, ello en lo que corresponde a los linderos sur, oeste, este y norte del bien de Pacheco Gámez, con cuyas pruebas se pudo constatar que el área que ocupa es mayor a la reconocida en el precitado fallo de declaración de pertenencia (…)», no evidencia el yerro protuberante o de bulto, pues a pesar de que la exposición del recurrente pueda coexistir, debe preferirse la deducción judicial, por hallarse respaldada de la presunción de legalidad y acierto.
8. En cuanto a las inferencias que obtiene el censor de los distintos dictámenes periciales incorporados al plenario y que las enfatiza en procura de la acreditación del error endilgado al ad quem, se advierte que al no exponer la argumentación suficiente para dejar al descubierto que la deducción del Tribunal atinente a la colindancia del predio «El Charquito» con el denominado «Salinas Marítimas de Pozos Colorados», por los costados «norte y oeste» y que los linderos fijados en la diligencia de deslinde son los que corresponden a cada predio «tal como rezan (…) los instrumentos escriturarios», también dejó sin demostrar el dislate enrostrado.
9. Ahora bien, dado que los títulos de propiedad ilustran las fronteras a tenerse en cuenta para el trazado de la línea divisoria y esos medios de convicción, en juicios como el actual, deben examinarse prevalentemente, entonces la imputación que el impugnante le hace al ad quem de haber omitido considerar los indicios de los que se podía extraer que la franja materia del debate «nunca ha estado comprendida dentro de los linderos que identifican al predio que fuera vendido con señalamiento de linderos y como cuerpo cierto, denominado Salinas Marítimas de Pozos Colorados (…) la cual fue solicitada en prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio por parte del opositor al deslinde», no evidencia la equivocación que por ese aspecto también le enrostra, menos cuando el recurrente omite el contraste que le incumbe entre lo extraído del hecho indicador, conocido o comprobado y lo que al respecto el juzgador vio o dejó de apreciar.
En materia de indicios, específicamente, el impugnante tiene la carga de demostrar que las inferencias elaboradas por el juzgador fueron manifiestamente erróneas, si es que la decisión se basó en ellas. En tal caso, sólo cuando el razonamiento del juez resulta contraevidente, hay lugar a la configuración de un error de hecho ostensible que tenga la virtualidad de quebrar el argumento que haya constituido la base fundamental del fallo censurado.
En cambio, cuando –como ocurren en este caso– el fallador no cimenta su decisión en pruebas indirectas, entonces el cargo que se sustenta en una falta de apreciación del indicio, está abocado a demostrar que a partir de los hechos probados en el proceso y a la luz de los dictados de las máximas de la experiencia, se imponía al juez la obligación de elaborar unas hipótesis indiciarias que resultaban evidentes y que habrían variado sustancialmente el sentido del fallo, no obstante lo cual el funcionario judicial dejó de considerarlas al momento de dictar la sentencia.
“En la casación –tiene dicho esta Sala– el error de hecho por la no apreciación de los indicios se puede presentar porque el sentenciador ignore la presencia del hecho indiciario, siempre y cuando, claro está, la existencia de éste se halle satisfactoriamente fijada o, al contrario, porque sin estarlo, lo suponga. O porque viéndolo, se abstenga de extraer de él la inferencia que lógicamente corresponde, o extraiga una que sea contraevidente. O, en fin, porque, no obstante ver los distintos indicios, cuando son contingentes, no los relacione o concatene a fin de apreciarlos en conjunto’ (…).
Cabe adicionar que para lograr el objetivo de derruir el fallo del ad quem, al censor no le era suficiente endilgarle a aquel la comisión de yerro fáctico con el ofrecimiento de su propia visión de los hechos y la formulación de su particular apreciación de las pruebas que los verifican, sino que le resultaba indispensable demostrar que su planteamiento era el único admisible y de contera que el del juzgador no podía pervivir por absurdo, ilógico o contraevidente.
No se olvide que cuando las sentencias arriban a la Corte como consecuencia de esta clase de impugnación extraordinaria, lo hacen amparadas por la presunción de acierto, tanto en la apreciación de los hechos como en la aplicación de la ley, y dado que el Tribunal goza de cierta autonomía en la estimación de las pruebas, sus conclusiones al respecto deben respetarse en casación, mientras el censor no demuestre que al efectuar tal estudio, este incurrió en error evidente de hecho o de valoración.
Sobre el particular, la Corte, en fallo CSJ SC, 27 feb. 2002, rad. 6197 dijo:
La distinta apreciación que de la prueba haga el recurrente no sirve para invalidar el fallo combatido, ni aún en el caso en que la Corte pueda diferir del criterio que haya tenido el juzgador para llegar a las conclusiones motivo del ataque…; doctrina que viene apuntalada de antaño cuando ha expresado también que ‘para que los juicios del sentenciador de instancia no admitan censura en casación, basta que no degeneren en arbitrariedad, por no situarse ostensiblemente afuera del sentido común, aunque se pueda organizar otro análisis de los medios probatorios más profundo y sutil, más severo, más lógico o de mayor juridicidad en sentir de la critica o de la misma Corte. Y aún en el evento de que un nuevo estudio del haz probatorio produjera vacilaciones más o menos intensas sobre el acierto o desatino del sentenciador en las conclusiones fácticas, mientras no aparezca que existe contraevidencia, es obvio que la ruptura del fallo acusado sólo podría fundarse en la certeza y no en la duda (…).
10. Por lo esgrimido, los cargos bajo estudio, no prosperan.
CARGO TERCERO
1. Se cimienta en la causal primera del canon 368 del Código de Procedimiento Civil, cuestionándose el fallo impugnado de «violación directa de la ley sustancial» por interpretación errónea de los artículos 900 y 1889 del Código Civil, al igual que el 461 de aquel estatuto adjetivo, lo que condujo a la indebida aplicación de los preceptos 1501, 1618, 1622, 1849, 1857, 1867, 1871, 1875 y 1884 del texto legal sustancial reseñado.
2. Luego de memorar lo normado por algunas de las señaladas disposiciones, el impugnante precisa que el ad quem a fin de determinar que el «predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados constituye un inmueble vendido con señalamiento de linderos y como un cuerpo cierto», tuvo en cuenta la norma pertinente, esto es, el «artículo 1889 del C.C.», pero erró «al considerar que el contenido espacial de un inmueble vendido de tal forma, puede superar el contenido de lo realmente comprendido dentro de los linderos que le señalaron dicha[s] características en la respectiva compraventa», y en cuanto al «precepto 900 ídem», sostiene que contempla el derecho del dueño de un bien raíz, a fin de que se fijen los linderos que lo separan de los predios colindantes, lo cual comporta la posibilidad para el convocado de que «el deslinde se haga fijando los límites del predio de propiedad de quien lo ha demandado», aunque a partir de la exigencia prevista en el numeral 2º del canon 461 del ordenamiento de los ritos procesales, advierte que contempla una excepción en favor del «poseedor material no inscrito, que demanda el deslinde de un predio y del que obviamente carece de título de dominio inscrito», confiriéndole el derecho a fin de que «el deslinde se practique con base en los títulos del colindante», y por el contrario, la regla general impone que «el deslinde se debe practicar con base en los títulos de quien demanda», y de ahí que el actor tenga la carga de probar «hasta dónde se extienden los linderos de un predio del cual se afirma ser propietario con título inscrito».
Para el caso, asevera que se infringió la señalada norma sustancial, en la medida que el fallador, con los errados criterios interpretativos (…), otorgó a un propietario con título inscrito, el derecho que solo le asiste al poseedor material no inscrito, cual es, el que se fijen los límites que lo separan de los predios colindantes con base a los títulos del colindante, y concomitantemente desconoció al demandado en deslinde, el derecho a que se fijaran los límites del predio de quien lo demandó con base, precisamente a los linderos contenidos en los títulos inscritos de ese demandante en deslinde, y agrega al final del cargo, que los límites que se fijarían habrían de ser los que se verificaron al examinar los linderos que aparecen en los títulos del derecho que la C.N.T. invocó y acompañó con la demanda de deslinde, como lo señala el artículo 464, numeral 1º C.P.C., y no los plasmados en el título del colindante demandado en deslinde, acudiendo a este último como el único elemento idóneo para la confirmación de la línea divisoria fijada en la etapa del deslinde, pero producto del error acusado, la Sala resultó mediante la sentencia impugnada, otorgando a quien se dijo dueño de un predio, el derecho a que se fijen los límites de los predios colindantes (El Charquito) que separan a esos predios colindantes del predio de él.
Luego de aludir al contenido de los «artículos 1501, 1618, 1622, 1849, 1857, 1866, 1867 del C.C.», normas que en su orden, tratan aspectos de los elementos característicos del «contrato», a algunas reglas para la interpretación del mismo, a la definición de la «compraventa», a su objeto y a la «venta como cuerpo cierto», sostiene que resultaron transgredidos, por errado entendimiento del «concepto de cuerpo cierto y venta con señalamiento de linderos, y desconociendo que el I.C.B.F. y la C.N.T. se pusieron de acuerdo en la cosa vendida», aspecto este que pasó por alto el sentenciador, porque a pesar de seleccionar y entender correctamente la norma, determina unos alcances diferentes al que realmente esta tiene sobre el caso concreto, cuales son, que la demarcación de un inmueble que ha sido vendido con señalamiento de linderos y como un cuerpo cierto, pueda extenderse más allá de los límites que las voluntades del vendedor y comprador le señalaron en la cláusula del respectivo título traslaticio de dominio, en que se haya materializado la transferencia, y que además esa demarcación pueda efectuarse consultando los linderos del opositor al deslinde, y no con base a los linderos de los títulos de quien demanda en deslinde, máximo cuando el demandante en deslinde ha invocado la calidad de propietario con derecho de dominio inscrito», y agrega que «al perfeccionar la compraventa, el I.C.B.F. y la C.N.T. convinieron y delimitaron por escritura pública, la cosa objeto de la compraventa, sin designar dentro del objeto esencial del contrato, mayor extensión de terreno alguna que se pudiera llegar a considerar como parte del objeto de la venta».
Adicionalmente, el impugnante le endilga al juzgador la afectación de «los artículos 1871, 1875 y 1884 del C.C.», debido a que «hizo transitar una parte del terreno discutido, en el ámbito de la venta de cosa ajena, con apariencia de aquellas que se miran como del comprador, por haberlas adquirido el vendedor con posterioridad a la venta, confundiendo la identidad de lo que, en cumplimiento de su obligación contractual, el vendedor debe entregar al comprador».
3. Concluye solicitando casar la sentencia recurrida y que en la de remplazo se reconozca al opositor el derecho a conservar la franja de terreno identificada en la demanda ordinaria de oposición al deslinde, y consecuentemente, se modifique la línea divisoria trazada en la diligencia de demarcación de linderos, dejándola como se encontraba para la época en que se dio inicio a la misma.
1. Tomando en cuenta los antecedentes de litigio, los temas que involucra el reproche examinado y la vía seleccionada para el encauzamiento de la acusación, se torna pertinente reiterar que la «acción de deslinde y amojonamiento» encuentra respaldo en el artículo 900 del Código Civil, el que consagra que «[t]odo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los predios colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes», habiéndose establecido con base en esta disposición, los requisitos de que se trate de predios vecinos o contiguos, obviamente de dueño distinto, y que por la imprecisión en los títulos en cuanto a las demarcaciones de los límites, se presenten dudas para verificar hasta dónde se extiende su área o superficie, determinado el inciso 1º del artículo 460 del Código de Procedimiento Civil, que «[p]ueden demandar el deslinde y amojonamiento el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario y el comunero del bien que se pretenda deslindar, y el poseedor material con más de un año de posesión».
Por su lado, la «oposición al deslinde», que es la controversia a que se refiere el proceso donde se profirió el fallo impugnado, al tenor de la regla 1ª del precepto 465 ibídem, tiene por finalidad el debate acerca de los «derechos del opositor» en la zona discutida, y de ser el caso, solicitar el reconocimiento y pago de las mejoras puestas en ella.
Acerca del primero de los señalados mecanismos procesales, esta Corporación en fallo CSJ SC, 1º jun. 2005, rad. 7802, en lo pertinente, expuso:
Al respecto ha señalado la Corte, que ‘[e]l artículo 900 del Código Civil consagra el derecho que tiene todo propietario de solicitar y obtener la individualización específica de su predio frente al de su vecino, (…) La acción por medio de la cual se hace efectivo éste derecho es la acción de deslinde, la que los romanos llamaron actio finium regundorum, que es el procedimiento necesario para fijar la línea de separación o de división entre dos predios vecinos o contiguos que no tienen edificaciones medianeras a través de la colocación de marcas, hitos o signos materiales que sirvan en adelante para identificar de manera clara, precisa y concreta los terrenos en cuestión (…) Las características principales de la acción de deslinde son las de ser real, inmueble, imprescriptible, facultativa para los dueños de predios colindantes y obligatoria para el propietario a quien se demanda (…) La finalidad primordial de la acción de deslinde es la de fijar la materialidad del lindero o línea de separación entre los terrenos o predios y ‘ello pone en claro que el deslinde en sí, por su objeto y fines, no controvierte otra cosa que la línea concreta y definida de separación sobre el terreno de los predios adyacentes. El juez se encuentra llamado a garantizar la paz y la seguridad de los dueños de los predios colindantes por medio de la línea que señala donde termina el señorío de cada uno y empieza el de los demás. Por eso la ley le ordena dejar ‘a las partes en posesión de los respectivos terrenos, con arreglo a la línea, si ninguna de las partes se opone’ -artículo 464 del Código de Procedimiento Civil- o como obvio, cuando no triunfa la oposición’ (G.J CIX, 148) (…) El deslinde es una típica contención entre propietarios o titulares de derecho real de terrenos contiguos, y quien promueve una acción de este linaje está reconociendo el derecho de dominio o propiedad del demandado, aunque pretende que por la jurisdicción y por la vía del proceso correspondiente se determine de manera definitiva cuál es la línea material o espacial que divide o separa sus predios que hasta ese momento es confusa, equívoca e incierta’ (Cas. Civ., sentencia de 14 de agosto de 1995, exp. No. 4040).
Y con relación al segundo, en la sentencia CSJ SC, 14 abr. 2000, rad. 5042, se sostuvo:
Por la propia naturaleza de los acontecimientos, esto es, por el desdoblamiento fáctico de las relaciones interpersonales, en la fijación de los linderos entre predios contiguos, puede suceder que las partes, sin más discusión, acepten irrestrictamente la línea demarcatoria que señale el Juez, previo examen de los títulos exhibidos por ellas; pero también puede ocurrir que tan solo la acepten en parte, o que, definitivamente, persista el desacuerdo. Cuando una u otra cosa ocurren, la discrepancia envuelve entonces una diferencia atinente al ámbito espacial de sus propiedades, es decir, que existe una evidente contención sobre el derecho de dominio, razón por la cual el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 465, reguló la manera como debe formularse la oposición, imprimiéndole, desde ese momento al litigio, ‘el trámite del proceso ordinario’, con una particular diferencia en el término del traslado de la demanda.
Es así como esta Corporación, en providencia del 24 de abril de 1984, reiterada en auto 068 del 3 de junio de 1988, puntualizó que no ‘puede afirmarse entonces que el único objeto del proceso de deslinde y amojonamiento es la fijación de linderos de acuerdo con los títulos, y que en él toda otra cuestión es totalmente extraña a sus fines. Esto puede ser cierto en la etapa especial del proceso, la que implica una aceptación de la titularidad no discutida y el amojonamiento es el resultado o la expresión del contenido espacial de tales títulos; no en la etapa ordinaria en la cual, para determinar la legalidad o ilegalidad de la demarcación hecha, tienen que estudiarse hechos referentes al dominio alegados por el inconforme como motivo de su oposición’.
Al fin y al cabo, el problema jurídico basilar en el proceso en comento, finca en la determinación de los linderos de los predios en litigio, unas veces porque se han desdibujado, otras porque aparecen intrincados o confusos al confrontar los respectivos documentos escriturarios, en concreto por la falta de precisión de los títulos en la determinación de aquellos – muy a pesar de lo exigente que es la ley en punto de la estipulación contractual enderezada a fijarlos (art. 31 Dec. 960/71) -, circunstancia esta que, de ordinario, hace necesario acudir a declaraciones de testigos y al concepto de peritos, para, examinados los títulos, señalar los linderos y colocar los mojones en los sitios en que fuere necesario, en orden a ‘demarcar ostensiblemente la línea divisoria’ (nral. 2 art. 464 ib.).
2. En punto de la violación directa de la ley sustancial, modalidad esta en que se funda la acusación, cabe acotar que para su adecuación formal, debe estar sustentada en un análisis claro y preciso de los preceptos sustanciales que regulan el asunto materia de la controversia, de tal manera que se ponga al descubierto el equívoco del juzgador, ya sea porque a pesar de elegir la norma en la que técnicamente se subsumen los supuestos fácticos que componen el litigio, le da unos alcances que franquean los parámetros jurídicos, o aminora sus efectos hasta llegar a distorsionar su verdadero sentido, o cuando se apoya en una disposición que no es la adecuada, resaltándose que en cualquiera de esos eventos, la discrepancia de la censura no podrá apartarse ni cuestionar las conclusiones probatorias del sentenciador, de ahí que las reflexiones deben concretarse al ámbito meramente jurídico.
Con relación a la «violación directa» en el fallo C.SJ SC, 16 may. 2013, rad. 2005-00131-01, en lo pertinente, se sostuvo:
Acerca del entendimiento del aludido motivo de casación invocado como sustento de la acusación y en torno a la técnica para sustentarlo, insistentemente ha dicho la Corte Suprema que ‘(…) se trata de un reproche que se desarrolla en un campo estrictamente jurídico, cuya prosperidad depende de que el impugnador consiga demostrar la falta de aplicación de los preceptos llamados a gobernar el caso, la actuación de los que no resultan pertinentes, o la incorrecta interpretación de aquéllos (…) la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas (…)’ (sent. cas. de 7 de diciembre de 2012, exp. 2006-00017).
También ha iterado que se caracteriza, porque ‘(…) el juez quebranta derechamente la ley, esto es, que realiza un juicio reglamentario completamente equivocado y alejado de lo que las normas reconocen, mandan o prohíben, por cuanto esta clase de violación del ordenamiento jurídico ‘se da independientemente de todo yerro en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración de la convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio’ (CCXXXI, sentencia 24 de octubre de 1994).
3. Al examinar los argumentos del impugnante, se constata que lo planteado no corresponde a alguna de las variables concernientes a la violación de la ley sustancial, sino a un tema probatorio, puesto que en esencia su protesta se funda en que el sentenciador se basó en el «título del opositor» para dirimir la controversia, cuando para el caso la demandante del deslinde no adujo su condición de poseedora material, sino la de dueña, de ahí que no fuera admisible pretender que la demarcación se hiciera tomando en cuenta los «títulos» del colindante convocado; derivando de ahí inclusive, el desconocimiento del «contrato de compraventa» por aquella celebrado para la adquisición del inmueble cuya delimitación promovió, en el que constan sus linderos y medidas, y de esa manera se le favoreció entregándole una mayor extensión.
No obstante que se invocan como vulneradas algunas disposiciones de orden sustancial, el tema central de la acusación, solo guarda relación directa con el artículo 461 del Código de Procedimiento Civil, que precisa los requisitos y anexos especiales de la «demanda de deslinde y amojonamiento», y en su numeral 2º, prescribe: «Cuando fuere el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerza el demandante y certificación del registrador de que su derecho no se encuentra inscrito. En esta situación, podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante» (se resalta), siendo esta una regla de naturaleza probatoria cuya aplicación podrá reclamar el «poseedor material con más de un año de posesión», cuando sea quien promueva la «acción de deslinde», y en el evento de ser inobservada la vía indirecta por error de derecho es la que refulge adecuada para cuestionar la decisión.
Ahora, lo atinente al desconocimiento u omisión de tomar en cuenta el título enarbolado por la convocada a enfrentar la «oposición al deslinde», para efectos de establecer la dimensión de su derecho en la franja de terreno en disputa, no es un aspecto que concierna de manera frontal con el «derecho sustancial», sino que comporta es un desatino fáctico, ya que implica preterición o falta de valoración o apreciación de un elemento de persuasión, por lo que su alegación en casación debe darse «vía indirecta», por la variante del «error de hecho».
4. Es evidente entonces, que el censor no ajustó el ataque a la técnica casacional, por lo que su prosperidad queda truncada, sin que pueda remediarse esa situación, porque la Corte oficiosamente no está facultada para enderesarlo, en aras de propiciar su examen en el escenario que válidamente corresponda, dado que es al impugnante a quien le compete formular la acusación con la exposición de los fundamentos en forma clara y precisa (artículo 374 del Código de Procedimiento Civil).
5. Lo así analizado conlleva a la improsperidad de la impugnación extraordinaria, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final, artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y el señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que la parte opositora no replicó la «demanda de casación».
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: No casar la sentencia proferida el 20 de enero de 2012 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el juicio de oposición al deslinde, de la referencia.
Segundo: Condenar en costas al recurrente en casación.
Tercero: Incluir en la correspondiente liquidación que efectuará la secretaría, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), por concepto de agencias en derecho.
Cuarto: Devolver la actuación surtida al Tribunal de origen.
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA