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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado Ponente
SC7637-2014
Radicación n° 0800131030092007-00103-01
(Aprobado en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil catorce).
Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2012, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por HCR……………………. frente a la EC…………………… S.A. E.S.P. “E……………….”.
I.- EL LITIGIO
1.- El actor pidió declarar que la convocada es civilmente responsable de los daños causados al inmueble de la carrera 52C n° 92-99 de la capital del Atlántico y a los muebles y enseres que allí se encontraban, a raíz del incendio generado por la falta de mantenimiento del transformador situado en la esquina cercana al predio. Consecuentemente, solicitó condenarla a indemnizarle los perjuicios morales, materiales y “el goce de vivir”, en la cuantía indicada en la demanda (fls. 98 a 102 del c. 1).
2.- La causa petendi admite el siguiente compendio (fls. 98 y 99 ibídem):
b.-) La conflagración inició por la sobrecarga de energía generada por la falla del transformador del sector, que a pesar de las quejas de los habitantes del barrio nunca fue cambiado por la empresa de energía.
c.-) El 4 de julio siguiente, E………………. S. A. E.S.P. retiró el “transformador” defectuoso.
d.-) Entre esa compañía y HC………………… existe un contrato de servicios públicos para el suministro de corriente eléctrica, regulado por la Ley 142 de 1994.
e.-) El dictamen del ingeniero contratado por el gestor, la inspección ocular realizada por la Personería Distrital de Servicios Públicos de Barranquilla y la prueba anticipada practicada por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de dicha ciudad, dan cuenta que la convocada incumplió el citado acuerdo de voluntades, “el transformador retirado fue la causa primaria del siniestro” y el daño resultó integral al involucrar el predio y los muebles dentro del mismo.
3.- La admisión del libelo se notificó a la demandada, quien se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa “culpa exclusiva de la víctima”, “enriquecimiento sin causa por inexistencia de perjuicios morales relacionados con daños a bienes materiales” y “la genérica” (fls. 108 a 119 ibídem).
4.- La sentencia de primera instancia declaró responsable a la accionada y le impuso pagar a su contendiente, por daño material, doscientos setenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil doscientos setenta y tres pesos con ochenta y dos centavos ($278´976.273,82), reajustados conforme el índice de precios al consumidor; y negó la indemnización por los demás rubros deprecados (fls. 300 a 306 ejusdem).
5.- La apelación interpuesta por ambas partes frente a dicha decisión, fue desatada el 7 de diciembre de 2012, fls. 30 a 46 del c. 2, mediante fallo que modificó la cuantía del perjuicio material, pues, la actualizó a doscientos ochenta y tres millones ochocientos veintidós mil setenta y siete pesos ($283.822.077); y revocó lo resuelto respecto al de índole moral, para a cambio reconocerlo en ocho millones de pesos ($8.000.000).
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
En resumen son los siguientes:
1.- El asunto se enmarca dentro de la responsabilidad civil contractual, al aducirse como fuente del perjuicio cuya indemnización se reclama el incumplimiento de una obligación de ese linaje.
2.- Los presupuestos de esa acción son: un acuerdo de voluntades válido, la culpa del demandado, el daño sufrido y la relación de causalidad entre los dos últimos; todos ellos deben concurrir para la prosperidad de aquella.
3.- El negocio jurídico en este caso se acredita con la convención de condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía y el certificado de libertad del inmueble, y está reglado por sus estipulaciones y por las Leyes 142 y 143 de 1994.
4.- Las pruebas allegadas al plenario demuestran que el siniestro ocurrido el 17 de junio de 2003 produjo daños materiales en las diferentes áreas que conforman la vivienda y en “algunos elementos muebles”, pues, si bien la prueba anticipada no determina los últimos, las declaraciones recibidas a BPHC…………………………… …………, CFR……………………… y DLR………………………, “convergen a señalar que el inmueble se encontraba totalmente amoblado”.
Así mismo, en una situación como la relatada en la que la vida del demandante y su familia estuvieron en peligro por causa de las llamas, debieron ver las cenizas de lo que fue su morada y vivieron algún tiempo en arriendo, es “indudable la afectación moral”, cuya reparación se estima en ocho millones de pesos ($8.000.000), guarismo acorde con la jurisprudencia de la Corte, CJS SC, 17 nov. 2011, radicación n° 1999-00533-01, que ha establecido por ese concepto un tope de cincuenta y tres millones de pesos ($53.000.000).
Lo analizado descarta, además, los fundamentos de la excepción de “enriquecimiento sin causa por inexistencia de perjuicios morales relacionados con los daños a bienes morales”.
5.- La conducción de energía eléctrica es una actividad peligrosa; por lo tanto, la responsabilidad de quien genera el daño se presume, y de ella sólo se exonera destruyendo el nexo causal.
a.-) La experticia rendida por LEBM…………………….. ……………….., como prueba anticipada, concluyó que el transformador carecía de un sistema de puesta a tierra, por lo que presentaba descargas de fallas instantáneas de corriente hacia la casa que tuviera menos impedancia; que se omitió el mantenimiento preventivo de dicho aparato y se advirtió corrosión que afectó el aislamiento, generándose variaciones de tensión al interconectarse el neutro con una de las fase del secundario del mismo; que esos problemas “son fallas en el diseño e instalación del transformador, como también de falta de mantenimiento preventivo en el sistema de distribución. Esto se le atribuye a la empresa encargada de prestar el servicio de distribución eléctrica”.
b.-) El ingeniero DG………………., respecto de la red exterior, cuyo dictamen se aportó con la demanda, determinó “la falta total de protecciones, la ausencia de un adecuado sistema de tierras y el pésimo estado del transformador que alimenta la red secundaria genera picos y valles de voltajes y corrientes; uno de estos picos puede entrar a la acometida tan rápidamente que no es eliminado por las protecciones llegando hasta los circuitos internos de la casa que encontrando un punto vulnerable a esas variaciones puede generar una chispa eléctrica lo suficientemente fuerte como para crear un arco e iniciar un incendio con resultados altamente catastróficos”.
c.-) La Personería Distrital de Barranquilla inspeccionó el inmueble pocos días después del siniestro y ratificó el anterior concepto; agregando que según la versión de los vecinos del sector, el equipo viejo fue revisado en tres ocasiones por E……………….. S. A. “o” sus contratistas, ya que estropeó varias veces los electrodomésticos de los moradores del barrio.
7.- En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima alegada por la demandada, ella se descarta porque de la inspección judicial y de los peritajes se infiere que el inmueble afectado contaba con los instrumentos de protección.
Es así como el ingeniero Grimaldo, a partir de la revisión de las instalaciones eléctricas internas del predio conceptuó que “en la inspección […] se identificaron los sistemas a tierra que posee la casa en los tomas de 110 v. y más exactamente en la toma donde estaba colocado el computador y en donde se presume inició el incendio. La toma tiene polo a tierra conectado en alambre calibre 12 color rojo que se observa continua y en buen estado, se observa el medidor, totalizador y beakers parciales en buen estado, la acometida en cable encauchetado (sic) 3 X 8 awg que viene del poste más cercano se encuentra partida con evidencia de ruptura producto de una chispa de corriente o un pico de voltaje”.
BM……………………….., por su parte y “a través de la inspección realizada”, advirtió que la casa tenía instalados equipos y protecciones, los cuales relacionó y describió: “acometida aérea con cable 3 x 8 […], líneas matriz […], instalación puesta a tierra […], instalación puesta a tierra de equipos (computador) […], caja de 12 circuitos (breakers) […] totalizador 3 x 100”.
8.- De otro lado, no encuentra apoyo el argumento de la accionada según el cual el transformador no fue cambiado, toda vez que el concepto de la Personería Distrital, la inspección realizada y las declaraciones recaudadas, al unísono refieren que el aparato que ocasionó el incendio fue sustituido el 4 de julio de 2003, es decir, días después, por encontrarse en un estado deplorable.
9.- En conclusión que emerge del acervo probatorio, la conflagración de los bienes de propiedad del actor se presentó por el incumplimiento de la empresa de energía de las obligaciones contraídas en la relación contractual que la unía con el demandante, habida cuenta que es imputable a la falla en la prestación del servicio, por el mal estado del transformador que alimentaba la casa incinerada.
De ahí que está demostrado el nexo causal, precisándose que, según la jurisprudencia patria, “el servicio eléctrico…constituye una actividad peligrosa”, que impone a la empresa que lo suministra una obligación de seguridad en la integridad y bienes del usuario, que aquí fue “incumplida por la parte demandada, lo que determina de manera inexorable que tal incumplimiento es la causa generadora de los perjuicios sufridos por la parte demandante”.
10.- Con los medios de prueba allegados se establece que los daños al inmueble ascienden a noventa y dos millones ochocientos once mil cuatrocientos noventa y siete pesos con cincuenta y seis centavos ($92.811.497,56), mientras que los relativos a los muebles alcanzan la cifra de noventa y cinco millones ochocientos diez mil pesos ($95.810.000), “avalúo que se presenta a través del dictamen pericial [que] toma como base los muebles y enseres adquiridos por el demandante posterior al incendio para amoblar la vivienda reconstruida”. Sumas a las que se agrega el pago de arriendo por seis meses, esto es, cuatro millones ochocientos mil pesos ($4.800.000), y la cancelación de celaduría nocturna por dos millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos ($2.355.000).
Esos valores indexados totalizan doscientos ochenta y tres millones ochocientos veintidós mil setenta y siete pesos ($283.822.077), por daño patrimonial.
III.- LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene dos ataques apoyados en la causal primera, que se despacharán en el orden lógico propuesto, pues, el inicial aduce que no se acreditó uno de los presupuestos de la acción invocada (vínculo o relación de causalidad), en tanto el segundo esgrime que varios de los perjuicios cuya reparación se ordenó carecen de prueba.
Acusa la sentencia de violar, por la vía indirecta, los artículos 1494, 1602, 1604, 1613, 1614, 1616, 2341 y 2356 del Código Civil, por haber incurrido en error de hecho en la apreciación del material probatorio.
En su desarrollo expone:
1.- El Tribunal dedujo que la causa de la conflagración que afectó el predio del demandante, fue la falla en la prestación del servicio en razón del mal estado del transformador que proveía de corriente a la vivienda.
2.- Esa inferencia es fruto de la comisión de evidentes yerros de facto en el escrutinio de los medios de convicción, los cuales no son concluyentes en la determinación de las causas del incendio. Por ello, el fallo supuso la existencia de la prueba del vínculo causal, y esto condujo a dar por establecida la responsabilidad debatida.
En efecto, revisados los elementos de convicción adjuntados se tiene:
a.-) El concepto rendido por DG……………… es un documento declarativo emanado de un tercero, que no indica el origen o motivo del aludido desastre, pues, se limita a exponer que el transformador estaba en mal estado y sin rastros de mantenimiento, a lo cual agrega que “la falta total de protecciones, la ausencia de un adecuado sistema de tierras y el pésimo estado del transformador que alimenta la red secundaria genera picos y valles de voltajes y corrientes; uno de estos picos puede entrar a la acometida tan rápidamente que no es eliminado por las protecciones llegando hasta los circuitos internos de la casa que encontrando un punto vulnerable a estas variaciones puede generar una chispa eléctrica lo suficientemente fuerte como para crear un arco e iniciar un incendio con resultados altamente catastróficos”. Tampoco señala los experimentos realizados para descartar otras posibles causas, ni cómo verificó que el percutor del insuceso fuera una falla del equipo.
La ratificación de tal informe en el curso del proceso no aporta ningún elemento nuevo, pues, su autor sólo confirmó el contenido del mismo.
b.-) Los dictámenes rendidos por LEBM………………… ………………….. y ANS………………. tienen como común denominador que no analizaron la génesis de la incineración acontecida el 17 de junio de 2003, y que se elaboraron mucho después del suceso, esto es, cuando las condiciones habían variado sustancialmente, al punto que el transformador había sido cambiado y, por lo tanto, no existían elementos que permitieran concluir que una falla en el equipo generó el fuego.
Así, el peritaje de BM………………… se efectuó el 21 de agosto de ese año, y refiere que no se pudo medir la carga y la tensión, por cuanto el inmueble estaba desocupado y el “transformador” instalado es otro distinto al que había el día del incendio.
El otro experto tampoco hizo un estudio específico ni verificó materialmente la falla presentada, habida cuenta que únicamente se remitió al concepto de DG………………… e hizo propias sus conclusiones; inclusive, manifestó que acudió a E………….. para constatar el funcionamiento del transformador viejo, pero ningún dato pudo obtener sobre el particular.
c.-) La Personería Distrital de Barranquilla para emitir su informe no verificó técnicamente la causa del desastre, pues, de él se extracta que se limitó a recoger la versión de los vecinos del lugar y a leer el trabajo efectuado por DG………….., sin realizar un estudio fundado del origen del fuego.
d.-) Los testimonios de ÁOtC………………, OMH……… ………………….., BPH……………………….. y DRLR…….…….. ………….., todos residentes en el sector, relatan haber presenciado el incendio, pero ninguno aporta datos que contribuyan a establecer qué lo originó.
En resumen: no aparece en el proceso un solo elemento de convicción “serio, sólido y fundamentado” que lleve a establecer que la conflagración se produjo por “la incorrecta prestación del servicio por parte de E…………….”.
CONSIDERACIONES
1.- Se pide declarar que E……….. S.A. E.S.P. es responsable de los perjuicios materiales, morales y al goce de vivir que se le irrogaron al demandante como consecuencia del incendio que arrasó con la casa y los muebles y enseres de su propiedad, causado por la falta de mantenimiento del transformador ubicado en el sector (fls. 99 y 100 del c. 1).
2.- El Tribunal ratificó la decisión del a-quo que adjudicó la responsabilidad del accidente a la contradictora y estimó como no demostrada la excepción de “culpa exclusiva de la víctima”.
3.- El recurrente aduce que en esa providencia se incurrió en error de hecho, al suponer la prueba del nexo causal, ya que no existe en el proceso ningún elemento de convicción “serio, sólido y fundamentado” que lleve a establecer que la conflagración se produjo por “la incorrecta prestación del servicio por parte de E……………”.
4.- La vía indirecta invocada por el recurrente en la modalidad de yerro fáctico en la valoración de las probanzas, sucede de manera ostensible cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de ellas, siempre y cuando dicha anomalía influya en la forma como se desató el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado, lo que debe aparecer palmario o contundentemente demostrado.
Sobre el punto, en sentencia de 21 de febrero de 2012, Rad. 2004-00649, reiterada el 24 de julio siguiente, Rad. 2005-00595-01, indicó la Sala que
“[E]l error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G. J., T. LXXVIII, página 313) (…) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada (…) Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (G. J., T. CCXXXI, página 644)”.
5.- Tiene incidencia en la resolución que se está adoptando, lo siguiente:
a.-) Que HRC……………………….., desde el 17 de julio de 1990, es propietario del inmueble con matrícula inmobiliaria 040-16768, ubicado en Altos del Limonar, manzana 17, lote 7, en la acera sur de la carrera 52 C de Barranquilla (fls. 140 a 142).
b.-) Que la EC…………………………… S.A. E.S.P. factura, como estrato seis, por el consumo de energía de ese predio (fl. 139).
c.-) Que el “contrato de condiciones uniformes” reglamenta la prestación de ese servicio para los clientes “regulados” de E……………, es decir, aquellas personas naturales o jurídicas que con una demanda máxima definida, sus compras están sujetas a las tarifas fijadas por la CREG (fls. 13 y 14).
d.-) Que según las cláusulas de ese negocio jurídico, la empresa se compromete a “prestar a sus clientes un servicio continuo y con la calidad establecida en la normatividad que regula la materia”; la instalación y mantenimiento de las acometidas internas es del usuario; y en las redes de uso general este último “no podrá adelantar ningún trabajo […] sin la previa autorización de E……………. o con su firma instaladora registrada” (fls. 12 a 23).
e.-) Que de acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos Oficial de la capital del Atlántico, a las cuatro de la mañana del 17 de junio de 2003 procedió a sofocar el incendio que consumió la vivienda y los muebles de CR…… ………….., causado porque allí “había mucha carga combustible…[que] entró en contacto con alguna fuente de calor o cableado produciendo así un problema eléctrico…” (fl. 34).
f.-) Que el 12 de julio siguiente, el ingeniero DG…….. ……………, conceptuó sobre el siniestro a través de documento aportado junto con la demanda y que no fue materia de contradicción en el litigio, al que agregó una fotografía que muestra un transformador con evidentes signos de deterioro.
g.-) Que en el escrito señaló que visitó el predio el 24 de junio observando en buen estado el medidor, totalizador y “breakers”, empero no la acometida que viene del poste más cercano, pues, la halló con evidencias de ruptura producto de una chispa de corriente, por lo que en el “análisis retrospectivo” dejó consignado que “la falta total de protecciones, la ausencia de un adecuado sistema de tierras y el pésimo estado del transformador que alimenta la red secundaria genera picos y valles de voltaje y corrientes, uno de estos picos puede entrar a la acometida tan rápidamente que no es eliminado por las protecciones llegando hasta los circuitos internos de la casa que encontrando un punto vulnerable a estas variaciones puede generar una chispa eléctrica lo suficientemente fuerte como para crear un arco e iniciar un incendio con resultados altamente catastróficos” (fls. 26 y 27).
h.-) Que con el libelo inicial se adjuntó la carta que OMH………………….., ÁOC………………………, BHC………… ………………………, JEA………………………, APM…………….. ………….., CFR……………………., HRH…………………….., AGS……………………….. y MSMM………………………….., dirigieron al Personero Distrital de Barranquilla, manifestando ser las afectadas por los cambios bruscos de voltaje del servicio de energía que presta E………………., “presumiblemente por problemas de los cambios bruscos de tensión en las redes del sector, por el mal estado en que se encontraba el transformador en dicha zona, el cual fue cambiado después del siniestro…” (fls. 32 y 33).
i.-) Que con base en la experticia mencionada y el informe de los bomberos, la personería indicó que la empresa de energía es la responsable del siniestro y debe resarcir la totalidad de los daños causados (fls. 29 a 31).
j.-) Que LEBM………………………………………, perito electricista, rindió dictamen como consecuencia de la prueba anticipada cuya práctica solicitó HCR…………………. ……………. con audiencia de E…………….., en el que dedujo que “no se le hizo mantenimiento preventivo al transformador, generándose un sistema de corrosión que afectaba el aislamiento del mismo, por lo cual se generaron las variaciones de tensión al interconectarse el neutro con una de las fases del secundario del transformador que estaba instalado superiormente y fue retirado por E…………… […] Estos problemas son fallas en el diseño e instalación del transformador, como también de falta de mantenimiento preventivo en el sistema de distribución”. El auxiliar acompañó a su trabajo la foto del transformador nuevo instalado en el poste (fls. 85 a 96).
k.-) Que ANS…………………., experto nombrado en el proceso para verificar la existencia de un nuevo transformador, las condiciones actuales de servicio y las instalaciones internas del inmueble; expresó que respecto del equipo retirado se le manifestó por la empresa que “no existe ningún tipo de información en las bases de datos, archivos y controles sobre la existencia del mismo”; en relación con el nuevo dijo que el lunes 31 de mayo de 2010 verificó que estaba en buenas condiciones; y frente a las conexiones al interior del bien aseguró, con apoyo en el dictamen del electricista G………….., que “hoy en día…son adecuadas técnicamente y se encuentran en buen estado” (fls. 220 a 226).
l.-) Que de conformidad con los testimonios de ÁOC… ………….., OMH……………………………, BPHC………………. …………….……, DRLR………………………………….. y CAFR ……………………………., en el sector en el que ocurrió la conflagración se venían presentando fluctuaciones y variaciones en el servicio de energía eléctrica, que alcanzaron a ocasionar daños en algunos electrodomésticos (fls. 173, 174 a 179).
6.- En el cargo que se examina, la discusión atañe, exclusivamente, al nexo causal. Esto es, que no resulta menester retornar sobre los otros presupuestos de la acción planteada y analizada, contractual, como la existencia del negocio jurídico, la naturaleza de las obligaciones contraídas, el daño y la culpa.
En efecto, en la censura no se controvierte que entre las partes, el demandante como consumidor y la convocada en calidad de prestadora, existió un convenio para el suministro regular de energía eléctrica, denominado “contrato de condiciones uniformes”; que el incendió realmente se produjo y consumió la casa del reclamante; y que la culpa de la empresa, “por la naturaleza de la actividad”, se presume, según concluyó el Tribunal.
En reciente pronunciamiento, CSJ SC, 9 dic. de 2013, Rad. 2002-00099-01, la Sala constató la dificultad que enfrenta el juzgador a la hora de determinar la causa adecuada del hecho generador del daño, y señaló los parámetros a los que se debe acudir para determinar dicha relación. Es así como se dijo que
“La verificación del nexo causal no ha sido nunca tarea fácil en derecho, como no lo puede ser si se tiene en cuenta que aún en el ámbito de la epistemología ha sido un tema de continuo desarrollo y revisión alrededor del cual se ha generado un debate de dimensiones propias: el problema de la causalidad […] Para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las máximas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al buen sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil. Sin embargo –ha sostenido esta Corte– ‘cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa jurídica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidación técnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia –no conocidos por el común de las personas y de suyo sólo familiar en menor o mayor medida a aquéllos que la practican– y que a fin de cuentas dan, con carácter general las pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la categoría jurídica de causa. En otras palabras, un dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio de la misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar al juez sobre las reglas técnicas que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relación con la causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga. Así, con base en la información suministrada, podrá el juez, ahora sí aplicando las reglas de la experiencia común y las propias de la ciencia, dilucidar con mayor margen de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, como decían los escolásticos, meras condiciones que coadyuvan pero no ocasionan…’ (Sentencia de Casación Civil Nº 6878 de 26 de septiembre de 2002)”.
7.- El Tribunal no incurrió en el yerro fáctico que aquí se estudia, por los siguientes motivos:
a.-) Ciertamente que los elementos de persuasión que sirvieron de soporte al juzgador de segunda instancia para establecer la conexión entre el hecho atribuido a la demanda y el daño que se ocasionó, no fueron desfigurados objetiva o materialmente (supuestos) en la sentencia censurada, como se denuncia con el presente cargo. Así:
1°) El dictamen del ingeniero DG…………….., cuya idoneidad y alcance de sus conclusiones no se discutieron en desarrollo de la litis, dio cuenta que las instalaciones internas del inmueble del actor estaban en buenas condiciones, y no así la acometida que viene del poste más cercano, pues, la encontró “con evidencias de ruptura producto de una chispa de corriente o un pico de voltaje” (resaltado fuera del texto).
Ese supuesto, que en manera alguna puede asumirse como una mera conjetura o hipótesis, le sirvió de sustento al profesional para en su “análisis retrospectivo” indicar que “la falta total de protecciones, la ausencia de un adecuado sistema de tierras y el pésimo estado del transformador que alimenta la red secundaria genera picos y valles de voltaje y corrientes, uno de estos picos puede entrar a la acometida tan rápidamente que no es eliminado por las protecciones llegando hasta los circuitos internos de la casa que encontrando un punto vulnerable a estas variaciones puede generar una chispa eléctrica lo suficientemente fuerte como para crear un arco e iniciar un incendio con resultados altamente catastróficos”.
Es decir, que de lo expresado por el perito podía concluir válidamente el Tribunal, en el marco de la discreta autonomía en la estimación de los medios de convicción, que el detonante del incendio, por chispa de corriente o un pico de voltaje, fue la falla en el transformador que suministraba energía a la casa incinerada, en la medida en que las conexiones “internas” se observaron en adecuadas condiciones.
2°) La experticia confeccionada por LEBM……………….. ………………… el 23 de septiembre de 2003, como prueba anticipada con audiencia de la aquí demandada, no se objetó por esta última.
En ella se explica por el auxiliar que se subió al poste para verificar el voltaje, que en las Fase 1 y Fase 2 registró 235 voltios; que el inmueble estaba desocupado y que por ello no pudo verificar “medidas de carga (amperios) y de tensión (voltajes)”; que las salidas de la caja de doce “breakers” hacia los circuitos de la casa se encuentran quemadas; y que halló los equipos internos de protección, los que describió puntualmente.
En cuanto a las causas de las llamas, en el capítulo de “evaluación técnica del siniestro”, dijo que al elevarse la tensión se afecta el aislamiento de los conductores de las instalaciones eléctricas de la morada, y como el “transformador no tiene tierra”, cualquier falla del sistema de este se evacúa en forma instantánea hacia la casa donde hay menos impedancia. En este caso, “se presenta este problema en la casa en mención”, terminado en un “siniestro de equipos” (bastardillas y resaltado apropósito).
En conclusión de esa observación y análisis, se estableció que “el transformador no tiene un sistema de puesta a tierra…produce descarga de fallas instantáneas de corriente hacia la casa que tenga menos impedancia. No se le hizo mantenimiento preventivo al transformador, generándose un problema de corrosión que afectaba el aislamiento del mismo, por lo cual se generaron las variaciones de tensión al interconectarse el neutro con una de las fases del secundario del transformador que estaba instalado anteriormente y fue retirado por E……………..…”.
Frente a esos términos, en los que se destacó una falla en el transformador, el juicio que de allí extrajo el Tribunal en el sentido de que ese fue el motivo de la conflagración, no aflora como constitutivo de un error fáctico por suposición de la prueba, destacándose, por lo demás, que según lo ha fijado la jurisprudencia, “el sentenciador de instancia goza de autonomía para calificar y apreciar la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del dictamen pericial, [motivo por el cual] mientras la conclusión que él saque no sea contraevidente, sus juicios al respecto son inmodificables” (CSJ SC, 8 agost. 2001, Rad. 6182, reiterada CSJ SC, 29 abr. 2005, Rad. 12720-02).
3°) La experticia practicada en el curso del proceso por ANS……………………. y el “pronunciamiento” que sobre los hechos hizo la Personería Distrital de Barranquilla, no supusieron deducciones diferentes a los de los dictámenes anteriores, al punto que, de manera explícita, se remitieron al trabajo que en su momento hizo el ingeniero DG……….. …………
b.-) Si bien los testimonios, según la Sala, no son “el medio más adecuado para dar cuenta [del] cambio de intensidad de la corriente eléctrica” (CSJ SC, 23 jun. 2005, Rad. 058-95), las recaudados sí confluyen a disipar cualquier incertidumbre en torno a que la causa adecuada y directa del incendio fue la falla del transformador. En efecto:
1°) ÁOC………………………. manifestó: “Notábamos en varias ocasiones [que] habían fluctuaciones de energía, que nos ponían a pensar que habían descargas que a la larga nos podían hacer daño en nuestros aparatos electrodomésticos, también se escuchaban explosiones provenientes de un transformador que quedaba en el poste de la esquina, y escuchamos versiones de los vecinos sobre problemas en los electrodomésticos…Por las explosiones que frecuentemente presentaba se deducía que estaba mal el transformador, después del suceso del siniestro a los pocos días fue cambiado por uno nuevo con todas las especificaciones mejorando el fluido eléctrico del sector” (fls. 172 y 173).
2°) OMH…………………………………….. dijo que “La estabilidad del servicio [de energía] no era la mejor, habían muchos picos de voltaje incluso a mí se me quemó un computador y la luz se iba con alguna frecuencia…en varias oportunidades cuando no teníamos servicio de luz, se nos decía que era el transformador que se explotaba…” (fls. 168 y 169).
3°) BPHC………………………………………… indicó que “En esos días el transformador sí tenía varios bajones y unos días antes del siniestro se me quemó el computador teniendo polo a tierra. Teníamos muchos bajones y espabilaba la luz. A la vecina AJ………………. se le había quemado el televisor” (fls. 176 a 179).
4°) DRLR………………….. señaló que “el 3 de enero de 2002, entre las 4 y 5 de la mañana, no puede precisar la hora, en mi casa de habitación ubicada en la carrera 53 n° 92-43, sucedió un incendio a esas horas precisamente en el salón estudio de mi casa, explotó un aire acondicionado marca Samsung y también se quemó mi casa, porque constantemente E…………. tiene repentinas y continuas fluctuaciones de voltaje en ese sector” (fls. 181 a 183).
5°) CAFR………………………………, al ser preguntado sobre las causas del incendio contestó que “Yo diría que fue problemas de voltaje eléctrico, el cual era inestable, se subía y se bajaba el voltaje, y varias veces se había disparado el transformador que quedaba en la esquina” (fls. 191 a 193).
De esas versiones, creíbles por provenir de personas que habitaban en el sector en el que aconteció la conflagración, surge como común denominador que en la zona se registraron en la época evidentes alteraciones en la prestación del servicio eléctrico adjudicables al transformador, y que repercutieron en la afectación de bienes, como electrodomésticos.
Por ello, ningún error de apreciación probatoria puede endilgársele al ad-quem, cuando peritos y testigos dieron cuenta, que el desencadenante del incendio fue un problema originado en ese aparato, cuyo mantenimiento y reparación, acorde con el “contrato de condiciones uniformes” es del resorte de la empresa de energía E..……………..
c.-) Incluso, son hechos indicadores de esa causa, el rápido cambio del equipo, declarado por los testigos, la Personería y los expertos, así como la ausencia de registros sobre su mantenimiento, informada al auxiliar ANS……….. ……….. por el responsable del área de mantenimiento, sector Barranquilla norte, de la Empresa EC……………….. ………… S.A. E.S.P.
8.- Por todo lo expuesto, el ataque no prospera.
SEGUNDO CARGO
Invoca igualmente la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, para denunciar la infracción de los artículos 1494, 1613, 1614, 1616 y 2341 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el Tribunal en la valoración del haz demostrativo.
Sustenta la acusación, así:
1.- El juzgador de segundo grado dio por demostrada la existencia de perjuicio material por la pérdida de los muebles y enseres que estaban dentro del inmueble quemado, y la del daño moral por el menoscabo patrimonial que experimentó el gestor.
El primero lo infirió del dictamen pericial elaborado por ANS………………….., mientras que el segundo del hecho de ver el actor reducida su morada a cenizas, sin posibilidad de rescatar los bienes por la necesidad de preservar su vida y la de su familia, como también ser compelido a vivir en arriendo y esforzarse por reconstruir su casa.
2.- En el expediente no hay una prueba “contundente y veraz” sobre la identificación de los “muebles” que desaparecieron producto de las llamas, y mucho menos del valor de los mismos. Es decir, que no está demostrada la existencia del daño emergente ni su quantum y, por lo tanto, la conclusión del ad-quem sobre el particular es contraevidente.
Por lo demás, asiente el Tribunal sobre la suposición de la prueba, al reconocer en su providencia la imposibilidad física de establecer el mobiliario destruido y su precio, por lo que le da pleno respaldo al dictamen elaborado por ANS…………………., quien para calcular el quantum del perjuicio “toma como base los muebles y enseres adquiridos por el demandante posterior al incendio para amoblar la vivienda reconstruida”.
En ese orden de ideas, el fallador derivó el menoscabo de “suposiciones y conjeturas”, al avalar que el auxiliar de la justicia haya ponderado el precio de lo destruido en el 2003, con los enseres existentes en el 2010, “realizando un promedio de los mismos tomados de listas del mercado actual”.
3.- Suponiendo en gracia de discusión que el trabajo del perito es válido, no hay evidencia de que los efectos que halló en el inmueble pertenecieran al actor, de que hubiesen sido adquiridos por este, e incluso de su costo, ya que sólo señaló un valor que obtuvo de promediar los precios del mercado, sin que justificara cotización ninguna.
Además, los testigos se limitaron a afirmar en forma abstracta que en el incendio se quemaron enseres, por lo que en los términos descritos, el perjuicio material relacionado es “conjetural” e “hipotético”.
4.- La prueba del agravio moral también fue supuesta, porque no obra en el plenario medio alguno que acredite el dolor, angustia, tristeza o congoja padecida por la destrucción del inmueble. Ni siquiera los declarantes lo atestaron.
No se discute que la destrucción de bienes materiales genere daño extrapatrimonial, sino que acá no hay prueba del mismo. Su existencia sólo se presume cuando se trata de la pérdida de seres queridos, pues, en los demás casos es indispensable la demostración del dolor, pesadumbre y aflicción.
CONSIDERACIONES
1.- El actor solicita se tenga a la electrificadora demandada como responsable de los perjuicios que se le causaron como consecuencia del incendio que arrasó con la casa y los muebles y enseres de su propiedad.
En concreto pide por los morales mil quinientos (1500) gramos oro; los materiales doscientos cuarenta y nueve millones novecientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y siete pesos con cincuenta y seis centavos ($249.966.947,56); y el goce de vivir quince millones de pesos ($15.000.000), fls. 99 y 100 del c. 1.
2.- El Tribunal confirmó la decisión del a-quo en tanto adjudicó la responsabilidad del accidente a la convocada y la condenó al pago de perjuicios materiales: noventa y dos millones ochocientos once mil cuatrocientos noventa y siete pesos con cincuenta y seis centavos ($92.811.497,56) por restauración de la vivienda; noventa y cinco millones ochocientos diez mil pesos ($95.810.000) por los muebles y enseres destruidos; cuatro millones ochocientos mil pesos ($4.800.000) por el arriendo de seis meses y dos millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos ($2.355.000) por el pago de celaduría nocturna, cifras que traídas a valores presentes totalizaron doscientos ochenta y tres millones ochocientos veintidós mil setenta y siete pesos ($283.822.077).
Revocó la negativa al daño moral, y en su lugar lo otorgó por ocho millones de pesos ($8.000.000).
3.- El censor esgrime que en relación con el reconocimiento y tasación del perjuicio se incurrió en error de hecho en la valoración de los medios de convicción, toda vez que, de un lado, en el expediente no hay una prueba “contundente y veraz” sobre la identificación de los “muebles” que desaparecieron producto de las llamas, y mucho menos del valor de los mismos; y del otro, porque la probanza del agravio moral fue supuesta, al no obrar en el plenario elemento alguno que acredite el dolor, angustia, tristeza o congoja padecida por la destrucción del inmueble.
4.- El quebranto indirecto de la norma sustancial surge de la errónea apreciación de las pruebas por parte del sentenciador, a consecuencia de yerros de hecho y de derecho. El primero, que es el que aquí concierne, atañe a la apreciación objetiva o material de las probanzas, es decir, en palabras de la Corte, “apunta a establecer si el sentenciador irrespetó la materialidad de los medios de convicción, bien sea mediante la suposición de una que no milita en el proceso, por la pretermisión de la que sí obra en el litigio, o por la tergiversación del contenido de la que se valora –esto es, cuando se da por acreditado un hecho en verdad no demostrado, o se ignora el que sí se comprobó, o se altera su contenido-” (CSJ, SC, 15 nov. 2013, Rad. 1995-02015-01).
5.- Es relevante en la resolución que se está adoptando, lo siguiente:
a.-) Que desde el 17 de julio de 1990, HRC……………… ………….. es dueño del inmueble localizado en Altos del Limonar, manzana 17, lote 7, en la acera sur de la carrera 52 C de Barranquilla (fls. 140 a 142).
b.-) Que la EC…………………………… S.A. E.S.P. factura, como estrato seis, por el consumo de energía de ese predio (fl. 139).
c.-) Que en el informe del Cuerpo de Bomberos Oficial de la capital del Atlántico sobre el incendio ocurrido el 17 de junio de 2003 en la casa del demandante, se indicó que “había mucha carga combustible (muebles, cortinas, alfombras y principalmente las paredes y techos recubiertos en machimbre)” (fl. 34).
d.-) Que la Personería de esa ciudad, en escrito de 24 de julio siguiente, expresó que en la visita que efectuó a la casa constató “un garaje incinerado, cuatro cuartos incinerados, dos salas incineradas, un comedor incinerados, una sala de estudio incinerada, paredes, ventanas y techo incinerados” (fls. 29 a 31).
e.-) Que en la inspección judicial practicada como prueba anticipada por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Barranquilla, el 21 de agosto de dicha anualidad, se relacionó que la propiedad afectada era una unidad familiar moderna, compuesta de una sala de acceso, comedor, cuarto de estudio con baño, garaje doble, cocina, “hall” de alcobas, cuatro habitaciones con tres baños, áreas de labores, cuarto de servicio y sanitario y patios descubiertos, así como el deterioro que allí se presentó por efecto del calor (fl. 78).
f.-) Que el perito ANS……………….., nombrado dentro del proceso, avaluó los bienes muebles que en el 2010 encontró en la vivienda incinerada siete años atrás, en noventa y cinco millones ochocientos diez mil pesos ($95.810.000), determinado previamente su valor unitario y detalló los que correspondían a “la sala principal”, “sala de recibo”, “hall”, “cuarto de estudio”, “comedor”, “hall comedor”, “sala de televisión”, “hall de habitaciones”, “habitación principal”, “habitación n° 2”, “habitación n° 3”, “habitación n° 4”, “terraza”, cocina” y “pantry” (fls. 267 a 271).
g.-) Que con la experticia aportó fotografías del inmueble y de los objetos con los que está amoblado (fls. 236 a 251).
h.-) Que a la petición de aclaración del dictamen que realizó la demandada, para que se explicitara la metodología adoptada y si contaba con las facturas de compra de los enseres, el auxiliar respondió que en su momento advirtió que habiendo transcurrido siete años de los hechos y por la inexistencia de los elementos quemados, resultaba difícil un “avalúo directo”; y que se sirvió de la “comparación directa de mercado o información general de oferta, negociaciones reales y demanda en el sector inmediato…teniendo en cuenta las características específicas y particulares de los muebles…” (fl. 278).
i.-) Que no hubo objeción a ese peritaje.
j.-) Que en las declaraciones de ÁOC………………., OMH……………………….., BPHC…………………………… ………….., DRLR………………. y CALR………………………….. …………., se mencionaron las circunstancias en las que se produjo la conflagración y el impacto que esta tuvo en la vivienda y sus bienes (fls. 172 a 179, 181 a 183 y 191 a 193).
6.- La regulación de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico patrio, consagra el postulado del resarcimiento íntegro de los perjuicios inferidos a otra persona. Así, el el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 prevé que “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
Lo anterior significa, según el precedente de la Sala, aplicable a cualquier clase de responsabilidad, ora contractual o extracontractual, que
“[E]l juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquélla en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño. Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio” (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01).
Ahora bien, el mandato legal de indemnizar completamente el bien lesionado, no exime al interesado de la carga de demostrar los presupuestos de la acción, entre ellos, el daño y la cuantía del mismo.
Al respecto, la Corte tiene dicho que,
“[C]omo de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba (art. 174 del C. de P. Civil), toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, el reconocimiento judicial de una pretensión que tenga como objeto la indemnización de un perjuicio, supone la demostración de todos y cada uno de los elementos que configuran la tutela jurídica de dicha pretensión, incluyendo, por supuesto, el daño, salvo aquellos eventos de presunción de culpa, de conformidad con la doctrina de la Corte, y la presunción de daños de acuerdo con la ley, como en los casos de los artículos 1599 y 1617 num. 2 del C. Civil. Sin embargo, una es la prueba del daño, o sea la de la lesión o menoscabo del interés jurídicamente tutelado, y otra, la prueba de su intensidad, del quantum del perjuicio. De ahí que la doctrina haga alusión al contenido patrimonial del daño para referirse a su intensidad, es decir, a su valor en moneda legal (dinero), como patrón de referencia para determinar la mensura, por cuanto considera que dada su simplicidad y universalidad, es el que más conviene al tráfico de las reparaciones, caso en el cual opera una reparación por equivalencia o propiamente indemnizatoria, por oposición a la reparación natural que implica ‘volver las cosas al estado que tendrían si no hubiera ocurrido el hecho dañoso´” (CSJ SC, 9 agos. 1999, Rad. 4897).
Habrá casos, por supuesto, en los que si bien demostrado el daño, el juez encuentra que su cuantificación, por las circunstancias específicas en las que se dio la lesión del bien, no es tarea sencilla, permitiéndose ahí, inclusive, acudir a la equidad para determinar la intensidad del perjuicio.
Sobre el particular, la Corporación expuso que
“Es posible acudir a la equidad para determinar el monto del daño, en aquellos casos límite, en que, habiéndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinación de su cuantía se torna extremadamente difícil, no obstante el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte demandante. Al respecto se ha expresado que ‘[c]on referencia específica al invocado principio de la equidad, vale la pena recordar, además, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás aludida, hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas” (Cas. Civ. 5 de octubre de 2004. Exp. 6975)’” (CSJ SC, 28 feb. 2002, Rad. 2002-01011-01).
En lo atinente al daño moral en sentido estricto o puro, es decir, “el que es consecuencia de un dolor psíquico o físico” (CSJ SC, 17 agos. 2001, Rad. 6492), el que quebranta “la esfera sentimental y afectiva de una persona” (CSJ SC, 9 jul. 2010, Rad. 1999-02191-01), el que “corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo” (CSJ SC 13 may 2008, 1997-09327-01), o el de “ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos” (CSJ SC, 18 sept. de 2009, Rad. 2005-00406-01), requiere como presupuesto indispensable para su reparación “ser cierto” (CSJ SC, 28 sept. 1937, GJ. T XLV, pág. 759), lo que en términos procesales significa que debe ostentar pleno respaldo probatorio.
En efecto, la Corte respecto de ese tema enseñó:
“Cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obra prueba, tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones legales que en este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de gran importancia […] Las bases de este razonamiento o inferencia no son desconocidas, ocultas o arbitrarias. Por el contrario, se trata de una deducción cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas reglas o máximas de la experiencia de carácter antropológico y sicológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza o condición social […] Finalmente, incidiendo el daño moral puro en la órbita de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos y consistiendo el mismo, como al comienzo de estas consideraciones se dejó apuntado, en el pesar, la afrenta o sensación dolorosa que padece la víctima y que en no pocas veces ni siquiera ella puede apreciar en toda su virulencia, de ese tipo de agravios se ha dicho que son ‘económicamente inasibles’, casación civil 9 de septiembre de 1991, significándose con ello que la reparación no puede ser exacta y frente a esta deficiencia, originada en la insuperable imposibilidad racional de aquilatar con precisión la magnitud cuantitativa que dicha reparación pueda tener, es claro que alguno de los interesados habrá de salir perdiendo, y discurriendo con sentido de justicia preferible es a todas luces que la pérdida recaiga sobre quien es responsable del daño y no sobre quien ha sido su víctima, debiendo buscarse, por lo tanto, con ayuda del buen sentido, muy sobre el caso específico en estudio, y con apoyo en hechos probados que den cuenta de las circunstancias personales de los damnificados reclamantes, una relativa satisfacción para estos últimos, proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, pero que tampoco represente un lucro injustificado que acabe por desvirtuar la función institucional que prestaciones de ese linaje están llamadas a cumplir” (CSJ SC, 25 nov. 1992, Rad. 3382).
7.- No se advierten los errores denunciados en cuanto se relaciona con el reconocimiento del daño y su cuantía por la pérdida de los bienes muebles, por lo siguiente:
a.-) El recurrente alega que no hay prueba sobre “la determinación e identificación de los muebles y enseres que supuestamente desaparecieron a causa del incendio”; es decir, que fustiga al Tribunal por suponer los medios de convicción sobre ese tema.
La sentencia recurrida concluyó que la casa estaba totalmente amoblada y que el fuego incineró ese mobiliario, a partir de las declaraciones de BPHC……… ……………., CFR……………………………..……….. y DRLR ………………………..
La primera manifestó que “cuando los bomberos apagaron lo que alcanzaron las llamas pudimos entrar ya se había consumido la sala, el estudio, el comedor, la cocina y el primer cuarto […] Cuando entramos todos los muebles y enseres se habían consumido y lo que no, quedó totalmente dañado. Ahí nos quedamos como hasta las siete de la mañana viendo como la casa se consumió y toda una familia quedó sentada en el bordillo. La casa por dentro no la conocía, yo la conocí el día del siniestro por dentro. Como mi casa está al frente con la de ellos, lo que sí puedo afirmar es que si era una casa bien acondicionada muy bonita y con muy buenos acabados y lo que se podía apreciar cuando se abría la puerta y el garaje que la tenía bien bonita y bien amoblada. Cuando entré el día del siniestro pude apreciar la cantidad de adornos partidos que estaban en el piso, los muebles quemados así como algunos electrodomésticos como el computador, televisor, el horno, el equipo de sonido, la cocina, la nevera no se si estaba dañada pero estaba toda negra, el aire central, los muebles del estudio, de la sala […] la casa fue reconstruida hasta el techo se tuvo que hacer completamente nuevo, nuevamente acondicionada y amoblada” (fls. 176 a 179).
El segundo dijo: “Yo me levanté y contribuí a llamar a los bomberos los cuales llegaron posteriormente y se dedicaron a apagar el incendio, la casa del señor C………… colinda con mi casa que es de dos pisos y las llamadas amenazaban con quemar mi casa, cuando llegaron los bomberos apagaron el incendio, quedando casi en un 90% destruida la casa con todos sus muebles y enseres” (fls. 191 y 192).
La tercera señaló que “todo el mundo en el barrio vio el fuego, la candela, vinieron máquinas del cuerpo de bomberos y sirenas para apagar el incendio de los señores Cáceres, recuerdo que todas las pertenencias de la casa las sacaron al lote de al lado, todos los esqueletos de los muebles hechos ceniza y carbón…” (fls. 181 a 183).
La relación anterior permite establecer que la valoración que le dio el Tribunal a la testimonial no implicó, desde ningún punto de vista una suposición de la prueba, dado que esas versiones sí dieron cuenta de una casa de habitación que, estando amoblada en “muy buenas condiciones”, fue objeto del fuego que extinguió esos elementos destinados para el uso y comodidad de las personas que allí residían.
El daño, a partir de esos testimonios, fue deducido certeramente por el Tribunal en la sentencia recurrida, a través de una ponderación que en manera alguna resulta ser arbitraria o caprichosa, más aún cuando los deponentes son personas cercanas a los hechos, por la vecindad con el demandante y ser quienes mejor pueden referenciar la realidad de los acontecimientos que rodearon la conflagración y sus repercusiones materiales.
b.-) Amén de esas declaraciones, sobre el perjuicio en mención y su realidad, refieren otros medios no relacionados para el efecto por el ad-quem, como la inspección judicial anticipada y el informe de bomberos.
Aquella constató que “tanto en la sala como en el hall de acceso principal, en esta parte se observa que los pañetes de las paredes se puede observar que fueron sometidas al fuego, los closets fueron consumidos por la acción de las llamas, en la primera alcoba se observa una unidad de aire central grande quemada en su totalidad. En la alcoba principal se pudo observar que el cielo raso presenta parcialmente un deterioro causado por la acción del calor, en cuanto a los closet se observa en su parte interna la acción de las llamas, en esta alcoba se encuentra una unidad de aire acondicionado que fue afectada por la acción del fuego. En cuanto a las otras alcobas es similar el estado de la alcoba principal a excepción del aire acondicionado, ya que aquí funcionaba aire central, hubo destrucción parcial del closet, se pudo observar que la cubierta (techo de la casa) fue cambiado casi totalmente por su propietario ya que fue destruido por la acción del fuego. En cuanto a los muros se pudo observar que hay algunos muros que hubo necesidad de levantar para poder levantar el techo en ellos” (fl. 67).
El otro aludió a que “en dicha residencia había mucha carga combustible (muebles, cortinas, alfombras y principalmente las paredes y techos recubiertos de machimbre” (fl. 34).
c.-) La cuantificación del daño por la extinción de los muebles a consecuencia de las llamas, la tomó el juzgador de segunda instancia del dictamen pericial rendido en el proceso y que no fue materia de objeción, sin apartarse en un ápice de los valores ahí indicados; modificados, exclusivamente, por virtud de su actualización a valores presentes.
Ahora bien, que en un caso singular como el presente, en el que los testigos declararon que el mobiliario se incineró, claros criterios de equidad permitían al juzgador acoger la experticia rendida con base en los bienes hallados siete años después, para cumplir así el mandato de reparación integral contemplado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, sin que en verdad interesara la demostración del dominio de los últimos, porque ese no era el objeto de la experticia.
8.- En torno al otro segmento del ataque, es decir, el concerniente a la prueba del perjuicio moral, tampoco se halla el error denunciado, por cuanto:
a.-) El censor acepta que por la pérdida de bienes materiales puede ordenarse una indemnización por daño inmaterial, cuestión que, se corrobora al repasar la jurisprudencia de la Corte (CSJ SC, 21 jul. 1922, G.J. t. XXIX, pág. 218; CSJ, 4 dic. 1954, GJ., t LXXI, pág. 212 y CSJ SC, 30 nov. 1962, GJ, t. C, pág. 708. El primer caso, es suficiente recordarlo, atañe al célebre fallo Villaveces, en el que se reconoció el mentado rubro por la exhumación no consentida de los restos de su cónyuge, y ulterior depósito en una fosa común.
Por lo mismo, el cargo se limita a cuestionar que el Tribunal supuso que el demandante había padecido esa modalidad de lesión extrapatrimonial, pues, no hay ningún medio que se refiera al supuesto “dolor, angustia, tristeza o congoja por la destrucción del inmueble”.
En la sentencia atacada, el juzgador destacó que “un siniestro como el acaecido en el cual las vidas del demandante y su familia se vieron en peligro por causa del incendio, es indudable la afectación moral. El hecho de levantarse y contemplar lo que había sido su morada reducida a cenizas, sin ninguna posibilidad material de rescatar algún bien por el mismo hecho de preservar sus vidas, el desprenderse de la vivienda por algún tiempo y vivir en arrendamiento, por la imposibilidad de habitar el inmueble, los esfuerzos encaminados a la reconstrucción del bien a fin de que este regresara a su estado inicial, procurando las mismas condiciones de habitabilidad, son algunos elementos fácticos que dan cuenta precisamente del arraigo sentimental hacia los bienes perjudicados y consecuentemente por la afectación moral de los daños ocurridos a estos, y en general, por cada una de las situaciones que les correspondió trasegar a fin de superar el daño”.
b.-) Rápidamente se descarta la suposición de la prueba en torno a la existencia del daño moral en el caso examinado, pues, algunos de los testigos narraron de forma explícita la angustia que vivieron los habitantes de ese inmueble al no solo presenciar la extinción por las llamas de su vivienda, sino ver en peligro su vida. En efecto:
DRLR……………….. manifestó que “lo que más nos preocupaba a los vecinos es que los señores C……. no podían salir porque el incendio era en la parte de delante de la casa y la gente estaba atrás en las alcobas llorando y gritando” (fl. 182).
ÁOC………………….. dijo: “me despertó el ruido crujiente intenso que provenía de la calle, me asomé por la ventana desde el segundo piso de mi casa, observando que la casa de enfrente del señor H……. estaba envuelta en llamas, y posteriormente salían sus habitantes de la casa, para salvarse de las llamas que consumían la casa” (fls. 162 a 164).
BPHC…………………………………….. relató: Yo me levanté como a las 3 o 3:30 de la mañana para darle la vuelta a mis hijos cuando la candela que estaba al frente de mi cada me impresionó y me asustó tanto que empecé a llamar a la vecina, pero como yo vivo en un segundo piso no me atreví a bajar. La señora ÁJ……………… la esposa del señor ÁO…………. me gritó que llamara a los bomberos porque ella estaba intentando y no le salía la llamada. Realizamos varios intentos cuando veíamos que la casa se estaba consumiendo y lo que más nos asustaba era que no veíamos a nadie salir. Empezamos a gritar y a tocar las puertas cuando alcanzamos a escuchar los gritos de los hijos del señor H…….. y de su esposa donde nos decía que el fuego no los dejaba salir, hasta que el hijo pudo abrir el garaje debido a que la luz se había ido y él tuvo que abrirla manualmente” (fls. 176 a 179).
En ese orden de ideas, si demostrada está la afectación psicológica que causó al reclamante el incendio, aunada a la pérdida de sus bienes (declaraciones, fotografías, informes e inspección judicial), su reconstrucción (fotos) y la morada en otro lugar (contrato de arrendamiento), el yerro fáctico anunciado se desvirtúa, pues, ya el tema de la apreciación de su intensidad o de su significancia para tener la virtualidad de ser resarcido, escapa al análisis de la Corte, por no haber sido postulado por el impugnante.
10.- El ataque no sale avante.
11.- Ante la improsperidad del recurso de casación se impone condenar en costas al impugnante, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 ibídem, las cuales deberá liquidar la secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que hubo réplica.
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2012, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario de la referencia.
Se condena en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000).
Notifíquese y devuélvase
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA