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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
MAGISTRADO PONENTE
SC6998-2014
Radicación n° 11001-02-03-000-2012-01382-00
(Aprobado en sesión de ocho de abril de dos mil catorce)
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014).
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión que formuló FSM……………….. contra la sentencia de veintisiete de julio de dos mil diez, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
Con fundamento en la causal octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, la impugnante pretende se declare sin valor la sentencia que es objeto de la revisión y, en el nuevo fallo que se dicte, se condene a la demandada a pagar a su favor, el lucro cesante y los perjuicios morales causados.
B. Los hechos
1. FSM……………………. convocó a LB………………. ……………. S.A. Compañía de Financiamiento Comercial ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, para que luego de conformar un Tribunal de Arbitramento, se resolvieran las diferencias suscitadas con ocasión del contrato de leasing celebrado entre las partes.
2. En la demanda se pretendió que se declarara que «no fue legal ni ajustada al contrato» su terminación unilateral y en consecuencia, se ordenara cumplir las obligaciones derivadas del convenio e indemnizar los perjuicios materiales y morales.
3. El cuatro de marzo de dos mil ocho, se instaló el Tribunal, que admitió la demanda y ordenó correr traslado a la convocada.
4. Notificada la demandada, se opuso a la totalidad de las pretensiones y formuló las excepciones que denominó: «terminación legal y contractual del contrato de arrendamiento financiero leasing con justa causa» y «compensación».
5. El primer medio de defensa lo sustentó en que la demandante no cumplió con los requisitos para el registro inicial de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, en tanto que no obtuvo el certificado que para tal fin es expedido por el Ministerio de Transporte.
6. Adujo que la arrendataria le presentó tanto a la arrendadora como a la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco, «el formulario único nacional (…) supuestamente firmado por el doctor …, presidente y representante legal de LB…………………. S.A. cuando en realidad no había sido firmado por él» e igualmente que la autenticación de ese documento, no fue suscrita por el funcionario de la oficina notarial ante la que aparentemente se llevó a cabo ese acto.
7. La segunda excepción la fundó en que de condenársele al pago de alguna cantidad a favor de la actora, se compensara la deuda con la obligación a cargo de aquella, previamente establecida en el contrato de leasing.
8. La accionada presentó demanda de reconvención, para que se declarara el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del arrendamiento financiero, ordenándose pagar la sanción estipulada por las partes más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal o, en su lugar, se dispusiera la cancelación de la suma respectiva debidamente indexada, más los intereses de mora correspondientes al 6% anual.
9. La demandada en el libelo de mutua petición, se opuso a las pretensiones.
10. En el laudo proferido el diecisiete de octubre de dos mil ocho, se declaró que la terminación del contrato de leasing «no fue ajustada a la ley ni al contrato»; se le ordenó a la convocada dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo y una vez que la demandante solventara las suyas, procediera a «entregarle la tenencia del vehículo objeto de la presente litis en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, sin costos adicionales a cargo de LA LOCATARIA».
11. El tribunal arbitral declaró infundadas las excepciones de mérito de la convocada; desestimó las pretensiones de la demanda de reconvención y negó la condena al pago de perjuicios reclamada por la actora.
12. Como fundamento de su decisión, los árbitros sostuvieron que la sociedad comercial había terminado de forma irregular el contrato de leasing financiero, dado que las deficiencias en el trámite de la matrícula inicial del vehículo atribuidas a la locataria, en modo alguno permitían concluir que no cumpliría las obligaciones principales a su cargo, a saber: pagar el canon y conservar el bien.
13. Para declarar probada la objeción por error grave al dictamen pericial, señalaron que el experto se fundó «en unas propuestas comerciales a las que ningún valor probatorio puede atribuirse», por lo que ese medio de convicción no servía para la «determinación y cuantificación del lucro cesante».
14. Concluyó que no era procedente reconocer el lucro cesante ni los daños morales pretendidos por la demandante ante la ausencia de elementos de convicción que «demostraran con certeza la ocurrencia y cuantía del perjuicio reclamado».
15. Con respecto al daño emergente, estimó que «los riesgos financieros y cambiarios aducidos por la convocante como perjuicios son exclusivamente a su cargo». [Folio 95]
16. En contra de la anterior decisión, la convocante interpuso recurso de anulación, el cual fundó en la causal 4º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, referente a la falta de decreto de pruebas oportunamente solicitadas o de práctica de las diligencias necesarias para evacuarlas.
17. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín declaró infundada la causal que se invocó y condenó en costas a la recurrente.
18. En apoyo de esa decisión, el juzgador consideró que no se configuraba la nulidad alegada, porque el Tribunal de Arbitramento sí procedió al «decreto y práctica de las pruebas invocadas por las partes»; además, si bien no se recibió la declaración del señor JH………., ello obedeció a que no compareció a las audiencias señaladas con ese fin y la negativa a comisionar a una autoridad judicial para la práctica de esa probanza, estaba legítimamente soportada en los principios de inmediación y celeridad.
19. Frente al decreto de pruebas de oficio, estableció que «se trata de una herramienta a entera y exclusiva iniciativa del juez». [Folio 66 reverso]
20. El veintiséis de junio de dos mil doce, FSM… …………….. presentó el recurso de revisión que es objeto del presente pronunciamiento, bajo el amparo de la causal 8ª del artículo 380 de la ley adjetiva.
21. Como sustento de tal solicitud, afirmó que la nulidad de la sentencia se originó debido a la falta de decreto oficioso de «la prueba pericial», omisión que trajo como consecuencia para la impugnante una considerable lesión económica, porque a pesar de haberse declarado el incumplimiento del contrato de leasing «no hubo sanción civil alguna en el sentido de ordenar el resarcimiento de los perjuicios en la modalidad de lucro cesante». [Folio 22]
Y añadió que «una vez descartada en la sentencia la prueba pericial por un supuesto error grave, el Tribunal prescindió inexplicablemente del decreto y práctica oficiosos de la prueba con tal fin». [Folio 12]
C. El trámite del recurso extraordinario
1. El veintiséis de abril de dos mil trece se admitió la demanda y se ordenó correr el traslado de rigor. [Folio 456, c. Corte]
2. La demandada en el proceso arbitral se opuso al recurso de revisión, porque los hechos en que se fundó la causal alegada ya habían sido discutidos y, por cuanto al interior del proceso, las partes tuvieron la oportunidad de solicitar pruebas y de controvertir las aportadas. [Folio 482]
También propuso la defensa que denominó «inexistencia de la causal alegada para la revisión», soportada en similares argumentos. [Folio 483]
3. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil trece, se decretaron las pruebas solicitadas. [Folio 495]
4. El dieciocho de noviembre de dos mil trece, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, oportunidad que ambas aprovecharon. [Folio 498]
II. CONSIDERACIONES
1. De manera invariable y reiterada, la jurisprudencia ha sostenido que el recurso de revisión, por sus especiales características, es una vía extraordinaria de impugnación de las sentencias ante la ocurrencia de hechos y conductas contrarias a derecho que al configurarse desvirtúan la oponibilidad de las mismas.
Si bien es cierto que esta clase de decisiones son, en principio, intangibles e inmutables, debido a las presunciones de legalidad y acierto que las amparan cuando han adquirido la impronta de la ejecutoriedad y se rigen por el principio de la cosa juzgada, sería imposible ignorar que al presentarse ciertos eventos que la ley tiene estrictamente definidos, tales providencias se tornan opuestas a los postulados de equidad y de justicia que deben inspirarlas.
Con el propósito de remediar el daño que se hubiere causado, el legislador estableció este mecanismo que busca, en esencia, dejar sin efectos un fallo en firme obtenido injustamente para abrir de nuevo el juicio en que fue pronunciado y por vía de lo anterior, lograr que se resuelva con apego a las disposiciones legales.
Frente a esos casos específicos señalados en el estatuto adjetivo –ha referido la doctrina– «nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta».1
Mas el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere de la precisa delimitación de su campo de acción, pues de otro modo su naturaleza extraordinaria quedaría desvirtuada y la inmutabilidad de la sentencia sufriría un grave menoscabo.
Es por eso que en sede de revisión resulta inadmisible -según lo tiene aceptado la jurisprudencia-, plantear «temas ya litigados y decididos en proceso anterior», ni es la vía regular «para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente», como tampoco un mecanismo al alcance de las litigantes que les permita «mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar» o «encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi» (CSJ SC, 3 Sep. 1996, Rad. 5231; CSJ SC, 8 Jun. 2011, Rad. 2006-00545-00)
2. El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consagra taxativamente los únicos eventos que pueden proporcionar sustento a la demanda de revisión de una sentencia.
2.1. La causal contemplada en el numeral 8° de la citada norma -invocada por el recurrente- hace referencia, de modo exclusivo, a la nulidad que tiene origen en la sentencia con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelación o de casación, pues ante la existencia de esa posibilidad, debe acudirse a tales mecanismos de defensa para alegar la irregularidad, y si el recurso respectivo no se interpuso dentro de la oportunidad legal, se produce el saneamiento del vicio.
Para la configuración de la causal bajo análisis –tiene dicho esta Corporación- es imperativo que la nulidad que surge del fallo mismo, sea de naturaleza estrictamente procesal, en tanto que la finalidad del recurso extraordinario se dirige a «abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa» (CSJ SC, 22 Sep. 1999, Rad. 7421), circunstancia que excluye la posibilidad de reabrir nuevamente el debate ya concluido, so pretexto de alegar una irregularidad inexistente.
El motivo de invalidación que sea denunciado, entonces, debe corresponder a alguno de los establecidos en el artículo 140 de la normatividad adjetiva, o al previsto en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política que contempla la nulidad de la prueba obtenida con violación al debido proceso.
Sobre lo anterior sostuvo la Corte que ha de tratarse de «una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (Sent. Rev. S-078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que ‘los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, … se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes»
Y agregó:
(…) no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad…’. (CLVIII, 134. (CSJ SC, 29 Oct. 2004, Rad. 03001).
La causal se configura –ha indicado la doctrina– «con la sentencia firmada con menor número de magistrados o adoptada con un número de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacción, perención, o suspendido o interrumpido…».2
Adicionalmente, esta Corporación admitió que la irregularidad bajo análisis se presenta también cuando se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si frente a la solicitud de aclaración del fallo se procede a su reforma, y cuando se dicta sentencia «sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija» (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729).
2.3. En el presente asunto, no cabe ninguna duda de que el recurso extraordinario objeto de este pronunciamiento está inexorablemente destinado al fracaso, pues la omisión del decreto de pruebas de oficio por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en la actuación que estuvo bajo su conocimiento, no configura la causal de revisión invocada.
En efecto, de acuerdo con los artículos 164 y 165 del Decreto 1818 de 1998 (derogados por la ley 1563 de 2012), vigentes para la época en que se reclamó la declaración de nulidad de la decisión proferida por el Tribunal de Arbitramento, al avocar el conocimiento del asunto se ordenaba el traslado sucesivo por cinco días, primero al recurrente para que lo sustentara y después a la parte contraria para que presentara su alegación, luego de lo cual el expediente ingresaba al despacho y debía dictarse la sentencia, sin que se hallara contemplada alguna etapa de decreto y práctica de pruebas, como tampoco la ley facultó al sentenciador para proveer en dicha materia.
Lo anterior se explica porque a través de ese medio de impugnación, se persigue que el juzgador analice los defectos de la providencia emitida por los árbitros e irregularidades en el procedimiento del arbitraje, sin que le esté permitido inmiscuirse en las cuestiones de fondo debatidas, pues los particulares, voluntariamente, quisieron sustraer la controversia del conocimiento de la jurisdicción del Estado y, radicarla en cabeza de personas investidas transitoriamente de la función de administrar justicia.
Frente a la procedencia del recurso de anulación, la Corte destacó:
(…) está restringida en gran medida y de manera particular, porque sólo es dable alegar a través de él las precisas causales que taxativamente enumera la ley, con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jurídica especial así advertida, sube más de punto si se observa que a través de dichas causales no es posible obtener, stricto sensu, que la cuestión material dirimida por los árbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otras cosas, muy difícil quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a ese tipo de administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habrían avanzado las partes. Por el contrario, las causales de anulación del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje, y están inspiradas porque los más preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación procesal del arbitramento. (CSJ SC, 13 Jun. 1990, G.J. T. CC, p. 284, reiterada en CSJ SC, 20 Jun. 1991, G.J. CCVIII, P. 513; CSJ SC, 21 Feb. 1996, Rad. 5340; CSJ SC, 13 Ago. 1998, Rad. 6903; CSJ SC, 21 Jul. 2005, Rad. 2004-00034).
En ese orden de ideas, si el legislador no estableció la posibilidad de decretar y practicar pruebas dentro del trámite del recurso de anulación del laudo arbitral, al no disponer de oficio la práctica de un dictamen pericial con el propósito de que se estimaran los perjuicios irrogados con el incumplimiento del contrato de leasing -circunstancia a la que se circunscribió la censura de la recurrente en revisión- el Tribunal Superior de Distrito Judicial no incurrió en omisión alguna, porque no estaba dentro de sus potestades la de decretar dicha prueba ni ninguna otra, en virtud de las limitaciones que la misma normatividad ha impuesto en el trámite del mecanismo señalado, que –según sostuvo la jurisprudencia- está llamado a cumplir una «función restringida» (CSJ, 21 Feb. 1996, Rad. 5340).
2.4. Las precedentes consideraciones resultan suficientes para concluir que es infundado el ataque que formuló la recurrente. Con todo, aún si se profundizara más en el análisis de la estructura de la causal de revisión cotejada con la hipótesis que planteó la demandante, emerge idéntica conclusión a la ya consignada, pues si -como lo ha sostenido la Corte- es necesario que los motivos de nulidad procesal «se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, ‘no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad…» (CSJ SC, 8 Abr. 2011, Rad. 2009-00125), es preciso reparar en que la situación expuesta en el recurso extraordinario es la misma que se alegó como fundamento de la solicitud de anulación del laudo.
En efecto, la impugnante invocó el motivo previsto en el numeral 4° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 para obtener que se declarara nula aquella determinación, la cual hace referencia a que «sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos», y en sustento de su reclamo adujo, entre otras razones, que los árbitros no decretaron la experticia necesaria para cuantificar los perjuicios que le ocasionó Leasing Bancolombia S.A.
De la misma acusación, entonces, se puede colegir que, en el caso, el presunto vicio procesal (omisión en el decreto oficioso de una prueba) no habría tenido origen en la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que resolvió el recurso de anulación, porque la recurrente la situó como ocurrida en el trámite que se surtió ante la justicia arbitral, lo que de suyo impide que se estructure la causal de revisión invocada y además deja en evidencia que el propósito de la actora no es otro que reabrir un debate clausurado.
Con el recurso extraordinario, la revisionista pretendió desconocer las motivaciones del juzgador de la anulación relativas a la falta de identidad existente entre la causal alegada como fundamento de ese medio de impugnación y los hechos esgrimidos para sustentarlo en lo referente a la censura por no decretar pruebas de oficio con el fin de revivir dicha discusión.
En este sentido, ha precisado la Sala que «traer como motivo de nulidad originado en la sentencia que ésta contiene apreciaciones erradas, por valorar mal las pruebas o interpretar erróneamente los contratos, o no aplicar una regla de derecho o aplicarla indebidamente o interpretarla torcidamente, no constituyen causas que autoricen la revisión» (CSJ SC, 13 Ene. 2007, Rad. 2001-00211-01).
3. En conclusión, por ser infundado el recurso de revisión, no se accederá a las pretensiones de la demandante, lo que conlleva la imposición de condena al pago de las costas y los perjuicios causados con este trámite. La liquidación de los últimos se efectuará mediante incidente, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión que formuló FSM……………………… frente a la sentencia proferida el veintisiete de julio de dos mil diez por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
SEGUNDO: Condenar a la impugnante al pago de costas y perjuicios a favor de la opositora para cuyo pago se hará efectiva la caución prestada. La secretaría liquide las primeras incluyendo como agencias en derecho la suma de $3’000.000,oo. Los segundos se liquidarán en trámite incidental.
TERCERO: Archivar la actuación, una vez cumplidas las órdenes impartidas.
Notifíquese.
JESÚS VALL DE RUTEN RUIZ
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Vol. III. Madrid: 1940, p. 406.
2 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Bogotá: Editorial ABC: 8ª ed. 1983, pág. 652.